ARGENTINA

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Semana de conflictos abiertos para el plan de ajuste de Milei

Varios focos de conflictividad contra la “motosierra” ajustadora de Javier Milei coparon la agenda de la semana. El principal conflicto fue protagonizado por los médicos residentes del Hospital Garrahan, un histórico centro de salud pediátrica que atiende a más del 40% de los niños de Argentina que padecen cáncer. El Garrahan es un respetado símbolo de la salud pública que sobrevive hoy con el mismo presupuesto que se le destinó en 2023. Los residentes de la institución pediátrica realizaron este jueves un paro con movilización hacia el Ministerio de Salud para exigir la recomposición de sus salarios y la mejora de las condiciones laborales. El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó la gravedad de la situación que atraviesa el hospital de pediatría. “El Garrahan no está desfinanciado, los recursos están, pero están mal utilizados. Hoy se está ordenando y priorizando el servicio”, aseguró.

Por otra parte, miles de investigadores se manifestaron en todo el país para visibilizar la insostenible situación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas: despidos, falta de fondos para los laboratorios, sueldos congelados y desarticulación de agencias e institutos. En la misma sintonía, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) protestaron contra los intentos de desregulación a los que está siendo sometido el organismo.

El jueves pasado, trabajadores de servicios de discapacidad reclamaron frente al Congreso mejoras en el monto de sus prestaciones. Exigen que las obras sociales garanticen los servicios y coberturas planificadas, para evitar que miles de personas con discapacidad queden sin atención. En el mismo lugar, un día antes, los jubilados fueron nuevamente reprimidos en una nueva “ronda de los miércoles”, acción de protesta ya instalada en la agenda que suele terminar con heridos y detenidos, entre ellos, periodistas y fotorreporteros.

Por último, el viernes pasado, una protesta de yerbateros obligó a Karina Milei a suspender un acto de campaña electoral en Oberá, Misiones, donde los productores llevan largos meses de protesta porque el gobierno nacional dinamitó la rentabilidad del sector.

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Evo y Andrónico: sigue en disputa la candidatura de la izquierda boliviana a la Presidencia

El 29 de mayo simpatizantes de Evo Morales bloquearon la carretera Cochabamba-Sucre exigiendo la renuncia del presidente Luis Arce y la habilitación del exmandatario como candidato presidencial. El bloqueo fue declarado como indefinido por sus organizadores, afectando el tránsito interdepartamental y agudizando la polarización política interna en el Movimiento al Socialismo (MAS).

Adicionalmente, manifestantes evistas también se movilizaron a las puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre, exigiendo la renuncia de los magistrados auto-prorrogados y el registro de Morales como candidato. Esta acción refuerza la presión sobre el sistema judicial, al que el evismo acusa de actuar bajo mandato político de Arce.

En este marco, Evo invocó nuevamente la «unidad y movilización» de sus bases para “vencer una vez más”, acusando al TCP de actuar en complicidad con el gobierno para evitar su postulación. Los bloqueos y marchas llevan al menos tres días consecutivos.

El panorama electoral se tornó más incierto luego de que se suspendiera el acto en el que Andrónico Rodríguez pretendía presentar públicamente la nueva sigla política con la que participaría en las elecciones generales. La suspensión fue justificada por “ajustes organizativos pendientes”, lo que revela dificultades en la consolidación de su candidatura.

Por su parte, el vocero del partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS) manifestó que “las puertas están abiertas para todos” en alusión a una posible negociación con Rodríguez, luego de que el MTS (sigla inicialmente elegida por el senador) enfrentará obstáculos judiciales para su participación electoral. Mientras que desde el Pacto Popular —una alianza de organizaciones que respalda a Rodríguez— se anunció un próximo encuentro para definir de forma oficial su candidatura y la estructura política que la sostendrá.

BRASIL

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Nuevo decreto sobre operaciones financieras genera crisis en el Congreso

Un nuevo cimbronazo en el Congreso nacional agita la agenda brasilera tras el anuncios del Ministerio de Hacienda que prevé un aumento en la recaudación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (IOF). Con estos cambios, el gobierno busca reducir las distorsiones en la recaudación del impuesto y recaudar hasta 20 mil millones de reales adicionales en 2025 para cumplir con las metas fiscales comprometidas. La decisión del gobierno desencadenó una nueva batalla entre el Ejecutivo y un frente formado por sectores empresarios y parlamentarios que amenazan con anular el decreto.

