ARGENTINA

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | A contramano del discurso oficialista, las variables económicas no son alentadoras

Hay cuatro variables que rigen la estabilidad de un plan económico en Argentina: inflación, crecimiento económico, pobreza y empleo. Si se piensa en el último gobierno de Alberto Fernández, dos de esas cuatro variables fueron positivas: empleo y crecimiento económico.

En las otras dos variables, los saldos fueron muy negativos con una inflación galopante y el incremento de cinco puntos en los índices de pobreza ubicándose en un 40%. Estos dígitos bastaron para que gran parte de la población considere al gobierno de Fernandez un rotundo fracaso.

Por lo tanto, los índices que maneja Javier Milei en comparación a los de la administración anterior son más que negativos. Solo puede jactarse de haber reducido la inflación, a costa de haber diezmado el poder adquisitivo del salario y haber permitido un ascenso de precios altísimo durante los primeros meses de su mandato. El pasado miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) dio a conocer la inflación de julio que se ubicó en el 4%. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que la inflación es un tema “técnicamente terminado”. Sin embargo, el gobierno no logra perforar el piso del 4% y conoce que este número sigue siendo alto.

En cuanto a empleo, se registra una caída estrepitosa de los puestos de trabajo: ya se perdieron más de 175 mil puestos formales. La actividad económica cayó un 5,1% interanual durante el primer trimestre de la era Milei. La construcción y la industria fueron los rubros que registraron mayor caída de actividad.

Pero sin dudas el dato más escandaloso es el relacionado a la pobreza: un estudio realizado por la Universidad Católica Argentina (muy valorados en la agenda política nacional) reveló que el 62,9% de los niños y adolescentes viven en situación de pobreza y el 16,2% se encuentra en la indigencia. Estas son las cifras más altas registradas desde 2010, según el informe que elabora la entidad educativa.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Semana agitada en el Congreso Nacional

Una extensa agenda de votaciones se llevó adelante durante toda la semana en la Cámara de Diputados. En primer lugar, con ayuda de la “oposición dialoguista”, el oficialismo logró evitar que se tratara la expulsión de los seis legisladores que visitaron a ex represores de la última dictadura militar. Ahora, la oposición más dura, busca crear una comisión investigadora.

Por otro lado, se dio media sanción al proyecto que declara la educación como un “servicio esencial”. El proyecto presentado por el PRO (partido liderado por Mauricio Macri) limita el derecho a huelga de los docentes bajo sanciones y compromete el salario por adoptar medidas de lucha. Sindicatos de educadores rechazaron el proyecto en la puerta del Congreso.

Más allá de la derrota parlamentaria de la oposición en los dos proyectos mencionados, la oposición logró dar media sanción al proyecto de indexación del presupuesto universitario, es decir, que el mismo esté atado al aumento inflacionario. Es una dura derrota para el gobierno ya que vuelve nuevamente el fantasma de la marcha universitaria que durante el mes de abril puso en jaque la agenda mileista, quien tuvo que ceder ante varías exigencias de los rectorados.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Reaparece en escena Cristina Fernandez de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 en la causa en la que se investiga el intento de asesinato en su contra ocurrido el 1º de septiembre de 2022. Los tres acusados que están siendo enjuiciados son Fernando Sabag Montiel, como autor, y Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, como partícipes necesarios. Se encuentran detenidos desde 2022. En su declaración, Fernández de Kirchner cuestionó la investigación judicial y volvió a pedir que se investigue a los autores intelectuales del atentado en su contra.

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | El gobierno toma medidas económicas y abre diálogo para mitigar la crisis

Ante la situación de crisis económica, el presidente Luis Arce continúa con una serie de reuniones que el Gobierno ha organizado para incluir a diferentes sectores del país en la discusión de políticas económicas. Esta semana, las autoridades se reunieron con representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de Unidad y sectores empresariales y además se autorizó la importación sin arancel de trigo y harina para evitar el desabastecimiento en medio de fuertes presiones internas de diferentes sectores para que se resuelva la crisis económica que está golpeando a Bolivia por la falta de dólares y de combustible.

Otra de las medidas que tomó el gobierno fue el cambio de ministro de Hidrocarburos y Energía, en medio de una crisis en el suministro de los combustibles subvencionados. Desde el año pasado, Bolivia registra cada dos o tres meses problemas en la venta de combustibles, lo que ha provocado bloqueos de caminos de transportistas de carga y de pasajeros. Hay que tener en cuenta que Bolivia consume por día unos 7 millones de litros de diésel y unos 6 millones de gasolina. Importa un 70% de ese primer carburante y un 50% del segundo. Bolivia, además, subvenciona la importación de combustibles. En 2023 destinó 1.100 millones de dólares y para 2024 presupuestó 1.408 millones. Ese gasto significó una profunda caída de sus reservas internacionales.

