SEPTIEMBRE-OCTUBRE
2026
A poco más de seis meses de su asunción, el gobierno de José Antonio Kast combina una agenda de seguridad y migración que conserva un amplio respaldo ciudadano con una economía que se deterioró más rápido de lo previsto —el propio presidente admitió en julio que Chile atraviesa una “enfermedad económica”— y un Congreso sin mayoría oficialista, que lo obliga a negociar cada iniciativa. En política exterior, su pragmatismo se expresa en un acercamiento a Washington en seguridad y minerales críticos —que acaba de sellarse con la adhesión formal al Escudo de las Américas—, mientras mantiene una intensa agenda comercial con Beijing.
En Traza Continental reconstruimos estos primeros seis meses de gestión a partir de sus principales frentes: la gobernabilidad interna, el vínculo con Estados Unidos y la cooperación en seguridad regional, la relación con China, el litio y los minerales críticos —un ámbito en el que se concentra buena parte de la tensión entre ambas potencias—, el activismo regional y la controversia con Argentina.
GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y AGENDA MIGRATORIA
Kast asumió la presidencia el 11 de marzo y, cinco días después, supervisó en Arica el inicio de las obras del Plan Escudo Fronterizo, una de las principales promesas de campaña. La política migratoria ocupó desde entonces un lugar destacado en su agenda: en abril y mayo se realizaron dos ejercicios de deportación de 40 personas y el gobierno informó que más de 2 mil venezolanos habían abandonado voluntariamente el país ante el congelamiento de las relaciones consulares con Caracas. En junio, la Fiscalía Nacional abrió de oficio una investigación por el ingreso irregular de menores haitianos, que movilizó a los tres poderes del Estado y al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Los menores fueron posteriormente ubicados y la Contraloría atribuyó el episodio a fallas de coordinación entre organismos públicos.
El oficialismo no cuenta con mayoría propia en el Congreso. El politólogo Kenneth Bunker sostiene que ello obligó al gobierno a construir “mayorías transitorias” caso por caso, negociando con bancadas bisagra como el Partido de la Gente (PDG) de Franco Parisi y con legisladores no alineados. El ajuste de gabinete de mayo, que sumó la vocería de gobierno al ministro del Interior, Claudio Alvarado, convirtiéndolo en biministro, respondió en parte a esa necesidad de reforzar la capacidad negociadora del Ejecutivo. Esa dinámica fue decisiva para la aprobación parlamentaria, en la primera semana de agosto, del Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, la megarreforma que combina rebajas tributarias, desregulación y contención del gasto social. El trámite coincidió con dos rebajas sucesivas de la proyección de crecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), de 2,4% en abril a 1,8% en julio, y con un desempleo que alcanzó 9,4% en junio. Después de estos datos, Kast admitió que Chile atravesaba una “enfermedad económica” y que el gobierno se había dado cuenta tarde.
La combinación de esos factores golpeó la aprobación presidencial. El gobierno había partido con un respaldo cercano al 60%, similar al porcentaje que le dio la victoria en segunda vuelta a Kast, pero esa luna de miel se quebró a fines de marzo, cuando el Ejecutivo decidió traspasar a los consumidores el alza internacional de los precios del petróleo: el Índice de Percepción de la Economía (IPEC), cuya serie registra el Banco Central, disminuyó 12 puntos porcentuales entre marzo y abril. Hacia septiembre, a tan solo seis meses de haber iniciado la gestión, la aprobación neta de Kast se situaba en 25 puntos menos, con un 35% de aprobación frente a un 60% de desaprobación.
Hacia septiembre, a tan solo seis meses de haber iniciado la gestión, la aprobación neta de Kast se situaba en 25 puntos menos, con un 35% de aprobación frente a un 60% de desaprobación.
La agenda de seguridad ocupó entonces el centro del debate. En agosto, Kast presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, un paquete de 30 proyectos de ley que incluye la posibilidad de declarar estados de excepción en determinados territorios. El gobierno había presentado antes ocho reformas constitucionales en materia de seguridad, una de las cuales contempla un nuevo estado de emergencia por “seguridad pública” de hasta 240 días sin aprobación del Congreso. Human Rights Watch (HRW) afirmó que el Congreso debería rechazar esa propuesta, al considerar que otorgaría al presidente “una autoridad prácticamente ilimitada”. “Las reformas constitucionales propuestas amenazan los derechos de los chilenos y ponen en peligro sus instituciones”, sostuvo Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
La orientación del gobierno también se manifestó en la política de memoria y derechos humanos. Kast decidió no realizar actos oficiales por el 11 de septiembre, aniversario del golpe de Estado de 1973, y viajó a la Región de Los Ríos, en la primera ocasión desde el retorno a la democracia en que un gobierno no organiza una conmemoración oficial por esa fecha. Aunque mantuvo formalmente el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, el gobierno reemplazó a sus responsables originales y cerró la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI). Sobre eventuales indultos a condenados por violaciones de derechos humanos, el presidente sostuvo que las solicitudes serían evaluadas “caso a caso”.
