Más de un mes después de las elecciones celebradas el 12 y 13 de abril en el Perú, y tras semanas de tensión marcadas por la lenta revisión de actas, votos impugnados, reclamos ante la justicia electoral y denuncias de fraude, el ajustado resultado finalmente se oficializó el domingo 17 de mayo. De una larga y fragmentada lista de 35 candidatos presidenciales, quienes lograron pasar al balotaje fueron la conservadora Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).
En un país que ha tenido ocho presidentes en diez años, que cuenta con un Congreso poderoso pero desacreditado socialmente y que ha experimentado una hiperfragmentación política —Perú hoy tiene 43 partidos—, se disputará una segunda vuelta con dos proyectos de nación radicalmente distintos, que buscarán no solamente llevar adelante su programa sino poner fin a este ciclo de inestabilidad.
Si bien hoy Fujimori aventaja en las encuestas, la brecha con Sánchez es de apenas cuatro puntos y existe una cuarta parte del electorado que o bien está indecisa o que declara que puede anular su voto. Por lo tanto, el escenario está abierto a una victoria de cualquiera de las fuerzas en una elección cerrada, y la jornada electoral del próximo 7 de junio puede ser otro parto doloroso para la maltrecha democracia peruana. En Traza Continental hacemos una radiografía del proceso, analizando la composición del Congreso, las trayectorias de ambos candidatos finalistas y los datos de las últimas mediciones.
LA PRIMERA VUELTA
De acuerdo con la información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori lideró la votación con un respaldo de más de 2 millones 877 mil electores (17,18%), mientras que Sánchez ocupó el segundo lugar al alcanzar alrededor de 2 millones 15 mil votos (12,03%). Por su parte, el ultraderechista Rafael “Porky” López Aliaga (Renovación Popular) quedó en un reñido tercer puesto con el 11,91%, a una diferencia de apenas poco más de 21 mil votos con relación a Juntos por el Perú.
Desde el mismo momento en que se realizaron las elecciones, en un hecho más que confuso y polémico —marcadas, como se verá más adelante, por la extensión de las mesas electorales por un día más—, López Aliaga denunció públicamente que se estaba fraguando un fraude en su contra. El candidato mantuvo esta postura mediante activas movilizaciones durante las semanas que duró el demorado escrutinio, y, con el avance del conteo en las zonas rurales, más favorables a Sánchez, llegó incluso a prometer hasta 7 mil dólares a quienes presentaran pruebas del supuesto fraude.
Fujimori lideró la votación con un respaldo de más de 2 millones 877 mil electores (17,18%), mientras que Sánchez ocupó el segundo lugar al alcanzar alrededor de 2 millones 15 mil votos (12,03%).
Finalmente, cuando el vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, proclamó oficialmente los resultados, López Aliaga manifestó a través de sus redes sociales que no los aceptaba y que iniciaría un proceso de impugnación de la elección, llamando a sus bases a mantenerse movilizadas ante “un grave delito de traición a la patria”.
Junto a la elección presidencial, en las elecciones generales del 12 y 13 de abril se renovaron los 130 escaños de la Cámara de Diputados, por un período de cinco años. Además, por primera vez en más de 30 años —desde que la Constitución fujimorista de 1993 aboliera el Senado— se eligió nuevamente una Cámara de Senadores, integrada por 60 miembros. Se retoma así un esquema legislativo bicameral, a pesar de que, en un referéndum, la aplastante mayoría de la población había rechazado la reinstalación de la Cámara Alta.
PARLAMENTARISMO DE FACTO
Desde la implementación de la Constitución de 1993, el sistema político peruano ha ido derivando en un proceso que politólogos y constitucionalistas locales denominan “parlamentarismo de facto”. La principal característica de esta condición es la facultad que mantiene el Poder Legislativo para impugnar la designación de ministros o incluso para destituir al presidente.
