El Senado argentino dio media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que busca reforzar las garantías sobre viviendas, terrenos y establecimientos productivos, al tiempo que modifica las reglas para las expropiaciones y los desalojos. Al respecto, destaca que se retiraron del texto algunos de los capítulos más controvertidos, como el relativo a la venta de tierras a extranjeros. El proyecto, aprobado el 7 de agosto, ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
Uno de los principales cambios se refiere a las expropiaciones al establecer que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y justificar de forma específica y concreta la necesidad de afectar un determinado bien, bajo criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad; además, la indemnización deberá calcularse con base en el valor objetivo y de mercado del inmueble. El texto también establece que el dominio del bien no podrá transferirse hasta que la compensación haya sido abonada en su totalidad y, en caso de desacuerdo sobre el monto, será la Justicia la que determine la indemnización, con intervención técnica del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
En paralelo, el proyecto acelera los procedimientos de desalojo, con procesos sumarísimos, plazos más breves, menos instancias de apelación y la posibilidad de restitución anticipada cuando exista verosimilitud del derecho. El argumento del gobierno es que esta reforma busca dar mayor certeza a propietarios y reducir los tiempos judiciales.
