Esta semana, Guatemala vivió una ola de movilizaciones y bloqueos de rutas, impulsados principalmente por gremiales de transportistas en rechazo al alza en el precio de los combustibles. El sector también exigió reformas legales, entre ellas a la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, así como medidas fiscales. Las protestas comenzaron el lunes 31 de agosto y se extendieron durante toda la semana.

El martes 1 de septiembre se registró la jornada más crítica, con hasta 24 puntos de bloqueo en el Altiplano y en rutas estratégicas entre San Marcos y Quetzaltenango, además de interrupciones en Petén y en distintos puntos de la capital, particularmente en la zona 1. Ese mismo día, el Congreso aplazó el debate sobre un eventual subsidio a los combustibles, lo que mantuvo la presión de los manifestantes. La movilización fue convocada por la Asociación de Transportistas y Pilotos de Guatemala. Su dirigente, William Barrera, advirtió que el sector mantendría las protestas hasta que sus demandas fueran atendidas: “Los bloqueos seguirán mañana. No nos vamos a mover”.

La principal exigencia de los transportistas es una reducción en el precio de los combustibles. También reclaman modificaciones a la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, que establece, entre otras disposiciones, la instalación de reductores de velocidad en los vehículos. Los bloqueos generaron además reacciones de distintos sectores. La Cámara de Comercio de Guatemala exigió al Gobierno garantizar el libre tránsito y restablecer la libre locomoción, mientras que distintos actores advirtieron sobre pérdidas millonarias para la economía debido a la paralización de rutas estratégicas.

En el ámbito judicial, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a la Cámara de Comercio y ordenó a las fuerzas de seguridad adoptar las medidas necesarias para despejar las vías y garantizar la libre locomoción.