La ONU aprobó una resolución para transformar la misión de seguridad internacional en Haití en una fuerza más grande y equipada, denominada “Fuerza de Supresión de Pandillas”. La medida, impulsada por Estados Unidos y Panamá, fue respaldada por 12 miembros del Consejo de Seguridad, mientras que Rusia, China y Pakistán se abstuvieron. La votación se da tras el aumento de la violencia en el país caribeño, especialmente tras la expansión de las pandillas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
La nueva misión tendrá un máximo de cinco mil 500 efectivos, entre policías y militares, superando ampliamente a la actual fuerza liderada por Kenia, que apenas cuenta con mil efectivos y ha enfrentado problemas de financiamiento y logística. La misión anterior ha tenido resultados limitados en los últimos 15 meses, sin lograr frenar la creciente inseguridad en Port-au-Prince y otras zonas controladas por pandillas.
A diferencia de la fuerza previa, la nueva unidad estará autorizada a realizar operaciones ofensivas de manera independiente (sin necesitar la autorización de la policía haitiana). Entre sus objetivos se incluyen la neutralización de pandillas, la protección de infraestructuras críticas —como aeropuertos, puertos, escuelas y hospitales— y el apoyo en la lucha contra el tráfico ilícito de armas y materiales relacionados. La operación contará con un liderazgo conformado por los países que aporten personal, con Estados Unidos y Canadá como miembros destacados.
La resolución también contempla la creación de una oficina de apoyo de la ONU, sugerida por el secretario general António Guterres, que proporcionará respaldo logístico y financiero a la nueva fuerza. No obstante, la operación no se considerará una misión oficial de mantenimiento de la paz de la ONU y dependerá de contribuciones voluntarias para su financiación y despliegue.
El contexto de la decisión refleja la grave situación de Haití, donde las pandillas controlan actualmente alrededor del 90% de la capital y han extendido sus actividades al resto del país, cometiendo asesinatos, secuestros, robos y violaciones. Laurent Saint-Cyr, presidente del Consejo Presidencial Transitorio de Haití, calificó la aprobación de la resolución como un “punto de inflexión decisivo” en la lucha contra la violencia y la criminalidad que paraliza al país.
Sin embargo, la medida no ha estado exenta de críticas. China cuestionó que la resolución podría agravar la situación compleja del país y señaló el incumplimiento de Estados Unidos en compromisos financieros previos. Rusia también expresó su preocupación por la eficacia de la operación, citando experiencias anteriores de la ONU en Haití que no lograron resultados sostenibles. A pesar de estas reservas, Estados Unidos y Panamá defienden que la nueva fuerza es clave para restablecer la seguridad, facilitar la reconstrucción política y económica y permitir la celebración de elecciones.