ESTADOS UNIDOS: DE LOS MINERALES CRÍTICOS A LOS ARANCELES
El acercamiento a Washington en materia de minerales críticos fue uno de los primeros gestos del nuevo gobierno. El 12 de marzo, un día después de la investidura de Kast, ambos países firmaron una declaración conjunta para establecer consultas sobre minerales críticos y tierras raras. El 20 de abril suscribieron un memorando de entendimiento —no vinculante, según precisó el Ministerio de Minería— para promover la exploración, explotación y procesamiento de cobre, litio y otros minerales críticos, en una ceremonia con el subsecretario de Estado estadounidense Thomas DiNanno y el embajador estadounidense acreditado en Santiago, Brandon Judd. Washington ya había firmado en febrero acuerdos equivalentes con 11 países, entre ellos Argentina, Paraguay y Ecuador.
La cooperación se extendió en junio al ámbito tecnológico: Chile se sumó, junto a Argentina, El Salvador y Costa Rica, a la Declaración Conjunta sobre Inteligencia Artificial de la segunda Cumbre Pax Silica, iniciativa impulsada por Washington para fortalecer las cadenas de suministro de silicio y minerales críticos, que reúne además a Panamá, Japón, Australia y otros diez países. En julio, el canciller Francisco Pérez Mackenna realizó una gira por Nueva York y Washington, donde se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, y presentó el programa Choose Chile para atraer inversiones. En paralelo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) mantuvo a Chile en su Lista de Vigilancia Prioritaria por problemas de protección de la propiedad intelectual, entre ellos la piratería digital.
El acercamiento tuvo, sin embargo, un límite comercial. El 23 de julio, la USTR impuso aranceles adicionales de entre 10% y 12,5% a 60 países, en el marco de una investigación sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso; Chile recibió la tarifa más alta, con el 53,6% de sus exportaciones a Estados Unidos libres de arancel y el 40,3% restante sujeto a la sobretasa. El gobierno respondió que la medida no se condecía con sus estándares laborales, y sectores empresariales y oficiales atribuyeron la sanción a las denuncias de las ONG chilenas Fundación Libera y Ecoceanos ante la USTR; Carolina Rudnick, de Fundación Libera, acusó al gobierno de usarlas como “chivo expiatorio” de un fracaso de la Cancillería.
…la USTR impuso aranceles adicionales de entre 10% y 12,5% a 60 países, en el marco de una investigación sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso; Chile recibió la tarifa más alta, con el 53,6% de sus exportaciones a Estados Unidos libres de arancel y el 40,3% restante sujeto a la sobretasa.
La negociación se mantuvo abierta durante agosto. El 24 y 25 de ese mes, el representante adjunto de la USTR, Jeffrey Goettman, visitó la Cancillería para reunirse con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, y los equipos técnicos chilenos. La Subrei ya había viajado a Washington en abril, mientras que Pérez Mackenna se había reunido con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en julio. Estévez afirmó que existía “voluntad de seguir trabajando para encontrar soluciones”.
Por otro lado, el gobierno chileno busca ampliar la lista de productos exentos de la sobretasa de 12,5%, mientras Estados Unidos plantea la negociación de un Acuerdo de Comercio Recíproco (ART), cuyas exigencias concretas todavía no se conocen. El gobierno fijó de antemano sus líneas rojas: no aceptará que Washington condicione sus relaciones comerciales y políticas con terceros países. Tras la ronda presencial de agosto, las conversaciones continuaron por vía telemática y permanecen abiertas, sin un acuerdo sobre una rebaja de la sobretasa.
