ARGENTINA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | A un año de Milei, pobreza y muchas redes sociales

Javier Milei cumplió un año en la presidencia argentina el pasado martes 10 de diciembre. Su administración ha estado marcada por un enfoque radical en la economía, con reformas que han generado tanto apoyo como profundas resistencias. Desde su llegada al poder, Milei ha implementado políticas de ajuste severo que incluyen la liberalización de precios y un aumento significativo en las tarifas de servicios públicos. Esto ha impactado la vida de los ciudadanos, especialmente en los sectores más vulnerables.

Las encuestas reflejan un descenso en la popularidad del presidente, que pasó del 61% al 47% de aprobación en un año, una expresión del descontento creciente entre la población. La pobreza y el hambre han aumentado, convirtiéndose en preocupaciones centrales de la ciudadanía. Organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre el deterioro de las condiciones sociales y laborales bajo su administración, señalando que el ajuste ha recaído desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables, como se expresó en las múltiples protestas ocurridas en diversas partes del país. Algunos indicadores económicos han tenido mejoras, como la disminución en la inflación, que condujo a un leve repunte en la aprobación popular de Milei. Sin embargo, esta recuperación es frágil.

A pesar de todo, el gobierno celebró con un mensaje por Cadena Nacional. Milei anunció promesas a futuro sin plazos, como la reducción del 90% en los impuestos y la eliminación del cepo cambiario.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Se impugna expulsión de Kueider del Senado: Milei acusa que la vicepresidenta Villarruel estuvo en falta

El Senado aprobó esta semana la expulsión de Edgardo Kueider (Unidad Federal), senador que fue detenido en Paraguay el pasado 4 de diciembre cuando intentaba ingresar al país con dinero no declarado. En la votación parlamentaria se superó con holgura la mayoría de dos tercios necesaria para remover a un senador.

Pero un detalle logístico y legal dio lugar a la judicialización del caso: al momento de la votación, Victoria Villarruel (La Libertad Avanza), vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, presidía la sesión. A esa hora, el presidente Javier Milei ya había partido rumbo a Italia, lo que supone que la vicepresidenta se encontraba en ejercicio de la función de presidenta de la Nación. Con base en esto, Kueider impugnó el caso ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.

Ante la polémica originada por su estatus en el Senado, estando Milei de viaje, Villarruel contestó a través de su cuenta de Instagram: “Hasta que no me traspasan el poder, soy vicepresidente, y eso se hace informándomelo el escribano de Presidencia. Firmé el acta dando el conforme a las 19.” Es decir que Villarruel concluyó el traspaso de poder hasta después de la sesión en el Senado.

Desde Italia, Milei dio una entrevista a Radio El Observador en la que señaló: “Lo que sí puedo notificar y verificar es que la doctora Villarruel fue informada. El GEDE (Sistema de Gestión Documental Electrónica del Estado) donde se le comunica que yo voy a estar de viaje ella lo recibe el martes. Es decir que estaba informada 48 horas antes de la sesión”. Y agregó: “Es más, la Escribanía General de la Nación interactuó con la secretaria de Villarruel. […] No solo eso, el jueves que yo viajé, el propio Manuel Adorni confirmó que yo estaba viajando a Italia a eso de las 12 o 12:30. Y cuando yo termino de firmar, el escribano general de la Nación llama a la doctora Villarruel insistentemente y como no contestaba, le escribieron a la secretaria de la doctora Villarruel, que tampoco contestó”. Por eso, el Presidente consideró que la sesión donde se expulsó a Kueider es “inválida”.

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | Se acercan elecciones judiciales

El 15 de diciembre, Bolivia celebrará la tercera elección judicial de su historia y la primera de forma parcial porque, debido a una determinación judicial, sólo se elegirá a 19 de las 26 autoridades que integrarán el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Para esta elección están habilitados más de 7.3 millones de electores, de los cuales el 43.46% tiene entre 18 y 35 años. Ante la proximidad de las Elecciones Judiciales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este jueves la lista actualizada de las 94 candidaturas que participarán en dichas votaciones. Esta elección se consolida después de cuatro inhabilitaciones, 12 renuncias, un deceso y 28 bajas de candidaturas por la Sentencia Constitucional (0770/2024), durante el proceso de organización de los comicios.

