El 1 de julio José Raúl Mulino cumplió un año desde su asunción en la presidencia de Panamá. A doce meses de gobierno el país enfrenta una de las mayores crisis políticas y sociales de su historia reciente. La administración de Mulino ha estado marcada por una fuerte orientación proempresarial, un alineamiento sin matices con la política exterior de Estados Unidos y una estrategia de represión sistemática frente a la protesta social.
Uno de los detonantes del malestar popular ha sido la aprobación de la Ley 462, una reforma al sistema de pensiones que eliminó el principio de solidaridad y abrió la puerta a su privatización. La medida fue impuesta sin consulta ciudadana, lo que desató movilizaciones masivas por parte de sindicatos, docentes, trabajadores agrícolas y estudiantes. A las protestas se sumaron demandas históricas sobre el respeto a la soberanía nacional, tras la firma de un acuerdo con Estados Unidos que permite el despliegue de tropas en el Canal de Panamá y la ampliación de la cooperación militar sin debate parlamentario.
La respuesta del Ejecutivo ha sido una intensificación de la represión. El país se encuentra prácticamente militarizado y se han documentado violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y desplazamientos de comunidades indígenas. El caso más alarmante es el de la provincia de Bocas del Toro, declarada en estado de emergencia, donde al menos cinco personas fueron asesinadas durante operativos de seguridad, entre ellas una niña de dos años. Grupos de derechos humanos preparan denuncias ante la Corte Interamericana.
Otro aspecto clave del primer año de Mulino ha sido su política migratoria, alineada completamente con las prioridades de Washington. Desde su primer día en el poder, el gobierno panameño se comprometió a cerrar el paso migratorio del Darién y aceptar deportados desde EE.UU., una medida que ha sido duramente criticada por organizaciones internacionales y por el gobierno colombiano. La militarización de esta zona no solo ha afectado a migrantes, sino también a pueblos indígenas, cuyos territorios han sido restringidos.
A pesar de que el gobierno intenta impulsar grandes proyectos como el tren Panamá-David y programas como «Mi Primer Empleo», estos han quedado opacados por la agitación social. Mulino insiste en que su administración no ha cedido soberanía y asegura que las decisiones tomadas son necesarias para recuperar la economía y combatir la corrupción. No obstante, la percepción pública refleja una grave pérdida de legitimidad: según encuestas recientes, apenas el 9 % de los panameños cree que el país va por buen camino.
Con un paro general indefinido en marcha desde abril y más de dos meses de movilizaciones, la situación política de Panamá sigue siendo inestable. La retórica oficial, centrada en la firmeza y el orden, contrasta con la realidad de un país en efervescencia social.
