La Casa de Nariño ha sido escenario de una serie de ajustes y renuncias que reflejan tensiones internas en el círculo más cercano al presidente. En menos de 48 horas, varios funcionarios clave presentaron su renuncia o fueron relevados de sus cargos, entre ellos Angie Rodríguez, quien se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y mano derecha del presidente; Jorge Lemus, al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); y Juan Carlos Florián, ministro de la Igualdad. Estas salidas se presentaron en medio de pugnas internas y acusaciones cruzadas sobre gestión y ejecución de políticas, particularmente en el caso de Rodríguez, quien denunció haber sido víctima de amenazas y ataques sistemáticos; y de Lemus, cuya gestión en inteligencia estuvo envuelta en polémicas por posibles filtraciones de información a grupos armados.
El presidente Petro procedió a reorganizar parte de su gabinete y su círculo de confianza, asignando nuevas responsabilidades al jefe de despacho José Raúl Moreno, quien asumió de manera interina tanto el DAPRE como el Ministerio de Igualdad. La concentración de poder en la figura de Moreno, antes un aliado de Rodríguez, ha sido interpretada como un intento por estabilizar la agenda presidencial, aunque también ha suscitado interpretaciones sobre el desplazamiento de facciones internas en el Ejecutivo. Estas reconfiguraciones ocurren en un contexto donde Petro ha buscado mediar y contener lo que se ha denominado “fuego amigo” dentro de su administración. El presidente ha convocado a reuniones privadas con funcionarios y militantes de su coalición para intentar moderar los conflictos internos y concentrar esfuerzos en el cierre de su mandato, que incluye la defensa de sus políticas económicas y la proyección de alianzas políticas de cara a las elecciones de 2026.
Paralelamente a estas dinámicas internas, el Ejecutivo ha defendido medidas económicas controvertidas, como el decreto de emergencia económica, señalado por Petro como una herramienta necesaria para reducir el costo de la deuda pública y recuperar la confianza de los mercados tras el hundimiento de una ley de financiamiento. La implementación del decreto permitió una significativa emisión de bonos en los mercados internacionales con alta demanda, lo que fue interpretado como una señal de confianza externa hacia Colombia. Se suma también la defensa del aumento del salario mínimo, que Petro ha presentado como una medida orientada a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y sostener el consumo interno, pese a las críticas de sectores empresariales y de analistas que advierten sobre su impacto en la inflación y el empleo. Así, los movimientos en el gabinete y las nuevas políticas económicas configuran un escenario en el que el Ejecutivo busca reafirmar su rumbo y su legado, en medio de tensiones internas y un contexto económico y político aún incierto.
