Casi un mes después de las elecciones del 30 de noviembre, marcadas por denuncias cruzadas de fraude, y tras un escrutinio plagado de fallas técnicas, interrupciones e irregularidades, que se prolongó por semanas, el Consejo Nacional Electoral, controlado por la oposición, proclamó ganador, en plena Nochebuena, a Nasry “Tito” Asfura con el 40,26% de los votos, frente a Salvador Nasralla con el 39,54%; una diferencia de apenas 0,72 puntos.
Un dato insoslayable de estos comicios estuvo dado por la abierta injerencia estadounidense, a través del propio presidente Donald Trump, que marcó el tono de las horas previas y les dio, con su respaldo explícito y enfático al candidato del Partido Nacional, un vuelco sorpresivo en la recta final. Se trata del proceso electoral más controvertido de la nación centroamericana en su historia reciente, calificado por el oficialismo como “golpe electoral”. Pese a no reconocer la legitimidad de los resultados, la presidenta Xiomara Castro se dispone a realizar el traspaso de mando el próximo 27 de enero. La contienda hondureña —y la fuerte polarización con amplias resonancias geopolíticas que la define— configura un capítulo del convulsionado escenario de disputa al que ingresa la región. El equipo de Traza Continental estuvo presente en los días previos y posteriores a la jornada electoral en Tegucigalpa, y a partir de un seguimiento pormenorizado de los hechos ofrecemos un mirada detallada de lo acontecido y un análisis de algunos de los factores que debilitaron al oficialismo.
PARTE I. ¿QUÉ PASÓ EN HONDURAS?
LAS ÚLTIMAS SERÁN LAS PRIMERAS
La reciente disputa electoral por la llegada al Palacio José Cecilio del Valle se convirtió en uno de los procesos más reñidos, complejos y controvertidos en la historia de la maltrecha democracia de Honduras. Un punto de inflexión cuyas consecuencias —aún por terminar de dilucidar— dejarán una profunda herida en el país centroamericano.
Según declaró el Consejo Nacional Electoral (CNE), en una decisión cargada de cuestionamientos, Nasry “Tito” Asfura habría ganado las elecciones al obtener el 40,26 % de los votos, dejando así, con menos de un punto porcentual de diferencia, a Salvador Nasralla, quien se presentó por el Partido Liberal, en segundo lugar con el 39,54%. En un lejano tercer lugar quedó la candidata oficialista Rixi Moncada, con el 19,20%.
La reciente disputa electoral por la llegada al Palacio José Cecilio del Valle se convirtió en uno de los procesos más reñidos, complejos y controvertidos en la historia de la maltrecha democracia de Honduras.
Atravesadas por graves denuncias de fraude, miles de impugnaciones a las actas electorales —que nunca fueron revisadas—, así como por una explícita e inaudita intervención de Estados Unidos, las elecciones hondureñas no fueron solo un drama nacional, sino que, además, condensaron y anticiparon varias de las encrucijadas y desafíos políticos que atraviesa América Latina y el Caribe. En más de un sentido podemos decir que, a pesar de ser las últimas elecciones del 2025, también fueron las primeras elecciones por las que atravesará el continente este 2026.
A pesar de su importancia, permanecieron en gran medida fuera del radar de los debates políticos del continente. Una serie de factores conspiró para ello: la dificultad que impone el ya de por sí enmarañado sistema electoral hondureño, sumada a la insólita extensión del proceso —que se prolongó por más de un mes—.
En el plano interno, el aspecto más relevante de esta elección fue que se trató de los primeros comicios realizados desde la llegada al poder de Libertad y Refundación en 2021, lo que en su momento significó que, por primera vez, una fuerza política ajena al tradicional sistema bipartidista —conformado por el Partido Nacional y el Partido Liberal, que habían gobernado el país prácticamente durante toda su historia— alcanzara el poder.
De este modo, se trató de unas elecciones en las que lo que se dirimía era la capacidad de la izquierda para estabilizarse y consolidarse como una opción de gobierno —en un país históricamente hostil a esas tradiciones políticas— y, por otro, la capacidad del sistema bipartidista para recomponerse luego de la derrota de 2021.
…se trató de unas elecciones en las que lo que se dirimía era la capacidad de la izquierda para estabilizarse y consolidarse como una opción de gobierno…
EL ESCENARIO Y LOS ACTORES
Con más de 6,5 millones de hondureños habilitados para votar, los comicios definieron quién reemplazará a la presidenta Xiomara Castro (Libre) —en un país donde está prohibida la reelección— durante los próximos cuatro años, además de renovar prácticamente todos los cargos electivos, en un país sin elecciones intermedias: desde la totalidad del Congreso, un órgano unicameral compuesto por 128 parlamentarios, hasta el total de las casi 300 alcaldías municipales.