EL ESCUDO DE LAS AMÉRICAS: DE LA CAUTELA A LA ADHESIÓN
Entre el 4 y el 5 de marzo, días antes de que Kast asumiera la presidencia, representantes de seguridad y defensa de 17 gobiernos latinoamericanos participaron en la Conferencia Inaugural contra los Cárteles en las Américas, realizada en la sede del Comando Sur, en Florida. Entre ellos estaba el ministro de Defensa designado, Fernando Barros, quien no firmó el acuerdo por carecer todavía de representación oficial del Estado. El 12 de marzo, un día después de la entrada en funciones del nuevo gobierno, Barros suscribió la Declaración Conjunta de Seguridad de la conferencia, que comprometió a Chile a ampliar la cooperación en seguridad fronteriza, narcotráfico y protección de infraestructura crítica, e incluyó la adhesión a una coalición contra el narcoterrorismo. El documento permaneció fuera del conocimiento público hasta agosto. Sin embargo, en junio Chile participó junto a otros países del Escudo de las Américas en una declaración que denunció “los continuos intentos de derrocar” al gobierno boliviano de Rodrigo Paz, en medio de las protestas y bloqueos que afectaban al país. La declaración fue suscrita también por Estados Unidos y otros 12 gobiernos latinoamericanos.
Unas semanas después el Comando Sur anunció la creación de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM, por sus siglas en inglés) e incluyó a Chile entre sus 18 integrantes. El gobierno precisó que el país participaba como observador y que una eventual incorporación operativa era una decisión diferente de las declaraciones políticas ya suscritas. Las Fuerzas Armadas habían planteado objeciones a ese paso: la ausencia de una ley que habilitara operaciones contra el narcotráfico en el extranjero, la falta de presupuesto y efectivos disponibles y los posibles efectos sobre la relación con otros países de la región. En agosto, el gobierno de Kast dio un paso al frente y participó en Panamá en el foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles y en el ejercicio militar Panamax 2026, con mil 700 soldados de 19 países.
Barros suscribió la Declaración Conjunta de Seguridad de la conferencia, que comprometió a Chile a ampliar la cooperación en seguridad fronteriza, narcotráfico y protección de infraestructura crítica, e incluyó la adhesión a una coalición contra el narcoterrorismo.
Pero las reservas chilenas se hicieron más explícitas después de una medida arancelaria por parte de Estados Unidos. El 27 de julio, tras la imposición de la sobretasa arancelaria de 12,5% por parte del gobierno norteamericano, Barros había advertido que la medida generaba dudas sobre la “cercanía y confiabilidad de la relación” bilateral. Ante las referencias de Washington a la doctrina Monroe y el llamado del secretario de Defensa, Pete Hegseth, a aumentar la inversión militar y participar en operaciones contra el narcotráfico, Barros afirmó: “Desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país”. Días después el embajador Brandon Judd publicó, sin coordinación previa con la Cancillería ni Defensa, el documento firmado por Barros el 12 de marzo, lo que reabrió el debate sobre el alcance de aquel compromiso.
La tensión diplomática volvió a escalar a inicios de septiembre. Por aquellos días Judd afirmó en el V Foro Madrid —la cumbre de la ultraderecha internacional que tuvo lugar en Santiago—: “Cuando escucho a muchos diciendo que la doctrina Donroe es mala, me hace reír, porque Chile la está ejerciendo mientras hablamos”, en referencia a la reversión trumpiana de la doctrina Monroe, que declara la lucha contra el narcotráfico una prioridad de seguridad nacional para Washington en la región. El embajador agregó que su aplicación resulta particularmente sencilla bajo el gobierno de Kast: “Lo genial sobre esto es que cuando tienes una Administración como la de José Antonio Kast se vuelve muy fácil”. Al día siguiente, el canciller Francisco Pérez Mackenna respondió que no sabía “qué significa que Chile acepte la política Monroe” y precisó que Chile no había suscrito ninguna declaración en ese sentido. Ante la reacción del canciller, Judd matizó sus declaraciones y sostuvo que Chile no debía ser “el patio trasero” de nadie, que no existía ningún tratado que incorporara al país al Escudo de las Américas y que la decisión correspondía a Kast. Al día siguiente reiteró que Chile podía decidir si prestaba apoyo militar y si sus leyes lo permitían.
