ARGENTINA

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | RELACIONES EXTERIORES – Milei paga el salvataje norteamericano con un acuerdo comercial leonino

Argentina y Estados Unidos anunciaron este jueves un acuerdo comercial bilateral que incluye el comercio preferencial de productos entre ambos países, el levantamiento de barreras arancelarias y compromisos de nuestro país en materia de propiedad intelectual y subsidios.

Hasta el momento, el anuncio consiste en el “marco para un acuerdo” sobre comercio e inversiones, como señaló el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. El acuerdo aún no fue finalizado ni publicado.

Uno de los puntos más importantes está relacionado con los aranceles y las barreras paraarancelarias. En este punto, se acordó que Argentina otorgará acceso preferencial a “ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos tecnológicos, dispositivos médicos, automotores y una amplia gama de productos agrícolas”. Por su parte, Estados Unidos “eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico”. En tanto, Argentina se comprometió a eliminar barreras paraarancelarias para productos estadounidenses, como la exigencia de formalidades consulares (requisitos de certificación y legalización de documentos que se le exige al país de origen) y la tasa estadística (un tributo del 3% sobre las importaciones).

Además, Argentina permitirá el ingreso de productos estadounidenses cuya calidad y procedencia hayan sido evaluadas en ese país, sin aplicar nuevos controles. Esta medida, que ya fue implementada por el gobierno, prevé, por ejemplo, que un alimento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) no requerirá el análisis de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Por otro lado, Argentina país se comprometió a reforzar el cumplimiento de normas antipiratería. Estados Unidos reclamó recientemente al país sudamericano que profundice la lucha contra la falsificación de marcas (mencionando el caso de la feria La Salada) y cuestionó los criterios y demoras en la asignación de patentes, haciendo hincapié en la industria farmacéutica y también en la Ley de Semillas (que permite a productores reutilizar semillas de su propia cosecha sin pagar regalías).

Argentina también se comprometió a revisar “las posibles acciones distorsionadoras de las empresas estatales y las subvenciones industriales que puedan tener un impacto en la relación comercial bilateral”. No se precisaron detalles, pero esto podría relacionarse con el otorgamiento de explotación de servicios para empresas del Estado y la subvención a ciertos sectores como el régimen de Tierra del Fuego o a las empresas tecnológicas.

Si bien los productos puntuales que entrarán en el acuerdo serán parte de las próximas negociaciones para la implementación del acuerdo, el acuerdo contempla la apertura argentina a lácteos y carne vacuna y porcina de Estados Unidos, así como también al ganado bovino vivo (medida ya habilitada en febrero de 2025) y las aves de corral estadounidenses.

Estados Unidos también se podría beneficiar con la exportación de bienes de capital (insumos utilizados para crear otros bienes, como maquinaria y herramientas) e insumos intermedios para la industria argentina. En abril, nuestro país ya dio un primer paso en este sentido, habilitando la importación de bienes usados, algo que era reclamado por la administración Trump.

Con respecto a los productos argentinos, el gobierno nacional destacó que “se ha acordado una ampliación significativa del acceso de la carne bovina argentina al mercado estadounidense”. Al respecto, el presidente Javier Milei aseguró, durante su discurso en el America Business Forum realizado en Miami, que había un acuerdo para multiplicar por cuatro la cuota de exportación de carne argentina, actualmente establecida en 20 mil toneladas. Pero aún no se brindaron detalles.

Estados Unidos también eliminará aranceles sobre “ciertos recursos naturales no disponibles en su territorio” y ambos países trabajarán para favorecer “la inversión y el comercio de minerales críticos” como el litio, el cobre, el uranio y las tierras raras.

BOLIVIA

AGENDA POLÍTICA Y ESTADO DE GOBIERNO | Los primeros días de Paz como presidente de Bolivia

Rodrigo Paz asumió oficialmente la presidencia de Bolivia inaugurando una nueva etapa política signada por el giro a la derecha. En su discurso de asunción ofreció su diagnóstico de la realidad nacional “heredada”, calificando al país como una «cloaca de dimensiones extraordinarias«. Con este tipo de discursos Paz continuó posicionando su intención de reestructurar y reducir la institucionalidad estatal.