Aunque cinco candidatos compitieron por la presidencia, la disputa electoral se concentró en tres figuras centrales:
—Rixi Moncada fue la candidata oficialista de Libertad y Refundación. Abogada y maestra, forma parte del círculo político más estrecho de Manuel “Mel” Zelaya y fue una de las fundadoras de su partido luego del golpe de Estado de 2009. Antes de postularse, Moncada se desempeñó como secretaria de Defensa Nacional en el gobierno de Xiomara Castro. Su candidatura fue una decisión tomada de manera cerrada por el núcleo chico de la dirección partidaria, con el objetivo de dar continuidad al proyecto de “refundación”.
Con un perfil político más frontal y un discurso más radical que el de la presidenta Castro, representa el “ala dura” de Libre, motivo por el cual en los círculos militantes y en las estructuras partidarias su candidatura fue interpretada como una apuesta firme ante una elección que se preveía especialmente conflictiva, aunque no estuvo exenta de críticas por el modo en que fue procesada.
Moncada se desempeñó como secretaria de Defensa Nacional en el gobierno de Xiomara Castro. Su candidatura fue una decisión tomada de manera cerrada por el núcleo chico de la dirección partidaria.
—Salvador Nasralla, por su parte, fue el candidato del Partido Liberal. Con más de cuatro décadas de trayectoria en los medios de comunicación y una fuerte presencia televisiva que le valió el apodo de “el señor de la televisión”, protagonizó un extenso recorrido político-electoral.
En 2013 fue candidato presidencial por el Partido Anticorrupción (PAC), fuerza que él mismo cofundó. Posteriormente, en las elecciones de 2017, encabezó la fórmula presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura —un frente electoral integrado por Libre y un sello electoral creado por él mismo para la ocasión—. Para 2021, volvió a fundar otra marca electoral con el objetivo de competir nuevamente por la presidencia. Sin embargo, a último momento terminó bajando su candidatura, tras alcanzar un acuerdo con Libre, por el que fue incorporado como designado presidencial —una suerte de vicepresidencia— en la fórmula encabezada por Xiomara Castro.
No obstante, la alianza duró poco. A partir de 2023, luego de haber asumido como designado presidencial, Nasralla inició un proceso de distanciamiento del gobierno, al que acusó de incumplir los acuerdos políticos al no ser incluido en las decisiones estratégicas del Ejecutivo. La ruptura se formalizó en 2024, tras lo cual entabló una negociación pragmática con sectores del Partido Liberal que, al considerarlo una figura con arrastre mediático, le abrieron la puerta y lo convirtieron en su principal carta presidencial.
—Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional, constituyó el tercer eje de la contienda. Empresario de la construcción, de perfil conservador y neoliberal, fue alcalde del Distrito Central entre 2014 y 2022.
Su carrera política se consolidó durante los dos mandatos presidenciales de Juan Orlando Hernández (2014–2022), período en el que el Partido Nacional mantuvo un control casi absoluto del poder. Durante ese período, Asfura se benefició mediante contratos de obra pública, lo que le valdría investigaciones por corrupción.
Su carrera política se consolidó durante los dos mandatos presidenciales de Juan Orlando Hernández (2014–2022), período en el que el Partido Nacional mantuvo un control casi absoluto del poder.
Luego de la condena de Hernández en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, Asfura logró posicionarse como uno de los principales “renovadores” dentro del partido, proyectándose como un dirigente capaz de “recomponer” la imagen del nacionalismo.
Además de los candidaturas, oro factor determinante para el desarrollo del proceso electoral fue el Consejo Nacional Electoral (CNE). El organismo se compone de tres consejeros propietarios —la presidenta, Cossette López-Osorio (vinculada al Partido Nacional), y los consejeros Ana Paola Hall (Partido Liberal) y Marlon Ochoa (Libre)—, además de dos suplentes: Karen Rodríguez y Carlos Cardona.
El CNE estaba encargado de garantizar toda la logística del proceso electoral, realizar la transmisión preliminar conocida como TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), llevar a cabo el escrutinio de las actas electorales y, en caso de considerarlo necesario, efectuar un recuento especial voto por voto de dichas actas.
TENSIONES Y FALLAS PREVIAS A LA JORNADA
Ya desde semanas antes de las elecciones generales, el clima político hondureño comenzó a verse atravesado por crecientes tensiones que anticiparon el tono del proceso.