Por otro laddo, El Tribunal Supremo de Justicia emitió la detención preventiva con fines de extradición del exjefe antidrogas Maximiliano Dávila solicitado por el gobierno de Estados Unidos. Dávila había sido funcionario durante la gestión de Evo Morales. Esto ya se ha difundido en los medios de comunicación orientado a limar la figura del expresidente.

BRASIL

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Brasil avanza en una reforma tributaria

La Cámara de Diputados aprobó el texto básico del proyecto de ley complementario que regula el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS). Este es el segundo proyecto que se vota en la Cámara para regular la primera parte de la reforma tributaria, que fue aprobada y promulgada en diciembre del año pasado –mediante la Enmienda Constitucional 132– y modifica los impuestos al consumo. El texto determina las funciones del Comité Gestor, que recaudará y fiscalizará el nuevo Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS) que sustituirá a los actuales ISS (municipal) e ICMS (estatal). Se trata de una importante victoria bajo la gestión de Lula da Silva y Fernando Haddad en Economía, y que se suma a los logros previos como la eliminación del techo del gasto público y la nueva ley de reglas fiscales. Es la primera reforma del sistema tributario orientada al consumo en 58 años.

Básicamente, se trata de la unificación de cinco impuestos para la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que todavía tiene pendiente la fijación de su valor, pero se espera que sea en torno al 27% tornándose uno de los más altos de la región. El texto aprobado llegó con modificaciones por parte de la relatoría a cargo del diputado Mauro Benevides (PDT-CE), en el que se flexibilizó centralmente la posición de los estados en relación con los impuestos sobre sucesiones y donaciones, liberando la mayoría de los planes de pensiones.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Ministro del Supremo Tribunal Federal es acusado públicamente por procedimientos irregulares

Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, fue acusado mediante un artículo de Glen Greenwald publicado en el portal Folha de São Paulo, por irregularidades en el procedimiento jurídico de las causas sobre fake news y milicias digitales que lleva adelante, y que comprometen al bolsonarismo en los hechos del 8 enero de 2023 cuando fue atacada la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia.

El informe de Folha se basa en intercambios de mensajes entre los asesores de Moraes, obtenidos por el periódico. entre agosto de 2022 y mayo de 2023, lo que, en parte, involucra el período electoral. Según el portal, Moraes «pidió informalmente al empleado del TSE a través de WhatsApp informes específicos contra los aliados de Bolsonaro». “Estos documentos fueron enviados desde el Tribunal Electoral para la investigación de noticias falsas, al STF”, describe Folha. También según el informe, al menos parte de los documentos elaborados por el Tribunal Electoral «fueron utilizados por el ministro para apoyar medidas penales contra partidarios de Bolsonaro, como cancelación de pasaportes, bloqueo de redes sociales y citaciones».

Estas acusaciones salen a la luz en el contexto del avance de las investigaciones que vinculan a la estructuras del bolsonarismo con la organización de los ataques a Planalto en enero de 2023. Bolsonaro, por su parte, se posiciona y anuncia participación en movilización a favor del impeachment de Moraes.

CHILE

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Finaliza la huelga minera luego de tres días de inactividad en la principal faena de cobre mundial

Tras tres días de paralización, la minera Escondida de la empresa BHP Billiton (de origen britanico y australiano) comunicó que se logró un acuerdo con el Sindicato N°1 para una nueva propuesta de contrato colectivo, deponiendo así la huelga en el yacimiento.

La compañía, que opera la mayor faena de cobre del mundo, indicó que “tras retomar las conversaciones ante la Dirección del Trabajo, Escondida | BHP y el Sindicato N°1 de Trabajadores han llegado a consenso para una propuesta de contrato colectivo”.

La movilización, que contaba con el respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se originó tras la falta de acuerdo entre el sindicato y la compañía en el marco de la negociación colectiva. Las partes habían acudido a la mediación obligatoria ante la Inspección del Trabajo, pero los diálogos no habían logrado avanzar hasta ahora.

COLOMBIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Avanzan las reformas y el Gobierno busca apoyo en la oposición

Continúa la iniciativa del oficialismo de profundizar una serie de reformas por medio del Congreso y marcar la agenda pública con sus propuestas. El mayor avance se vio en la reforma laboral, que a pesar de algunos cambios, pasó a la segunda etapa de debate con 81 artículos aprobados, incluyendo el pago de horas extras luego de las 7pm, regulaciones en plataformas digitales, teletrabajo y deportes, así como garantías al trabajo familiar y comunitario. Por su parte, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla presentó un nuevo plazo para la presentación de la reforma tributaria, debate álgido en el congreso colombiano por su estrecho vínculo con la solvencia del presupuesto para el 2025. La semana pasada se vieron tensiones presentadas por varios representantes, ancladas en la falta de ingresos para cubrir el presupuesto, lo que parecería ser el centro del debate y el gobierno busca resolver por la ley de financiamiento basada en el ajuste tributario, que encuadraría los 12 billones de pesos colombianos (3 mil millones de dólares) faltantes en inversión pública.

