Este martes 2 de junio, la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión los primeros cinco artículos de la denominada Ley del Café. Este proyecto presentado por el diputado Wilmar Castro Soteldo tiene como objetivo establecer las bases para la promoción e incentivo de las exportaciones de café. Según el diputado, Venezuela logra su autoabastecimiento de café y produce un excedente de más de tres millones de quintales para la exportación. Así mismo, destacó el proceso de más de 400 consultas realizadas a caficultores y otros actores involucrados con el fin de recabar propuestas para elaborar la ley más provechosa para el desarrollo de la producción cafetalera.
Finalmente, el jueves 4 de junio se aprobaron por unanimidad los 37 artículos de la Ley para el Fomento y la Promoción del Café. El texto contempla financiamiento a través del Ministerio de Agricultura y Tierras, el que a su vez coordinará las políticas en materia cafetalera, con apoyo técnico y acceso a semillas y plántulas, priorizando el interés de los productores y campesinos. Otro de los aspectos a destacar es la descentralización de los trámites para productores y comercializadores para evitar los traslados a la capital y brindar celeridad, fomentando también la formación de organizaciones campesinas.
Por otro lado, en la sesión del martes 2 de junio, la Asamblea Nacional avanzó en el tratamiento de la Ley Orgánica de Reforma Parcial del Sistema y Servicio Eléctrico. Este proyecto intenta reformar 42 artículos de la ley original —que consta de 115 artículos— permitiendo, entre otras cosas, la intervención en el sistema eléctrico de empresas mixtas y privadas y terminando así con dos décadas de monopolio de la empresa estatal CorpoElec. El diputado Orlando Miranda, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que esta orientación táctica introduce un sistema de capital mixto permitiendo la diversificación de los actores involucrados en la cadena del servicio eléctrico, pero que estará bajo un régimen riguroso de concesiones, supervisión pública y corresponsabilidad civil. El plan promueve, a su vez, la descentralización del servicio de energía a través de contratos regionales y municipales y la creación de la Agencia Nacional de Energía, encargada de la regulación tarifaria.
Estas modificaciones están pensadas para aportar soluciones efectivas a la crisis energética que vive Venezuela debido, entre otros factores, al bloqueo económico y comercial que impide el abastecimiento de maquinarias y repuestos para el normal desarrollo del servicio eléctrico.