El 29 de octubre, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya —cercano al partido oficialista Libre—, ofreció una conferencia de prensa en la que denunció públicamente que Cossette López, presidenta del CNE; Tomás Zambrano, jefe de la bancada parlamentaria del PN; y un alto mando militar no identificado se encontraban conformando una “asociación ilícita para alterar la voluntad popular”.
Como prueba de esta grave acusación, la Procuraduría difundió cerca de 26 audios —que adjudicó a estos dirigentes— en los que se escuchaban conversaciones orientadas a desconocer los resultados electorales. Los audios habían sido entregados a la Procuraduría por el consejero Marlon Ochoa, como prueba de “la conspiración gestada dentro del propio organismo electoral”, quien aseguraba que el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) sería la herramienta utilizada para llevar adelante el fraude.
La difusión de los audios constituyó un punto de inflexión. A partir de entonces, pasaron a ocupar un lugar central en el discurso del oficialismo. Sin embargo, pese a la gravedad de las acusaciones, su impacto mediático fue limitado, en un ecosistema de medios fuertemente dominado por sectores opositores.
Ya desde semanas antes de las elecciones generales, el clima político hondureño comenzó a verse atravesado por crecientes tensiones que anticiparon el tono del proceso.
A su vez, la oposición rechazó de manera tajante las acusaciones, asegurando que los audios eran parte de una “campaña sucia” impulsada por el gobierno de Xiomara Castro. Tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal iniciaron una estrategia de contraacusación, denunciando que era el propio gobierno el que se preparaba para cometer un fraude electoral. Desde entonces, las acusaciones cruzadas no hicieron más que intensificarse, alimentando un clima generalizado de desconcierto y confusión.
Pocos días después se produjo el segundo episodio clave de esta escalada. El domingo 9 de noviembre, el CNE llevó a cabo un ensayo nacional del sistema electoral. El ejercicio tenía como objetivo evaluar la capacidad operativa del organismo para gestionar todas las etapas de la jornada electoral, desde la apertura de los centros de votación hasta la transmisión de los resultados. Para ello, se pusieron a prueba aproximadamente el 10% de los centros de votación.
El simulacro terminó siendo un verdadero “fracaso”, según reconoció el propio CNE. El Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) solo logró transmitir el 35,7% de las actas previstas, mientras que apenas el 23,7% de los dispositivos biométricos —utilizados como mecanismos de seguridad— consiguió conectarse. Estos fallos serían claves para el desarrollo de toda la crisis posterior.
Ante las crecientes críticas del oficialismo, el martes 11 de noviembre los candidatos de la oposición del Partido Nacional y del Partido Liberal, junto con el Partido Demócrata Cristiano, redoblaron la apuesta y firmaron un acuerdo simbólico en el que se comprometieron a “defender el voto” frente a lo que denunciaban como un inminente fraude por parte de Libre y del gobierno.
Aunque el acuerdo carecía de cualquier validez legal, fue replicado por diversos portales internacionales, logrando así un fuerte impacto político y mediático.
LA INJERENCIA ESTADOUNIDENSE
En este contexto, el 13 de noviembre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), emitió un comunicado oficial expresando su “preocupación” por los “recientes acontecimientos” en Honduras. El mensaje fue replicado por el subsecretario de Estado de Estados Unidos para América Latina, Christopher Landau, quien advirtió que Washington reaccionaría “con rapidez y firmeza” ante cualquier intento de comprometer la integridad de los comicios.
…el 13 de noviembre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), emitió un comunicado oficial expresando su “preocupación” por los “recientes acontecimientos” en Honduras.
El 20 de noviembre, una delegación de la oposición suspendió sus actividades de campaña y viajó a Estados Unidos para participar en una audiencia en la Cámara de Representantes titulada “Democracia en peligro: la lucha por unas elecciones limpias en Honduras”, organizada por la congresista republicana María Elvira Salazar. La delegación incluyó al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y a diputadas del Partido Nacional.
En su intervención, Salazar afirmó que Honduras enfrentaba una “encrucijada histórica”. Agregó que Washington debía garantizar que la democracia prevaleciera en la región y señaló que Estados Unidos no permitiría que otro país cayera en manos del socialismo. La visita de la delegación opositora a Washington provocó una reacción inmediata del gobierno hondureño. El vicecanciller Gerardo Torres señaló que sectores de la oposición solicitaban abiertamente la intervención estadounidense en los asuntos internos del país y acusó a estos actores de afectar la contienda electoral mediante “mentiras, fraude y violencia”.