No obstante, el gobierno entrante tuvo que retroceder en algunas de sus apuestas, como reacción a la presión de la opinión pública y los gremios del país. Inicialmente se consideró el cierre de ciertas carteras, pero el vicepresidente Edman Lara rectificó y declaró que es importante mantener el Ministerio de Justicia, admitiendo que «nos equivocamos» y que la institución juega un rol esencial. Asimismo, el gobierno se vio obligado a retroceder en sus planes y anunciar que sí habrá un Ministerio de Minería, después de la presión ejercida por los asalariados y cooperativistas del sector.

Ahora bien, durante la posesión de su primer Gabinete de Ministros, el presidente Paz enfatizó que es momento de «darle espacio a la meritocracia», una declaración que buscó distanciar la designación de altos cargos de estrategias basadas en el reconocimiento de diversos sectores sociales. En efecto, su primer Gabinete está conformado sin líderes sociales y respaldado por empresarios, marcando una preferencia por el perfil de los miembros y representantes de las élites económicas bolivianas para ocupar las carteras de Estado. Este movimiento muestra las bases de sustentación política del nuevo gobierno y trae consigo el riesgo de que el Estado privilegie los intereses concentrados de la economía.

Adicionalmente, el gobierno de Paz continúa consolidando un giro significativo en la política exterior boliviana, buscando un alineamiento más cercano con Occidente y países aliados clave. Como parte de esta nueva etapa, Bolivia e Israel restablecieron relaciones diplomáticas tras 15 años de ruptura. Adicionalmente, el gobierno anunció la eliminación del requisito de visado para ciudadanos estadounidenses, una medida que reafirma el compromiso de Paz de fortalecer los lazos con Estados Unidos. Por su parte EEUU pide a Bolivia que revele supuestos pactos secretos celebrados entre Irán y los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

En materia de seguridad, el nuevo gobierno formalizó un cambio central en materia de narcotráfico. Se anunció la cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y agencias europeas, confirmando de hecho el retorno de la DEA al país después de años de ausencia. El “zar antidroga” boliviano, Ernesto Justiniano, justificó esta decisión al asegurar que en el país operan cárteles internacionales. De esta forma, Paz se alinea a la estrategia de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, colocando en el centro de la gestión política el tema de la seguridad y supuesto combate contra el narco-terrorismo.

En los primeros días de gestión, sin embargo, las tensiones entre Paz y Lara continuaron escalando, con repercusiones crecientes que amenazan la cohesión interna del gobierno recién investido. El vicepresidente Lara afirmó públicamente que «participará del gabinete y no permitirá que lo anulen«, lo que refleja una pugna por la influencia y el poder de decisión dentro del Ejecutivo. Además, Lara ha marcado un liderazgo propio, incluso haciendo declaraciones sobre la cuestión minera, un tema central para la economía e inserción internacional boliviana. En su primer acto oficial, el vicepresidente declaró que «el litio será riqueza de Potosí«, en un intento por asegurar el apoyo de dicha región y posicionar su postura respecto del destino del estratégico commodity.

BRASIL

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | BIENES COMUNES – Protesta indigena en medio de cumbre por cambio climático

Unos 100 manifestantes indígenas del grupo Munduruku bloquearon pacíficamente la entrada principal de la COP30 en Belém, Brasil, exigiendo una reunión con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la protección de la Amazonía. La protesta comenzó a las 7:30 de la mañana y duró 90 minutos, durante los cuales los delegados ingresaron por una entrada lateral mientras se mantenía el bloqueo, sin que se registraran altercados físicos.

