Como producto de la conflictividad motivada por el ajuste del gobierno de Rodrigo Paz, la policía boliviana llegó a reportar 56 puntos de bloqueo a nivel nacional, una cifra que evidenció el éxito de la convocatoria de los sindicatos y sectores sociales contra el decreto supremo que eliminaba el subsidio a los combustibles. Esta situación forzó al Ejecutivo a negociar con la Central Obrera Boliviana (COB), logrando un acuerdo para la derogación total del cuestionado Decreto Supremo 5503.

Pese a la anulación de dicha normativa, el gobierno de Paz aprobó el Decreto Supremo 5516, el cual sustituye al anterior pero mantiene la eliminación de la subvención a los combustibles. El presidente calificó esta medida como una «conquista económica» necesaria para el país, logrando así que los sindicatos levantaran las medidas de presión, a cambio de aceptar el retiro de otros puntos polémicos del ajuste. La COB «cantó victoria» por la anulación del plan original, pues aunque en la práctica el incremento del precio de los carburantes quedó ratificado, buena parte del paquete económico fue descartado.

La derogación del DS 5503 ha sido interpretada como un signo de vulnerabilidad. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, percibió un claro debilitamiento del Gobierno al ceder ante la presión sindical. Por su parte, el vicepresidente y opositor “interno”, Edmand Lara, calificó la anulación como una «victoria del pueblo» y utilizó una metáfora laboral para describir la situación del presidente, afirmando que Paz tiene ahora un «memorándum de preaviso de despido» por parte de la población. Esta fractura en la cúpula del poder sugiere que la estabilidad lograda con el nuevo decreto es, en el mejor de los casos, frágil.

En efecto, en este marco de marcado enfrentamiento con el vicepresidente, el Ejecutivo anunció el Decreto Supremo 5519, que apunta a una gobernanza digital y un mayor control tecnológico, permitiendo que el presidente Paz cuente con una «oficina virtual» para ejercer sus funciones cuando esté fuera del país. Paralelamente, el oficialismo intenta impulsar un proyecto de ley contra los bloqueos, una iniciativa que ya enfrenta la férrea oposición de diversas organizaciones sociales que consideran la norma un atentado contra el derecho a la protesta.