Los cambios de IOF se centran en tres tipos de operaciones en las que se cobra el impuesto: divisas, crédito para empresas y seguros. En el campo de los seguros, el gobierno comenzó a gravar las contribuciones de recursos en fondos de pensiones complementarias de más de 50.000 reales mensuales. La medida afectó a un grupo muy pequeño de ricos que hacen inversiones de esta cantidad. Respecto de las medidas sobre el crédito y las divisas, se aumentó la tributación por los préstamos tomados por las empresas y también para las compras con tarjeta de crédito en el extranjero, entre otras cosas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), declaró que el ánimo en el parlamento es revocar el decreto del gobierno federal que aumentó el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (IOF) la semana pasada. Hasta el momento, se han presentado 20 proyectos para invalidar el decreto.

SITUACIÓN Y CONFLICTO SOCIAL | Reforma agraria es eje de críticas al gobierno desde los movimientos sociales

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) solicitó al ministro de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT), que buscara soluciones para acelerar la reforma agraria en el país. La demanda se formuló este jueves 29 de mayo durante el anuncio de la expropiación de una finca en Paraná para el asentamiento de 400 familias del campamento Maila Sabrina, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Entrevistado por Folha de São Paulo, Jaime Amorim, miembro de la dirección nacional y veterano militante del MST, afirma que los sin tierra ya no ven sentido en dialogar con Teixeira tras las reiteradas demandas sin resultados concretos y decidió no reunirse con el ministro en Petrolina (PE), para no legitimar la aparente normalidad en las relaciones con los movimientos rurales que el ministro intenta transmitir.  Amorim define al ministro, diputado federal en excedencia, como uno de los «mejores parlamentarios del país», pero que, en su opinión, «no entiende la reforma agraria y no tiene interés en llevarla a cabo».

Días atrás el portal The Intercept publicó el análisis que hacen las organizaciones sociales que integran la Campaña Nacional en Defensa del Cerrado y la Vía Campesina titulado “Política territorial, de tierras y ambiental en Brasil: Balance del gobierno de Lula 3”. El balance afirma que el compromiso asumido durante la campaña para promover la redistribución de tierras en Brasil está lejos de cumplirse. La nota afirma que las cifras de asentamientos y familias asentadas a través del Programa Nacional de Reforma Agraria (PNRA) fueron “absolutamente irrisorias y muy alejadas de las metas” establecidas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar (MDA) para 2024, presidido por el ministro Paulo Teixeira.

CHILE

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Comisión por la Paz impulsa restitución de tierras y reparación en conflicto mapuche chileno

La Comisión para la Paz y el Entendimiento, impulsada por el gobierno de Gabriel Boric en Chile, presentó un informe en el que reconoce que la restitución de tierras a las comunidades mapuche, si bien es un avance, no ha sido suficiente para mejorar sus condiciones de vida. Muchas de estas tierras terminan subutilizadas o abandonadas debido a la falta de acompañamiento técnico, acceso a financiamiento y normativas adecuadas. El informe recomienda crear programas de apoyo integral y planes de negocio en conjunto con instituciones estatales para asegurar el uso productivo y sustentable de los terrenos restituidos, además de fomentar esquemas de financiamiento como cooperativas de ahorro y crédito.

El diagnóstico de la comisión subraya la precariedad que enfrentan las comunidades mapuche en la Macrozona Sur, donde las tasas de pobreza y el índice de desarrollo humano son más bajos que el promedio nacional. A pesar de los intentos previos de diálogo y políticas de restitución, el conflicto se ha agravado en las últimas décadas, con la presencia de grupos radicalizados y crimen organizado, lo que ha llevado a la militarización de la zona desde 2021. La comisión estima que satisfacer la demanda actual de tierras costaría unos cuatro mil millones de dólares y advierte que sin un enfoque integral, la restitución perpetúa la dependencia y la pobreza.

En este contexto, el presidente Boric ha destacado la importancia de una solución democrática y política, señalando que el informe de la comisión representa una oportunidad única para alcanzar la paz. El gobierno busca avanzar hacia una reparación histórica y el reconocimiento formal de los derechos indígenas, combinando justicia territorial, desarrollo económico y fortalecimiento institucional. Este proceso será seguido de cerca por diversos sectores sociales y políticos, tanto dentro como fuera de Chile, en un esfuerzo por superar décadas de enfrentamientos y violencia en el sur del país.

COLOMBIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Consulta popular y reforma laboral, el pulso entre el gobierno de Petro y el Congreso por la agenda social

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro avanza en el Congreso, tras ser aprobada en primer debate en la Comisión Cuarta de la Cámara, aunque enfrenta críticas de sectores sindicales y del propio Pacto Histórico que alegan eliminación de derechos fundamentales. Paralelamente, la iniciativa de consulta popular para respaldar políticas sociales y económicas del Ejecutivo sufrió un revés tras la negativa del Senado de incluirla en la agenda legislativa, decisión que el gobierno cuestionó señalando «falta de voluntad política».

Ante estos obstáculos legislativos, el presidente Petro activó una estrategia triple que combina diálogo con partidos, movilización callejera y uso de decretos ejecutivos, como el que formalizó a 72 mil madres comunitarias. Las protestas convocadas por organizaciones sociales tuvieron menor impacto en su segunda jornada, con reducción del 54% en bloqueos según reportes oficiales, aunque mantuvieron focos de tensión en departamentos como Cauca y Nariño. La oposición, por su parte, intensificó acciones judiciales presentando 35 demandas contra decretos presidenciales y proyectos emblemáticos como la reforma a la salud.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que la consulta popular no será sometida a nueva votación en el Senado, calificando el proceso como «muerto» tras dos intentos fallidos. No obstante, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, único funcionario del gabinete presente en el paro, por su parte aseguró que “el seguro de vida de las reformas sociales es la consulta popular y la democracia directa de la gente. La consulta popular, como lo ha dicho el presidente, va porque va”.

En este escenario, la consulta popular se configura no sólo como un instrumento para refrendar reformas, sino también como una herramienta política para movilizar a la base social del Pacto Histórico y mantener la agenda pública en un contexto de alta polarización y desafíos legislativos. Sin embargo, analistas señalan que la consulta enfrenta obstáculos significativos: requiere la aprobación del Senado, la participación de al menos 13,7 millones de votantes y posteriores trámites para implementar sus resultados, lo que pone en duda su viabilidad práctica.

DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Crisis de seguridad en regiones clave de Colombia: violencia, desplazamientos y desafíos para la paz

La presencia activa de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y el ELN ha generado un aumento significativo de la violencia y un deterioro en la seguridad ciudadana en varias regiones de Colombia, especialmente en Risaralda. En el Chocó, la Misión de Apoyo a la Paz de la OEA ha alertado sobre un incremento de la violencia, particularmente en Quibdó, donde se busca reactivar una mesa de diálogo con bandas locales para mitigar los conflictos armados y la inseguridad. Esta situación ha provocado un fenómeno de migración inversa, con personas que abandonan el Chocó debido a los riesgos y la violencia, afectando la estabilidad social y económica de la región.

En cuanto a los excombatientes, se ha decidido trasladar a los exmiembros del ETCR Carrizal a Yalí, Antioquia, debido a los riesgos de seguridad que enfrentan en su lugar de origen, lo que evidencia las dificultades para garantizar su protección y reintegración en un contexto de persistente violencia. En otro frente, el ELN perpetró un atentado contra el oleoducto Bicentenario, causando un daño ambiental significativo, lo que subraya la persistencia de acciones violentas que afectan no solo la seguridad sino también el medio ambiente y la infraestructura estratégica del país.

ECUADOR 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Noboa asume su segundo mandato

El 24 de mayo, Daniel Noboa asumió oficialmente su segundo mandato presidencial en Ecuador, tras haber completado el período restante del expresidente Guillermo Lasso. El mandatario destacó que su partido, Acción Democrática Nacional (ADN), mantiene una mayoría legislativa, lo que le permitirá avanzar en su agenda de reformas y ratificó a la mayoría de su gabinete. La ceremonia contó con la presencia de los presidentes de Colombia y Perú, Gustavo Petro y Dina Boluarte, respectivamente.

Durante su visita a Ecuador para la posesión de Noboa, el presidente de Colombia solicitó públicamente la liberación de quienes considera «presos políticos«, haciendo referencia al exvicepresidente Jorge Glas. Petro también abogó por una mayor integración regional y cooperación en la lucha contra las mafias y economías ilícitas, argumentando que en el vecindario de la “Gran Colombia” se necesita más diálogo, consenso y articulación entre naciones para enfrentar desafíos regionales y geopolíticos.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Noboa envía a la Asamblea polémico proyecto de Ley para “desarticular la economía criminal”

Como primera medida de relevancia luego de su reelección, Daniel Noboa envió el proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno a la Asamblea Nacional. La propuesta, calificada como urgente en materia económica, busca fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar el crimen organizado. Luego de varias reformas, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para el primer debate. El proyecto ha generado divisiones en la Asamblea. El asambleísta Sergio Peña fue expulsado de la bancada de la Revolución Ciudadana por apoyar el informe, evidenciando tensiones internas en el bloque opositor.