La disputa política dio un giro abrupto e inesperado el 26 de noviembre. Ese día, a través de una extensa publicación en redes sociales, el presidente estadounidense Donald Trump declaró explícitamente su apoyo a Nasry “Tito” Asfura, llamando abiertamente a votar por el candidato del Partido Nacional y descartando cualquier respaldo al Partido Liberal.
En su mensaje, Trump aseguraba que Asfura era el único “defensor de la democracia”, presentándolo como un luchador contra el “comunismo”, al tiempo que arremetía contra Libre, al que calificaba de “comunista” y acusaba de colaborar con el “narcoterrorismo”.
“¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país, como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional”, afirmaba, al mismo tiempo que acusaba a Salvador Nasralla (Partido Liberal) de “intentar engañar al pueblo” y de dividir el voto opositor.
El respaldo explícito a Asfura representó un punto de inflexión decisivo. Aunque históricamente el Partido Nacional había sostenido una relación privilegiada con Washington, esos vínculos se encontraban seriamente deteriorados tras la extradición y posterior encarcelamiento de Juan Orlando Hernández.
Donald Trump declaró explícitamente su apoyo a Nasry “Tito” Asfura, llamando abiertamente a votar por el candidato del Partido Nacional y descartando cualquier respaldo al Partido Liberal.
Al mismo tiempo, el Partido Liberal —salvo durante el gobierno de Manuel “Mel” Zelaya— había sido históricamente una fuerza alineada con Estados Unidos. Por lo que nada hacía prever que una eventual victoria liberal representara una amenaza para los objetivos estratégicos de Washington.
Sin embargo, contra todo pronóstico, el respaldo al candidato del Partido Nacional fue contundente. Trump llegó incluso a calificar a Nasralla como “cercano al comunismo” y una figura no confiable: “Salvador Nasralla no es amigo de la libertad. Es un ‘borderline communist’ que ayudó a Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar. Luego renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura”.
EL INDULTO A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
Hasta ese momento, todas las encuestas ubicaban a Asfura en tercer lugar. La disputa parecía concentrarse entre Rixi Moncada y Salvador Nasralla, sin que surgiera un favorito claro. Sin embargo, el respaldo explícito de Trump provocó un verdadero sismo en la intención de voto y alteró significativamente el escenario electoral.
Profundamente afectado, Nasralla expresó su pesar por “la desinformación maliciosa difundida por mis rivales políticos, quienes, conscientes de su derrota, llevaron sus mentiras a oídos de los asesores del presidente Trump, a quienes respeto y tengo en alta estima”. Añadió, en un gesto de pleitesía, que de ganar sería un aliado de Estados Unidos “en la defensa de las libertades en Iberoamérica”.
Tan solo dos días después, el viernes 28 de noviembre, y faltando apenas 48 horas para los comicios, Trump volvió a redoblar la apuesta y —nuevamente a través de un mensaje en redes sociales— anunció que concedería un indulto total al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en caso de que Asfura ganara las elecciones.
“Tito será un gran presidente, y Estados Unidos colaborará estrechamente con él para garantizar el éxito total de Honduras. Además, concederé un indulto total al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, fue tratado con mucha dureza e injusticia. Esto no puede suceder, especialmente ahora, tras la victoria electoral de Tito Asfura, mientras Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero”, declaró.
La declaración sorprendió a propios y ajenos y recibió rápidas críticas de diversos sectores, incluidos integrantes del propio Partido Republicano y del movimiento MAGA. Juan Orlando Hernández, recluido en una prisión federal de máxima seguridad en Hazelton, había sido sentenciado en 2024 a 45 años de prisión tras ser declarado culpable por un tribunal federal de Nueva York por crímenes de narcotráfico. En esa sentencia, la fiscalía señaló que Hernández “abusó de su poder para apoyar una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”.
Juan Orlando Hernández, recluido en una prisión federal de máxima seguridad en Hazelton, había sido sentenciado en 2024 a 45 años de prisión tras ser declarado culpable por un tribunal federal de Nueva York por crímenes de narcotráfico.
El anuncio del indulto funcionó como una señal inequívoca para el extenso poder territorial vinculado al crimen organizado —que mantiene fuertes conexiones transversales, independientemente de su signo político, con las estructuras de poder locales— para activar distintos mecanismos destinados a recolectar votos a favor del Partido Nacional.