La nueva legislatura (2026-2031) marca el inicio de una etapa de profundas transformaciones institucionales y de un reordenamiento radical del sistema político peruano. En marzo de 2024, durante el gobierno de Dina Boluarte, el Congreso aprobó una serie de reformas a su funcionamiento que comenzarán a aplicarse en este nuevo periodo legislativo. Las medidas fueron ratificadas pese a que, en el referéndum de 2018, el 90% de la población rechazó el retorno al sistema bicameral.
A partir de estas elecciones, el Congreso volvió a organizarse en dos cámaras: la Cámara de Diputados y el Senado. Se trata de un rediseño institucional que fortalece de manera significativa el poder del Parlamento frente al Ejecutivo.
En este nuevo esquema, los diputados conservan la iniciativa legislativa, mientras que el Senado asume un rol principalmente revisor, con la facultad de ratificar o rechazar las propuestas aprobadas por la Cámara Baja.
Además, uno de los elementos más relevantes del nuevo diseño institucional es la reintroducción de la reelección parlamentaria inmediata, eliminando la prohibición aprobada por el 85% de la población en el referéndum de 2018.
EQUILIBRIOS INESTABLES
La nueva legislatura vuelve a configurar un Congreso altamente atomizado. Sin mayorías claras, cualquiera de los dos candidatos que llegue a la presidencia deberá gobernar a través de complejos acuerdos y alianzas que le permitan construir mayoría legislativa.
De las más de 35 fuerzas que participaron en la elección, solo seis agrupaciones lograron obtener representación parlamentaria. Esto supone una reducción respecto a la composición del turbulento Congreso anterior, al que habían ingresado diez fuerzas políticas.
…cualquiera de los dos candidatos que llegue a la presidencia deberá gobernar a través de complejos acuerdos y alianzas que le permitan construir mayoría legislativa.
Incapaces de superar el umbral electoral del 5%, quedaron fuera del Congreso partidos tradicionales como Alianza para el Progreso y Somos Perú, que en las elecciones de 2021 habían obtenido 15 y 5 escaños, respectivamente. Su marcada política pragmática, basada en múltiples acuerdos con sectores diversos del espectro político, fue uno de los factores que alimentaron el rechazo electoral.
Por su parte, Perú Libre —el sello que albergó la coalición que llevó a Pedro Castillo al poder— se desplomó tras sufrir múltiples y constantes fracturas a lo largo de estos años. Con la migración de diversos sectores de izquierda y progresistas hacia otros espacios electorales, el partido tampoco logró obtener representación parlamentaria directa.
NUEVO CONGRESO
Ninguna de las fuerzas cuenta con mayoría propia. Para aprobar medidas como la censura —que obliga a los ministros a renunciar— se requieren 66 votos en la Cámara de Diputados. En tanto, para admitir el proceso de vacancia presidencial, la Cámara de Diputados necesita el respaldo del 40% de los congresistas asistentes, lo que, en caso de asistencia perfecta, equivaldría a 52 diputados. Mientras que en el Senado, la vacancia necesita una mayoría calificada de dos tercios de la Cámara, lo que equivale a 40 votos.
La primera minoría parlamentaria es Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, con 63 parlamentarios en total (22 senadores y 41 diputados), consolidándose como el principal bloque de derecha. En segundo lugar se ubica Juntos por el Perú, encabezado por Roberto Sánchez, con 46 representantes (14 senadores y 32 diputados), tras capitalizar el colapso de la izquierda tradicional y reordenar el voto progresista.
El centro político es ocupado por el Partido del Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto, exministro de Defensa y de Cultura durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que obtuvo 25 legisladores (7 senadores y 18 diputados). En una posición similar se ubica Ahora Nación, encabezado por Alfonso López Chau, que ingresa al Congreso con 14 representantes (10 en Diputados y 4 en el Senado). Aunque mantienen distancia de las propuestas de la izquierda, ambos espacios se definen como socialdemócratas y antifujimoristas.
