El lunes 15 de diciembre, el gobierno de Trinidad y Tobago anunció que permitirá al ejército de Estados Unidos acceder a sus aeropuertos. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores trinitense, el uso de estas instalaciones tendrá un carácter “exclusivamente logístico”, destinado al reabastecimiento de suministros y a la rotación rutinaria de personal militar, cuidándose de recalcar que –supuestamente– el país caribeño no será utilizado como plataforma de lanzamiento para ataques contra otros Estados.
A principios de noviembre, cuando la primera ministra Kamla Persad-Bissessar fue consultada por primera vez sobre la presencia de aviones militares estadounidenses en el país, afirmó que esta se debía únicamente a “ayuda” relacionada con el aeropuerto y un tramo de carretera, y aclaró que no existía una fuerza militar propiamente dicha ni tropas desplegadas sobre el terreno. Sin embargo, tras la aparición de fotografías de un radar, Persad-Bissessar debió admitir que, efectivamente, Estados Unidos se encontraba construyendo una instalación de ese tipo en la zona. El radar fue instalado en un nuevo aeropuerto, poco después de la llegada del buque USS Gravely y en el contexto de maniobras conjuntas con Estados Unidos. Entre el 16 y el 21 de noviembre, unos 350 marines realizaron ejercicios conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago, en un despliegue considerado uno de los más grandes en décadas en la región.
Trinidad y Tobago –formada por dos islas– se encuentra a tan solo 11 kilómetros de las costas de Venezuela. El país cuenta con dos aeropuertos principales: el Aeropuerto Internacional de Piarco, en Trinidad, y el Aeropuerto Internacional ANR Robinson, en Tobago.
Horas después del anuncio, Caracas acusó al gobierno trinitense de colaborar con Estados Unidos para convertir al país en un “portaaviones estadounidense”, con una agenda hostil hacia Venezuela.
El conflicto diplomático afecta directamente al proyecto energético conjunto entre ambos países para desarrollar el yacimiento de gas Dragón, ubicado en aguas venezolanas cerca de la frontera marítima con Trinidad y Tobago. Este yacimiento contiene aproximadamente 4,2 billones de pies cúbicos de gas natural. En diciembre de 2023, Venezuela otorgó una licencia a la empresa Shell y al gobierno de Trinidad y Tobago para avanzar en la producción del yacimiento, y en octubre Estados Unidos autorizó formalmente a Puerto España a negociar el acuerdo sin enfrentar sanciones impuestas a Caracas.
Para Venezuela, Dragón es clave porque permite exportar gas por primera vez de forma significativa y diversificar ingresos en un contexto de sanciones al petróleo, proyectando al país como proveedor regional de gas.Para Trinidad y Tobago, es fundamental para alimentar su industria gasífera y de GNL ante la caída de producción interna, y por eso Washington ha dado aval condicionado al proyecto para que no genere “beneficios significativos” al gobierno de Maduro.
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