ELECCIONES | Candidatura del alcalde Reyes Villa es oficial; se suma a los aspirantes de oposición al MAS para 2025

El viernes 13 de diciembre se hizo oficial la candidatura presidencial de Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, quien recibió también la personería jurídica del nuevo partido nacional Alianza Por Bolivia – Súmate. Así, Reyes Villa se suma a los otros tres precandidatos de oposición al MAS que se perfilan para competir el año próximo: el ex-presidente Jorge Quiroga, el empresario Samuel Doria Medina, y el ex candidato de derecha radical, Chi Hyun Chung – figuras ya conocidas en la política boliviana con discursos neoliberales.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Caída del 40% en exportaciones

Empresarios privados de Cochabamba reportaron una disminución del 40% en las exportaciones, atribuida a bloqueos de carreteras y a la escasez de divisas. Durante este año, la región experimentó varios meses de bloqueos en rutas troncales. Según el sector privado, las protestas sociales son el principal problema: “79 días de bloqueos en alguna carretera troncal, en lo que vamos del año, tiene un efecto muy fuerte en nuestro comercio, en nuestras exportaciones”, indicó este jueves 12 de diciembre el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure. Sin embargo, no han presentado ningún documento donde se constaten esas cifras o se compruebe esa supuesta relación causal.

BRASIL

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Denuncias sobre discursos xenófobos, racismo y vínculos neonazis en el MBL

El 13 de diciembre, el portal The Intercept Brasil, dirigido por Glenn Greenwald, publicó una investigación que revela la presencia del neonazismo dentro del Movimiento Brasil Libre (MBL). El ex moderador de redes sociales William Tavares, entrevistado por este medio, denunció que se permite la difusión de ideas extremistas, racistas y eugenistas en el movimiento.

El MBL es una organización política y social brasileña de orientación conservadora fundada en 2014. Entre sus principales proclamas están la defensa del liberalismo económico, la privatización de empresas públicas y la promoción del libre mercado. La organización ganó notoriedad por su participación en las protestas que condujeron al juicio político contra la ex presidenta Dilma Rousseff. Entre sus principales referentes se destacan Kim Kataguiri, uno de sus fundadores y actual diputado federal, y Renan Santos, cofundador y coordinador nacional del grupo.

William Tavares formó parte del MBL desde 2022 y administró los foros virtuales del actual diputado federal Kataguri. La denuncia de Tavares da cuenta de los espacios virtuales donde se permite la libre circulación de contenidos de tenor xenofóbico y eugenista, y hasta la existencia de grupos paralelos para alentar “la tercera posición” (el sector vinculado al integralismo local, una variante del fascismo italiano del siglo XX) bajo el nombre de Cabaret Fascista.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Meta entra en el debate público sobre redes sociales

Este jueves 12 de diciembre, la empresa Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, publicó una crítica al conjunto de propuestas que el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) lanzó respecto al régimen de responsabilidades sobre contenidos publicados por los usuarios. El comunicado enumera preocupaciones del gigante tecnológico si el Artículo 19 del Marco Civil de Internet se declara inconstitucional, como proponen hasta el momento los ministros Dias Toffoli y Luiz Fux.

El juicio que inició el STF versa sobre la responsabilidad de las plataformas digitales por contenidos publicados por terceros y discute un extracto del Marco Civil de Internet, la ley que regula derechos y obligaciones en el uso de internet. El Artículo 19 es el punto principal del debate, ya que establece que las redes sociales están sujetas a pagar indemnizaciones por contenido de terceros a partir de una orden judicial. El debate surgió tras una serie de publicaciones falsas vinculadas con los ataques a las sedes de los poderes el 8 de enero de 2023. En su momento, el Artículo 19 se redactó para asegurar la libertad de expresión, pero ello obstaculiza la remoción de contenido socialmente nocivo.

La big tech argumenta que ninguna democracia en el mundo ha intentado implementar un sistema semejante y se basa en las normas de la Unión Europea, sobre todo de Alemania, y de Estados Unidos para criticar las propuestas en esta materia.

Uno de los escenarios posibles es que se modifique la legislación, estableciendo nuevas excepciones a la regla general del Artículo 19, sin que se retroceda al escenario en que no existía tal legislación.

COLOMBIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Congreso rechaza las reformas de Petro: un desafío político y económico para Colombia

El Congreso de la República de Colombia rechazó la Ley de Financiamiento, conocida como reforma tributaria, al igual que la reforma política propuestas por el gobierno de Gustavo Petro, asestando un duro golpe a su agenda legislativa. Estas decisiones del Legislativo, promovidas en gran parte por la oposición, han generado una fuerte confrontación política y han puesto en evidencia las dificultades del Ejecutivo para construir consensos en torno a sus propuestas clave.