Se calcula que de fracasar el paso de estas reformas en el presupuesto, la inversión pública puede caer hasta un 30%, por lo que la apuesta del Gobierno en estas reformas puede condicionar la segunda etapa de su mandato. En respuesta a dichas tensiones el oficialismo realizó una serie de reuniones con partidos políticos, con representación en el congreso, en busca de apoyo a sus reformas, agenda donde el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que están logrando acuerdos.

DEFENSA Y SEGURIDAD | Continúan las tensiones con el ELN en tanto avanzan negociaciones con disidencias ex FARC

La semana pasada se presenció un nuevo frente de conflicto en los tratados de paz, luego de los fallidos diálogos y el levantamiento del cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los grupos armados con mayor presencia en la región pacifico. En los últimos días comenzaron a ocurrir las primeras repercusiones, teniendo como punto central un paro armado de parte del ELN en pueblos del sur del departamento de Chocó, generando terror y fuga en las comunidades locales. Se reportan al menos 50.000 personas confinadas a causa del paro y el canciller Luis Gilberto Murillo se refirió al conflicto afirmando que el Gobierno hará todos los esfuerzos para proteger a las víctimas y le exigió al grupo armado que demuestre voluntad real de paz.

Un elemento que agitó el tema fue la revelación de un mensaje confidencial del presidente Gustavo Petro al ELN, en el cual le realizó una propuesta de diálogo en torno a una reforma económica. La misma habría conseguido un fuerte rechazo de parte del grupo guerrillero por la metodología de comunicación. En respuesta, el Gobierno dio una rueda de prensa, con Vera Grabe, jefa negociadora, y el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, donde se aclaró: «Repetimos cuál es la propuesta, es muy sencilla, no tiene ningún otro ingrediente. Poder generar un espacio en el cual estén los movimientos sociales, Gobierno, ELN y el empresariado y el objeto es discutir las transformaciones económicas que están en el acuerdo. Son esos los temas».

Horas después de las polémicas por el diálogo, se capturó con fines de extradición al aalcalde encargado de Maicao, La Guajira por delitos de narcotráfico, con participación de la DEA y la oficina de inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN). El funcionario sería parte de una red criminal aliada al ELN, en la que el grupo armado garantizaba la ruta de salida.

En contraste, en Cúcuta, avanzaron los espacios de diálogo con las disidencia de las antiguas FARC conducidas por Calarcá Córdoba, el sector que en las últimas semanas mostró mayores avances en los caminos de paz. Por su parte, voceros del bloque Gentil Duarte del Magdalena Medio, mostraron su disposición a trabajar por avanzar en el cumplimiento de lo pactado. En simultáneo, el vocero civil de la delegación de disidencias de Ivan Márquez, otro importante frente de las ex FARC, resaltó públicamente la voluntad de paz del grupo.

ECUADOR

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Tensiones en el Gobierno, denuncia por violencia política de Género y acusaciones de golpe de estado

La relación entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad sigue deteriorándose y se profundiza desde la ruptura en la relación política e institucional de la fórmula electa en los comicios generales anticipados del 2023.

Abad presentó una denuncia por violencia política de género (el Código de la Democracia contempla a la violencia política como una infracción electoral muy grave que puede ser sancionada con una multa de 21 hasta 70 salarios básicos; destitución y/o suspensión de derechos de participación en cargos públicos desde dos hasta cuatro años) contra Noboa y otros miembros de su gobierno. El ministro de Gobierno, por su lado, denunció un «intento de golpe de Estado» por parte de la vicepresidenta.

La crisis del Ejecutivo también se ha expandido hacia el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El órgano rector de la justicia electoral en Ecuador entró en una crisis de poder tras la remoción de su presidente, Fernando Muñoz. El magistrado aseguró que es una resolución ilegal y ha interpuesto una denuncia penal en contra de los jueces que apoyaron esta acción. Los sorpresivos cambios ocurren cuando esta entidad está por resolver la disputa entre el presidente y su vicepresidenta. En la entidad se tramitan dos denuncias –una en contra de Noboa y otra en contra de Abad por supuestas infracciones electorales– que pueden definir el panorama político de cara a las elecciones presidenciales del año entrante.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA  | La Revolución Ciudadana elige su binomio

El pasado 10 de agosto, en convención nacional realizada en la ciudad de Guayaquil, la Revolución Ciudadana, partido liderado por el expresidente Rafael Correa, anunció a su binomio para las elecciones presidenciales del próximo año.

