ARGENTINA

BIENES COMUNES | Incendios en la Patagonia ponen en peligro a las poblaciones

Los brigadistas continúan trabajando sin descanso para controlar el incendio forestal activo en Puerto Patriada, en la jurisdicción de El Hoyo, provincia de Chubut, en los bosques de la Patagonia argentina. Las llamas persisten pese a los esfuerzos intensos, con fuerte presencia de bomberos y recursos desplegados en la zona para evitar su propagación. El fuego ha afectado áreas boscosas clave, generando preocupación por el ecosistema regional.

Un nuevo foco ígneo se activó en el Cerro Chañy, sumando complejidad a las operaciones de combate que ya llevan varios días. Este incendio secundario exige mayor coordinación entre brigadas terrestres y aéreas para perimetrar y sofocar las zonas críticas. Las condiciones climáticas secas y ventosas agravan la situación, complicando el avance en la contención del fuego.

En paralelo, las autoridades reabrieron la Ruta Nacional 40 que conecta Epuyén y El Hoyo, restaurando el tránsito vehicular tras evaluaciones de seguridad. Esta medida facilita el acceso de refuerzos y suministros a las áreas afectadas, aunque con precauciones por el riesgo persistente. El tránsito se normaliza gradualmente, pero se mantiene vigilancia constante ante posibles cambios en el comportamiento del incendio.

El intendente de El Hoyo expresó frustración al afirmar que «todos los años nos pasan lo mismo», subrayando la recurrencia de estos siniestros en la Patagonia. Esta situación resalta la vulnerabilidad crónica de la región ante incendios forestales, impulsando llamados a medidas preventivas más efectivas a largo plazo. Las tareas de combate se prolongan, con expectativa de avances en las próximas horas.

Los expertos afirman que la desfinanciación del área clave para combatir incendios forestales supera el 70% en términos reales desde 2023, la situación es crítica en las provincias de Chubut y Santa Cruz, donde el avance del fuego ha obligado a evacuar a residentes y turistas. Las provincias de Río Negro y Neuquén también libran batallas contra las llamas.

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA| Una grave crisis de gobernabilidad social y política sitia al gobierno de Paz

En el inicio del 2026, la respuesta popular al denominado «gasolinazo» se ha intensificado rápidamente. Hasta el momento de cierre del presente reporte, se verifican una veintena de puntos de bloqueo que afectan carreteras en seis departamentos del país. Sectores sociales, incluyendo la Central Obrera Boliviana (COB) y campesinos de La Paz, han impulsado marchas y medidas de presión exigiendo la abrogación del decreto supremo 5503, mientras que el transporte público en ciudades como Santa Cruz opera apenas al 50% debido a conflictos por el precio transitorio del pasaje. El impacto económico es severo; la Cámara Nacional de Industrias (CNI) comunicó que estos bloqueos generan pérdidas diarias estimadas en 50 millones de dólares.

Ante la escalada de los enfrentamientos, que incluyó destrozos en instituciones públicas, la Fiscalía inició procesos penales contra manifestantes de la COB. En una estrategia de criminalización oficial, el presidente Paz ha sostenido que las movilizaciones sociales y sindicales no buscan defender la economía, sino que son ataques directos a la democracia. No obstante, ante la presión, el Ejecutivo ha mostrado señales de repliegue, anunciando su disposición a realizar ajustes de forma en 35 artículos o incluso derogar 19 artículos de dicho decreto supremo, mientras intenta reanudar el diálogo con la dirigencia cobista en la Casa Grande del Pueblo.

La crisis se ha visto agravada por la disputa interna entre el presidente y el vicepresidente. El decreto supremo 5515, firmado el 2 de enero, habilitó a Rodrigo Paz a gobernar desde el exterior, una medida que busca evitar que Edmand Lara asuma el mando presidencial durante los viajes del mandatario. Mientras que la cartera de Transparencia defiende que este decreto garantiza la estabilidad, la oposición y sectores jurídicos advierten sobre un grave riesgo constitucional y una división de opiniones sobre su legalidad. Actualmente, al menos cinco recursos judiciales amenazan la vigencia de los decretos 5503 y 5515.

En este marco, el vicepresidente Edmand Lara ha pasado a la ofensiva frontal, apoyando las movilizaciones populares, y denunciando a Paz por «acciones dictatoriales» y procesos judiciales injustificados en su contra. Lara ha oficializado su intención de postular a la presidencia, prometiendo «devolver la dignidad a la policía» y denunciando presuntos cobros irregulares por parte del edecán del presidente, Germán Gómez. Asimismo, anunció la presentación de un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para frenar los efectos de los decretos ya mencionados.