El 14 de septiembre, Kast reafirmó en entrevista con Radio Agricultura la posición de Chile: “Se ha ido convocando a distintos países, Perú adscribió, pero nosotros seguimos en calidad de observadores”. Apenas una semana después, sin embargo, el propio presidente anunció en su cuenta de X —durante su participación en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York— que Chile adhería formalmente a la iniciativa: “El crimen organizado no reconoce fronteras y combatirlo exige coordinación entre los países. Por eso Chile ha decidido adherir al Escudo de las Américas, una instancia de cooperación internacional para enfrentar con mayor eficacia al narcotráfico y al crimen organizado transnacional”. Junto al mensaje, publicó tres fotografías: una a solas escuchando el debate, otra junto al canciller Pérez Mackenna y una tercera del presidente estadounidense, Donald Trump. La Cancillería explicó que la iniciativa complementa el trabajo del Compromiso de Santiago y que la participación reporta “beneficios operacionales inmediatos”, como acceso a información de inteligencia, sistemas de análisis de datos, capacitación de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), y una mejor coordinación fronteriza.
“El crimen organizado no reconoce fronteras y combatirlo exige coordinación entre los países. Por eso Chile ha decidido adherir al Escudo de las Américas, una instancia de cooperación internacional para enfrentar con mayor eficacia al narcotráfico y al crimen organizado transnacional”.
La adhesión generó de inmediato críticas desde la oposición. El diputado del Frente Amplio Gonzalo Winter señaló una contradicción entre el discurso oficial —centrado en el crimen organizado— y un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos que, según dijo, abordaba también seguridad económica, revisión de inversiones, minerales críticos e infraestructura digital: “no estamos hablando solamente de crimen organizado, sino de una alianza que compromete intereses económicos y estratégicos de Chile”. La diputada comunista Lorena Pizarro calificó la decisión de “Operación Cóndor 2.0” y cuestionó que se hubiera adoptado sin discusión en el Congreso. Los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet, por su parte, difundieron una declaración conjunta en la que piden al gobierno que reconsidere la adhesión que, sostuvieron, “no responde a los intereses de nuestra patria”.
CHINA: EL PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL
A pesar de su alineamiento con Washington, Chile —como muchos de los países latinoamericanos con gobiernos de derecha— afronta una realidad incómoda pero estructural: China es el principal socio comercial del país sudamericano, con un intercambio de 67 mil 105 millones de dólares en 2025. La dependencia trasciende el comercio de cobre y litio: empresas chinas controlan cerca del 60% de la distribución eléctrica del país, son proveedores mayoritarios de paneles solares y representan alrededor del 40% del parque automotor, mientras marcas como Huawei y ZTE tienen una presencia relevante en telecomunicaciones.
En los primeros meses de gobierno, esa relación mostró un enfriamiento concreto y medible. Según un estudio del Núcleo Milenio sobre los Impactos de China en América Latina, las audiencias de lobby concedidas a empresas chinas —que habían llegado a 173 en 2023 y se habían mantenido en niveles elevados en 2024 y 2025— se redujeron a una sola reunión con un secretario de Estado entre marzo y abril: la de la ministra de Energía, Ximena Rincón. La Embajada china planteó la situación ante la Cancillería. Fuentes del gobierno atribuyeron el fenómeno a la autoinhibición de funcionarios de carteras estratégicas ante el riesgo de sanciones estadounidenses. El precedente era reciente: el 20 de febrero, todavía bajo el gobierno de Gabriel Boric, Washington había revocado las visas del entonces ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) por la evaluación regulatoria de un cable submarino de fibra óptica entre Chile y Hong Kong.
La senadora Paulina Vodanovic, del Partido Socialista (PS), denunció esta dinámica y sostuvo que empresas chinas describían “un patrón consistente: procesos que se dilatan, puertas que no se abren y reuniones que no se conceden”. La Cancillería intervino: el embajador designado en Beijing, Alfonso Silva, pidió a los asesores de Kast que no hubiera discriminación hacia los representantes chinos y trasladó el mensaje a los ministerios sectoriales. Hacia junio, el lobby se reactivó: el embajador Niu Qingbao se reunió con ministros de Defensa, Hacienda, Agricultura y Cultura y con el biministro de Obras Públicas, Louis de Grange. El gobierno entregó a este último una minuta que advertía que cualquier controversia contractual con empresas chinas “tiene repercusiones diplomáticas inmediatas a través de la Embajada”.
