El derechista ex presidente y candidato en las últimas elecciones presidenciales, Jorge «Tuto» Quiroga, denunció que la falta de captura de Evo Morales por parte de las autoridades responde a un presunto pacto de impunidad entre el gobierno de Rodrigo Paz y el exmandatario. Quiroga recordó declaraciones previas del vicepresidente, Edmand Lara, sobre presuntos acuerdos de Morales con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en la primera vuelta electoral. Sostuvo que los resultados del ballotage mostraron una reducción del voto nulo, lo que, a su parecer, refuerza la hipótesis de un acuerdo político.

Sin embargo, la mayor amenaza para la estabilidad del gobierno de Paz proviene de su propia estructura interna. El vicepresidente Lara ha arremetido públicamente contra el presidente, exigiéndole «dejar las quejas» y criticando duramente el estreno de un sistema de «mando electrónico» que permite al mandatario gobernar desde el exterior. Lara sostiene que esta modalidad de gobierno por internet vulnera la Constitución Política del Estado, una fricción que Quiroga ha calificado como una «falta de respeto institucional» que degrada la imagen del país.

En este marco, como muestra de su autonomía política, Lara presentó ante la Asamblea Legislativa un paquete de cinco proyectos de ley. El primer proyecto plantea una excepción de canasta familiar para personas con discapacidad, con entrega mensual de alimentos. El segundo proyecto busca obligar a las empresas públicas y privadas a abrir espacios para jóvenes profesionales. El tercer proyecto corresponde a una ley de fomento al turismo, orientada a atraer inversiones. El cuarto, propone la objeción de conciencia al servicio militar. Y la quinta iniciativa plantea la eliminación de la inspección técnica vehicular. Lara ha instado a los legisladores a no bloquear estas iniciativas que, según él, buscan beneficiar directamente a diversos sectores de la ciudadanía.

Por otro lado, y más allá del escenario institucional, el clima social también se mantiene tenso puesto que la Central Obrera Boliviana (COB) se ha declarado en estado de emergencia, sumando su rechazo a la denominada «ley antibloqueo», lo que prefigura un escenario de posibles movilizaciones y resistencia sindical frente a las futuras políticas de la administración de Paz. De esta manera, el gobierno de Paz multiplica sus distanciamientos y potenciales conflictos tanto por derecha, como por izquierda.