En el contexto de un amplio descontento ciudadano por la seguridad, cinco partidos políticos presentaron un plan conjunto que será entregado a la presidenta Dina Boluarte, proponiendo la creación de un «comando unificado» contra el crimen, la construcción de un «mega penal» con capacidad para 20,000 internos y el endurecimiento de penas para líderes y subalternos de organizaciones criminales.