Por su parte, organizaciones especializadas y expertos señalaron que el proyecto incluye disposiciones que podrían habilitar un uso excesivo de la fuerza, sin garantías claras para evitar abusos. El Observatorio Ecuatoriano de Conflictos advirtió que el escenario propuesto por el gobierno podría generar una «multiplicación de abusos», considerando que las instituciones de seguridad están infiltradas por el crimen organizado. Además, expertos señalaron que la propuesta no contempla una estrategia nacional de seguridad, agrupa problemas diversos de defensa y justicia, y emplea criterios vagos para definir el conflicto armado. Entre los artículos más polémicos destacan el 12 (uso directo de la fuerza sin previa agresión), el 15 (declaración de bienes como objetivos militares), el 18 (creación de un bloque de seguridad insuficiente), el 24 (jueces especiales para delitos de conflicto armado), y el 26 (indulto anticipado a militares o policías sin sentencia ejecutoriada).

PARAGUAY

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Japón financia el Corredor Suroeste que conectará al país

El gobierno paraguayo utilizará un crédito de USD 240 millones otorgado por Japón para financiar el Corredor Suroeste, una obra que busca integrar a comunidades históricamente aisladas del departamento de Ñeembucú.

La construcción comprende 154 kilómetros de ruta y 25 kilómetros de travesías urbanas. El corredor partirá desde Yabebyry (Misiones, Argentina) hasta la capital departamental Pilar, atravesando distritos como Laureles, Cerrito, Villalbín, Mayor Martínez, Desmochados, Isla Umbú y Parajuay, conectándolos finalmente con el resto del país mediante un eje logístico terrestre.

El presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana gestionaron que el crédito japonés se habilite de forma anticipada, ya que estaba previsto para 2028. Según Alliana, esto permitirá que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones inicie las licitaciones y adjudicaciones este mismo año.

La obra fue declarada de interés nacional por la Cámara de Diputados en 2023 y es considerada fundamental para dinamizar el sur del país, mejorando el acceso a mercados y servicios básicos para miles de pobladores que hoy viven en situación de aislamiento.

PERÚ

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Crisis institucional y blindaje político

La semana estuvo marcada por el archivo de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso «Rolexgate». La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales confirmó esta decisión, pese a los cuestionamientos del Ministerio Público, que solicitó reconsiderar la decisión debido a presuntos vicios procesales.

La congresista Ruth Luque denunció que la Subcomisión sigue una estrategia para proteger a Boluarte, señalando un pacto implícito entre el gobierno y Alianza para el Progreso (APP).

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Control de contenidos y libertad de prensa

El Congreso aprobó la Ley de Control de Contenidos, que obliga a nueve ministerios a utilizar el 10% de la programación de medios para difundir contenido gubernamental. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtió que esta medida vulnera la independencia editorial y representa una forma de propaganda estatal.

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | La minería ilegal sigue avanzando en el Perú

La región de Pataz, en La Libertad, continúa siendo epicentro de la minería ilegal y la violencia asociada. Informes revelan que bandas criminales, bajo el nombre de «La Gran Alianza«, controlan hasta el 50% del oro extraído ilegalmente, financiando operaciones con túneles de hasta 2 km de longitud. La reciente masacre de 13 trabajadores mineros ha evidenciado la brutalidad de estas organizaciones.

A pesar de la gravedad de la situación, el líder de partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, defendió la afiliación de mineros informales a sus filas, minimizando su presencia y señalando que hay «como dos millones» de personas en la minería informal.

URUGUAY

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Eurodiputados visitan Uruguay para acelerar el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Una delegación del Parlamento Europeo visitó Uruguay para avanzar en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. En Montevideo, los eurodiputados se reunieron con legisladores uruguayos para analizar el estado actual del tratado y subrayar la necesidad de avanzar en su ratificación, señalando que el escenario arancelario impuesto por Estados Unidos refuerza la urgencia de una mayor articulación entre ambos bloques.

Durante el encuentro se discutieron temas como los estándares ambientales incluidos en el acuerdo, el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas y la necesidad de garantizar condiciones equitativas para ambas regiones. Desde la delegación europea se destacó que el tratado no debe entenderse solo en términos económicos, sino también como una alianza estratégica en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas crecientes.