Finalmente, Trump terminó indultando a Juan Orlando Hernández tan solo 24 horas después de las elecciones, dejando así en libertad al principal caudillo y hombre fuerte del Partido Nacional.
LA JORNADA ELECTORAL
A medida que se acercaban las elecciones, al caminar por las principales ciudades del país era posible percibir la tensión. La recomendación constante de no permanecer hasta tarde en la calle y los negocios que instalaban persianas metálicas para protegerse de posibles enfrentamientos reflejaban un clima de temor generalizado. El miedo a eventuales choques era palpable.
Luego del golpe de Estado de 2009, cada proceso electoral había estado marcado por altos niveles de violencia. Particularmente violentas fueron las elecciones de 2017, en las que Juan Orlando Hernández logró ser reelecto —a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección en el país— tras una inaudita caída del sistema de conteo de votos que se prolongó durante 24 horas y después de la cual, de manera sorpresiva, apareció en primer lugar.
No obstante, esta vez las elecciones transcurrieron en relativa calma, pese a las tensiones previas, sin que se registrara ningún incidente significativo. Sin embargo, como era de esperarse, los problemas comenzaron al momento del conteo, cuando la transmisión de los resultados preliminares del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) empezó a mostrar las primeras fallas.
A partir de los primeros resultados difundidos se evidenció una reñida disputa entre Salvador Nasralla y Nasry “Tito” Asfura. Apenas unas horas después de iniciado el escrutinio, el sistema TREP se “cayó” repetidamente, permaneciendo varias horas sin ninguna actualización.
A partir de entonces, de manera completamente irregular, el reinicio del sistema estuvo continuamente seguido de cortes de luz y caídas, que paralizaron el conteo de votos una y otra vez durante las siguientes dos semanas.
…los problemas comenzaron al momento del conteo, cuando la transmisión de los resultados preliminares del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) empezó a mostrar las primeras fallas.
UN CONTEO ANÓMALO
Desde un principio, Libre anunció que no aceptaría los resultados del CNE y que exigiría un conteo total de los votos. A 24 horas de la votación y con apenas el 57% de los votos contabilizados, Rixi Moncada declaró en una conferencia de prensa que el “bipartidismo” estaba cometiendo un fraude electoral. Según explicó, el fraude habría sido posible porque se habían eliminado los controles biométricos del sistema de validación de papeletas —una medida aprobada por el CNE la noche anterior—, lo que habría permitido al Partido Nacional presentar papeletas con “votos inflados”.
Con el correr de los días, Salvador Nasralla fue haciendo cada vez más manifiesta su denuncia de que se estaba cometiendo un fraude. Con una diferencia mínima frente al candidato del Partido Nacional y ante las continuas fallas en el sistema, para mediados de la primera semana tras las elecciones, mediante una conferencia de prensa aseguró que los conteos propios realizados por su militancia —de manera paralela al conteo oficial— lo daban como ganador. Al mismo tiempo, afirmaba que las actas que aparecían contabilizadas estaban “infladas” a favor del Partido Nacional.
En medio de las tensiones y de las crecientes denuncias contra el Partido Nacional, en la noche del 9 de diciembre, y en un gesto que apuntaba a tender un puente de diálogo con el Partido Liberal, Manuel Zelaya —coordinador de Libre y principal líder del partido— realizó una extensa publicación en redes sociales. En ella afirmaba que, según los conteos propios de LIBRE, Nasralla iba ganando las elecciones, a pesar de que el conteo oficial —en medio de sus continuas paralizaciones— mostraba lo contrario, y volvió a exigir la realización de un conteo especial de todas las actas.
A 24 horas de la votación y con apenas el 57% de los votos contabilizados, Rixi Moncada declaró en una conferencia de prensa que el “bipartidismo” estaba cometiendo un fraude electoral.
“Consulté a nuestra candidata Rixi Moncada para brindarme esta información porque, según nuestro propio conteo nacional de récords presidenciales, récord por récord, el ganador de la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum”, declaraba, antes de afirmar que “Libre siempre será garantía de defender la verdad y la voluntad soberana del pueblo hondureño”.
De esta manera, las declaraciones de Zelaya suponían un reconocimiento explícito de que su partido no había ganado las elecciones. A partir de ese momento, aunque manteniendo siempre distancia de Libre, Nasralla y la militancia directamente vinculada a su figura comenzaron a reclamar que se contabilizara la totalidad de las actas y advirtieron que, de no hacerse, no reconocerían el resultado.