El histórico partido OBRAS, encabezado por Ricardo Belmont, reaparece en el escenario político con 19 escaños (14 en Diputados y 5 en el Senado). Se trata de un partido que mantuvo una fuerte alianza con Castillo.
En la extrema derecha se ubica Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, quien quedó tercero en las elecciones generales. Renovación Popular obtuvo 23 escaños (8 senadores y 15 diputados). Se trata de un espacio con fuertes vínculos con el fujimorismo, tanto por su visión neoliberal de la economía como por sus posiciones marcadamente conservadoras en el plano cultural. Por ello es previsible que actúe como un aliado natural de dicha fuerza en el Congreso. Sin embargo, también existen ciertas tensiones. Rafael López Aliaga se presenta como una figura enfrentada al sistema político tradicional, una crítica que también extiende a la fuerza liderada por Keiko Fujimori.
La primera minoría parlamentaria es Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, con 63 parlamentarios en total (22 senadores y 41 diputados)…
ENTRE EL COLAPSO LOGÍSTICO Y LA NARRATIVA DEL FRAUDE
El líder de Renovación Popular volvió a quedar a las puertas del balotaje. Esta es la segunda vez que “Porky”, como lo llaman sus seguidores, termina en tercer lugar en una elección presidencial, luego de haber obtenido el 11,75% de los votos en 2021, detrás de Keiko Fujimori.
Se trata de un influyente empresario, magnate de los ferrocarriles y la hotelería de lujo que en los últimos años se ha convertido en una de las figuras más visibles de la ultraderecha alineada con personajes como Javier Milei, Jair Bolsonaro o Nayib Bukele.
Con un discurso de “mano dura” contra la delincuencia, propuestas de libre mercado radical, irrumpió con fuerza en la primera línea política como líder del partido Renovación Popular en los comicios presidenciales de 2021 y, posteriormente, consolidó su arraigo al ser elegido alcalde metropolitano de Lima para el periodo 2023-2025.
Rafael “Porky” López Aliaga denunció, sin presentar pruebas, que existía una conspiración en su contra durante las elecciones del domingo 12 de abril. Sus acusaciones surgieron luego de las serias fallas operativas registradas en la jornada, cuando problemas en la distribución del material electoral provocaron retrasos de varias horas e incluso dejaron inoperativos algunos locales de votación en la capital.
La magnitud del incidente obligó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a tomar una decisión sin precedentes: prorrogar la votación de manera extraordinaria hasta el día siguiente en los centros afectados.
Este caos organizativo sirvió como el insumo perfecto para activar una narrativa de sabotaje. Desde las filas de Renovación Popular se denunció que los retrasos se concentraron de manera intencional en los bastiones electorales del partido en Lima para perjudicar el caudal de votos de su candidato. Con este argumento, sus equipos legales presentaron múltiples recursos ante los jurados especiales exigiendo la anulación de miles de actas, e incluso demandaron la nulidad total de los comicios en Lima Metropolitana.
A pesar del discurso de fraude, las denuncias carecieron de sustento probatorio material y técnico. Los Jurados Electorales Especiales rechazaron de plano los recursos al constatar que no había pruebas fehacientes que respaldaran las acusaciones. No obstante, las acusaciones le permitieron mantener movilizada a su base social. Sumadas al caótico y lento conteo de votos, lograron instalar, en buena medida, la idea de que las elecciones estuvieron amañadas.
Sumadas al caótico y lento conteo de votos, lograron instalar, en buena medida, la idea de que las elecciones estuvieron amañadas.
KEIKO FUJIMORI: LA HEREDERA DE LA DERECHA POPULAR Y LA POLARIZACIÓN POLÍTICA
Por cuarta vez consecutiva, Keiko Fujimori llega a un balotaje y vuelve a enfrentarse al mismo fantasma: el antifujimorismo. Se trata de una de las figuras más influyentes y determinantes de la política peruana de las últimas tres décadas. Líder histórica del partido conservador Fuerza Popular, su trayectoria condensa el legado de su padre y la construcción de una poderosa maquinaria electoral.
Hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fallecido en 2024, fue nombrada primera dama mediante un decreto presidencial en 1994, cuando apenas tenía 19 años. El nombramiento se produjo tras el divorcio de sus padres y luego de que su madre, Susana Higuchi, denunciara públicamente al régimen por graves casos de corrupción y torturas.
Su entrada formal a la política se dio a finales de 2005. Tras la captura y extradición de su progenitor, acusado de corrupción y graves violaciones de los derechos humanos. Keiko Fujimori, quien por entonces estudiaba en Estados Unidos, retornó al país para participar en la campaña de Alianza por el Futuro, coalición liderada por Martha Chávez.
Si bien en las elecciones de 2006 la coalición quedó en el cuarto lugar, Fujimori fue elegida legisladora, convirtiéndose en la candidata más votada de todo el país, marcando un récord histórico hasta ese momento. Desde su bancada, logró consolidarse como la principal figura de la oposición al segundo gobierno de Alan García (2006-2011).
Capitalizando este liderazgo, fundó el partido Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. En las elecciones de 2011 se presentó por primera vez como candidata presidencial y, con casi tres millones y medio de votos (el 23,55%), logró acceder a la segunda vuelta.
Si bien perdió en un reñido balotaje frente a Ollanta Humala, Fujimori se consolidó como una de las principales figuras políticas del país, con un discurso de derecha y reivindicativo del régimen de su padre en la década de los noventa.
EL CISMA DE 2016 Y LA CONSOLIDACIÓN DEL "ANTIKEIKISMO"
En esos años logró renovar la imagen del partido al incorporar nuevos cuadros jóvenes y alejarse de las figuras más radicales y cuestionadas del entorno de Alberto Fujimori (el llamado “albertismo”). Además, mantuvo una constante presencia en las regiones del interior del país —principalmente en las zonas rurales más vulnerables—, lo que le permitió consolidar una sólida base de apoyo popular.
Todo esto, sumado al deterioro del gobierno de Ollanta Humala —que terminaba su mandato con niveles de desaprobación cercanos al 80%—, le permitió a Keiko transformarse en la principal figura política del país.
En la primera vuelta electoral de 2016, Fujimori prácticamente duplicó su respaldo al alcanzar 6,1 millones de votos (39,8%), lo que la ubicó en un holgado primer lugar, seguida por Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien obtuvo el 21%. Este resultado le permitió conquistar una abrumadora mayoría en el Congreso, obteniendo 73 de los 130 escaños.
En la primera vuelta electoral de 2016, Fujimori prácticamente duplicó su respaldo al alcanzar 6,1 millones de votos (39,8%), lo que la ubicó en un holgado primer lugar, seguida por Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien obtuvo el 21%.
Aquel balotaje de 2016, que enfrentó a Fujimori con Kuczynski, fue clave para entender el devenir político del país durante la siguiente década. No se trató de un choque entre el progresismo o la centroizquierda y la derecha, sino de una contienda entre dos vertientes de esta última: una derecha tecnocrática y urbana, representada por Kuczynski, y una derecha “popular” y conservadora, liderada por Keiko Fujimori.
A pesar de que ambas fuerzas compartían coordenadas neoliberales en el plano económico, mantenían marcados matices. Mientras Kuczynski articulaba un bloque de poder tradicional entre banqueros y empresarios con eje en Lima, Fujimori aglutinaba una alianza más amplia de economías informales y pequeños propietarios rurales, sectores que se habían visto beneficiados por el reparto de tierras y programas sociales durante el gobierno de su padre. A la vez, la propuesta de Kuczynski presentaba un perfil más cosmopolita en cuestiones morales, mientras que el fujimorismo representaba una articulación tradicionalista.
Bajo la bandera del antifujimorismo, los sectores progresistas inclinaron su voto por Kuczynski con tal de evitar el triunfo de Fuerza Popular. Aun así, los resultados arrojaron un estrecho margen de apenas unos 41 mil votos de diferencia (50,12% frente a 49,88%).