La crisis ya se ha cristalizado en la institucionalidad del país, provocando un quiebre en las bancadas legislativas. El partido oficialista, Partido Demócrata Cristiano (PDC), ha sufrido una ruptura interna, permitiendo que la alianza Libertad y Democracia (LIBRE) proclame una nueva mayoría opositora de derecha en la Asamblea. Este bloque ya observa con lupa artículos específicos del decreto económico y demanda un diálogo inmediato para evitar un colapso mayor. Paralelamente, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) ha demandado al Gobierno la restitución urgente de recursos para los municipios, que se han visto afectados por la situación económica y las medidas de ajuste fiscal.

BRASIL

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Lula veta ley que beneficiaba a Bolsonaro

El 8 de enero pasado, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó la ley aprobada por el Congreso que buscaba reducir las condenas de los implicados en los hechos del 8 de enero de 2023, incluyendo la del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión por delitos vinculados a un intento de golpe de Estado. El anuncio del veto se realizó durante el acto oficial por el tercer aniversario de los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasilia. Conforme al procedimiento constitucional, el proyecto retorna al Congreso, que puede intentar revertir el veto en sesión conjunta de ambas cámaras.

En paralelo, el Supremo Tribunal Federal (STF) informó que, a tres años de los hechos, continúan en tramitación 346 acciones penales relacionadas con el 8 de enero de 2023. De ese total, 224 corresponden a delitos graves (como tentativa de golpe de Estado), mientras otros procesos se refieren a incitación y financiamiento de los actos. La corte también mantiene iniciativas para la reparación de daños ocasionados al patrimonio público durante los ataques.

El hilo común entre ambos acontecimientos es la gestión institucional de las consecuencias del 8 de enero de 2023: por un lado, el Poder Ejecutivo bloqueó una vía legislativa que habría modificado el cómputo de penas para condenados por esos hechos; por otro, el Poder Judicial sigue avanzando en la responsabilización penal de participantes y financiadores, con causas aún abiertas y sentencias firmes —entre ellas, la de Bolsonaro— que permanecen vigentes salvo una eventual decisión del Congreso de anular el veto y eventuales controversias posteriores en sede judicial.

CHILE

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA – MIGRACIÓN | Kast prepara su legislación antimigrantes

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, prioriza un plan migratorio estricto para sus primeros meses en el poder. Busca cerrar pasos fronterizos irregulares, expulsar a unos 337 mil migrantes indocumentados (75% venezolanos) y recriminalizar el ingreso irregular como delito, en lugar de falta administrativa desde 2022. Ha coordinado con presidentes de Argentina, Ecuador y Perú un corredor humanitario para devoluciones y advierte sanciones a quienes alojen, transporten o contraten a irregulares.

Expertos cuestionan la viabilidad por la sobrecarga en Fiscalía, tribunales lentos y cárceles al 142% de capacidad, con solo mil 504 expulsiones bajo Boric versus mil 327 con Piñera. Críticos como Ignacio Walker lo comparan con Trump y llaman a regularizar; la Iglesia Católica coincide. Históricamente, entre 2018-2022 hubo pocas condenas por ingreso irregular, y penalizarlo violaría no criminalizar la migración ni el asilo.

Alternativas incluyen fortalecer controles fronterizos, expulsiones eficientes y sanciones a empleadores. El plan Escudo Fronterizo prevé reducir flujos irregulares 40% en tres meses con tecnología, FF.AA. y obstáculos. Expertos como Gabriela Hilliger ven ineficaz la detención por costos y coordinación con Venezuela, proponiendo retornos asistidos sin prohibiciones futuras.

COLOMBIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA – ELECCIONES | Reformas clave y calendario electoral: el pulso legislativo del Gobierno Petro en 2026

Con la llegada del año electoral, la agenda legislativa se encuentra condicionada por un calendario que marca hitos clave desde enero hasta junio, con consultas interpartidistas y elecciones para Congreso y la presidencia. El 8 de marzo se celebrarán las elecciones al Congreso, que renovarán las casi 300 bancas entre Senado y Cámara, y la primera vuelta presidencial está prevista para el 31 de mayo, con posible segunda vuelta el 21 de junio si ningún candidato supera el 50% de los votos.