Kast recibió a Niu en La Moneda el 31 de julio para preparar su viaje a Beijing en noviembre con motivo de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Shenzhen. El gobierno aclaró que la reunión había sido agendada antes de la imposición del arancel estadounidense del 12,5%. Días antes, el subsecretario Patricio Torres había viajado a Beijing con motivo del décimo aniversario de la Asociación Estratégica Integral. Y entre el 17 y el 22 de agosto, Pérez Mackenna realizó una gira a China, Vietnam y Japón, que incluyó reuniones con el canciller chino, Wang Yi, y el viceprimer ministro, He Lifeng, así como la presentación del programa Choose Chile. En Beijing, el canciller afirmó que “el propósito de esta visita es reafirmar el compromiso y el interés de Chile por seguir profundizando sus vínculos con China” y que “nuestro norte estará puesto en mantener con China una relación constructiva y de largo plazo”. También sostuvo que China puede jugar un papel fundamental en la recuperación del crecimiento chileno y que “las nuevas tecnologías, la innovación, la inteligencia artificial debieran ser los motores que concentren la formación del capital humano y el foco de nuevas inversiones”.
A pesar de su alineamiento con Washington, Chile —como muchos de los países latinoamericanos con gobiernos de derecha— afronta una realidad incómoda pero estructural: China es el principal socio comercial del país sudamericano…
EL EQUILIBRIO PROCLAMADO: LAS POTENCIAS “COMPLEMENTARIAS”
La síntesis doctrinal de la tensión entre acercarse a Washington y sostener la relación con Beijing la ofreció el propio Pérez Mackenna el 12 de julio, el mismo día en que Torres iniciaba su visita a Beijing: consultado sobre la disputa geopolítica global, el canciller sostuvo que, para Chile, Estados Unidos y China son “complementarios, más que competencia”, y que Washington es probablemente el principal socio estratégico, sin que ello le reste peso a China como socio comercial clave. La simultaneidad de la gira a Washington y la visita a Beijing puede leerse como evidencia empírica de esa doctrina de equilibrio.
El exembajador chileno en China y actual consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Pablo Cabrera, sostuvo que la competencia entre Estados Unidos y China ha adquirido una dimensión estratégica que trasciende los asuntos económico-comerciales, y que ambos son socios de Chile. Evan Ellis, profesor investigador de Estudios Latinoamericanos del Strategic Studies Institute del U.S. Army War College, describió por su parte la posición de Kast como un equilibrio delicado entre el fortalecimiento de la relación con Washington y la profunda vinculación económica con Beijing. Como expresión de ese esfuerzo por proyectar un trato equilibrado, Ellis consignó en un artículo de opinión que la cuenta de redes sociales de Pérez Mackenna publicó, en la misma semana, fotografías casi idénticas —mismo apretón de manos, misma postura— con los embajadores de Estados Unidos y de China.
Un dato que matiza la lectura binaria de Chile entre Washington y Beijing es la aparición de un tercer actor: la Unión Europea participó por primera vez, de forma conjunta, en la feria minera Exponor 2026 (Antofagasta, del 8 al 11 de junio), en el marco de su propia estrategia de asegurar minerales críticos y reducir su dependencia de China. El bloque europeo tiene, de hecho, un interés propio y sustancial en juego: importa desde Chile cerca del 80% del litio que consume.
En este contexto, el gobierno impulsa un mecanismo de revisión (screening) de inversión extranjera en activos estratégicos, una idea que el Ministerio de Hacienda ya estudiaba bajo Boric desde octubre de 2025, y que el embajador Judd había reclamado públicamente en febrero, antes de que Kast asumiera. Aunque responde, al menos en parte, a la presión de Washington para escrutar la inversión china en sectores estratégicos, el gobierno evitó diseñarlo como una herramienta dirigida contra un país: la subsecretaria Paula Estévez lo describió como basado en “criterios objetivos y no discriminatorios”, una fórmula que busca satisfacer la demanda de Washington sin señalar explícitamente a Beijing.
Ese reposicionamiento internacional también se expresó en el plano multilateral, con decisiones que marcaron distancia respecto de la política exterior de Gabriel Boric. En marzo, el gobierno retiró el apoyo que Chile venía dando a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Posteriormente Chile comunicó a la ONU su salida del Movimiento de Países No Alineados, tras 55 años de participación. La decisión generó cuestionamientos desde sectores de la diplomacia chilena. El excanciller Heraldo Muñoz advirtió que la salida podía perjudicar la candidatura de Valparaíso como sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar, en momentos en que Chile necesita sumar apoyos entre los países miembros del movimiento.
…el canciller sostuvo que, para Chile, Estados Unidos y China son “complementarios, más que competencia”, y que Washington es probablemente el principal socio estratégico, sin que ello le reste peso a China como socio comercial clave.