Los manifestantes exigieron la revocación del Plan Nacional de Hidrovías, la cancelación del proyecto ferroviario Ferrogrão, demarcaciones claras de sus territorios y el rechazo a los créditos de carbono por deforestación. A pesar de que la COP30 fue promovida como un espacio para el empoderamiento indígena, los activistas expresaron su frustración por la falta de avances en 33 años de negociaciones climáticas y denunciaron que la destrucción de la Amazonía continúa para beneficiar a grandes corporaciones.

Tras una prolongada discusión, el presidente de la conferencia, André Corrêa do Lago, se reunió con los manifestantes y logró desbloquear la entrada principal. Organizaciones ambientalistas apoyan la protesta, señalando que las manifestaciones reflejan la urgencia de un cambio real en la lucha contra la crisis climática y el reconocimiento del papel de los pueblos indígenas como custodios del clima y la biodiversidad.

CHILE

ELECCIONES | Recta final de cara a unas elecciones cruciales para Chile y la región

Las elecciones presidenciales de Chile en 2025 tendrán una interna abierta entre candidatos de derecha con apellido alemán (Jose Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei), mientras la representante de la izquierda, Jeannette Jara, enfrenta un panorama complejo para lograr imponerse en caso de que se dé una segunda vuelta. Jara, exministra de Trabajo y candidata de la coalición oficialista Unidad por Chile, ganó ampliamente las primarias de la izquierda con un apoyo cercano al 60%, sin embargo, las encuestas recientes muestran que tiene más probabilidades de perder frente a cualquiera de los tres principales candidatos de derecha que pugnan por el balotaje.

La primera vuelta se realizará el 16 de noviembre junto a la elección de la Cámara de Diputados. Jara lidera con alrededor del 30% de intención de voto, seguida por Kast con 21%, Kaiser con 16% y Matthei con 14%, cifras que reflejan la fragmentación y fuerza del sector conservador. En el debate público, la seguridad y la lucha contra el crimen han sido temas centrales, con propuestas diferenciadas que van desde la mano dura y aumento de penas en delitos (defendida por los candidatos de derecha y el ultraderechista Kaiser), hasta las propuestas de Jara para atacar las causas económicas de la delincuencia, como perseguir el dinero ilegal y liberar el secreto bancario.​

Las elecciones en Chile se configuran como un momento crucial para definir el rumbo político del país, con una derecha fragmentada pero competitiva que domina las encuestas, y una izquierda unida tras Jeannette Jara que lucha contra el pesimismo sobre sus posibilidades en la segunda vuelta.

COLOMBIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES – Petro bajo presión judicial: los expedientes que complican al Pacto Histórico rumbo a 2026

El expediente sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 entró en una nueva fase luego de que la sala plena del Consejo Nacional Electoral no alcanzara la mayoría requerida para adoptar la ponencia que proponía sanciones por supuestas irregularidades en los topes de financiación. La votación terminó 5 a 2 a favor de la ponencia, insuficiente para aprobarla, por lo que el caso pasó a conjueces, quienes deberán decidir de fondo en las próximas semanas. La definición de estos magistrados adicionales se vuelve determinante, ya que el retraso en una decisión podría afectar el calendario electoral y la inscripción de listas al Congreso del Pacto Histórico.

Paralelamente, la situación jurídica del oficialismo se complejiza por la apertura de una investigación sobre el llamado “tarimazo” de Medellín. Este episodio tuvo lugar el 21 de junio de 2025 en un acto público dentro de la estrategia de “paz urbana”, en el que aparecieron en tarima varios cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá, trasladados temporalmente desde la cárcel de Itagüí. La presencia de estas figuras en un evento gubernamental derivó en una indagación que examina si hubo uso irregular de recursos públicos, participación política indebida o una vulneración de principios institucionales al permitir que personas privadas de la libertad participaran en una actividad oficial.

