ARGENTINA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Revés legislativo para Milei y respuesta desde el Ejecutivo

La oposición en la Cámara de Diputados le propinó un duro revés político al gobierno de Javier Milei al unirse para darle media sanción a proyectos clave que incluían aumentos para Universidades Nacionales, la declaración de emergencia del Hospital Garrahan y la derogación de decretos del Ejecutivo vinculados con Vialidad, INTI, INTA y los institutos culturales. En una larga sesión, la oposición le infligió al oficialismo 12 derrotas en total, evidenciando un fuerte rechazo a varias medidas de Milei y su equipo.

En respuesta a estos reveses, el presidente Javier Milei emitió un mensaje por cadena nacional para defender sus decisiones y anunciar medidas orientadas a «amurallar» el déficit cero y consolidar la política económica de su administración. Milei explicó que su gestión llegó con el mandato de combatir la inflación y generar crecimiento sostenido, destacando que la inflación ha caído de un 300% interanual a un 25% y que se espera su desaparición para mediados del próximo año. Además, resaltó la reducción de la pobreza y la mejora salarial en el sector privado. Sin embargo, advirtió que su tarea no es popularidad, sino hacer lo que considera correcto para el país.

Entre las medidas anunciadas, Milei señaló que formalizará una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria, buscando erradicar una práctica histórica que considera origen principal de la inflación en Argentina. Asimismo, enviará un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal, lo que profundiza su enfrentamiento con el Congreso. El mandatario acusó a la oposición de querer volver al pasado de empobrecimiento e inflación descontrolada, y defendió su veto a leyes que incrementaban jubilaciones, extendían la moratoria previsional y declaraban emergencia en discapacidad, calificándolas de irresponsables por su impacto fiscal.

Las leyes vetadas por Milei contemplaban un aumento del 7,2% en jubilaciones más un incremento del bono consolidado, que habría elevado la jubilación mínima a 441 mil 564 pesos en agosto, además de restaurar el Plan de Pago de Deuda Previsional por dos años y flexibilizar el acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Con los vetos, la jubilación mínima quedó en 384 mil 305 pesos, sumando bono y el ajuste de acuerdo con el IPC. El Ejecutivo alegó que las leyes implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones de pesos para 2026, equivalente a un porcentaje significativo del PIB, y que estos incrementos atentaban contra el equilibrio fiscal.

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | Continúa la división en la izquierda boliviana

El conflicto entre los sectores del MAS liderados por Luis Arce y Evo Morales tuvo nuevos capítulos a poco menos de dos semanas de la elección presidencial. En el Día de la Independencia, el presidente Arce pronunció un discurso en el que culpó a Evo, a la Asamblea y al «golpe de Estado» de 2019 por la crisis actual del país.

En respuesta, Morales, llamó a la población a votar nulo. El ex presidente impulsó esta estrategia como una forma de rechazo tanto a la derecha como al gobierno de Arce, lo que fue inmediatamente criticado por el «arcismo» como una incitación al voto que perjudica a su propia base política. Además, Evo denunció en una cita de la RUNASUR (organización transnacional que agrupa a organizaciones, movimientos sociales y políticos de izquierda en una propuesta de integración regional “desde abajo”) que se estaban produciendo expulsiones y encarcelamientos de dirigentes que le son leales, lo que evidencia el uso de represalias internas para silenciar al ala evista.

Por su parte, Andrónico Rodríguez criticó el discurso que Arce ofreció al país en conmemoración del bicentenario de la Independencia, calificándolo de «más político que reflexivo». No obstante, Rodríguez no descartó la posibilidad de unificar a la izquierda, afirmando que «todo es posible«.

BRASIL

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Motín bolsonarista en la Cámara impulsa proyectos para blindar a congresistas de investigaciones

El motín protagonizado por aliados del expresidente Jair Bolsonaro, que ocupó el plenario de la Cámara de Diputados durante unas 30 horas en protesta por su arresto domiciliario, aceleró un acuerdo político para avanzar en proyectos que refuercen la protección de parlamentarios frente a investigaciones y denuncias penales. La negociación no incluyó, por ahora, la amnistía para los condenados por los actos del 8 de enero de 2023, aunque esta sigue siendo una bandera de los bolsonaristas.