Con una diferencia sumamente ajustada, Fujimori y su entorno acusaron al proceso de haber sido manipulado. Aunque no presentó denuncias formales de fraude ante los organismos electorales —lo que años después calificaría como un error—, mantuvo una postura de hostilidad y desconoció la legitimidad política de Kuczynski.
A partir de entonces, las distintas facciones de la derecha se sumergieron en una dinámica centrífuga marcada por una creciente conflictividad. Fujimori utilizó su mayoría parlamentaria de 73 legisladores para bloquear sistemáticamente las iniciativas del Poder Ejecutivo y asediar al gobierno de PPK mediante continuas censuras ministeriales. Este enfrentamiento detonó el ciclo de inestabilidad política crónica que aún arrastra el país. Sin capacidad de gobernabilidad y debilitado por las constantes crisis, Kuczynski terminó renunciando a la presidencia en marzo de 2018.
Esta agresiva postura y su constante apuesta por la confrontación terminaron por consolidar un fuerte sentimiento “antikeikismo”. Este rechazo, sumado a sus posteriores problemas con la justicia y a los períodos de prisión preventiva que cumplió en 2018 y 2020 —por presunto lavado de activos y financiamiento irregular de campañas vinculados al caso Odebrecht—, provocó una visible reducción de su caudal electoral en los procesos siguientes.
DE LA CONFRONTACIÓN TOTAL AL ROL DE SOSTEN PARLAMENTARIO
En las elecciones generales de 2021, Fuerza Popular sufrió una pérdida de casi cuatro millones de votos en comparación con 2016. Sin embargo, en un escenario altamente fragmentado, el 13,41% (poco más de un millón 930 mil votos) le bastó para alcanzar el segundo lugar, quedando detrás del profesor rural Pedro Castillo (Perú Libre), que obtuvo el primer puesto con el 18,92%. En el plano legislativo, el Congreso experimentó una enorme atomización, pasando de seis partidos en el periodo anterior a diez fuerzas políticas. Fuerza Popular obtuvo la segunda minoría con 24 de las 130 curules, escaños que resultaron clave para la negociación con otros bloques de derecha.
Fuerza Popular obtuvo la segunda minoría con 24 de las 130 curules, escaños que resultaron clave para la negociación con otros bloques de derecha.
La posibilidad de que un sector de izquierda radical llegara al poder encendió las alarmas del establishment. Sectores tradicionalmente opuestos al fujimorismo, como el propio Mario Vargas Llosa —quien durante treinta años había sido el referente moral de la oposición a dicha corriente—, llamaron públicamente a votar por Keiko Fujimori. En una columna de opinión titulada Asomándose al abismo, el Nobel de Literatura argumentaba que Castillo representaba una “amenaza comunista” y un riesgo de que el Perú se convirtiera en una dictadura. La estrategia fue replicada por la mayoría de los medios de comunicación, los partidos de derecha y centro, y los gremios empresariales.
A pesar del alineamiento de estos sectores para conjurar el “peligro comunista”, Fujimori quedó nuevamente en el segundo lugar por un estrecho margen, obteniendo el 49,87% (8 millones 792 mil votos) frente al 50,13% de Pedro Castillo (8 millones 836 mil votos).
Antes de que concluyera el conteo oficial, Fujimori ofreció una conferencia de prensa denunciando un supuesto “fraude sistemático en las mesas” por parte de Perú Libre, adoptando desde el primer momento una postura de confrontación total frente al nuevo gobierno.
