El ministro de Identidad y Cultura canadiense, Marc Miller, presentó el miércoles 10 de junio en la Cámara de los Comunes el proyecto de ley C-34, la Safe Social Media Act (Ley de Redes Sociales Seguras), que impediría a los menores de 16 años tener cuentas en redes sociales salvo que las plataformas obtengan una exención demostrando salvaguardas suficientes. La iniciativa crea además la Comisión de Seguridad Digital de Canadá, con potestad para fijar estándares, recibir denuncias y aplicar multas de hasta 3% de los ingresos globales de una empresa o 10 millones de dólares canadienses (un poco más de siete millones de dólares estadounidenses), lo que sea mayor, y establece obligaciones para los servicios de chatbots de inteligencia artificial frente a usuarios que manifiesten riesgo de autolesión o violencia. “Estamos fallando a nuestros niños. Ya basta”, dijo Miller al presentar el proyecto en el Parlamento. La propuesta llega meses después del tiroteo de febrero en Tumbler Ridge, Columbia Británica, que dejó ocho muertos —seis de ellos niños—, y sigue el camino abierto por Australia, primer país en prohibir las redes sociales a menores de 16 años.
Al día siguiente, jueves 11 de junio, el comisionado de Privacidad de Canadá, Philippe Dufresne, dio a conocer los resultados de la investigación sobre la herramienta de imágenes de Grok, de xAI. El informe concluyó que X Corp. y xAI violaron la ley federal de privacidad del sector privado al lanzar la función de generación de imágenes de Grok sin salvaguardas adecuadas, lo que permitió crear y compartir deepfakes sexuales sin consentimiento, dirigidas en su mayoría a mujeres y niñas, y que en un momento llegó a generar más de seis mil imágenes sexuales por hora. Dufresne sostuvo que “las empresas se han comprometido, entre otras cosas, a proporcionar informes trimestrales, así como informes de auditoría independientes de terceros sobre las mejoras en las medidas de seguridad”. Ambos episodios demuestran que Canadá es uno de los países que busca avanzar en la regulación de plataformas digitales e inteligencia artificial. Sin embargo, el propio Dufresne admitió que su oficina carece de poder para forzar el cumplimiento, lo que alimenta el reclamo de una autoridad con mayores facultades coercitivas como la que crearía el proyecto C-34.