Partidos del centrão y de la oposición acordaron impulsar iniciativas que impidan abrir investigaciones contra diputados y senadores sin autorización previa del Congreso, y que establezcan tres instancias de juicio para estos casos, sacando  al Supremo Tribunal Federal (STF) como único tribunal competente. En paralelo, fuerzas como União Brasil, PP y PSD dialogan con el PL de Bolsonaro y el partido Novo sobre un eventual proyecto de amnistía que incluya al exmandatario, aunque las posturas siguen alejadas: los bolsonaristas reclaman un perdón total, mientras que el centrão defiende sancionar a quienes participaron directamente en actos de vandalismo.

El acuerdo, negociado por el expresidente de la Cámara Arthur Lira sin la participación directa del actual titular, Hugo Motta, permitió la desocupación del plenario la noche del miércoles 6 de agosto. El episodio debilitó políticamente a Motta, quien se negó a negociar mientras continuara la ocupación y que ahora analiza sanciones contra diputados que resistieron liberar la Mesa Directiva, como Zé Trovão (PL-SC), Marcel van Hattem (Novo-RS) y Marcos Pollon (PL-MS).

Actualmente, los procesos penales contra parlamentarios con relación a sus mandatos se juzgan directamente en el STF, sin posibilidad de apelación. La propuesta en debate prevé que estos casos inicien en tribunales regionales federales, puedan recurrirse al STJ y, en última instancia, llegar al STF, lo que, según sus impulsores, garantizaría el “doble grado de jurisdicción” reconocido para otros ciudadanos. La presión bolsonarista también busca trasladar el caso de Bolsonaro fuera del STF, lo que retrasaría su juicio por tentativa de golpe de Estado, previsto para septiembre.

Además, se discute restaurar una norma vigente hasta 2001 que exigía autorización del Congreso para abrir investigaciones contra parlamentarios, una prerrogativa eliminada en una reforma ética impulsada por la propia Cámara. Dirigentes como el líder del PP, Dr. Luizinho Teixeira, sostienen que el cambio de hace dos décadas generó un desequilibrio que dejó al Poder Judicial “por encima” del Legislativo. La diputada Bia Kicis (PL-DF) apodó la iniciativa como la “PEC de la libertad del Congreso” y defendió que, tras aprobarla, el siguiente paso debe ser la amnistía.

Este debate revive tensiones históricas sobre el alcance del foro privilegiado y refleja un movimiento coordinado entre partidos del centrão y aliados de Bolsonaro para blindarse frente a más de 80 investigaciones en curso en el STF por desvíos de fondos y otras irregularidades.

RELACIONES EXTERIORES | Brasil convoca a representante de EE.UU. por amenazas del gobierno Trump contra ministros del STF

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) convocó este viernes 8 de agosto al jefe interino de la embajada estadounidense, Gabriel Escobar, para exigir explicaciones por nuevas amenazas del gobierno de Donald Trump dirigidas a ministros del Supremo Tribunal Federal (STF). En una publicación difundida el jueves 7 de agosto, la embajada en Brasil calificó al ministro Alexandre de Moraes como “principal arquitecto de la censura y persecución contra Bolsonaro” y sugirió que otros aliados suyos en el Poder Judicial y en otras instancias también podrían ser sancionados. El encuentro estuvo encabezado por el embajador Flavio Goldman, secretario interino de Europa y América del Norte, quien expresó su indignación por lo que el gobierno brasileño considera una injerencia inaceptable y un ataque a la soberanía nacional.

La cita diplomática coincidió con reuniones oficiales entre Escobar y el vicepresidente Geraldo Alckmin, también ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, para discutir las tarifas impuestas por el gobierno de Trump a las exportaciones brasileñas. Alckmin afirmó haber presentado datos que muestran que la tarifa promedio aplicada por Brasil a productos estadounidenses es de 2,7%, y que en ocho de los diez principales rubros exportados desde EE.UU. la tasa es cero, defendiendo así el diálogo como vía de negociación. La publicación amenazante de la embajada se dio el mismo día de ese encuentro, lo que reforzó el malestar en Brasilia.