En este contexto de transición, el gobierno del presidente Gustavo Petro define sus iniciativas legislativas con un sentido estratégico: impulsar proyectos antes del cierre de la legislatura y consolidar su legado. Con solo tres meses de trabajo en el Congreso antes de las elecciones, y una relación tensa con el Legislativo después de derrotas como la reforma tributaria y el hundimiento de la reforma a la salud, el Ejecutivo ha trazado una nueva ruta que privilegia el diálogo y prioriza un conjunto de textos que considera clave. Entre los proyectos que el gobierno busca impulsar se destacan la reforma a la salud, la consolidación del Ministerio de la Igualdad y la jurisdicción agraria.

La jurisdicción agraria, prometida en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 y considerada esencial para resolver conflictos sobre la tierra, con elevados índices de informalidad de propiedad rural y miles de procesos sin resolver, este proyecto enfrenta tensiones sobre su diseño institucional. Analistas advierten sobre el riesgo de que la normativa que reglamente esta jurisdicción la desnaturalice al relegar el control judicial que se pretendía fortalecer, regresando así a un modelo en el que la autoridad administrativa actúe también como juez y parte.

En paralelo, el gobierno radicó en el Congreso la ley de competencias, pieza normativa considerada clave para implementar la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Este proyecto busca reordenar la distribución de competencias entre niveles de gobierno y establecer principios para la descentralización, requisito indispensable para que las mayores transferencias de recursos aprobadas en la reforma al SGP puedan operar en la práctica. Aunque ha recibido respaldo de autoridades territoriales y sectores del Legislativo, también ha enfrentado críticas respecto a su impacto sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y su capacidad para equilibrar responsabilidades entre la nación, los departamentos y los municipios.

El debate sobre fracking expresa otra dimensión de la agenda en discusión: más allá de los temas fiscales y estructurales, persisten iniciativas con implicaciones ambientales y de política energética. El gobierno meses atrás solicitó al Congreso debatir un proyecto de ley que pretende prohibir el fracking y otras formas de explotación de hidrocarburos no convencionales, argumentando su importancia para alcanzar metas de reducción de emisiones y proteger recursos hídricos y ecosistemas.

RELACIONES EXTERIORES |  La llamada entre Trump y Petro y sus efectos en la diplomacia y la política colombiana

La relación entre Colombia y Estados Unidos atravesó un momento de alta tensión diplomática tras las declaraciones de Donald Trump, quien lanzó advertencias directas contra Gustavo Petro en el marco de su política antidrogas y del escenario regional marcado por  la intervención armada en Venezuela. Trump afirmó públicamente que Petro “no durará mucho tiempo” si no modifica su estrategia frente al narcotráfico, en una declaración que fue interpretada en Colombia como una amenaza y una intromisión en asuntos internos, reactivando fricciones en la relación bilateral.

Las palabras del presidente estadounidense provocaron una respuesta inmediata del Gobierno colombiano. Desde Bogotá se rechazó cualquier insinuación de intervención externa y se reafirmó el compromiso con una política antidrogas que no puede basarse exclusivamente en el uso de la fuerza. En ese contexto, el presidente Petro defendió la necesidad de replantear el enfoque tradicional impulsado por Washington y sostuvo que las estrategias centradas únicamente en la represión no han dado resultados sostenibles.

La crisis escaló al plano interno con la convocatoria a un acto público en Bogotá en defensa de la soberanía nacional. En la Plaza de Bolívar, Petro encabezó una movilización en la que vinculó las declaraciones de Trump con la necesidad de preservar la autonomía del país frente a presiones externas. El mandatario sostuvo que el diálogo es el único camino para evitar escenarios de confrontación y buscó reforzar la idea de unidad nacional ante una amenaza a la autodeterminación colombiana.

En paralelo, el Ejecutivo activó canales diplomáticos para contener la crisis. Tras los cruces iniciales, Petro y Trump mantuvieron una llamada telefónica que marcó un punto de inflexión. Desde el Gobierno colombiano se enfatizó que la conversación permitió bajar el tono de la confrontación y abrir un espacio para el diálogo directo. El embajador de Colombia en Estados Unidos negó que exista algún proceso judicial en ese país contra el presidente colombiano, desmintiendo versiones que circularon tras las declaraciones del mandatario estadounidense.

La llamada tuvo un impacto inmediato en la política interna colombiana. Analistas y dirigentes señalaron que el contacto directo entre ambos presidentes alteró el eje de la polarización local, al diluirse temporalmente la figura de un “enemigo externo” que había sido utilizada por sectores oficialistas y la acusación de “castrochavismo” que sostienen los opositores. En el contexto preelectoral, el episodio reconfiguró narrativas políticas y obligó a distintos actores a recalibrar sus discursos.

