ARGENTINA

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | El modelo que no arranca: inflación, recesión y deuda

Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, celebraron que la inflación anual en Argentina alcanzó el 31,5% en 2025, el nivel más bajo en ocho años y 86 puntos menos que el 117,8% de 2024, todo a partir de recortes estatales, retraso cambiario y contracción de la demanda por dolarización masiva. No obstante, el dato mensual de diciembre (2,8%) confirma un aumento escalonado desde el 1,5% en mayo, impulsado por un alza en alimentos, tarifas y servicios varios. Expertos cuestionan la promesa mileísta de inflación cero a mediados de 2026 y proyectan un 20% para el anual para el 2026 pese al 10,1% oficial, en un contexto de flexibilización cambiaria reciente, atraso salarial y fragilidades evidenciadas por rescates del FMI y EE.UU. bajo Trump para estabilizar reservas y evitar devaluaciones.

Por otro lado, la economía no despega. El gobierno de Milei autorizó aumentos salariales de no más del 1,5% mensual como ancla para contener la inflación, pero esto hundió el poder adquisitivo de los salarios en la mayoría de los gremios argentinos, registrando una retracción real promedio del 4,5% hasta noviembre para el 80% de los convenios paritarios homologados. Según datos del Ministerio de Trabajo, los salarios formales crecieron menos que los precios durante 2025, afectando especialmente a trabajadores registrados en un contexto de inflación anual del 31,5% que Milei experimentó como logro histórico.

A su vez, la deuda pública argentina creció un 7% durante la gestión libertaria y superó los 455 mil millones de dólares, impulsada principalmente por el aumento de la deuda en pesos medida en dólares y por un incremento de 20 mil millones de dólares con organismos internacionales como el FMI, pese a la eliminación de pasivos del Banco Central (BCRA) y una leve baja en deuda en dólares con privados. Esta composición revela un endeudamiento consolidado del Tesoro y BCRA que pasó del 36% al 40,4% del PIB desde fines de 2023, con mayores compromisos externos vía swaps, Bopreales y auxilios de EE.UU. bajo Trump, en un contexto de estabilización fiscal pero mayor dependencia financiera.

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Paz negocia y firma la pax con los sindicatos y sectores sociales bolivianos

Como producto de la conflictividad motivada por el ajuste del gobierno de Rodrigo Paz, la policía boliviana llegó a reportar 56 puntos de bloqueo a nivel nacional, una cifra que evidenció el éxito de la convocatoria de los sindicatos y sectores sociales contra el decreto supremo que eliminaba el subsidio a los combustibles. Esta situación forzó al Ejecutivo a negociar con la Central Obrera Boliviana (COB), logrando un acuerdo para la derogación total del cuestionado Decreto Supremo 5503.

Pese a la anulación de dicha normativa, el gobierno de Paz aprobó el Decreto Supremo 5516, el cual sustituye al anterior pero mantiene la eliminación de la subvención a los combustibles. El presidente calificó esta medida como una «conquista económica» necesaria para el país, logrando así que los sindicatos levantaran las medidas de presión, a cambio de aceptar el retiro de otros puntos polémicos del ajuste. La COB «cantó victoria» por la anulación del plan original, pues aunque en la práctica el incremento del precio de los carburantes quedó ratificado, buena parte del paquete económico fue descartado.

La derogación del DS 5503 ha sido interpretada como un signo de vulnerabilidad. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, percibió un claro debilitamiento del Gobierno al ceder ante la presión sindical. Por su parte, el vicepresidente y opositor “interno”, Edmand Lara, calificó la anulación como una «victoria del pueblo» y utilizó una metáfora laboral para describir la situación del presidente, afirmando que Paz tiene ahora un «memorándum de preaviso de despido» por parte de la población. Esta fractura en la cúpula del poder sugiere que la estabilidad lograda con el nuevo decreto es, en el mejor de los casos, frágil.

En efecto, en este marco de marcado enfrentamiento con el vicepresidente, el Ejecutivo anunció el Decreto Supremo 5519, que apunta a una gobernanza digital y un mayor control tecnológico, permitiendo que el presidente Paz cuente con una «oficina virtual» para ejercer sus funciones cuando esté fuera del país. Paralelamente, el oficialismo intenta impulsar un proyecto de ley contra los bloqueos, una iniciativa que ya enfrenta la férrea oposición de diversas organizaciones sociales que consideran la norma un atentado contra el derecho a la protesta.

BRASIL

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | La proyección de Brasil para 2026 entre elecciones y crisis internacional

Brasil vive días marcados por importantes movimientos en el escenario político interno y en su proyección internacional. Estos acontecimientos no solo delinean el clima electoral hacia octubre de 2026, sino que también revelan cómo el país busca posicionarse globalmente en medio de tensiones geopolíticas, crisis regionales y negociaciones históricas.

Uno de los hechos más relevantes fue el avance significativo del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. El 16 de enero, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunió en Río de Janeiro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para celebrar la inminente firma del tratado, prevista para el día siguiente en Paraguay. Este acuerdo —esperado desde hace un cuarto de siglo— representa el mayor tratado comercial que la Unión Europea ha negociado hasta ahora y abarca a las principales economías sudamericanas, entre ellas Brasil y Argentina. A pesar de su protagonismo en las negociaciones, Lula no asistiría a la ceremonia oficial, una ausencia que llamó la atención pero que no empañó el tono de celebración expresado por ambas partes.