No es la primera vez que Escobar es convocado por Itamaraty para dar explicaciones sobre declaraciones o decisiones del gobierno estadounidense respecto al STF o al Ejecutivo brasileño. Desde la salida de la embajadora Elizabeth Bagley en enero de 2025, tras el fin del mandato de Joe Biden, Escobar ejerce como encargado de negocios sin que Trump haya nombrado un nuevo embajador. Convocatorias anteriores ocurrieron cuando la embajada estadounidense reprodujo mensajes que presentaban a Bolsonaro y su familia como aliados de Washington y denunciaban una supuesta persecución política, en un clima de creciente tensión bilateral marcado por los intentos de Trump de influir en asuntos internos de Brasil.

CHILE

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Pensiones en Chile: alza de la cotización del 1% adicional a los empleadores

La reforma de pensiones en Chile, promulgada en marzo de 2025, establece un aumento gradual en la cotización que deben realizar los empleadores para mejorar las pensiones actuales y futuras. A partir de agosto de 2025, los empleadores deberán aportar un 1% adicional sobre la remuneración imponible de cada trabajador, sumándose al 1,5% que ya aportan para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Este aumento proseguirá gradualmente hasta llegar a un 7% adicional en agosto de 2033, totalizando así un aporte patronal del 8,5%, el cual es exclusivamente a cargo del empleador y no afecta los sueldos de los trabajadores.

Este 1% inicial se distribuye en un 0,1% que se destina directamente a la cuenta individual del trabajador en la AFP, aumentando su ahorro previsional, y un 0,9% que se integra al nuevo Seguro Social Previsional, administrado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Este seguro financiará beneficios como la compensación por la diferencia de expectativa de vida entre mujeres y hombres, buscando corregir la brecha previsional debido a la mayor longevidad femenina. En etapas posteriores se incorporarán beneficios adicionales, como la cotización con rentabilidad protegida y la compensación por años cotizados.

Además, la reforma contempla la ampliación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que desde septiembre de 2025 llegará a 250 mil pesos mensuales para personas mayores de 82 años, con ampliaciones posteriores para otros grupos etarios. El nuevo esquema también asegura el cumplimiento y fiscalización del pago de estas cotizaciones por parte de empleadores, utilizando plataformas electrónicas como Previred para la declaración y pago oportuno. En conjunto, estas medidas buscan dotar al sistema chileno de pensiones de mayor sostenibilidad y equidad para las futuras generaciones de pensionados.

COLOMBIA

RELACIONES EXTERIORES | Petro reactiva disputa con Perú por la isla Santa Rosa

El 7 de agosto, durante la conmemoración de la Batalla de Boyacá en Leticia, el presidente Gustavo Petro reactivó un diferendo diplomático con Perú al declarar que Colombia no reconoce la soberanía peruana sobre la isla de Santa Rosa y que el distrito creado unilateralmente por Perú vulnera importantes instrumentos jurídicos binacionales. El mandatario insistió en que dicha isla, junto con otras formaciones surgidas tras el único acuerdo de delimitación de 1929, no ha sido asignada a ninguno de los dos países, y consideró que el acto peruano constituye una “violación al derecho internacional”; además, criticó la exigencia de registro de embarcaciones como una amenaza a la libre navegabilidad del Amazonas.

En ese marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano presentó notas de protesta contundentes y afirmó que era necesario reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo‑Peruana (COMPERIF), mecanismo de concertación bilateral establecido para estos casos. Colombia confirmó su participación en una próxima sesión de la comisión programada para mediados de septiembre en Lima.

Por su parte, la cancillería peruana respondió que la isla se encuentra bajo plena soberanía de Perú, en virtud del Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial de 1922 y los trabajos demarcatorios realizados por la Comisión Mixta. La presidenta Dina Boluarte, desde Japón, envió un mensaje a su país afirmando que “no hay nada que tratar” con Colombia en este asunto, respaldando la vigencia de los tratados y defendiendo que la isla se ha sentido peruana durante más de un siglo.

A propósito de las características geográficas del conflicto, expertos consultados destacaron que la isla se formó como resultado de procesos naturales del río Amazonas, específicamente de sedimentación, y señalaron que emergió en territorio peruano, lo que complica la delimitación y requiere soluciones conjuntas.

