La administración de Donald Trump abrió esta semana una nueva etapa de presión sobre Irán, luego de vencer el plazo de 60 días previsto para avanzar hacia un acuerdo que estabilizara el conflicto y normalizara el tránsito por el estrecho de Ormuz. Trump anunció una ofensiva de “guerra económica” destinada a aislar a Teherán, con sanciones secundarias que podrían alcanzar a bancos, empresas y terceros países que faciliten comercio o financiamiento iraní, mientras Washington combina esa presión con el bloqueo naval de puertos.

El giro hacia las sanciones también refleja los límites de la vía militar y diplomática: las conversaciones que generaban expectativas a comienzos de agosto quedaron estancadas, y Trump afirmó esta semana que no hay negociaciones programadas con Teherán. El tránsito petrolero por Ormuz sigue muy por debajo de los niveles previos al conflicto y el Brent volvió a superar los 90 dólares por barril, trasladando parte del costo de la guerra a la economía doméstica.

Ese vínculo entre guerra y economía se refleja en las encuestas. Un sondeo publicado a fines de julio encontró que cerca de dos tercios de los estadounidenses consideran que la guerra no ha valido la pena, mientras solo 28% aprueba el manejo del conflicto por parte de Trump; para el 72%, mantener bajos los precios de la gasolina es una prioridad muy o extremadamente importante. Otra encuesta reciente sobre Irán también registró predominio de incertidumbre y frustración, y la percepción de que el conflicto resultó más difícil de lo previsto.

La cuestión comienza a proyectarse sobre las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Trump apuesta a la ofensiva económica como alternativa a una escalada militar mayor, buscando resultados antes de las elecciones. Mientras el estrecho de Ormuz siga parcialmente cerrado y la energía permanezca cara, la guerra en Irán seguirá teniendo una traducción directa en la agenda doméstica: precios, inflación y la capacidad percibida del gobierno para poner fin a este conflicto.