Una eventual sanción por financiación irregular podría implicar consecuencias económicas o administrativas para la campaña o los responsables, por otro lado, el avance de la investigación del tarimazo podría derivar en responsabilidades de índole política o disciplinaria. La combinación de estos frentes aumenta la presión sobre el Pacto Histórico, donde existe el riesgo de que la demora en el CNE complique la inscripción de listas, que eventuales sanciones afecten la estructura organizativa de la coalición y que la imagen pública del espacio político se vea impactada.

El escenario también genera tensiones internas, dado que la acumulación de procesos puede profundizar diferencias dentro de la coalición en torno a la estrategia para enfrentar los expedientes y sostener la gobernabilidad. Al mismo tiempo, los adversarios políticos encuentran en estos hechos un terreno fértil para cuestionar la legitimidad del gobierno y disputar el relato de cara al ciclo electoral de 2026.

En conjunto, tanto el expediente de financiación como el tarimazo colocan al Pacto Histórico en un momento decisivo. La coalición necesita claridad jurídica y cohesión interna para evitar que las investigaciones afecten su proyección electoral y su capacidad de sostener su agenda política.

RELACIONES EXTERIORES | Bogotá y Washington en una crisis contenida entre aclaraciones y gestos diplomáticos

El choque diplomático entre Bogotá y Washington entró esta semana en una fase de calibración pública que mezcla anuncios presidenciales, aclaraciones ministeriales y gestos diplomáticos destinados a evitar una escalada mayor. Tras la orden del presidente Gustavo Petro de suspender, en ciertos términos, la cooperación en materia de inteligencia con Estados Unidos, el Ejecutivo ha insistido en matizar el alcance de la medida, fuentes oficiales y el propio presidente dicen que la suspensión apunta a no participar en operaciones como bombardeos a lanchas en el Caribe y que cualquier intercambio de información quedará supeditado a garantías sobre el uso que se haga de esa inteligencia y al respeto de derechos humanos.

Ante confusiones y versiones encontradas, el ministro del Interior Armando Benedetti salió a clarificar que agencias como el FBI, la DEA y HSI no dejarán de cooperar con las fuerzas colombianas en la lucha contra el narcotráfico en términos generales, y que hubo una “mala interpretación” de algunos comunicados y de la prensa sobre un cese absoluto de operaciones conjuntas. En paralelo, la Cancillería y el Ministerio de Defensa han trabajado en alternativas diplomáticas, incluyendo el estudio de comunicaciones formales, para intentar evitar un “efecto dominó” que fracturaría más las relaciones con la administración de Donald Trump, mientras la propia Cancillería ha esbozado planes para sortear la crisis sin romper canales fundamentales.

La medida y sus precisiones han generado reacciones encontradas: desde la oposición, que advierte sobre riesgos para la cooperación antinarcóticos y el control del territorio, hasta versiones periodísticas que señalan que el gobierno habría moderado o “retractado” algunos alcances y mantenido comunicaciones operativas con agencias estadounidenses.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | La fusión Tigo-Movistar redefine el mapa de las telecomunicaciones en Colombia

La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia de autorizar la integración entre Tigo y Movistar, pero bajo una serie de condiciones estrictas, reconfigura el panorama de las telecomunicaciones en el país. Según la SIC, la operación podría traer beneficios en eficiencia, calidad del servicio y ampliación de cobertura, aunque también reconoció que el operador resultante, junto con Claro, llegaría a concentrar cerca del 90 % del mercado de telefonía e internet móvil, lo que generó la necesidad de imponer salvaguardas para evitar un debilitamiento de la competencia. Entre las condiciones establecidas se incluye que el nuevo operador mantenga la continuidad de los planes actuales de sus usuarios y que no utilice su tamaño para desplazar a competidores, especialmente en el segmento de internet fijo o en la relación con los Operadores Móviles Virtuales, a quienes se les deberán ofrecer condiciones más favorables para acceder a la red y así evitar que la integración termine arrinconando a los actores más pequeños. También se exigió que no haya deterioro ni desmonte de infraestructura ni una reducción de cobertura, algo que la SIC consideró clave para que la operación no termine afectando zonas rurales o con servicios históricamente más frágiles.