La reforma tributaria, que buscaba aumentar los ingresos fiscales para financiar programas sociales prioritarios, fue criticada por su impacto en sectores estratégicos de la economía y por la falta de claridad sobre su implementación. La iniciativa no logró el apoyo necesario en el Congreso, lo que genera incertidumbre sobre cómo se obtendrán los recursos necesarios para cumplir los compromisos sociales del gobierno. Paralelamente, la reforma política, que introducía cambios estructurales en el sistema político y en el financiamiento de campañas electorales, también fue rechazada por los legisladores, quienes la consideraron insuficiente y carente de consenso.

A través de redes sociales, el presidente Petro expresó su frustración, calificando de “maldito” al Congreso que “destruye la prosperidad de su pueblo”. Este comentario, dirigido a figuras como Germán Vargas Lleras y el ex presidente César Gaviria, intensificó las tensiones con líderes del Congreso, como Efraín Cepeda, quien instó al Ejecutivo a parar lo que consideró como amenazas y presiones hacia el Legislativo. En este clima de confrontación, la Contraloría Delegada advirtió sobre las consecuencias de este fracaso legislativo, instando al Gobierno a rediseñar sus estrategias para evitar comprometer los recursos destinados a programas sociales fundamentales.

El rechazo de estas reformas plantea importantes desafíos. Desde una perspectiva económica, el gobierno enfrenta la urgente necesidad de identificar alternativas para suplir los ingresos proyectados por la reforma tributaria. Diversos expertos han sugerido ajustes en la política de subsidios y la búsqueda de nuevos acuerdos políticos para garantizar el financiamiento de los proyectos sociales. En el plano político, el hundimiento de estas iniciativas refleja las dificultades del Ejecutivo para consolidar mayorías en el Congreso, lo que podría afectar el avance de otros proyectos emblemáticos de su agenda legislativa.

Este revés marca un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en Colombia. Aunque la oposición logró frenar dos de los proyectos más importantes del gobierno, el desafío compartido sigue siendo encontrar consensos que permitan responder a las necesidades del país.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Debate por el salario mínimo 2025: entre la productividad y la justicia social

La negociación sobre el salario mínimo en Colombia para 2025 está en marcha y ha generado un debate intenso entre gremios empresariales, sindicatos y Gobierno. Mientras los trabajadores buscan un incremento significativo para recuperar el poder adquisitivo perdido, los empresarios abogan por aumentos moderados que no comprometan la competitividad y la sostenibilidad de las empresas.

Por un lado, la Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes) y otros representantes del sector empresarial sugieren que el aumento debería basarse en la productividad laboral, que se estimó en un crecimiento de 1.73% para el año, y en la inflación proyectada para 2024, calculada en un 5.2%. Esto responde a la necesidad de mantener costos controlados y prevenir efectos adversos en el empleo y la formalidad laboral. Por su parte, ACOPI, el gremio que representa a las pequeñas y medianas empresas, ha propuesto un incremento del 5.2%, correspondiente a la inflación esperada, aunque han mostrado disposición a considerar un ajuste mayor si se justifica.

En contraste, los sindicatos han planteado aumentos cercanos al 12%, argumentando que un aumento sustancial es necesario para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores frente al alza de precios. Pero no se ha alcanzado un consenso, especialmente en aspectos clave como la productividad, cuyo impacto en la determinación del salario sigue siendo un punto de discusión entre las partes. La Comisión Permanente de Concertación tiene el reto de concluir las discusiones antes de finalizar el año, estableciendo un salario que refleje tanto la justicia social como la sostenibilidad económica en un entorno de alta sensibilidad económica y social en el país.

ECUADOR 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Ataque a director carcelario; organizaciones sociales y Asamblea Nacional se oponen al proyecto de mega cárcel de Noboa

En un nuevo episodio de violencia criminal, el director de la cárcel de Machala, Patricio Morales, y su chofer fueron atacados a balazos mientras se desplazaban en una camioneta blindada. La provincia de El Oro sigue siendo la más violenta del país en estos tiempos.

Mientras, el abordaje de Noboa al tema de la seguridad encuentra resistencias sociales. En Archidona, provincia de Napo, las organizaciones campesinas e indígenas siguen con las medidas de fuerza en rechazo a la construcción de una mega cárcel de alta seguridad. El conflicto escaló al punto en que la Asamblea Nacional aprobó una resolución que exhorta al presidente Noboa a suspender el proyecto. El Ejecutivo, sin embargo, seguirá adelante con su plan.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Nueva avanzada autoritaria de Noboa: publicación sin aprobación parlamentaria de “Ley Antipillos”

El pasado 7 de noviembre el gobierno nacional envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional sobre lavado de activos, a la que se bautizó como “Ley Antipillos”, para que se tratara como un proyecto urgente. La propuesta fue rechazada por las bancadas de la Revolución Ciudadana, Construye y el Partido Social Cristiano.

