En Venezuela, el salario mínimo legal se ha convertido en una cifra simbólica que apenas cubre el 0,02% de los alimentos básicos que necesita una familia para subsistir. Según el último informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros (Cendas-FVM), la canasta alimentaria para un hogar de cinco personas alcanzó los 760 dólares mensuales. Esto significa que una familia necesita superar los 4 mil 800 salarios mínimos completos para cubrir, en un solo mes, el costo de los alimentos básicos.
Una de las claves para entender este fenómeno es que el salario base se paga en bolívares y apenas equivale a unos centavos de dólar. Si bien el gobierno venezolano complementa los ingresos de los empleados públicos con dos bonos mensuales que suman unos 240 dólares, estas ayudas no forman parte del salario legal, que permanece congelado en 130 bolívares (equivalentes a unos 15 centavos de dólar) desde marzo de 2022. Al no tener incidencia jurídica sobre el salario, estos bonos no se toman en cuenta para calcular beneficios obligatorios como las vacaciones, las indemnizaciones por despido o las prestaciones de jubilación. Esta brecha entre los ingresos legales y el costo real de la vida afecta particularmente a sectores profesionales esenciales, como los de la educación y la salud. Al depender de escalas salariales fijadas sobre un sueldo base ínfimo, sus aguinaldos y prestaciones prácticamente desaparecen por la inflación. Entre las consecuencias de este fenómeno están el aumento del multiempleo informal y la dependencia de las remesas del exterior.
Ante esta situación, diversos sindicatos y organizaciones no gubernamentales han intensificado sus protestas y sus exigencias formales ante las autoridades del país. Su principal demanda es una reforma de la política laboral que permita integrar las bonificaciones actuales al cálculo del ingreso mensual integral. Los trabajadores buscan que los bonos de emergencia se conviertan en salarios reales y estables, para aumentar su poder adquisitivo frente al encarecimiento de la economía. Por otro lado, el empresariado venezolano prepara una reforma de la legislación laboral vigente que busca eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales, con el objetivo de evitar el pago de los pasivos laborales acumulados.