En este contexto, el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, urgió a que la reclamación territorial sea “muy fuerte”, aunque también advirtió que no se busca un conflicto. En una reacción posterior, Benedetti afirmó haber anticipado el tono del conflicto y advirtió que “esto se va a poner feo” si no se resuelve a través del diálogo.

El evento en Leticia también estuvo marcado por una imagen política significativa: la reaparición pública de la vicepresidenta Francia Márquez al lado del presidente Petro, luego de semanas de distanciamiento visible entre ambos. Su presencia fue interpretada como una señal de recomposición interna en el Ejecutivo, en medio de una coyuntura diplomática sensible.

Finalmente, en declaraciones a medios extranjeros, el presidente Petro advirtió que la disputa “va a sobrepasar varios gobiernos” si no se soluciona a tiempo, recordando que el Tratado de Río de Janeiro prevé procedimientos de concertación para estos casos y que la naturaleza cambiante del río genera una “frontera móvil”, lo que exige acuerdos recurrentes.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Marchas por Uribe: entre la condena judicial y la estrategia hacia 2026

Las multitudinarias movilizaciones del 7 de agosto en Colombia, convocadas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez tras la oficialización de su condena a 12 años de arresto domiciliario por fraude procesal y soborno en actuación penal, marcaron un hito político de gran repercusión. Convocadas por el Centro Democrático, las marchas tuvieron epicentro en Medellín, pero se replicaron en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Bucaramanga, y mostraron la vigencia del liderazgo de Uribe, tanto en la calle como al interior de su partido. La condena dictada por la jueza Sandra Heredia fue recibida con fuertes cuestionamientos por parte del uribismo, que considera el fallo como una persecución judicial con implicancias políticas, mientras el expresidente apeló la decisión y expresó que su motivación se centra ahora en la lucha por la libertad de sus compatriotas.

En ese marco, la movilización del 7 de agosto adquirió no solo un tono de protesta contra la decisión judicial, sino también de relanzamiento político. Uribe, a través de mensajes difundidos por redes y declaraciones posteriores a las marchas, dejó entrever una estrategia clara con vistas a las elecciones de 2026. En su intervención propuso lineamientos programáticos como el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, la reactivación del glifosato en la lucha contra los cultivos ilícitos y el impulso a la cadena perpetua para violadores de menores. Además, defendió su gestión y volvió a insistir en que el proceso judicial en su contra está plagado de irregularidades. La dirigencia del Centro Democrático, por su parte, capitalizó la masividad de la convocatoria para mostrar cohesión interna y preparar el terreno hacia la próxima campaña electoral. Varios de sus precandidatos anunciaron la intención de llevar la condena a instancias internacionales, profundizando la estrategia de victimización judicial que caracteriza la narrativa del uribismo en los últimos años.

Las marchas, sin embargo, no pasaron desapercibidas para el presidente Gustavo Petro, quien criticó la movilización al señalar que resulta negativo manifestarse en contra de una condena dictada por la justicia. Petro subrayó que la protesta parecía no estar dirigida a defender a un ciudadano cualquiera, sino a un político con gran poder, y consideró que ello representa una presión indebida sobre el Poder Judicial. En paralelo, la Judicatura tomó una decisión trascendental al designar a los tres magistrados que revisarán la apelación de Uribe, lo que añade una nueva etapa jurídica en el proceso y mantiene en tensión el escenario político y judicial colombiano. Las manifestaciones del 7 de agosto dejaron claro que el caso Uribe no solo divide a la opinión pública, sino que configura uno de los ejes de mayor polarización de cara al nuevo ciclo electoral en Colombia.

DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Implementación de zonas de transición para disidencias de FARC en medio de confrontaciones entre ELN y Clan del Golfo

El gobierno de Petro avanza en su estrategia de «Paz Total» con la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) destinadas a facilitar el tránsito de grupos armados hacia la vida civil. Según el consejero para la Paz, Otty Patiño, el objetivo es que antes de diciembre de 2025 estas zonas, ubicadas en Catatumbo (con el Frente 33 de la disidencia FARC), Nariño y Putumayo (con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano) y Mallama (con Comuneros del Sur), ya estén en funcionamiento, una meta que depende en gran medida del desminado efectivo de esos territorios.