Como candidata a la presidencia repetirá la manabita Luisa González, quien compitió en las últimas elecciones; y como candidato a la vicepresidencia fue promocionado Diego Borja, un reconocido economista quiteño, quien ejerció distintios cargos relacionados al sector económico durante la gestión de Correa.

También se eleigieron las y los candidatos a la Asamblea, entre los que destacan, en la lista nacional, Xavier Lasso, hermano del expresidente Guillermo Lasso; y Ricardo Patiño, excanciller de Ecuador y uno de los líderes históricos de la izquierda ecuatoriana, quien hasta la fecha cuenta con condición de refugio en México.

PERÚ 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Se profundiza la falta de confianza en el gobierno y el poder legislativo

Un informe de opinión de agosto de 2024 realizado por el Instituto de Estudios Peruanos aporta datos que dan cuenta de la permanente profundización de la crisis política en  Perú. El estudio determina que el 88% de la población desaprueba el gobierno de Dina Boluarte, acentuándose esta preferencia en el centro del Perú en las personas de 25 a 39 años de edad y del nivel socioeconómico más bajo. Asimismo, en lo concerniente a la credibilidad de Boluarte y el Parlamento, el estudio revela que 7 de 10 de peruanos no le cree nada a ambos actores políticos. Por otro lado, a menos de dos años de las próximas elecciones presidenciales, el estudio señala que 73.7% de los peruanos no reconoce a ningún líder político o persona en general como posible buen postulante a presidente del Perú.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (Enades) contiene datos reveladores que dan cuenta de la problemática social y la evaluación social de la misma. Un 90% considera que el Perú está gobernado por un puñado de grupos de poder que actúan en su propio beneficio. Por otro lado, el 56% de peruanos sostiene que la diferencia entre los ingresos de los ricos y los pobres es demasiado grande. Asimismo, 59% de los encuestados considera que el Perú se gobierna de manera centralizada de espaldas a las demandas de las regiones.

Es esta desigualdad en los ingresos y entre las regiones la que se expresa en distintas protestas y conflictos ininterrumpidos, particularmente en la zona andina y central.

En ese contexto de poca legitimidad y baja aceptación se aprobaron las leyes 32107 y 32108, mediante las cuales se establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno (antes del 1 de julio de 2002) y se excluye de la calificación de crimen organizado a delitos que tengan una sanción menor a seis años. Entre los principales beneficiarios de dichas leyes se encuentran grupos de interés cercanos a la coalición de derecha que detenta el poder en el Perú, tales como militares y paramilitares del régimen fujimorista (Grupo Colina).

URUGUAY 

RELACIONES EXTERIORES | VII Reunión de Diálogo entre el Mercosur y China tras seis años de inactividad

En Montevideo, se llevó a cabo la VII Reunión de Diálogo entre el Mercosur y la República Popular China (RCP), un encuentro que refleja tanto la ambición como las tensiones dentro del bloque sudamericano. Uruguay, que ostenta la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR, encabezó esta reunión con la intención de avanzar hacia un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, un objetivo que no está exento de controversias entre los países miembros.

A la reunión asistieron delegados de los cuatro países fundadores del bloque regional: Leopoldo Shaores por Argentina, María Laura da Rocha de Brasil y Patricia Frutos de Paraguay, junto con la vicecanciller china Hua Chunying. Aunque todos los países comparten el interés en mejorar las relaciones comerciales con China, las diferencias sobre cómo proceder han generado fricciones internas.

Uruguay ha manifestado abiertamente su deseo de negociar un TLC de manera individual, ante la falta de avances significativos dentro del Mercosur hacia un bloque aduanero. Esta postura ha generado tensiones, especialmente con Argentina y Brasil, que prefieren un enfoque regional, alineado con los intereses estratégicos más amplios de sus economías. China, por su parte, ha mostrado preferencia por avanzar en un acuerdo regional, manteniendo un equilibrio en sus relaciones con los principales actores del bloque.

Durante la reunión, se logró un acuerdo para continuar las negociaciones de manera gradual, avanzando por capítulos en lugar de buscar un acuerdo integral de inmediato. Este enfoque, aceptado por China, fue bien recibido por Uruguay, que ve en esta estrategia una oportunidad para mantener abiertas las puertas a un TLC, sin renunciar a sus propias negociaciones.

Sin embargo, las tensiones persisten, con Uruguay reafirmando su derecho a buscar acuerdos bilaterales si el Mercosur no avanza lo suficiente. La situación deja claro que, aunque la cooperación es posible, las diferencias dentro del bloque siguen siendo un desafío significativo para cualquier acuerdo futuro.