ACTIVISMO REGIONAL: EL COMPROMISO DE SANTIAGO, EL MERCOSUR Y LA CONTROVERSIA CON ARGENTINA
A lo largo de estos primeros seis meses, el gobierno desplegó también una intensa agenda regional de seguridad y vínculos bilaterales. La iniciativa central fue el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmado en la capital chilena el 28 de mayo por Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, que se amplió con la adhesión de Paraguay y el anuncio de incorporación de Uruguay, sin confirmación oficial de este último. En el plano bilateral, Pérez Mackenna se reunió con su par boliviano, Fernando Aramayo, en La Paz el 23 de abril, en un encuentro calificado como “un nuevo comienzo”. En mayo, Chile envió ayuda humanitaria a Bolivia y, en julio, ambos países profundizaron la cooperación técnica, con acuerdos sobre gestión de cuencas hídricas y coordinación fronteriza. En paralelo, Pérez Mackenna calificó de “primera prioridad” la normalización de relaciones consulares con Venezuela, proceso que culminó el 30 de julio con un comunicado conjunto. Ese mismo mes, Kast viajó a Paraguay con motivo de la Cumbre del Mercosur y a Uruguay en visita bilateral. La relación con Brasil, por su parte, se profundizó con la visita de Pérez Mackenna a inicios de agosto al gigante sudamericano, pese a la distancia ideológica entre ambos gobiernos.
En el plano militar, Chile fue sede del ejercicio aéreo multinacional Salitre 2026, desarrollado en el desierto de Atacama bajo estándar doctrinario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). A su vez, avanzó en su postulación al estatus de país No OTAN Aliado Nivel 2 y mantuvo conversaciones con Canadá, Israel y el Reino Unido para cooperación en defensa (para más detalles de la relación con Israel, ver el artículo publicado en este número de Traza Continental: “El año de América Latina: el Estado de Israel en la reconfiguración regional”). El vínculo con el Reino Unido —que incluye transferencia tecnológica para la construcción naval chilena— convive con el respaldo histórico de Chile a la posición argentina en la disputa por las islas Malvinas.
La relación con Argentina ha tenido, pese a las afinidades ideológicas, una dimensión conflictiva. Durante la primera gira internacional de Kast, el 6 de abril, el presidente reiteró en una declaración conjunta con Javier Milei el respaldo chileno a la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur “y los espacios marítimos circundantes”. El senador Alejandro Kusanovic advirtió que esa fórmula podía superponerse con territorio chileno en Magallanes y la Antártida. La abogada internacionalista Paz Zárate recordó que Chile mantiene con Argentina dos controversias territoriales pendientes, por Campo de Hielo Sur y por la plataforma continental austral extendida. Aunque aclaró que el respaldo a la soberanía argentina sobre las islas no es legalmente contradictorio con esas disputas, planteó que la declaración debía evaluarse también desde el punto de vista de la conveniencia política y señaló que Argentina no siempre ha cumplido sus compromisos con Chile.
Chile fue sede del ejercicio aéreo multinacional Salitre 2026, desarrollado en el desierto de Atacama bajo estándar doctrinario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). A su vez, avanzó en su postulación al estatus de país No OTAN Aliado Nivel 2 y mantuvo conversaciones con Canadá, Israel y el Reino Unido para cooperación en defensa…
Otras voces fueron más allá. El experto en defensa y seguridad nacional Richard Kouyoumdjian consideró que la declaración podía afectar la plataforma continental chilena y la plataforma continental extendida que pretende Argentina. Por su parte, el exdiplomático y académico Jorge Guzmán calificó el gesto de “gravísimo error de la Cancillería” y desarrolló su crítica en el contexto del diferendo marítimo con Argentina en el Mar Austral y la Antártida. La Cancillería salió a hacer “control de daños” con una minuta reservada a los parlamentarios en la que sostuvo que “no existe superposición” y que la expresión utilizada por Kast era la misma empleada en declaraciones conjuntas chileno-argentinas desde 1992.
El episodio volvió al primer plano a fines de agosto, cuando el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, afirmó en una entrevista: “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico”. Pérez Mackenna respondió que “la soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”. La Cancillería envió una nota de protesta a Buenos Aires y el gobierno argentino reafirmó la vigencia de esos mismos tratados. Sin embargo, a inicios de septiembre volvieron a quedar expuestas las diferencias entre Cancillería y Defensa: mientras el canciller sostenía que el decreto argentino 457, que deroga la administración conjunta del estrecho, estaba listo para la firma de Milei “desde marzo”, Defensa lo presentaba como resultado de un pedido de parlamentarios chilenos. Legisladores oficialistas como Arturo Squella, Guillermo Ramírez y Diego Schalper llamaron a bajar el tono y respaldar “la voz oficial” del presidente.
