En vísperas de las elecciones generales del 9 de febrero de 2025, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los decretos ejecutivos 500 y 505, mediante los cuales el presidente Daniel Noboa había delegado temporalmente la Presidencia a Cynthia Gellibert durante su campaña electoral, argumentando fuerza mayor. La Corte determinó que estos decretos contravienen el artículo 146 de la Constitución, que establece que, en caso de ausencia temporal del presidente, es el vicepresidente quien debe asumir el cargo, es decir, Verónica Abad. De todas formas, no se han generado impactos a nivel electoral y Noboa continuó su campaña sin mayores controles por parte de los otros poderes.

Por su parte, en respuesta a posibles amenazas de grupos armados de desestabilización durante el proceso electoral, Noboa ordenó el cierre total de las fronteras terrestres con Colombia y Perú entre el 8 y el 10 de febrero. Además, dispuso la militarización inmediata de los puertos y el refuerzo de la presencia militar en las fronteras norte y sur del país.

Paralelamente, Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma parcial a la Constitución para permitir que los jueces dicten prisión preventiva inmediata en casos de delitos relacionados con terrorismo, narcotráfico y delincuencia organizada. Esta iniciativa busca generar un nuevo impacto electoral en el contexto de creciente securitización de la ciudadanía y la política pública.

Las últimas encuestas muestran resultados dispares, pero polarizados. Mientras algunas sostienen una victoria del presidente-candidato en primera vuelta, otras auguran lo mismo para Luisa Gonzáles, candidata de la Revolución Ciudadana.