En contraste, en el sur del departamento de Bolívar, la violencia se intensifica. Las confrontaciones violentas entre el ELN y el Clan del Golfo han provocado confinamiento, desplazamiento de más de cinco mil personas, cierre de comercios, enfrentamientos con el Ejército, uso de drones y víctimas militares. Esta situación generó una crisis humanitaria aguda que atrajo la atención de autoridades regionales y defensores de derechos humanos.

Aunque tras 20 días de bloqueos impuestos por el ELN en esa misma zona, las vías fueron reabiertas el 7 de agosto gracias a gestiones de la Comisión Comunitaria de Paz de Santa Rosa del Sur. La calma es frágil, la comisión advierte que la amenaza persiste y solicita al gobierno respuestas concretas para garantizar seguridad y bienestar.

ECUADOR 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | El Gobierno de Noboa confronta con la Corte Constitucional y presenta sus preguntas para la Consulta Popular

La relación entre el Gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional del Ecuador (CC) se volvió altamente conflictiva. La CC suspendió de manera cautelar artículos clave de las leyes de Inteligencia, Integridad Pública y Solidaridad recientemente aprobadas. Estas polémicas legislaciones otorgan amplios poderes al presidente y a las instituciones del orden para tomar decisiones en el marco del conflicto armado interno declarado por Noboa.

Entre algunos de los artículos suspendidos se encuentran la potestad del presidente de declarar por sí mismo la situación de conflicto armado e indultar a miembros policiales y de las fuerzas armadas por potenciales delitos cometidos en el marco del combate al crimen organizado, así como permitir a las fuerzas de seguridad el uso de fuerza letal o la obligación de las empresas de telecomunicaciones de entregar información de sus usuarios sin orden judicial.

En respuesta, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira,  el presidente de la Asamblea Nacional Niels Olsen y el «Bloque de seguridad«, instaron a la Corte a ser «sensible al clamor del pueblo» y a no obstruir las leyes que consideran vitales para la seguridad. Por su parte, el presidente Noboa convocó a una marcha a la sede de la CC para el 12 de agosto. Esta movilización es una muestra de presión política por parte del Ejecutivo para que la Corte apruebe sus proyectos de ley, en un contexto donde organizaciones como Human Rights Watch y la relatora especial de la ONU en materia de independencia judicial han expresado su preocupación por la independencia judicial en el país.

Finalmente, en un intento por consolidar su agenda, el gobierno también presentó un nuevo paquete de siete preguntas para una consulta popular y referendo a realizarse en el mes de diciembre. En esta oportunidad el presidente propone una pregunta para someter a los jueces constitucionalistas al control político de la Asamblea Nacional, habilitando su posible destitución. Adicionalmente, tres de estas preguntas ya habían sido sometidas a consulta en el pasado y habían sido rechazadas: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, reducir el número de legisladores y permitir el contrato por horas en el sector turístico. La misma CC será la responsable de aprobar o rechazar estas preguntas, antes que la ciudadanía decida por sí o por no.

PARAGUAY

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Peña en alerta por nueva licitación de la hidrovía y posible aumento de peaje

La hidrovía Paraguay-Paraná es un corredor fluvial de más de mil 200 kilómetros que conecta la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná con la desembocadura del Río de la Plata. Por ella circula cerca del 60% de la producción regional.

El gobierno de Santiago Peña y la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM) temen que Argentina vuelva a aumentar el peaje en el tramo Santa Fe–Confluencia antes de fin de año. La preocupación crece ante el inminente relanzamiento de la licitación para la concesión de la vía fluvial, luego de que la anterior quedara sin efecto en febrero por denuncias de falta de transparencia y supuestos direccionamientos.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, el peaje no se resolvió de forma definitiva. Con Javier Milei, se aplicó una tarifa provisoria reducida a la mitad, pero sin mejoras en mantenimiento, dragado ni balizamiento, según Bernd Gunther, titular de Cafym.

