El Gobierno de México avanzó esta semana en dos pilares clave de su agenda laboral. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) confirmó que el salario mínimo general tendrá un incremento de 13% a partir de enero, en línea con el plan de recuperación sostenida del ingreso real iniciado en por la Cuarta Transformación, pasando con esto a ser uno de los más altos de América Latina.

Paralelamente, el Ejecutivo envió al Congreso la iniciativa para la reducción gradual de la jornada laboral máxima semanal, que propone pasar de 48 a 40 horas a lo largo del sexenio. Se espera que la aplicación de esta medida comience a partir de 2027. La propuesta sigue el compromiso de la presidenta Sheinbaum en campaña y busca alinear la regulación mexicana con estándares laborales internacionales, priorizando el bienestar y la conciliación entre trabajo y vida personal.

La iniciativa ha generado un intenso debate tanto en el sector privado como en el Legislativo. Mientras que sindicatos y legisladores oficialistas destacan sus beneficios en materia de productividad y salud laboral, las cámaras empresariales advierten sobre un impacto potencial en los costos operativos y en la competitividad de las PyMEs. El gobierno insiste en que la gradualidad en la aplicación de la medida permitirá absorber los ajustes sin provocar un shock económico y que el diálogo social será clave para asegurar su aplicación previsible y equilibrada.