CONTROVERSIAS POR EL ESCRUTINIO
A partir de entonces, el centro de la disputa giró en torno a cuál debía ser el alcance del recuento especial —es decir, la revisión, una por una, de las actas impugnadas por los partidos y que presentaban problemas como inconsistencias, faltantes o errores de transmisión— que debía aceptar realizar el CNE.
Para mediados de diciembre, con el 99,40 % de las actas procesadas y el conteo nuevamente paralizado, sumándose a una larga lista de supuestas “fallas” que habían plagado el proceso, los resultados preliminares mostraban que Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, obtenía el 40,52 % (1.298.835 votos), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,20 % (1.256.428 votos). En un tercer lugar se encontraba Rixi Moncada, de Libertad y Refundación, con el 19,29 % (618.448 votos).
El propio CNE afirmaba que aproximadamente dos mil 773 actas electorales presentaban inconsistencias, lo que equivalía al 14,5% del total. Esto significaba que más de 580 mil votos —que podrían resultar decisivos para el desenlace electoral, considerando que la diferencia entre los dos primeros candidatos era de tan solo 40 mil votos— quedaban bajo revisión.
Dentro del CNE, las concejalas Cossette López-Osorio, del Partido Liberal, y Ana Paola Hall, del Partido Nacional, sostenían que solo debían revisarse esas actas. En cambio, el concejal Marlon Ochoa, de Libre, sostenía que era necesario revisar voto por voto, es decir, el 100% de las actas, al argumentar que, según su partido, existían más irregularidades de las que el CNE reconocía oficialmente.
El propio CNE afirmaba que aproximadamente dos mil 773 actas electorales presentaban inconsistencias, lo que equivalía al 14,5% del total. Esto significaba que más de 580 mil votos (…) quedaban bajo revisión.
Sumando complejidad al escenario, la situación evidenciaba claras divisiones internas dentro del Partido Liberal. Mientras López-Osorio, junto con un sector significativo de la dirigencia liberal, se negaba a aceptar un recuento completo de los votos, el candidato presidencial Salvador Nasralla y otros sectores del partido continuaban exigiendo una revisión integral del proceso electoral.
La situación se mantuvo paralizada durante varios días, ya que estas disputas impidieron que las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), integradas por miembros de distintos partidos, pudieran terminar de conformarse debido a la falta de acuerdo sobre el alcance del recuento. En este marco, con el tiempo corriendo para declarar un ganador antes del 30 de diciembre, Cossette López-Osorio y Ana Paola Hall acusaban tanto a Libre como al sector alineado con Nasralla de estar obstruyendo el proceso de recuento.
RECUENTO ESPECIAL Y DECLARATORIA FINAL
Luego de varios días de tensiones y protestas, finalmente, el jueves 18 de diciembre comenzó el recuento especial. Se trató de un proceso que sufrió varias interrupciones, con miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento negándose a participar. A pesar de que tanto Libre como el sector de Nasralla dentro del Partido Liberal llegaron a presentar diez mil actas con pedidos de impugnación, la mayoría del CNE logró imponerse y el recuento especial se realizó sobre las dos mil 773 actas electorales que el organismo consideraba que presentaban inconsistencias.
A pesar de que Nasralla se negaba públicamente a convalidar el recuento, lo cierto es que un sector mayoritario del aparato partidario le dio la espalda a su candidatura y validó el proceso. En un gesto sin precedentes, en la noche del 24 de diciembre —en plena Nochebuena—, el CNE emitió un comunicado que no contó con transmisión en radio ni en la televisión nacional, en el que se proclamaban los resultados.
Con una diferencia de tan solo el 0,72 % entre los candidatos del Partido Nacional y del Partido Liberal, se proclamó a “Tito” Asfura como ganador, con el 40,26 % (1.481.517 votos), mientras que Salvador Nasralla quedó en segundo lugar, con el 39,54 % (1.455.169 votos).
…en la noche del 24 de diciembre —en plena Nochebuena—, el CNE emitió un comunicado que no contó con transmisión en radio ni en la televisión nacional, en el que se proclamaban los resultados.
El resultado fue aprobado por las concejalas Ana Paola Hall, en representación del Partido Liberal, y Cossette López, en representación del Partido Nacional, luego de que la embajada de Estados Unidos en Honduras exigiera públicamente la divulgación del resultado final, advirtiendo que “quien obstruya o intente retrasar” la proclamación enfrentaría “consecuencias”.
Aunque el reglamento exige las firmas de los tres concejales del CNE, la proclamación no fue firmada por el concejal del partido Libertad y Refundación, Marlon Ochoa, quien calificó la decisión de “golpe electoral”. Sin embargo, el documento se formalizó con la firma del concejal suplente de Ochoa, Carlos Enrique Cardona Hernández —quien enfrenta graves acusaciones de corrupción—, quien validó la resolución sin el consenso del partido al que supuestamente representaba.