Tanto Millicom, matriz de Tigo, como Telefónica Hispanoamérica, matriz de Movistar, expresaron satisfacción con la decisión. Aun así, no todas las voces del sector reaccionaron en la misma línea. WOM, uno de los competidores más jóvenes, criticó las condiciones impuestas y afirmó que podrían resultar insuficientes para contener los efectos de la concentración. La empresa incluso advirtió que, si la regulación no se aplica con firmeza, los usuarios podrían enfrentar incrementos tarifarios que rondarían el 22 %.

El contexto en el que ocurre esta integración también ayuda a entender su impacto. El mercado colombiano de telecomunicaciones enfrenta presiones por tarifas a la baja que reducen los márgenes, grandes exigencias de inversión por el despliegue de redes 5G y obligaciones regulatorias que algunos operadores han debido renegociar. En ese escenario, la unión de Tigo y Movistar aparece como una estrategia para ganar escala y competir con mayor fuerza frente a Claro, aunque a costa de aumentar el riesgo de concentración. La autorización de la SIC, entonces, funciona como una especie de equilibrio: permite que las empresas avancen en su integración, pero mantiene un marco de vigilancia destinado a evitar abusos de posición dominante y a preservar las condiciones necesarias para la competencia.

ECUADOR 

RELACIONES EXTERIORES | ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES – Estados Unidos anunció un acuerdo comercial con Ecuador

La Casa Blanca informó sobre un nuevo acuerdo comercial con Ecuador, junto a otras naciones latinoamericanas, lo que constituye un paso estratégico que refuerza la alianza del gobierno de Daniel Noboa con Washington. Este pacto no solo tiene implicaciones económicas, sino que también solidifica el apoyo político en un momento crucial, donde el gobierno ecuatoriano busca ganar la consulta popular del domingo 16 de noviembre y revalidar su gestión.

En el marco de este convenio, Ecuador ha aceptado abrir su mercado a diversos productos estadounidenses a cambio del retiro o disminución de los aranceles aplicados por Washington sobre algunas de sus principales exportaciones. En efecto, el acuerdo anunciado contempla la eliminación de los aranceles estadounidenses —que desde abril eran del 10% y aumentaron al 15% en agosto— sobre exportaciones calificadas como el banano y el cacao, productos fundamentales para la economía ecuatoriana. A cambio, Ecuador eliminará o reducirá aranceles en sectores considerados prioritarios para Washington, como maquinaria, productos de salud, tecnologías de la información y la comunicación, químicos y componentes de automóviles.

La firma de este acuerdo se posiciona como un “premio” al gobierno de Noboa por su alineamiento con la agenda e intereses del gobierno de los EEUU. Tal es así que el presidente ha anunciado la posibilidad de instalar dos bases militares en las provincias costeras del país. De esta forma, en términos geopolíticos, los EE. UU. siguen apostando a reforzar su presencia en la región en su intento por combatir la influencia y avance de China.

PARAGUAY

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Lugo vuelve al escenario y el Frente Guasú redefine su horizonte político

La reaparición pública de Fernando Lugo en la Plenaria Nacional del Frente Guasú (FG) para presidir la jornada. Su presencia en Asunción, frente a más de 500 delegadas y delegados, operó como un gesto simbólico, en una jornada que buscó la rearticulación y fortalecimiento del espacio que busca reconstruirse en un contexto adverso para las fuerzas progresistas del país.

Aunque Lugo no tomó la palabra, su rol en la presidencia del encuentro apuntaló un mensaje claro: el FG pretende recuperar cohesión interna y presencia territorial con vistas a las próximas elecciones municipales. La plenaria, definida oficialmente como un “momento histórico”, reunió a organizaciones gremiales, estudiantiles y sindicales, evidenciando el carácter plural y territorial de la coalición.

Allí se discutieron los desafíos del presente y la necesidad de una estrategia unitaria que pueda disputar poder en un escenario dominado por el cartismo y un gobierno denunciado como subordinado a intereses empresariales y oligárquicos.