Esta hostilidad se trasladó al Congreso, donde la bancada de Fuerza Popular, en alianza con bloques como Renovación Popular y Avanza País, conformó el denominado “bloque democrático”. Desde este espacio, impulsaron el bloqueo a las designaciones ministeriales del Ejecutivo y promovieron activamente tres procesos de vacancia por “incapacidad moral permanente” contra Castillo. Tras dieciséis meses de crisis política, marcados por el deterioro institucional de la gestión de Castillo —cercada por denuncias de corrupción— y el constante hostigamiento parlamentario, el gobierno colapsó el 7 de diciembre de 2022. Aquel día, horas antes de que se votara el tercer pedido de vacancia, Castillo intentó anticiparse a su destitución anunciando la disolución del Congreso y la reorganización excepcional de distintas instituciones del Estado. El Parlamento rechazó la medida y, en sesión de emergencia, aprobó su vacancia por violación del orden constitucional, lo que derivó en su arresto y en la asunción de la vicepresidenta Dina Boluarte.
Con la sucesión presidencial, Fuerza Popular modificó su rol: pasó de ser la fuerza de oposición más obstructiva a convertirse en uno de los principales aliados políticos y “salvavidas” parlamentario del gobierno de Boluarte durante los siguientes dos años, sosteniendo una coalición que resistió el reclamo ciudadano de adelanto de elecciones.
ESCENARIO ELECTORAL DE CARA AL BALOTAJE
A pesar de haber perdido tres segundas vueltas consecutivas (2011, 2016 y 2021) y de registrar altos índices de rechazo en las encuestas, Keiko Fujimori llega a la nueva definición presidencial en un escenario de alta competitividad.
El factor histórico que tradicionalmente ha frenado sus aspiraciones es el antifujimorismo. Sin embargo, al igual que ocurrió en 2021, enfrentar a un candidato percibido como el heredero político del castillismo o asociado a la izquierda radical le permite a Fuerza Popular activar la narrativa del «terruqueo» —la práctica de asociar a adversarios políticos con el terrorismo senderista— y del “miedo al comunismo”, movilizando el voto del “mal menor” a su favor.
…enfrentar a un candidato percibido como el heredero político del castillismo o asociado a la izquierda radical le permite a Fuerza Popular activar la narrativa del «terruqueo» —la práctica de asociar a adversarios políticos con el terrorismo senderista— y del “miedo al comunismo”…
A diferencia de procesos anteriores, las fuerzas de derecha y ultraderecha han incrementado su representación en el nuevo Congreso bicameral, lo que facilita una transferencia natural de votos hacia su candidatura en la segunda vuelta. Asimismo, la persistente inestabilidad política y el incremento del 36% en la tasa de homicidios han generado una demanda de “orden” en la ciudadanía.
Ante la crisis de seguridad y las extorsiones, el humor social de un sector del electorado muestra cierta nostalgia por la firmeza asociada al régimen de los años noventa de Alberto Fujimori, priorizando la estabilidad inmediata y el control policial por encima de las credenciales democráticas de la candidata.
ROBERTO SÁNCHEZ: EL ROSTRO DEL CASTILLISMO Y LA APUESTA POR EL CAMBIO
Hijo de un peluquero y de una lavandera nacidos en regiones andinas, Roberto Sánchez se transformó en la principal figura de izquierda del país. Durante su juventud tuvo la intención de convertirse en sacerdote, vocación que abandonaría para estudiar Psicología.
Desde 2017, Roberto Sánchez lidera la coalición progresista Juntos por el Perú (JP), fuerza por la cual actualmente es parlamentario. Durante las elecciones de 2021, Juntos por el Perú postuló a Verónika Mendoza (Nuevo Perú) a la presidencia, quien quedaría en sexto lugar con el 7,85% de los votos. El mayor caudal de apoyo para su candidatura provino de Cusco y el sur andino (Apurímac, Puno y Huancavelica), regiones donde, paralelamente, Pedro Castillo consolidó su gran irrupción electoral.
En un contexto de alta fragmentación política, el partido logró cinco escaños en el Congreso, resultando el propio Roberto Sánchez electo como legislador. En el balotaje, Juntos por el Perú fue de los pocos espacios políticos que apoyó abiertamente a Pedro Castillo.