No obstante, de forma autocrática, el proyecto fue publicado por el presidente Noboa en el Boletín Oficial, como si se hubiese sancionado por el poder legislativo. Ante esta situación, Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, anunció que el Parlamento presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la promulgación de la supuesta Ley.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | Pulso electoral: González al frente y denuncias de parcialidad contra el CNE

La encuestadora Áltica, que acertó en los resultados electorales de Argentina y México, publicó un estudio de intención de voto que ubica como ganadora de la Presidencia del Ecuador a Luisa Gonzáles (Revolución Ciudadana) con el 45.5% de los votos en los comicios a realizarse en febrero de 2025.

Por su parte, la consejera Elena Nájera Moreira del Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó por tercera vez la renuncia de la presidenta del organismo, Diana Atamaint, señalando conflictos de interés vinculados al nombramiento de su hermano como cónsul en Estados Unidos, lo que afecta la transparencia electoral.

PARAGUAY

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Reconfiguración de la cooperación con la DEA pone en riesgo la investigación al narcotraficante Sebastián Marset

El presidente Santiago Peña anunció una modificación en la cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, trasladando la colaboración de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) a la Policía Nacional. El Washington Post  informó sobre este cambio, que entrará en vigor en enero de 2024.

La iniciativa ha generado preocupaciones, sobre todo en torno a la investigación de Sebastián Marset, narcotraficante y líder de una red internacional de tráfico de drogas. Marset sigue prófugo desde el inicio del operativo “A Ultranza PY”, el mayor procedimiento antidrogas en la historia del país, que salpicó a varios políticos cercanos al ex presidente Horacio Cartes. La modificación en la colaboración con la DEA puede complicar la legalidad de las pruebas obtenidas en la investigación, lo que podría beneficiar a Marset, según el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Michael Vigil.

Organizaciones de derechos humanos y políticos opositores, como el ex presidente Mario Abdo Benítez, alertan sobre los riesgos de una mayor impunidad y de la creciente injerencia externa, especialmente en un contexto de tensiones con Estados Unidos. Este cambio en la política de seguridad podría tener consecuencias duraderas, no solo en la lucha contra el crimen, sino también en la política exterior de Paraguay.

PERÚ

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Boluarte rechaza acusaciones sobre corrupción

Durante su mensaje a la nación del jueves 12 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte respondió a diversas acusaciones y rumores que, según dijo, buscan desestabilizar su gobierno. Boluarte negó haber visitado el condominio Mikonos, donde se presume que estuvo el prófugo líder político Vladimir Cerrón, y reiteró que su viaje al distrito de Asia tuvo motivos familiares. También rechazó las “leyendas mediáticas” en su contra. Boluarte enfatizó su disposición a colaborar con el Ministerio Público, pero aseguró que hasta ahora no se le ha citado para dar su versión oficial. Asimismo, la mandataria abordó las recientes especulaciones sobre una intervención quirúrgica a la que se sometió en 2023. Reconoció que la operación fue necesaria por motivos de salud, negando que tuviera fines estéticos o que interfiriera con sus responsabilidades como presidenta. El mensaje de Boluarte fue criticado fuertemente por distintos miembros del Congreso de todo el espectro ideológico. Esto demuestra el poco apoyo político que detenta la presidenta de facto.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Partido de extrema derecha quieren que Perú se retire de la CADH

El partido de extrema derecha Alianza para el Progreso presentó el Proyecto de Ley 9761/2024 que busca retirar a Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), también conocida como el Pacto de San José. La propuesta legislativa incluye la denuncia de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la solicitud de reincorporación bajo ciertas condiciones relacionadas con temas de soberanía nacional y la pena de muerte. La congresista María Acuña es la autora del proyecto de ley que consta de tres artículos, en los cuales se “autoriza a la presidenta de la República iniciar el proceso de denuncia de la República Peruana de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ante la secretaria general de la Organización de los Estados Americanos (OEA)”.

URUGUAY

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Avanza proyecto de revitalización de zona transfronteriza Gualeguaychú-Fray Bentos: clave para comercio, energía y turismo

La mejora de infraestructura en el paso Gualeguaychú (Argentina) – Fray Bentos (Uruguay)  marca un avance en las relaciones bilaterales, con impacto en el Mercosur. Este paso es clave para la conectividad regional: actualmente, más del 70% del transporte de mercancías entre ambos países atraviesa esta región, donde circulan diariamente cerca de mil 200 camiones de carga pesada. El comercio bilateral en esta zona representa alrededor de mil millones de dólares anuales, lo que subraya su importancia para las economías de ambos países. Además, por ahí entró el 6.6% del turismo a Argentina en 2023. El proyecto busca incrementar en un 20% el comercio transfronterizo y modernizar zonas de estacionamiento, reduciendo en un 30% los tiempos de paso en frontera. Además, contempla un transporte público transfronterizo, beneficiando a miles de turistas al mes y mejorando el flujo diario en esta región industrial​.