Tras la comunicación entre los mandatarios, la canciller Rosa Villavicencio confirmó que ambos gobiernos acordaron avanzar en la organización de una reunión presencial en Estados Unidos y detalló que Colombia buscará llevar a ese encuentro una agenda centrada en la cooperación, el respeto a la soberanía y la revisión de la política antidrogas. Villavicencio también señaló que el Gobierno colombiano intentará revertir decisiones adoptadas por Washington en materia de certificación antidrogas y restablecer un diálogo institucional fluido tras semanas de tensión.

Las reacciones a la llamada y al anuncio de la reunión fueron diversas. Desde sectores políticos colombianos se valoró el gesto como un paso necesario para evitar un deterioro mayor de la relación con Estados Unidos, mientras que otros actores expresaron cautela ante las expectativas generadas. En paralelo, distintas voces subrayaron que el acercamiento no elimina las diferencias de fondo entre ambos gobiernos, particularmente en lo relacionado con narcotráfico, seguridad regional y Venezuela.

Con la confirmación de una futura reunión en Washington, la crisis diplomática ingresó en una fase de redefinición. El episodio dejó expuestas las fragilidades de la relación bilateral, el peso de la retórica presidencial en ambos países y el impacto que los conflictos internacionales pueden tener en la política doméstica colombiana. Al mismo tiempo, abrió un nuevo escenario en el que el diálogo directo aparece como la principal herramienta para encauzar una relación atravesada por desconfianzas, agendas divergentes y una fuerte carga política tanto a nivel interno como regional.

ECUADOR 

AGENDA POLÍTICA Y ESTADO DE GOBIERNO | El correísmo se prepara para su reorganización partidaria

El inicio del año 2026 para la Revolución Ciudadana (RC) ha estado marcado por la planificación de su Convención Nacional, programada para los días 17 y 18 de enero, con el fin de reemplazar a Luisa González en la presidencia del movimiento. Como paso previo para este evento, la organización ha habilitado el registro oficial para que su militancia pueda participar en los procesos de votación interna. Este mecanismo busca formalizar la elección de la nueva directiva en un entorno de reacomodo de fuerzas dentro de la agrupación política.

En la carrera por la presidencia del movimiento, se produjo un cambio significativo tras la declinación de Felipe Vega Cuadra, quien decidió abandonar su candidatura. El expresidente Rafael Correa reaccionó públicamente ante esta noticia, lamentando el retiro de Vega Cuadra del proceso. Esta salida dejó un vacío en la terna de aspirantes que originalmente incluía los nombres de Orlando Pérez (periodista afín a la RC) y Mario Latorre (ex embajador en El Vaticano). Pérez sostiene que sería “un honor” presidir la RC, pero ha señalado que no busca el cargo activamente. Por su parte, Mario Latorre, es promovido por los sectores que comparten la línea de Pierina Correa, hermana de Rafael Correa.

Ante esta situación, Rafael Correa anunció oficialmente el respaldo a Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional, como candidata. El líder del movimiento destacó su figura como la opción para liderar el partido, lo que ha generado lecturas sobre una posible búsqueda de unidad. Sin embargo, esta candidatura no parece ser de total consenso, ya que muchos opinan que la presidencia debe quedar en manos de alguien que haya vivido en Ecuador los últimos años. La postulación de Rivadeneira se perfila así como el eje central del debate político interno para los días restantes hasta la Convención de la próxima semana.

PERÚ

AGENDA POLÍTICA Y ESTADO DE GOBIERNO | El gobierno de Jeri se fortalece de cara a los últimos meses de su mandato

De acuerdo con la última encuesta de Datum, el presidente José Jerí cierra el 2025 e inicia el 2026 con una aprobación del 55%, lo que representa un capital político significativo a poco más de dos meses de haber asumido el poder. Sin embargo, este respaldo popular contrasta drásticamente con la percepción de su lucha contra la criminalidad. El mandatario es desaprobado en este rubro, enfrentando el promedio de homicidios más alto desde 2017, con una cifra de 5,55 muertes violentas al día. Esta brecha entre la imagen personal del presidente y los resultados tangibles en seguridad ciudadana sugiere que su popularidad se sustenta más en su forma de comunicación —destacando su presencia en plataformas como TikTok— que en la gestión de la violencia interna.

Ante la presión por la inseguridad, el mandatario ha optado por profundizar las medidas de fuerza. El 6 de enero, Jerí anunció la ampliación del estado de emergencia en todo el territorio nacional por «el tiempo que sea necesario», una decisión que busca responder a la demanda de orden pero que genera dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo. Paralelamente, en un esfuerzo por proyectar gobernabilidad y confianza institucional, el presidente ha descartado realizar cambios en el equipo ministerial. Al ser consultado sobre posibles renovaciones, Jerí fue enfático al señalar que no habrá cambios «para nada», respaldando la gestión de su actual gabinete.

