La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió acoger la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el expresidente Jair Bolsonaro (PL) y otras siete personas, que integran el primer grupo de imputados acusados ​​de intento de golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho, en el asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia.

De esta forma, se convierten en imputados y responderán a una acción penal por los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños calificados por violencia y amenaza grave contra el patrimonio de la Unión, y con perjuicio considerable a la víctima y deterioro de los bienes enumerados, con penas que pueden variar de 20 a 26 años de prisión. En su voto, el ministro relator del caso, Alexandre de Moraes, hizo una larga exposición de las pruebas previamente presentadas por la PGR y defendió la aceptación de la denuncia y la apertura del proceso penal.

Bolsonaro reaccionó con ironía a la denuncia aceptada por unanimidad por  el STF y volvió a atacar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En una publicación en redes sociales, según Metrópoles, el expresidente utilizó el término «gópi» —una alusión peyorativa a la palabra «golpe»— para burlarse de las acusaciones vertidas en su contra, clasificándolas como parte de una «narrativa».

Con la aceptación de la denuncia se abre el proceso penal para juzgar el fondo de las acusaciones. La primera etapa es la investigación, en la que se citan a los testigos de cargo y de defensa, además de las declaraciones de los propios imputados y los alegatos finales del Ministerio Público. Luego de este proceso, los ministros deberán votar para condenar o absolver a los acusados, y luego determinarán las sentencias de forma individual. Sólo habrá posibilidad de recurrir ante el Pleno de la Corte Suprema si hay voto disidente del ponente. De lo contrario, las defensas sólo podrían interponer los llamados recursos declarativos, cuando cuestionan detalles de la decisión dictada, como la sentencia, sin posibilidad de revocar la sentencia. Una vez votadas las objeciones, la sentencia final queda firme.