La investigación “Project South” derivó esta semana en la detención y acusación de siete agentes en actividad y un exagente de la Toronto Police Service, a partir de un trabajo conducido por la York Regional Police. Las imputaciones, según las autoridades, incluyen un abanico que va desde cohecho y abuso de confianza hasta conspiración para cometer asesinato y delitos de narcotráfico, en un caso que también involucra a decenas de civiles y que abre un frente de presión pública sobre los controles internos de la fuerza.

El expediente se originó en junio de 2025, tras el descubrimiento de un presunto plan para atacar a un funcionario del sistema penitenciario en Ontario. Los investigadores sostienen que un grupo criminal obtuvo y utilizó información sensible —incluyendo domicilios— a partir de consultas ilegales en bases policiales, y que parte de esos datos terminó vinculándose con hechos posteriores como extorsiones, robos y tiroteos. En ese marco, la policía señaló como figura central al sospechoso Brian Da Costa (civil) y describió un esquema en el que algunos agentes habrían aceptado sobornos para dar “protección” a dispensarios ilegales de cannabis y facilitar otras actividades, incluyendo tráfico de cocaína; además, mencionaron el decomiso de un arma conectada luego a múltiples ataques en el sur provincial.

El jefe policial Myron Demkiw calificó el episodio como un golpe a la confianza pública y confirmó suspensiones mientras avanza el proceso judicial; el jefe de la investigación, Jim MacSween, subrayó el carácter “corrosivo” del crimen organizado y la necesidad de cooperación interagencial (incluida la Ontario Provincial Police) y de fiscales federales y provinciales. En paralelo, la Toronto Police Service Board informó que pidió una revisión externa sobre puntos como supervisión, filtros de reclutamiento y accesos a bases de datos, mientras la alcaldesa Olivia Chow reclamó garantías concretas de confiabilidad cotidiana para los residentes.