A pesar de la relativa estabilidad del Ejecutivo, el sistema político peruano mantiene una marcada polarización institucional. Mientras el presidente Jeri sostendría un amplio respaldo, el Legislativo continúa sumido en el descrédito. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, registra apenas un 19% de aprobación frente a un contundente 61% de desaprobación. Esta disparidad subraya que la ciudadanía diferencia la gestión presidencial de la labor parlamentaria, lo cual otorga a Jerí un margen de maniobra política superior al de sus antecesores inmediatos para manejar la agenda nacional de cara a la recta final de su mandato, frente a un Congreso debilitado en este año electoral.

URUGUAY

RELACIONES EXTERIORES | Orsi se pronuncia sobre caso venezolano y se abre cruce diplomático

El gobierno uruguayo se pronunció el 3 de enero sobre la situación en Venezuela a través de un comunicado oficial de Cancillería, en el que expresó su “seria preocupación” por los acontecimientos recientes, en particular por los “ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana”. El texto reiteró el rechazo histórico de Uruguay a “la intervención militar de un país en territorio de otro” y reafirmó la vigencia del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, así como el carácter de América Latina y el Caribe como “zona de paz y libre de armas nucleares”.

Días después, el presidente Yamandú Orsi se refirió públicamente a la situación venezolana y el secuestro de Nicolás Maduro. Consultado sobre si su salida sería positiva, sostuvo que lo sería “en la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia; si no, es lo mismo pero con otro color”. También afirmó que “el derecho internacional está pulverizado” y calificó como “de cobarde” condenar al gobierno venezolano en ese momento, señalando que un presidente no debe “salir a apuntar con el dedo”.

Las declaraciones generaron una respuesta inmediata desde Caracas. El canciller venezolano, Yvan Gil, afirmó que Orsi “carece de autoridad sobre la vida política de la República Bolivariana de Venezuela”, lo acusó de omitir que Maduro fue “secuestrado” en un ataque armado y lo invitó a “ocuparse de los asuntos de Uruguay”, reivindicando el principio de soberanía y no intervención.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Tras 25 años de negociaciones, avanza el acuerdo UE–Mercosur: gobierno afirma la “necesidad imperiosa” de activarlo

El viernes 9 de enero de 2026 se aprobó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur por parte de los Estados miembros europeos y se reactivó un proceso de negociación iniciado en 1999, aunque su entrada en vigencia sigue siendo incierta y depende de una ratificación compleja en el Parlamento Europeo. Para el gobierno uruguayo, la relevancia de este instrumento mejorará las condiciones de acceso al mercado europeo tanto en materia de bienes y servicios así como en otras disciplinas comerciales. Cabe destacar que, según la cancillería uruguaya, la Unión Europea fue el tercer destino de las exportaciones de bienes, representando el 14% del total exportado, totalizando en 2024 ventas por mil 786 millones de dólares. El acuerdo prevé la eliminación de aranceles sobre más del 90% del comercio bilateral y consolida un esquema de apertura que refuerza el perfil primario-exportador del Mercosur. En el caso uruguayo, los potenciales beneficios se concentran en algunos rubros agroindustriales, mientras que los márgenes de maniobra para políticas de desarrollo, compras públicas o regulación ambiental permanecen acotados. La asimetría estructural entre ambos bloques no es corregida por el texto del acuerdo, sino administrada mediante cláusulas que priorizan la protección del mercado europeo.

El tramo final de la negociación dejó en evidencia estas desigualdades. La aprobación europea estuvo condicionada a un paquete de salvaguardas agrícolas, controles sanitarios y mecanismos de “freno de emergencia” diseñados exclusivamente para proteger a los productores europeos frente a importaciones del Mercosur. Francia, Polonia, Hungría e Irlanda mantuvieron su rechazo, mientras que Italia destrabó su voto tras obtener mayores garantías presupuestarias para su sector agropecuario. No hubo, en cambio, concesiones equivalentes para los países sudamericanos.

Desde el gobierno uruguayo se siguió el proceso “de manera permanente” y se respaldó políticamente el acuerdo, en línea con una estrategia de inserción internacional que privilegia el acceso a mercados por sobre el debate sobre desarrollo productivo y soberanía regulatoria. En ese marco, el presidente Yamandú Orsi coincidió con el gobierno español en la “necesidad imperiosa” de cerrar el tratado, aun cuando sus impactos concretos sobre empleo, industria y agregado de valor siguen siendo objeto de escasa discusión pública.