El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica solicitó, este martes 7 de octubre, a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad constitucional del presidente Rodrigo Chaves para procesarlo por presunta beligerancia política, una falta que consiste en la participación indebida de funcionarios públicos en actividades o declaraciones con fines electorales. La decisión fue adoptada por la Sección Especializada del TSE tras analizar 15 denuncias acumuladas que acusan al mandatario de intervenir en la campaña para los comicios presidenciales programados para febrero de 2026. Según el tribunal, estas denuncias fueron consideradas admisibles y se enmarcan en la prohibición constitucional que impide al presidente, vicepresidentes y ministros mostrar parcialidad hacia agrupaciones políticas mientras ejercen sus cargos.
La solicitud se presenta apenas dos semanas después de que la Asamblea Nacional rechazará una petición anterior de la Corte Suprema de Justicia para levantar la inmunidad de Chaves por presuntos cargos de corrupción. Aquella votación, celebrada el 22 de septiembre, fue la primera de este tipo contra un presidente en funciones en la historia del país y no alcanzó la mayoría calificada necesaria. Este nuevo intento refleja la creciente tensión entre los poderes del Estado y el desgaste político que enfrenta el mandatario en un contexto nacional marcado por la fragmentación partidaria y la preocupación ciudadana por el aumento de la inseguridad ligada al narcotráfico.
El TSE sostiene que Chaves ha infringido reiteradamente la normativa electoral al utilizar su posición para favorecer al candidato de su partido y pronunciarse públicamente sobre temas políticos. Los magistrados recordaron que el 27 de junio el TSE ya había dictado una prohibición explícita al presidente para evitar su intromisión en la campaña electoral. De confirmarse las acusaciones, el procedimiento podría derivar en sanciones severas, incluyendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de dos a cuatro años, conforme al artículo 105 de la Constitución Política de Costa Rica.
Rodrigo Chaves, economista de 64 años y exfuncionario del Banco Mundial, ha negado las acusaciones y sostiene que es víctima de un proceso con motivaciones políticas. El mandatario ha acusado al TSE de actuar con sesgo y de intentar imponer una “mordaza” a su gobierno tras las órdenes que limitaron la difusión de propaganda oficial en medios tradicionales y plataformas digitales. Hasta el momento, ni el presidente ni la Casa Presidencial han emitido declaraciones oficiales sobre esta nueva solicitud.
