El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva impulsa una serie de medidas para contener el aumento del precio de los combustibles, con eje en el diésel, en un contexto de aumento internacional del petróleo y presión inflacionaria. La iniciativa central consistió en proponer a los estados la eliminación del impuesto Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS) sobre el diésel importado, acompañado por una compensación parcial del gobierno federal para cubrir la pérdida de recaudación. La medida, estimada en unos tres mil millones de reales mensuales (aproximadamente 600 millones de dólares) hasta mayo, forma parte de una estrategia más amplia que incluye subsidios y recortes impositivos ya implementados en las últimas semanas.
El Ministerio de Hacienda, a través de su secretario ejecutivo Dario Durigan, planteó que la suspensión del ICMS permitiría reducir el costo del combustible en un mercado donde Brasil importa cerca del 25% del diésel que consume, clave para el transporte de cargas. Sin embargo, ante resistencias de algunos gobiernos estaduales, la administración federal avanzó con una alternativa: un esquema de subsidios directos compartidos entre nación y estados para compensar el tributo, con un impacto fiscal equivalente.
En paralelo, Lula cuestionó públicamente los aumentos en los precios de los combustibles, calificándolos de “injustificables” en el contexto actual, y pidió a gobernadores y actores del sector que colaboren en la contención de costos. El mandatario ya había dispuesto la eliminación de impuestos federales (PIS y Cofins) sobre el diésel y la implementación de subsidios a productores e importadores, con el objetivo de reducir el precio final en hasta 0,64 reales por litro (aproximadamente 0,13 dólares).
El debate se intensificó en la antesala de una reunión clave entre los estados para definir si acompañan la reducción del ICMS. Desde sectores políticos y sociales, surgieron críticas a la falta de acuerdo: dirigentes como Guilherme Boulos señalaron que la negativa de algunos gobernadores obstaculiza una solución coordinada, mientras que el ministro de Transportes, Renan Filho, atribuyó episodios de escasez en algunas regiones a prácticas especulativas en el mercado de combustibles.
El trasfondo de la discusión es el impacto del alza internacional del petróleo, vinculada a tensiones geopolíticas, que ha obligado al gobierno brasileño a desplegar un paquete de medidas fiscales y regulatorias para amortiguar su traslado a los precios internos. Entre ellas, también se incluyó un impuesto del 12% a las exportaciones de crudo para compensar el costo fiscal de los alivios impositivos y subsidios.
En este escenario, el resultado de la negociación con los estados aparece como un factor determinante para la efectividad de la política de precios del combustible, en un país donde el diésel es un insumo central para la logística y la actividad económica.