La reacción no se hizo esperar y la proclamación fue inmediatamente también calificada por el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, líder del partido Libre, como un “golpe electoral” y una “traición a la patria”. A través de redes sociales, Redondo difundió un duro mensaje en el que afirmó que el concejal suplente Carlos Cardona había “confirmado que no validaría el fraude del Partido Nacional”, acompañando la publicación con una imagen de fondo negro y la palabra “Traición”. Quedaba así sellado el proceso electoral.
Después de cuatro años de gobierno, los resultados electorales dejaron a Libre en un lejano tercer lugar. Si bien es innegable que todo el proceso electoral estuvo atravesado por enormes irregularidades, estas, por sí solas —aunque ciertamente muy importantes—, no alcanzan a explicar plenamente el resultado final.
Varios elementos se combinaron para terminar de configurar este escenario.
Después de cuatro años de gobierno, los resultados electorales dejaron a Libre en un lejano tercer lugar.
PARTE II. FACTORES PARA LA DERROTA DEL OFICIALISMO
FORTALEZA DEL SISTEMA BIPARTIDISTA
Con décadas de ejercicio en el poder, el bipartidismo hondureño mantiene profundos enraizamientos sociales, territoriales e institucionales que —como quedó demostrado— no fueron revertidos por los cuatro años de gobierno de Libre.
La victoria de Xiomara Castro en 2021 —ciertamente llena de méritos propios— tuvo como condición de posibilidad el desgaste del Partido Nacional, que, además del propio agotamiento derivado de haber gobernado desde 2013, se encontraba arrinconado por una serie de denuncias de corrupción contra el entonces presidente Juan Orlando Hernández, las cuales derivaron posteriormente en su captura y encarcelamiento. A su vez, esta situación de desgaste se combinó con la dificultad del Partido Liberal para recomponer una propuesta presidencial tras el golpe de 2009 y la posterior salida de un sector importante del partido junto con el expresidente Manuel Zelaya.
Sin embargo, la victoria electoral no implicó un cambio de régimen. Sin contar con una sólida estructura territorial en el conjunto del país, Libre debió gobernar sostenido —en gran medida— en acuerdos que mantuvieron prácticamente intactas las estructuras territoriales preexistentes, en particular las del Partido Liberal.
Esa maquinaria —tanto social como territorial e institucional— del bipartidismo logró activarse de manera operativa y recuperar el terreno perdido en las últimas elecciones.
…el bipartidismo hondureño mantiene profundos enraizamientos sociales, territoriales e institucionales que —como quedó demostrado— no fueron revertido.
EXPECTATIVAS FRUSTRADAS
Cabe recordar —un elemento por momentos subestimado— que las elecciones de 2021 se dieron en un contexto pospandemia, en el que la inmensa mayoría de los oficialismos a nivel global perdió los comicios, producto, entre otras cosas, de una fuerte demanda de cambio.
La llegada de Libre al gobierno supuso la puesta en marcha de una serie de expectativas vinculadas a, por un lado, mejorar la calidad de vida de la población y, al mismo tiempo, sanear unas instituciones atravesadas por la corrupción.
En los días previos a las elecciones, resultaba frecuente escuchar a personas —sobre todo de mediana edad y jóvenes— que decían haber votado a Libre en 2021 esperando un cambio, pero que, luego de estos años, se sentían decepcionadas. El choque entre esas expectativas y la percepción de su estado de situación actual produjo una enorme frustración.
Si bien se dieron transformaciones sociales y mejoras económicas incuestionables, lo cierto es que estas no alcanzaron para ser percibidas como un cambio tangible en las condiciones de vida de la población. Aunque el empleo formal aumentó, la persistencia de la inflación, con salarios estancados, produjo un deterioro en la capacidad de compra de los trabajadores.
Al mismo tiempo, la promesa de refundación institucional se vio gravemente erosionada por la elevada cantidad de funcionarios —ya fueran familiares directos o integrantes de los círculos íntimos del reducido grupo dirigente de Libre— designados en altos cargos administrativos. Este aspecto fue explotado de manera hábil por la oposición a través de los medios de comunicación.
Es posible que, al no contar con una gran estructura partidaria ni con cuadros leales y probados, esta haya sido una estrategia para blindarse frente a una debilidad relativa. Sin embargo, los efectos corrosivos sobre la percepción social, que vincula estas designaciones con una forma de “corrupción”, resultan evidentes.