Horas después, el comunicado conjunto reafirmó el “excelente estado de la relación bilateral” y estableció que los tratados de 1881 y 1984, “plenamente vigentes” y de “carácter definitivo para ambos Estados”, definen el régimen jurídico del estrecho y la soberanía chilena sobre su totalidad. Kast reiteró el respaldo a la posición argentina sobre las Malvinas, mientras Milei valoró los esfuerzos chilenos respecto de las actividades británicas en la zona disputada. El 8 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó una interpelación a Pérez Mackenna por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención, la primera vez que un canciller enfrenta esta herramienta de fiscalización parlamentaria.
…el comunicado conjunto reafirmó el “excelente estado de la relación bilateral” y estableció que los tratados de 1881 y 1984, “plenamente vigentes” y de “carácter definitivo para ambos Estados”, definen el régimen jurídico del estrecho y la soberanía chilena sobre su totalidad.
EL LITIO Y LOS MINERALES CRÍTICOS
Kast recibió un modelo minero que el gobierno precedente había orientado hacia una mayor participación estatal, estándares ambientales exigentes y una política de largo plazo para el litio y otros minerales críticos. Boric había impulsado desde 2023 la Estrategia Nacional del Litio, cuyo principal fruto empresarial fue NovAndino Litio, sociedad entre Codelco y SQM formalizada en diciembre de 2025 para operar en el salar de Atacama hasta 2060 y que concentra cerca de un 14% del mercado mundial de productos químicos de litio. En enero, su gobierno presentó también la Estrategia Nacional de Minerales Críticos. La administración de Kast mantuvo formalmente ambas políticas, pero modificó el énfasis hacia la aceleración de inversiones y permisos: en marzo, el Ministerio de Medio Ambiente retiró de la Contraloría 43 trámites de decretos supremos para someterlos a revisión. El director del Núcleo Milenio sobre los Impactos de China en América Latina sostiene que la estrategia de minerales críticos quedó inconclusa y que el gobierno no muestra interés en desarrollarla.
La primera iniciativa de litio impulsada directamente por el nuevo gobierno llegó en agosto, cuando el biministro Daniel Mas firmó con Quiborax el primer Contrato Especial de Operación de Litio otorgado exclusivamente a un privado: una inversión de 70 millones de dólares para producir hasta 20 mil toneladas de carbonato de litio a partir de ripios de la histórica planta El Águila, en Arica, sin intervenir directamente los salares. El contrato se inscribe formalmente en la Estrategia Nacional del Litio. Al mismo tiempo, comunidades como el pueblo colla del salar de Maricunga cuestionan la aceleración de los permisos y el impacto ambiental de la explotación del salar de Atacama continúa siendo objeto de controversia.
El cambio de orientación también alcanzó a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). El 26 de mayo, Máximo Pacheco renunció a la presidencia del directorio de la empresa estatal y de NovAndino Litio, en medio de críticas del nuevo gobierno a su situación financiera y productiva y de una investigación por inconsistencias en los registros de producción de 2025. Al día siguiente asumió Bernardo Fontaine, designado por Kast. Sobre ese trasfondo, Arturo Squella, senador y presidente del Partido Republicano, y Johannes Kaiser, diputado y líder del Partido Nacional Libertario, relanzaron la propuesta de privatizar Codelco, total o parcialmente, mientras diez legisladores oficialistas propusieron modificar la composición de su directorio. La Federación de Trabajadores del Cobre advirtió que defendería la empresa “por la razón o la fuerza”; Mas marcó distancia de la propuesta más radical. El 11 de agosto, Kast anunció la reinversión de 2 mil 422 millones de dólares de utilidades de Codelco correspondientes a 2025.
Kast recibió un modelo minero que el gobierno precedente había orientado hacia una mayor participación estatal, estándares ambientales exigentes y una política de largo plazo para el litio y otros minerales críticos.
