La implementación del Acuerdo de Paz sigue enfrentando obstáculos significativos luego de la caida del Estado de Excepción. Petro ha señalado que el Congreso ha demorado la aprobación de la Jurisdicción Agraria, una herramienta clave para resolver disputas de tierras y avanzar en la Reforma Rural Integral, principal estrategia del gobierno para avanzar en la recuperación del territorio. Esta inacción legislativa, según Petro, constituye un incumplimiento de los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional.

Paralelamente, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, ha denunciado que organizaciones criminales como el Clan del Golfo mantienen el control sobre extensas áreas de tierra, impidiendo la restitución a víctimas del conflicto. Estas estructuras armadas ejercen violencia para conservar su hegemonía sobre bienes del Estado, especialmente en regiones como el Magdalena Medio, Bajo Cauca y Córdoba.

En respuesta a estas amenazas, se han intensificado las operaciones contra el Clan del Golfo. Recientemente, siete presuntos integrantes, incluidos tres cabecillas, fueron capturados en operativos realizados en Nariño y Valle del Cauca. Entre los detenidos se encuentran individuos acusados de extorsión, reclutamiento de jóvenes y coordinación de rutas para el narcotráfico. La violencia también se manifiesta en acciones de otros grupos armados, en Cauca, se frustró un ataque con volquetas cargadas de explosivos cerca de una represa, atribuido a disidencias de las FARC. Se suma, el secuestro de un niño de 11 años en Jamundí, presuntamente por el Frente Jaime Martínez, hecho que ha generado conmoción nacional y llamados urgentes por su liberación. Otro aspecto preocupante es el aumento del reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales. Un informe reciente destaca un incremento en esta práctica, afectando gravemente a comunidades vulnerables y perpetuando el ciclo de violencia en el país.