El debate político en Colombia gira en torno al proyecto de Ley de “Paz Total” que impulsa el gobierno de Gustavo Petro, una iniciativa destinada a ofrecer alternativas judiciales diferenciadas a grupos del crimen organizado, entre ellos el Clan del Golfo, en el marco de un intento por desarticular las estructuras armadas y reducir la violencia. Según el Ministerio de Justicia, este proyecto contempla un trato especial para bandas como el Clan del Golfo, que no serían sometidas a un proceso ordinario, sino a un esquema con enfoque transicional. El presidente Petro tendría un rol central, ya que le correspondería, mediante resoluciones, decidir quiénes podrían acceder a los beneficios legales, haciendo irreversible el acceso a derechos procesales incluso tras un eventual cambio de gobierno. La iniciativa también incluye la posibilidad de “segundas oportunidades” para quienes hayan sido excluidos de procesos previos, lo cual ha generado controversia por la amplitud de sus alcances y la concentración de facultades en el Ejecutivo.

El proyecto prevé dos rutas: una para bandas urbanas sometidas bajo un modelo clásico y otra para grupos como el Clan del Golfo, que por su unidad de mando y control territorial recibirían un tratamiento especial. Entre los beneficios sugeridos se encuentran rebajas de penas significativas, condenas de 5 a 8 años para cabecillas y de 2 a 5 años para integrantes rasos, la posibilidad de cumplir la pena en condiciones más flexibles y acceso a libertad condicional si ya han cumplido períodos de condena en la cárcel. También se señala la entrega de un porcentaje de bienes a quienes se sometan a la justicia, además de una nueva oportunidad incluso para reincidentes.

Este esquema ha provocado un intenso debate público. Por un lado, sectores defensores argumentan que facilitaría el sometimiento de grupos criminales y la desarticulación de su accionar, aportando a la pacificación de los territorios. Por otro, se han elevado múltiples críticas, especialmente sobre el riesgo de enviar mensajes de impunidad, la posible politización de los procesos y la insuficiencia de garantías para las víctimas. También preocupa el poder asignado al presidente y la posibilidad de tratamientos diferenciados a criminales de alto perfil.

La paz total ha puesto sobre la mesa problemáticas adicionales, reflejadas en hechos recientes como la imposibilidad de excombatientes de las FARC de viajar a Nueva York para la presentación del informe de cumplimiento del Acuerdo de Paz ante la ONU, debido a dificultades logísticas atribuidas a la Cancillería. En paralelo, la agenda internacional del gobierno ha mantenido su eje en la superación de la conflictividad fronteriza. La firma de un memorando de entendimiento con Venezuela fue celebrada tanto en Caracas como en Bogotá, sobre todo por la posibilidad de diseño de una zona económica especial binacional en la región del Catatumbo. La propuesta tiene como objetivo convertir el territorio en zona franca y de desarrollo compartido, en un área históricamente afectada por la violencia y la presencia del Clan del Golfo. Petro sostiene que esta política permitirá al Estado controlar la frontera, potenciar la economía local y contribuir a la construcción de paz, integrando a Venezuela y Colombia en proyectos conjuntos que van desde energía y transporte hasta turismo.