La nueva licitación, bajo auditoría de Naciones Unidas, prevé la publicación de pliegos en el cuarto trimestre (posiblemente en el mes de octubre), con rondas de consulta técnica, revisión de pliegos y audiencia pública. El contrato pasaría de 30 a 20 años, y Cafym propone dividir la concesión en dos tramos para ajustar obras y costos. Sin embargo, tanto el gremio como el gobierno paraguayo sospechan que la adjudicación implicará un incremento del peaje, lo que generaría mayor estrés en el sector logístico.

PERÚ

RELACIONES EXTERIORES | Conflicto diplomático con Colombia por la Isla Santa Rosa

Perú y Colombia enfrentan un conflicto diplomático por la soberanía de la Isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas. El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó públicamente a Perú de «copar» territorio de Colombia y de violar el Protocolo de Río de Janeiro. Petro insistió en que iniciaría el proceso para «reivindicar» la frontera sur de Colombia en Leticia, incluso amenazando con llevar la disputa a la Corte de La Haya.

El gobierno peruano respondió reafirmando su soberanía. El ministro de Justicia, Juan Alcántara, declaró: «que quede muy claro que la Isla Santa Rosa es peruana». En un gesto de respaldo a esta postura, el ministro viajó a la isla junto con otros miembros del gabinete en medio de las tensiones con Colombia. Además, el canciller Elmer Schialer reafirmó la soberanía de Perú sobre la Isla Chinería y aconsejó a Petro que «ponga paños fríos a todo esto», mientras que el alcalde de Leticia, Elquin Uni Heredia, instó a ambos gobiernos a buscar una «conciliación».

La tensión se agudizó por un supuesto estudio que, según Petro, indicaba que el río Amazonas se alejaría de Colombia, dejando de pasar por Leticia antes de 2030, lo que impulsó la necesidad de buscar una solución para la frontera. Perú, por su parte, movilizó personal del Ejército a la zona de la isla en respuesta a las amenazas de Colombia, lo que elevó el nivel de la confrontación diplomática.

URUGUAY

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Orsi evita impuesto al 1% más rico pero propone gravamen a depósitos en el exterior

La discusión tributaria en Uruguay se encendió tras el rechazo del presidente Yamandú Orsi y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la propuesta del PIT-CNT de aplicar un impuesto al 1% más rico del país, destinado a erradicar la pobreza infantil que afecta a uno de cada tres niños de entre 0 y 12 años. El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, reprochó al gobierno no cumplir con el compromiso de avanzar hacia un esquema tributario más progresivo, lo que generó tensión interna en el Frente Amplio.

Aunque el Ejecutivo descartó esta vía, el MEF estudia incluir en el próximo Presupuesto un gravamen a la rentabilidad generada por depósitos e inversiones de residentes en Uruguay en el exterior. Estos activos ascienden a casi 62 mil millones de dólares, según una respuesta oficial a un pedido de informes del diputado comunista Bruno Giometti. La estrategia de incorporarlo en el Presupuesto busca garantizar su tratamiento, ya que la ley de presupuesto obliga a votarlo en plazos de 45 días en cada cámara.

En el oficialismo existe consenso sobre destinar lo recaudado prioritariamente a políticas para la primera infancia. El Frente Amplio en conjunto considera infundado el temor de que este impuesto ahuyente a grandes fortunas extranjeras, citando ventajas como calidad de vida, seguridad y estabilidad que ofrece el país.

Paralelamente, el gobierno analiza otras medidas fiscales: gravar las compras digitales en el exterior e implementar una versión nacional del impuesto mínimo complementario (QDMTT) en línea con el Pilar 2 de la OCDE, para captar utilidades de multinacionales. Estas opciones surgen en un contexto de déficit fiscal y ausencia de inversiones extranjeras de gran porte en el mediano plazo, lo que refuerza la presión por obtener nuevos ingresos tributarios.

VENEZUELA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Venezuela reduce índices de subalimentación

La República Bolivariana de Venezuela ha logrado disminuir, de manera significativa el índice de subalimentación de la población avanzando nuevamente el proceso de erradicación del hambre en el país.