Tras la victoria, formó una alianza con Perú Libre, permitiendo que varias de sus figuras técnicas y políticas se incorporaran al gobierno. Sin embargo, las diferencias entre Sánchez y Mendoza produjeron una ruptura en el seno de la coalición, lo que llevó a que Nuevo Perú —con un arraigo más cosmopolita y urbano— se retirara de ella.
Con la llegada al poder de Castillo, Roberto Sánchez se convirtió en uno de los aliados políticos más leales y estables del mandatario. Castillo lo nombró ministro de Comercio Exterior y Turismo, un cargo en el que se mantuvo prácticamente durante toda la gestión —bajo cuatro gabinetes distintos—, siendo uno de los poquísimos ministros que resistió la constante rotación de ese periodo.
Su gestión ministerial terminó el 7 de diciembre de 2022, tras la caída de Castillo. Apenas se conoció el intento de disolución del Congreso, Sánchez renunció a su cartera e hizo pública una declaración en la que afirmaba que, “por principios democráticos”, no estaba de acuerdo con la decisión.
Tan solo unas horas después de la lectura de la proclama de Castillo, y luego de varios intentos, el Parlamento logró su destitución, mientras que la justicia ordenó su detención, acusándolo de “intentar romper el orden constitucional”.
A partir de entonces, Sánchez regresó a ocupar su escaño a tiempo completo en el Congreso, desde donde asumió un enfrentamiento frontal contra la presidencia de Dina Boluarte, calificando al nuevo régimen como una “dictadura cívico-militar” respaldada por la derecha parlamentaria.
Sánchez regresó a ocupar su escaño a tiempo completo en el Congreso, desde donde asumió un enfrentamiento frontal contra la presidencia de Dina Boluarte…
LA HERENCIA DE LA SIERRA SUR Y EL VOTO RURAL
En esta campaña Sánchez desplegó una estrategia dual que combinó el enfrentamiento parlamentario con la movilización callejera. En el Legislativo, impulsó activamente múltiples mociones de vacancia presidencial contra Boluarte, acusándola de incapacidad moral permanente debido a las muertes ocurridas en las protestas sociales de finales de 2022 e inicios de 2023.
En las calles, utilizó su tribuna para legitimar las manifestaciones en el sur del país y en Lima, exigiendo de forma permanente la renuncia de la mandataria, el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Tanto la caída de Castillo como el alineamiento parlamentario en la sostenibilidad del régimen surgido entonces produjeron un vacío de representación. Durante casi tres meses, se produjeron enormes movilizaciones en rechazo al gobierno de Dina Boluarte. La respuesta gubernamental fue el despliegue de una feroz represión que dejó un saldo de —al menos— 50 manifestantes fallecidos y más de mil heridos.
Durante sus casi tres años de gestión, Boluarte gobernó con el único respaldo de la coalición parlamentaria y la alianza que hizo posible la destitución de Castillo, convirtiéndose en la presidenta más impopular del mundo, con niveles de aprobación del 4%.
La emergencia de Sánchez se explica a partir de ese vacío. Si la sorpresiva llegada al poder de Castillo supuso la irrupción de la región de la sierra sur y el voto rural —el llamado Perú profundo—, su caída dejó huérfano a todo un sector que históricamente se ha sentido relegado por las élites de la capital. Sánchez ha logrado capitalizar ese descontento, posicionándose como el vehículo electoral de ese voto reivindicativo.
UN SOMBRERO DE PAJA TÍPICO DE CAJAMARCA
Desde el inicio de su campaña, Sánchez enfocó su estrategia en recorrer los mismos lugares en los que Castillo había centrado su campaña en 2021. A mediados de diciembre, viajó a la provincia de Cajamarca, donde nació y trabajó Castillo. Se trata de una región que concentra la mayor cantidad de pobreza del país, que alcanza aproximadamente el 41%, a la vez que alberga la mina de oro más grande de Sudamérica.