El otro foco de controversia fue revelado por una investigación del Centro de Investigación Periodística (Ciper): en mayo, el Comité de Ministros aprobó una planta de sales de potasio del Grupo Errázuriz en el salar de Atacama, pese a un informe negativo de Sernageomin y después de 17 años de tramitación. La aprobación utilizó un mecanismo creado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para acelerar inversiones. Ciper documentó que el Grupo Errázuriz había contratado en 2025 a la consultora privada de Quiroz para un estudio sobre Codelco-SQM y que uno de sus autores hoy monitorea en Hacienda proyectos de inversión en tramitación ambiental. Quiroz calificó el reportaje de “falso”. Existen dos reclamaciones ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y solicitudes de oficio ante la Contraloría, todas sin resolución. El trasfondo es la magnitud de la inversión que Chile busca atraer: Exponor 2026 registró proyectos por 34 mil millones de dólares para Antofagasta hasta 2034. Pero la expansión enfrenta restricciones de infraestructura: en julio, el Ministerio de Energía preparó el primer decreto preventivo de racionamiento eléctrico desde 2021, una limitación especialmente relevante porque el hidrógeno verde es una industria intensiva en electricidad, y Chile mantiene más de 70 proyectos de ese tipo en cartera, además de haber actualizado este año su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde.
SOSTENER EL EQUILIBRIO
Los primeros seis meses de Kast en La Moneda estuvieron marcados por el intento de profundizar la relación con Washington sin renunciar al vínculo económico con Beijing. Ese acercamiento avanzó en seguridad y minerales críticos y, luego de varias fricciones, también en la arquitectura del Escudo de las Américas. Beijing, mientras tanto, representa cerca de un tercio del comercio exterior chileno y se mantiene como su principal socio comercial. El propio canciller, Francisco Pérez Mackenna, resumió esa orientación al calificar a Estados Unidos y China como “complementarios, más que competencia”, una fórmula que expresa la voluntad de mantener relaciones simultáneas con ambas potencias. Sin embargo, ese equilibrio enfrenta una tensión estructural: China tiene un peso central en el comercio chileno, mientras Estados Unidos ocupa un lugar estratégico creciente en seguridad, inversión y tecnología.
El litio y los minerales críticos concentran buena parte de esa competencia. Washington busca mayor escrutinio sobre la inversión china en sectores estratégicos, Europa procura diversificar sus fuentes de suministro y el gobierno de Kast aceleró la tramitación de permisos y promovió nuevas inversiones. En paralelo, la aprobación de proyectos mineros generó controversias y el futuro de Codelco se convirtió en uno de los principales debates económicos y políticos del semestre. En ese sentido, la evolución de este sector será relevante tanto para la estrategia de crecimiento del gobierno como para la relación que Chile busca mantener con sus principales socios.
…la aprobación de proyectos mineros generó controversias y el futuro de Codelco se convirtió en uno de los principales debates económicos y políticos del semestre. En ese sentido, la evolución de este sector será relevante tanto para la estrategia de crecimiento del gobierno como para la relación que Chile busca mantener con sus principales socios.
En el plano regional, el Compromiso de Santiago se convirtió en uno de los principales instrumentos de la agenda de seguridad impulsada por el gobierno, una materia que marcó el sello de la campaña que llevó a Kast a La Moneda y con la que el Ejecutivo buscó ganar liderazgo en el continente. La iniciativa fue acordada inicialmente por Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, e incorporó posteriormente a Paraguay y Uruguay. El 23 de septiembre, los siete países volvieron a reunirse en Nueva York para avanzar en la implementación del acuerdo y elaborar un plan de acción conjunto. La estrategia regional también incluyó el vínculo con el Mercosur, el acercamiento a Brasil y Uruguay, así como la normalización de los vínculos con Venezuela. Con Argentina, a pesar de las afinidades ideológicas, las diferencias en torno al estrecho de Magallanes y la declaración conjunta sobre las Malvinas terminaron convirtiéndose en un asunto ríspido de política doméstica.
El equilibrio externo que Kast ha buscado construir deberá sostenerse, además, en un escenario interno más exigente. La aprobación presidencial cayó durante el semestre y el oficialismo tampoco cuenta con mayoría propia en el Congreso, lo que obliga al Ejecutivo a negociar sus principales iniciativas con otras fuerzas políticas. A ello se suma una economía que todavía no ofrece los resultados esperados, con un desempleo de 9,5% en el trimestre mayo-julio y una inflación anual de 4,1% en agosto, en un contexto de aumento de los precios de los combustibles. Así, los próximos meses estarán marcados tanto por la capacidad del gobierno de sostener su agenda interna de seguridad y recuperación económica, como por su margen para mantener abiertos sus principales vínculos estratégicos y comerciales con Washington y Beijing. 