Si bien se dieron transformaciones sociales y mejoras económicas incuestionables, lo cierto es que estas no alcanzaron para ser percibidas como un cambio tangible en las condiciones de vida de la población.
EL AISLAMIENTO SOCIAL
Al igual que está ocurriendo en otras elecciones del continente, las estructuras militantes de Libre mantenían la sincera convicción de que o bien iban a ganar las elecciones o, en su defecto, se encontraban en una posición altamente competitiva. La sobreestimación de las propias fuerzas y su contracara, la subestimación de las fuerzas adversarias, redundaron en dificultades para calibrar adecuadamente la estrategia electoral.
Junto con el enorme drenaje de energías políticas que supone el paso al gobierno —una fuerza militante que se traslada desde sus territorios hacia la gestión estatal—, se sumó una suerte de repliegue identitario, en gran parte producto de una situación defensiva frente a la constante hostilidad de las fuerzas adversarias. De este modo, la necesaria tarea de “convencer” a la mayoría de la sociedad fue quedando progresivamente relegada a un segundo plano, mientras adquiría cada vez mayor centralidad la “defensa” del gobierno. De este modo, toda crítica fue interpretada como un ataque, lo que generó una enorme dificultad para reconocer momentos de legitimidad en esos señalamientos, perdiendo así aliados o desmoralizando a la propia tropa.
En el terreno electoral, este fenómeno se manifestó con claridad. El discurso se centró en “acabar con el bipartidismo”, confundiendo así el objetivo estratégico propio —al hablar fundamentalmente a los convencidos— con la indispensable tarea táctica de sumar nuevas voluntades o de recuperar a aquellos sectores desencantados o indecisos con expectativas de futuro y mejora en sus vidas cotidianas.
…la necesaria tarea de “convencer” a la mayoría de la sociedad fue quedando progresivamente relegada a un segundo plano, mientras adquiría cada vez mayor centralidad la “defensa” del gobierno.
EL PAPEL DE LAS IGLESIAS
Un ejemplo de la dificultad para dialogar con sectores que no fueran los propios tuvo un capítulo importante en los problemas para entablar vínculos con los sectores religiosos. Siendo uno de los países de la región donde la población participa más activamente en actividades de las iglesias —católicas y evangélicas—, Libre tuvo poco —o nulo— trabajo orientado a tender puentes con estos espacios.
Es cierto que las estructuras de estos sectores han sido particularmente hostiles al partido hasta ahora oficialista. Sin embargo, no deja de ser verdad que la religiosidad constituye uno de los principales basamentos culturales y de sociabilidad del pueblo hondureño. Una política que pretenda ser hegemónica no puede prescindir del intento por enraizarse en las tradiciones culturales y experiencias espirituales de su pueblo.
Más allá de gestualidades diplomáticas —como viajar al Vaticano—, este vacío provocó que prácticamente no hubiera disputa allí mismo donde se produce y reproduce el sentido común popular. La mayoría de las iglesias evangélicas y católicas —con el gigantesco arraigo capilar que ello supone— se alinearon contra el gobierno y su partido, celebrando misas, cultos e incluso marchas “contra el comunismo”.
EL FACTOR TRUMP
Aunque no agota las explicaciones que dan cuenta de la derrota de Libre, resulta importante no subestimar el enorme impacto que tuvo la injerencia de Estados Unidos, que conserva un significativo poder de influencia.
Los principales estrategas que asesoraron al Partido Nacional fueron el consultor argentino Fernando Cerimedo —quien oficia como uno de los principales estrategas de la extrema derecha latinoamericana— y el estadounidense Dick Morris, quien participó del equipo de campaña del propio Trump.
El llamado a votar por “Tito” Asfura estuvo acompañado por una extensa campaña de miedo que advertía que, en caso de que ganara el oficialismo, se impediría la llegada de remesas al país —que explican el 25% del PBI—, además de que las empresas cerrarían, dejando a miles de personas desempleadas.
El llamado a votar por “Tito” Asfura estuvo acompañado por una extensa campaña de miedo que advertía que, en caso de que ganara el oficialismo, se impediría la llegada de remesas al país.
“Necesitamos más inversiones de Estados Unidos, no menos”, se escuchaba en las calles en los días que rodearon las elecciones. El temor producido por las amenazas de Trump era palpable, mientras no resultaba claro qué alternativa concreta se estaba planteando desde la izquierda, más allá de la condena moral a la injerencia extranjera. 