Usando un sombrero de paja típico de Cajamarca, Sánchez realizó un extenso acto en el pueblo de Puña, en el que afirmó que allí había nacido y enseñado “el líder más importante de los últimos 50 años del Perú”.
Señaló que Castillo había llegado a la presidencia con “el voto popular del Perú profundo: quechua, aymara, amazónico”. Afirmó que “a los dueños del Perú, a la oligarquía, a los dueños de los medios, de la gran minería, de la agroexportación y de los grandes negocios del Estado no les gustó: odiaron este hermoso sombrero, han odiado el color de nuestro presidente, han odiado su forma de hablar”, y agregó que “desde el primer día de gobierno nunca lo dejaron gobernar”.
Usando un sombrero de paja típico de Cajamarca, Sánchez realizó un extenso acto en el pueblo de Puña, en el que afirmó que allí había nacido y enseñado “el líder más importante de los últimos 50 años del Perú”.
Recorrió pequeños poblados rurales donde había ganado Castillo, con la promesa de indultarlo. Mientras tanto, en la lista que encabezó incorporó a personas del círculo íntimo del expresidente, como José Mercedes e Inés Castillo Terrones, hermanos del exmandatario; Yenifer Paredes, considerada la “hija política de Castillo”; y Pedro Francke, exministro de Economía. Asimismo, sumó a Alejandro Manay, un dirigente sindical de Ayacucho que fue detenido bajo cargos de terrorismo tras las protestas contra la destitución de Castillo.
El 30 de marzo, faltando menos de dos semanas para las elecciones, Pedro Castillo anunció públicamente su apoyo a la candidatura de Sánchez. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el expresidente —quien se encuentra en prisión— anunció que hacía entrega de su emblemático sombrero para que Sánchez recorriera “la ruta castillista rumbo a Palacio de Gobierno”. Para ese momento, las distintas encuestas situaban a Sánchez en quinto lugar, con una intención de voto del 4%.
La fuerte asociación con el “castillismo” le permitió a Sánchez captar parte del voto duro e identitario del expresidente Pedro Castillo en el interior del país. Sin embargo, su figura también despierta un fuerte rechazo en sectores, principalmente urbanos, que vuelven a ver en ella el supuesto “peligro del comunismo”.
Con su promesa de “refundar la patria”, Sánchez impulsa propuestas como la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas, la nacionalización parcial de los recursos naturales, la revisión de los tratados comerciales y el reemplazo del actual modelo económico mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna.
HACIA LA SEGUNDA VUELTA
Según las ultimas encuestas de Datum Internacional e Ipsos, Fujimori aventaja rumbo a la segunda vuelta con una intención de voto del 39% ante un 36% de Sánchez en la primera y un 35% en la segunda. En ambas mediciones alrededor del 25% del electorado o no ha decidido su voto o bien declara que lo anulará.
Los datos demuestran una segunda vuelta cerrada, con ambas expresiones políticas disputando el electorado indeciso y con posibilidades de triunfo. Los debates del 24 y 31 de mayo, así como una buena gestión de las campañas, serán clave para determinar el resultado.
Aun con un poder presidencial cada vez más debilitado, las elecciones del 7 de junio serán determinantes para el futuro del Perú y de la región. Las propuestas de los candidatos representan caminos sustancialmente distintos para el destino del país y todo indica que el país se dirige hacia un nuevo ciclo de polarización. Sea cual fuere el resultado del 7 de junio, la dispersión del voto en la primera vuelta —donde la suma de los dos candidatos más votados no alcanza siquiera el 30% del padrón electoral—, junto con la desconfianza generalizada hacia las instituciones y una creciente conflictividad social, así como un Congreso recargado, deja al Perú ante un escenario en el que la gobernabilidad y la estabilidad política seguirás siendo el principal desafío. 
Los datos demuestran una segunda vuelta cerrada, con ambas expresiones políticas disputando el electorado indeciso y con posibilidades de triunfo. Los debates del 24 y 31 de mayo, así como una buena gestión de las campañas, serán clave para determinar el resultado.