El análisis político presentado en la plenaria fue contundente: el gobierno de Santiago Peña es señalado como un aparato capturado por el sector de Horacio Cartes, con consecuencias directas sobre la desigualdad, la informalidad laboral y el deterioro institucional. Las cifras mencionadas —un 25% de la población en pobreza, siete de cada diez trabajadores en la informalidad y el 60% de niñas, niños y adolescentes sin finalizar la secundaria— ilustran un país donde la crisis social profundiza la brecha democrática.

Frente a este panorama, el FG aprobó una hoja de ruta que apuesta a una rearticulación amplia, unitaria y estratégica en todo el país, con foco en fortalecer el trabajo territorial, profundizar vínculos con las bases y construir una alternativa democrática con raíces sociales y soberanas.

PERÚ

AGENDA POLÍTICA Y ESTADO DE GOBIERNO | José Jeri: un mes en la presidencia sin dar respuesta al descontento social

El presidente interino, José Jeri, cumplió un mes en la presidencia, un período que ha sido objeto de análisis sobre lo que deja su gestión y los retos futuros para su gobierno. Jeri ha enfrentado una notable dificultad para proyectar estabilidad y control en medio de la recurrente conflictividad social. Además sus resultados concretos en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana, tema que el propio gobierno puso como su eje central, aún no se reflejan en cifras o cambios perceptibles para la ciudadanía.

En este marco, una de las críticas a su gestión se centra en apuntalar la estrategia de comunicación antes que priorizar otras medidas de gobierno. En efecto, el presidente interino se ha lanzado a la «caza del like» para salvar su imagen en las redes sociales. Este enfoque sugiere que el gobierno prioriza la aceptación en entornos digitales y la percepción pública inmediata, en lugar de acciones políticas de fondo para resolver la crisis institucional, de seguridad y social del país.

En este marco, la presión social sobre el gobierno no cesa. Recientemente se materializó la convocatoria a un paro nacional para el 14 de noviembre. Se confirmó que varias regiones se plegarán a la jornada con marchas y protestas, indicando una amplia base de descontento a nivel subnacional. Varios gremios del transporte se sumaron a la convocatoria y la Generación Z, un grupo de jóvenes que lidera el descontento urbano y ha tomado protagonismo político en las manifestaciones, también confirmó que marchará en Lima, manteniendo la presión en la capital.

En respuesta el exministro Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, emitió una amenaza dirigida a la Generación Z y otros sectores movilizados, al afirmar que «la Policía tiene que reprimir a manifestantes violentos», lo que muestra la continua apuesta del gobierno por el uso de la fuerza pública y la represión en el contexto de las protestas.

URUGUAY

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES – RELACIONES EXTERIORES | Uruguay ante el acuerdo Milei–Trump: un giro subordinado que reconfigura el tablero regional

El acuerdo comercial anunciado entre Argentina y Estados Unidos no sólo establece rebajas arancelarias y mayor apertura de mercados, sino que también consagra una relación profundamente asimétrica, presentada por el propio Javier Milei como una “tremenda noticia” tras meses de alineamiento acrítico con Washington. Desde Uruguay, este pacto es leído como un movimiento geopolíticamente subordinado, que afecta el equilibrio regional y reabre tensiones dentro del Mercosur.

Según analistas uruguayos, Argentina otorgará preferencias en el marco de las excepciones al Arancel Externo Común aprobadas meses atrás, un gesto que “supone una ventaja con respecto a sus socios del Mercosur” y golpea especialmente a Uruguay, que queda sin capacidad de respuesta inmediata. Para sectores clave como la carne bovina, el acuerdo implica una competencia desigual: mientras Buenos Aires se acerca a beneficios unilaterales con EE.UU., Uruguay sigue atado a reglas de un bloque que ya no respeta su propio funcionamiento.