La visita también incluyó reuniones con organizaciones sociales y empresariales, donde se recogieron inquietudes sobre los efectos del acuerdo en sectores productivos sensibles. Las actividades continuarán en Argentina, donde se mantendrán encuentros similares con autoridades y actores sociales.

VENEZUELA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Elecciones parlamentarias y regionales

El domingo 25 de mayo se llevó a cabo en Venezuela un nuevo proceso electoral. En este caso para la renovación de los 285 escaños de la Asamblea Nacional y los 24 gobernadores y sus respectivos consejos estatales. En una jornada sin mayores sobresaltos ni situaciones conflictivas podemos destacar una participación en torno al 43% del padrón electoral. El oficialismo, nucleado en el Gran Polo Patriótico, obtuvo un importante triunfo al conseguir 23 de las 24 gobernaciones del país, excepto el Estado Cojedes, y la obtención de 256 escaños –sobre 285- de la Asamblea Nacional.

Los resultados porcentuales de esta elección son el Gran Polo Patriótico (GPP)  el 82,68%, la Alianza Democrática el 6,25%, UNT-Única el 5,18%, Fuerza Vecinal el 2,57% y otros votos válidos o nulos el 3,31%. A su vez, podemos destacar la elección por primera vez en la historia venezolana de la elección, tanto de 8 legisladores nacionales como de un gobernador para el territorio Esequibo. Este territorio se encuentra en reclamación con Guyana y esta elección representa un gesto político de soberanía por parte de Venezuela.

No obstante la baja participación cabe resaltar el aumento en el número de votantes de la coalición chavista. Con el paso de 3 millones 700 mil votantes en la última legislativa de 2021 –de las más bajas históricas del chavismo- a los casi 5 millones de este año, aumentando así en más de 1 millón 200 mil votos.

Por el lado de la oposición si bien las diferentes fuerzas participantes no alcanzaron un alto porcentaje de votos, algunos dirigentes importantes como Timoteo Zambrano por la Unidad democrática o Capriles Radonsky por UNT-Única han logrado acceder a la Asamblea nacional, así como también la reelección de Alberto Galindez en la gobernación del estado Cojedes.

Por su parte María Corina Machado, máxima dirigente de la coalición opositora PUD, destacó que la baja participación, según ella en torno al 85% del padrón, es la clara muestra de desobediencia por parte de la población hacia el gobierno, entendiéndola como un triunfo de la sociedad. En esta misma línea, diversos analistas electorales de la oposición consideran incluso que la participación fue menor al 43% si se toman en cuenta los emigrados del país.

El presidente de la república Nicolás Maduro, comunicó su intención de elevar a la Asamblea un proyecto de ley para la modificación del sistema electoral. El primer mandatario destacó la importancia de modernizar y ampliar el sistema electoral acomodándose a las nuevas épocas en la búsqueda de crear un nuevo sistema electoral de los circuitos comunales.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | EE.UU. otorga licencia mínima a la empresa Chevron

El martes 27 de mayo el presidente de Estados Unidos Donald Trump revocó la licencia para la producción y exportación de petróleo venezolano a la empresa estadunidense Chevron. Esta licencia había sido prorrogada el 3 de abril pasado hasta esta nueva fecha decidiendo no extenderla. Sin embargo, la administración Trump ha otorgado una licencia mínima a Chevron, lo que permitiría sostener tareas esenciales de mantenimiento de las instalaciones existentes pero manteniendo la prohibición de producir y exportar crudo venezolano.

Sin embargo, según fuentes periodísticas norteamericanas, la administración republicana se encontraría en negociaciones con el gobierno venezolano con el objetivo de extender la licencia a cambio de que el país caribeño acepte el regreso seguro de miles de migrantes, los cuales quedarían sin el beneficio del denominado estatus de protección temporal o TPS. Este beneficio mantenía la condición migratoria en una suerte de condición de refugiados por imposibilidades de retorno a su país de manera segura.

La noticia muestra tensiones dentro de la administración Trump, ya que la decisión declarada previamente por Marco Rubio contradice con lo expresado por el representante de Trump para las negociaciones con Venezuela Richard Grenell quien había confirmado que luego de las negociaciones diplomáticas la licencia sería renovada.

Por su parte el gobierno venezolano ha decidido mantener la producción previamente acordada con Chevron en torno a los 130 mil barriles de petróleo utilizando las refinerías nacionales y exportar el restante a diversos mercados. Sin embargo, la no renovación de esta licencia –como parte del sistema general de sanciones y presiones económicas sobre Venezuela– afectaría seriamente la economía venezolana.