Según el informe elaborado a finales de julio de 2025 por la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) en conjunto a organismos como la UNICEF y la OMS. En el documento titulado “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025” se puede observar un clara disminución en el denominado índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS), el cual pasa del 17,6% al 5,9% entre los años 2022-2025.

Esta reducción significa haber sacado de situaciones críticas de subalimentación y hambre a 3,3 millones de personas, disminuyendo en 11,7 puntos porcentuales los índices de subalimentación.

Si bien desde 2003 el presidente Chávez ha impulsado políticas para erradicar este flagelo, logrando en 2006 sacar a Venezuela del mapa del hambre, ––reconocido por la FAO, quien nombró el plan de alimentación para América Latina y el Caribe “Hugo Chávez”–– desde 2015 con el comienzo de las sanciones económicas y comerciales impuestas de manera unilateral sobre el país, el hambre y la subalimentación han vuelto a golpear al país caribeño. Es por esto que son importantes las políticas alimentarias del gobierno venezolano como ser los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP) han aumentado en un 500% la disponibilidad de alimentos entre 2016 y 2024.

El anuncio de estos resultados analizados por la FAO fue realizado, a través de la cuenta social X, por William castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, quien destacó que los avances en la seguridad alimentaria es un fracaso de las políticas de Estados Unidos, que buscaba ––con la imposición de más de mil medidas coercitivas unilaterales–– ahogar a la economía venezolana y forzar un cambio de régimen.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Oposición democrática busca conformar gran coalición

Luego de las declaraciones emitidas por la dirigente opositora Mari Corina Machado, de conformar una estructura clandestina dentro de Venezuela y prepararse para realizar acciones cívicas que logren poner fin al gobierno de Nicolás Maduro, diferentes sectores de oposición democrática han rechazado estas declaraciones y la estrategia abstencionista de sectores radicales.

Tal es el caso del gobernador del estado Cogedes, Alberto Galindez, del partido Vamos Cogedes, claro triunfador en las últimas elecciones municipales. El gobernador dejó en clara la postura de su organización en contra de la abstención electoral, entendiendo que ésta es una estrategia fallida que debe quedar en el pasado. En una entrevista realizada en el canal Globovisión destacó la necesidad de que el pueblo participe para poder derrotar al chavismo y que la abstención es un camino que no debe seguirse.

En esa tónica, el secretario general del partido COPEI, Juan Carlos Alvarado, propuso la conformación de una gran coalición de partidos opositores al gobierno, conformada por agrupaciones que han obtenido alcaldías, concejalías y gobernaciones en los pasados comicios. La propuesta busca poder constituir un polo opositor al gobierno, pero constituido sobre la base de la competencia democrática y la participación popular.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Diferentes miradas sobre el crecimiento económico

El presidente Nicolás Maduro informó, durante su programa televisivo Con Maduro +, que durante este primer semestre de 2025 la economía real tuvo un crecimiento del 7,71%, tomando el reporte elaborado por el Banco Central de Venezuela de los primeros dos trimestres del año, en los cuales se registra un crecimiento del 9% y 6,65% respectivamente. Entre los sectores con más crecimiento se destaca el sector hidrocarburos, con un crecimiento  del 14,99%. Otros sectores que reportaron un alza fueron la minería con 11,23%, el comercio un 7,19%, la producción de manufacturas en un 6,24% y la producción animal en un 7%. El primer mandatario resaltó el logro de 17 trimestres consecutivos de crecimiento estable de la economía del país, pese a las sanciones y medidas coercitivas de Estados Unidos, indicando incluso una suba en la recaudación tributaria en torno al 12%.

Sin embargo, la CEPAL mantiene análisis que proyectan una leve desaceleración del crecimiento para el 2025 y 2026. El estudio económico realizado por la CEPAL para América Latina y el Caribe para 2025 proyecta una desaceleración en toda la región incluida Venezuela. Según el estudio Venezuela tendrá un crecimiento en torno al 2%, 4 puntos menos que el 6,2% registrado en 2024, manteniendo esa cifra proyectada para el 2026. Para hacer frente a esta desaceleración diagnosticada, la CEPAL aboga por la necesidad del desarrollo de políticas para el impulso de una transformación productiva sostenible, logrando mantener la estabilidad macroeconómica.