La administración de Donald Trump lanzó entre el 5 y el 7 de marzo en Miami la iniciativa “Escudo de las Américas” (Shield of the Americas), una coalición regional de seguridad integrada por cerca de una veintena de países latinoamericanos orientada a combatir a los cárteles del narcotráfico mediante operaciones conjuntas, intercambio de inteligencia y acciones militares coordinadas. La iniciativa se desarrolló en dos fases: primero la “Conferencia de las Américas contra los Cárteles”, el 5 de marzo, encabezada por el secretario de Guerra Pete Hegseth en la sede del Comando Sur de Estados Unidos en Doral, Florida, que reunió a ministros de Defensa y jefes militares; y luego la cumbre presidencial “Escudo de las Américas”, celebrada el 7 de marzo en el Trump National Doral Miami, con la participación de los líderes de los países miembros, todos provenientes de gobiernos de derecha o centro‑derecha alineados con la agenda geopolítica del presidente estadounidense.

En el encuentro participaron, entre otros, Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Chile estuvo representado por su presidente electo, José Antonio Kast. México y Brasil, las dos mayores economías de América Latina y actores centrales del equilibrio político regional, no participaron del encuentro; tampoco acudieron a la cita Colombia y Uruguay. En particular, la no participación de México y Brasil limita el alcance hemisférico de la iniciativa y pone de relieve las divergencias existentes en la región en torno al enfoque impulsado por la administración de Donald Trump. Estas diferencias se vinculan tanto con orientaciones políticas distintas como con posiciones divergentes respecto de la soberanía nacional y la eventual participación de fuerzas militares estadounidenses en operaciones antidrogas dentro del territorio latinoamericano.

Los compromisos de la coalición incluyen cooperación militar y de inteligencia, operaciones coordinadas contra organizaciones criminales y la posibilidad de que los países soliciten asistencia estadounidense para ejecutar operaciones contra rutas de tráfico, infraestructura logística de las organizaciones criminales y redes financieras vinculadas al narcotráfico. El programa contempla también el establecimiento de mecanismos permanentes de cooperación militar, estándares compartidos para operaciones antidrogas, medidas regulatorias y financieras para combatir el lavado de dinero, protección de infraestructuras críticas y cooperación contra la trata de personas. Kristi Noem —quien se desempeñaba como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional y dejó el cargo en medio de fuertes controversias— fue designada enviada especial para el Escudo de las Américas, lo que refleja la prioridad que la administración estadounidense otorga a esta iniciativa.

El elemento más controvertido del proyecto es la reedición de la Doctrina Monroe —rebautizada “Doctrina Donroe”—, que, como dejan ver recientes declaraciones del secretario de Guerra Pete Hegseth, podría servir para justificar una política de combate contra los cárteles con operaciones militares en el hemisferio, incluso sin consentimiento explícito de los gobiernos locales. Durante la cumbre, el presidente Donald Trump llegó a comparar este enfoque con la coalición internacional que combatió al Estado Islámico, señalando que los países del hemisferio deberían emplear sus fuerzas armadas para derrotar a los cárteles. En este sentido, distintos observadores sostienen que la coalición trasciende la lucha contra el narcotráfico y debe entenderse fundamentalmente como una estrategia de reforzamiento de la influencia política y militar estadounidense en el hemisferio, en un contexto de intensificación de la competencia geopolítica con China.