El conflicto con Irán se desplazó al frente institucional. La Casa Blanca sostuvo que las hostilidades iniciadas el 28 de febrero quedaron “terminadas” por el alto el fuego de abril y que, por lo tanto, no necesita pedir una autorización formal al Congreso al cumplirse el plazo de 60 días previsto por la War Powers Resolution. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, en su primera comparecencia ante el Senado desde el comienzo de la Operación Furia Épica, reforzó esa interpretación. Según su argumento, la tregua “pausa” o detiene el reloj legal.

El punto débil de esa lectura es que la tregua no equivale a una normalización. Aunque no habría intercambio directo de fuego entre fuerzas estadounidenses e iraníes desde el alto el fuego, siguen vigentes elementos de presión militar y económica: Irán mantiene el control y planea una nueva gestión sobre el estrecho de Ormuz y la Marina estadounidense sostiene un bloqueo para impedir la salida de petroleros iraníes. Para críticos demócratas y especialistas legales, la ley no contempla una “pausa” del plazo de 60 días: o hay autorización del Congreso, o debe cesar el uso de fuerzas estadounidenses salvo una extensión limitada para retirada.

En el Congreso, el resultado inmediato fue la inacción. El Senado volvió a bloquear una resolución demócrata para limitar la guerra: la votación terminó 47 a 50, con Susan Collins y Rand Paul acompañando la restricción y John Fetterman votando con la mayoría republicana. La Cámara de Representantes ya había rechazado otra resolución similar por 214 a 213. En la práctica, la mayoría republicana optó por darle margen a Trump, aunque algunos senadores dejaron abierta la posibilidad de exigir una autorización limitada si la Casa Blanca no presenta un plan más claro.