Bolivia cerró esta semana un ciclo de 53 días de conflicto social que paralizó siete de los nueve departamentos del país, generó 14 muertes, cortó el abastecimiento de combustibles y acumuló pérdidas estimadas en tres mil millones de dólares, equivalentes al 5% del Producto Interno Bruto (PIB). El gobierno del presidente Rodrigo Paz logró desactivar la crisis tras suscribir el sábado 19 de junio un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) y su secretario ejecutivo, Mario Argollo, quien había encabezado la movilización junto con organizaciones campesinas e indígenas que exigían la renuncia del mandatario.

El pacto, anunciado con la frase de Argollo “Hay un país que está esperando que haya humo blanco”, comprometió al gobierno a no impulsar normas que criminalicen la protesta, a no ejecutar persecución política ni judicial contra los movilizados y a conformar una comisión para gestionar la liberación de cientos de personas investigadas, 22 de las cuales habían sido enviadas a prisión preventiva. Paz respondió al acuerdo con un discurso conciliador: “Aquí nadie se salva solo. La patria sale junta o no sale”.

Sin embargo, el acuerdo con la COB no cerró la crisis política, sino que la complejizó. Sectores del movimiento campesino e indígena que participaron en los bloqueos denunciaron a Argollo como “traidor” por negociar “sin su aval”, mientras el propio presidente adoptó una postura contradictoria: mientras se había comprometido en el acuerdo a no impulsar su persecución luego pidió públicamente “Cárcel por el daño que hicieron a la sociedad” para los responsables de los cortes. La tensión se agudizó cuando el mandatario aprobó un decreto de estado de excepción que, luego de haber firmado el acuerdo, le permitió el repliegue de los manifestantes y de los cortes. En opinión de Paz, la medida debe mantenerse para restablecer el orden y evitar que se repitan acciones similares en el futuro. Desde el frente cívico y empresarial creció la presión para sancionar a los líderes de la movilización. Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, demandó que se lleven a cabo procesos penales contra Argollo y Evo Morales, advirtiendo que “Esto no puede quedar sin responsables”.

El peso económico del conflicto es otro frente abierto para el gobierno. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) destinará cerca de nueve millones de dólares para reparar la infraestructura vial dañada. El ministro Gabriel Espinoza descartó por su parte una suba en el precio de los combustibles y confirmó que el país cuenta con reservas de alrededor de 4 mil 900 millones de dólares, aunque la planta de Senkata, que abastece el altiplano y el occidente, aún no recuperó su ritmo de operación pleno.

El conflicto, que llegó a registrar hasta 90 piquetes simultáneos, dejó a Paz ante el desafío de reconstruir su legitimidad política en un escenario de fracturas múltiples: entre el sindicalismo y el movimiento campesino, entre el gobierno y sus propios compromisos, y entre las demandas de procesamiento judicial contra los manifestantes y la necesidad de pacificación.