A pocas horas de concluir su mandato, el gobierno de Gustavo Petro materializó su decisión ambiental más ambiciosa mediante la resolución 0961 del 4 de agosto de 2026, que declara el bioma amazónico colombiano como una reserva de recursos naturales renovables y del ambiente de carácter definitivo. Con una extensión de más de 480 mil kilómetros cuadrados, esta área protegida abarca la totalidad de la región amazónica y representa el 42% del territorio nacional, excluyendo de manera explícita el bioma de cualquier concesión o autorización para el desarrollo de nuevas actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos.

La medida, que busca garantizar la pervivencia de los pueblos indígenas y prevenir daños irreversibles a la biodiversidad y la regulación climática, no implica, sin embargo, un cese inmediato de todas las operaciones extractivas en la zona. La norma establece excepciones claras para los proyectos mineros que ya cuentan con título, licencia ambiental e instrumento técnico aprobado, así como para los contratos de hidrocarburos que se encuentren en fase de producción o exploración con plazos vigentes, permitiendo que continúen su ejecución hasta el fin de sus términos contractuales, aunque sin posibilidad de prórroga.

Con este blindaje legal de última hora sobre la mayor parte de la Amazonía, el gobierno saliente deja un legado ambiental de profundo calado que redefine el ordenamiento territorial y extractivo del país, aunque su efectividad práctica dependerá ahora de la interpretación de las excepciones, la capacidad del Estado para hacer cumplir la reserva y, sobre todo, de la postura que asuma la próxima administración ante un escenario que promete tensiones jurídicas y fiscales con los sectores económicos afectados.