El presidente Gustavo Petro volvió a abrir la posibilidad de retomar diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la etapa final de su mandato, aunque condicionó cualquier acercamiento a que esa guerrilla avance junto al Estado en el desmantelamiento de economías ilícitas vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilegales. La propuesta aparece en un contexto de deterioro de la seguridad en distintas regiones del país y de cuestionamientos sobre los resultados de la política de Paz Total, uno de los ejes centrales del gobierno.

El mandatario planteó que todavía podrían abrirse “nuevos caminos” hacia la paz si el ELN modifica su postura frente a las estructuras criminales y el control territorial ligado a las rentas ilegales. El anuncio representa un nuevo intento de recomponer una negociación que sufrió múltiples crisis durante los últimos meses, atravesadas por ataques armados, secuestros y enfrentamientos en regiones como Catatumbo y Arauca.

La reapertura de esa puerta de diálogo coincide con nuevas evidencias de la persistencia del conflicto armado. Una de las situaciones que generó mayor impacto fue la difusión de pruebas de supervivencia de policías secuestrados por el ELN, quienes enviaron mensajes dirigidos al presidente Petro reclamando acciones para recuperar su libertad. Los registros difundidos muestran el prolongado cautiverio de los uniformados y reavivaron el debate sobre el ciclo errático de negociaciones con el ELN.

La Defensoría del Pueblo alertó que durante 2026 más de 500 personas por día fueron víctimas de desplazamiento o confinamiento forzado, con un total superior a las 47 mil personas afectadas durante los primeros meses del año. El organismo reportó decenas de eventos masivos de desplazamiento y confinamiento, especialmente en regiones donde persiste la disputa entre grupos armados ilegales por corredores estratégicos y economías ilícitas, lo que demuestra la urgencia del éxito en este nuevo intento del gobierno para dar cierre al conflicto armado.