Se espera que la reactivación del Comité Binacional Fray Bentos-Gualeguaychú, tras 25 años de inactividad, fortalezca la logística y coordinación en comercio y transporte, alineándose con los objetivos del Mercosur. Se prevé que estas reformas impacten en las negociaciones que el Mercosur mantiene con la Unión Europea para la firma de un tratado de libre comercio​. La revitalización del corredor podría fortalecer la posición conjunta de Uruguay y Argentina en las negociaciones comerciales con terceros y facilitar el comercio bilateral y las exportaciones desde y hacia Europa, entre otras regiones.

Para Uruguay, estas medidas posicionan a Fray Bentos como un nodo industrial estratégico, atrayendo inversiones en energía, transporte y turismo. Yamandú Orsi, futuro presidente, ha subrayado la importancia de reforzar la cooperación regional, apostando a una infraestructura sostenible y competitiva para el desarrollo del bloque y su integración internacional.

VENEZUELA

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Liberaciones en Venezuela: un paso hacia la reducción de tensiones tras las protestas postelectorales

En los últimos días, el gobierno venezolano ha confirmado la excarcelación de 103 personas, la mayoría de ellas detenidas durante las protestas postelectorales de noviembre. Esta medida ha sido respaldada por la Vicepresidencia de Seguridad Ciudadana, que destacó que se trata de un paso importante en la liberación de detenidos tras los comicios presidenciales. Las excarcelaciones han dado prioridad a activistas políticos y jóvenes, como Aliángel Rodríguez, un adolescente de Carabobo detenido en las protestas.

Sin embargo, la liberación de estas personas ha provocado reacciones mixtas. Por un lado, actores internacionales como Estados Unidos y organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) han solicitado la liberación de otros detenidos, periodistas y activistas opositores. El SNTP, en particular, ha exigido la liberación de varios comunicadores detenidos durante las protestas, subrayando la preocupación por la censura y la represión en el país. Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) han llamado a la liberación de más personas. Según el OVP, la mayoría de los casos involucran a ciudadanos comunes sin cargos claros y que algunos son jóvenes detenidos sin las garantías legales mínimas.

A nivel nacional, la noticia de las excarcelaciones ha sido vista como un intento del gobierno por reducir las tensiones políticas en un contexto de creciente presión internacional. Sin embargo, la medida ha sido percibida por sectores de la oposición y organismos de derechos humanos como insuficiente. La comunidad internacional sigue observando de cerca el desarrollo de los derechos humanos en Venezuela, subrayando la necesidad de una mayor transparencia y justicia en los procesos judiciales.

RELACIONES EXTERIORES | Rechaza Venezuela el Informe de la ONU sobre Derechos Humanos

Recientemente, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, brindó una actualización sobre la situación en Venezuela, destacando la persistencia de violaciones graves contra los derechos humanos en el país. En su informe, subrayó las persecuciones políticas y la falta de libertades fundamentales, algo que ha sido objeto de críticas dentro y fuera del país.

El gobierno de Venezuela, sin embargo, rechazó el informe, argumentando que la Oficina del Alto Comisionado responde a intereses políticos externos. Según las autoridades venezolanas, el informe carece de sustento y objetividad. Este rechazo resalta la postura del gobierno de Maduro, que ha mantenido una actitud confrontativa frente a las instituciones internacionales que critican su manejo de los derechos humanos.

Por otro lado, diversos actores internacionales han expresado su preocupación. La Unión Europea, por ejemplo, instó al gobierno venezolano a permitir el funcionamiento pleno de la oficina de derechos humanos de la ONU en el país, tras varios recortes y restricciones a la misión, incluida la reducción de su personal. En este contexto, representantes de la oposición, como la dirigente María Corina Machado, agradecieron el apoyo de la comunidad internacional y enfatizaron que este respaldo debe fortalecer la determinación interna para exigir el respeto a los derechos humanos y la restauración de la democracia.

El gobierno, por su parte, ha insistido en que Venezuela no necesita la intervención de organismos externos para resolver sus problemas, manteniendo un discurso de soberanía frente a la presión internacional.