El diagnóstico es claro: el pacto Milei–Trump “patea” el Mercosur y elude cualquier mecanismo de consulta regional, violando el espíritu del Tratado de Asunción. En este escenario, Uruguay observa un doble riesgo: quedar marginado en acceso a mercados y depender del desgaste interno del Mercosur, justo a semanas de la posible firma con la Unión Europea. Más que una oportunidad, el gesto argentino profundiza la fragilidad del bloque y obliga a Uruguay a repensar su estrategia externa para no quedar atrapado en la encrucijada geopolítica que Milei consolidó con Washington.

VENEZUELA

RELACIONES EXTERIORES | SEGURIDAD, DEFENSA E INTELIGENCIA – Continúan las tensiones en el caribe con la llegada del portaaviones USS Ford

La tensión en la zona del Mar Caribe sigue en aumento con la llegada el martes 11 de noviembre del portaviones USS Gerald R. Ford de Estados Unidos, el más grande del mundo, como parte del despliegue de fuerzas militares apostadas en el Caribe desde agosto de 2025. Este acontecimiento ocurre luego de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenara al grupo de ataque del USS Ford –cuya escolta incluye a los destructores USS Bainbridge, USS Mahan y USS Winston Churchill– apoyar la directiva del presidente Donald Trump.

Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, declaró en un comunicado que la presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Southcom (Comando Sur) reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir las actividades y los actores ilícitos que comprometen la seguridad del territorio estadounidense. Con esta incorporación, el Departamento de Defensa ha desplegado una gran fuerza que incluye ocho buques de guerra, cazas F-35 y al menos un submarino de propulsión nuclear en la zona del Caribe.

Por parte del gobierno venezolano se vienen llevando a cabo una serie de operaciones y preparativos ante una posible agresión territorial. Por un lado, la Asamblea Nacional sancionó este martes 11 de noviembre, por mayoría calificada, la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación. Esta ley, ingresada al parlamento por iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro, y del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, tiene el objetivo de establecer las líneas de acción estratégicas que regirán la actuación de los comandos, como instancias de planificación y ejecución de medidas, suscribiendo la corresponsabilidad del Estado y de todos los venezolanos ante las amenazas internas y externas.

En el ámbito ejecutivo, el presidente Nicolás Maduro ordenó –luego de la promulgación de la mencionada ley– la activación de la fase superior del Ejercicio “Independencia 200” el 11 y 12 de noviembre. Estos ejercicios militares desplegados en todo el territorio nacional buscan fortalecer las capacidades de movilización popular- militar en tiempo real.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Aumento registro de emprendedores y nuevas marcas venezolanas

El lunes 11 de noviembre, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró, a través de su canal de Telegram, el cuarto aniversario del Motor Emprendedor, una de las iniciativas centrales del nuevo modelo productivo nacional. Rodríguez a su vez informó que el programa “Emprender Juntos” ha registrado cerca de 2 millones de registros, ubicando a Venezuela en el top 10 mundial de emprendimiento y en el puesto cinco en América Latina. El programa busca la articulación entre formación, financiamiento y acompañamiento técnico para visibilizar los proyectos productivos en sectores como agroindustria, tecnología, servicios o manufacturas.

Por su parte el motor emprendedor conforma uno de los ejes de los 18 motores de la Agenda Económica Bolivariana lanzada en 2016 buscando diversificar la economía mediante el desarrollo de capacidades locales para el impulso de sectores estratégicos con la participación comunal.

Por otro lado, la vicepresidenta estuvo presente el martes 11 de noviembre en la 9° Edición de “Radiografía del RETAIL a la Venezolana” en donde destacó el crecimiento en un 49% de nuevas marcas en todo el territorio nacional. Pasando de 12 ml a más de 18 ml marcas. Así mismo, informó el crecimiento de la cartera crediticia en un 11,2%, la más alta desde 2016, aumentando a su vez el consumo en bolívares frente al dólar en un 40% pese a las sanciones económicas.