Este impulso diplomático ocurre en un contexto político interno complejo. Los análisis internacionales destacan que Brasil entra en 2026 en un cruce peligroso, en referencia a los desafíos que se avecinan en un año electoral decisivo. Las elecciones presidenciales, con primera vuelta prevista para el 4 de octubre, abrirán el debate sobre la continuidad del proyecto político de Lula, quien ha expresado públicamente su intención de buscar un nuevo mandato. En este marco, la disputa no será meramente programática, sino un plebiscito sobre el futuro del país: entre un modelo institucional y socialmente orientado, o el resurgimiento de una derecha reorganizada tras el declive del bolsonarismo.

Aunque Jair Bolsonaro —líder indiscutible de la derecha en los últimos años— ha quedado fuera de la contienda debido a condenas asociadas al intento de golpe de Estado de enero de 2023, su corriente política sigue vigente. La derecha brasileña se encuentra en plena fase de reconfiguración, intentando canalizar el descontento social y reorganizarse ante la ausencia de su figura central. Este proceso se da en medio de un debate institucional clave: la discusión sobre dónde trazar el límite de tolerancia democrática y cómo enfrentar judicialmente los movimientos que amenazaron el orden constitucional. La decisión de Lula, en enero de 2026, de vetar un proyecto de ley que habría suavizado las penas para los implicados en los ataques antidemocráticos del 8 de enero reafirmó la postura del gobierno: no habrá amnistía para quienes socavaron la democracia.

A este panorama político interno se suman tensiones que podrían erosionar la estabilidad del campo oficialista. El 12 de enero, nuevos informes destacaron que Lula inicia el año con buena posición tanto a nivel nacional como internacional, reforzado por avances en su agenda social y económica. Centralmente, dos factores amenazan con complicar su camino electoral: por un lado, las investigaciones que alcanzan a su hijo, Fábio Luís Lula da Silva (“Lulinha”), debido a supuestos pagos vinculados a un lobbista investigado por desvíos en el sistema de pensiones; por otra parte, la crisis en Venezuela, intensificada tras un ataque de Estados Unidos, que vuelve a colocar bajo escrutinio la cercanía histórica entre Lula y Nicolás Maduro. Aunque Brasil no reconoce la reelección del mandatario venezolano en 2024, la oposición brasileña intenta asociar al presidente con el régimen chavista para debilitar su posición interna.

En el terreno internacional, la relación con Estados Unidos experimenta un vaivén significativo. A pesar de los choques previos durante discusiones arancelarias, la Casa Blanca llegó a elogiar públicamente a Lula, elevando su perfil internacional como figura de peso. Sin embargo, el ataque estadounidense contra Venezuela reactivó las tensiones políticas y retó la estrategia diplomática de Brasil, que históricamente ha buscado equilibrar su posición entre Occidente, China y el llamado Sur Global.

De esta forma, se evidencia que Brasil se mueve simultáneamente en dos frentes. El interno, enfrentando un clima de polarización, ajustes institucionales y desafíos éticos que pueden reconfigurar la campaña electoral; y el externo buscando reinsertarse en el centro del comercio global y consolidar su presencia diplomática en medio de disputas internacionales.

CHILE

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Diferencias entre las fuerzas conservadoras chilenas

El Partido Nacional Libertario (PNL) anunció que no integrará el gabinete del presidente electo José Antonio Kast, priorizando su “autonomía política, influencia real en áreas estratégicas y resguardo de principios doctrinarios”, al considerar que el esquema propuesto les asigna roles meramente decorativos sin capacidad para ejecutar reformas alineadas a su identidad.

Johannes Kaiser, líder del PNL, ejemplifica esta postura al rechazar ser «las cortinas del living» en declaraciones radiales, argumentando que el partido aportará más medidas desde una posición independiente, apoyando o cuestionando gubernamental sin ataduras partidarias.

Esta decisión tensiona la unidad de la derecha chilena de cara al futuro gobierno de Kast, poniendo a prueba alianzas electorales previas y evidenciando internas en el espectro ultraderechista, aunque el PNL reafirma su disposición a colaborar en iniciativas que “beneficien al país”.

COLOMBIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Gobernadores en rebelión contra la emergencia económica de Petro

En medio de una creciente tensión política, 17 gobernadores de departamentos colombianos se reunieron este 15 de enero en la Federación Nacional de Departamentos (FND) para rechazar de forma unánime el decreto 1474, que declara la emergencia económica por parte del Ejecutivo. Esta medida tomada por el presidente Gustavo Petro, actualmente bajo revisión de la Corte Constitucional por demandas en su contra, estipula incrementos significativos en impuestos como el IVA a bebidas alcohólicas (del 5% al 19%) y un alza cercana al 300% en cigarrillos, lo que amenaza los ingresos regionales provenientes de rentas de licores y tabaco, esenciales para financiar salud (37%), educación (14%) y deporte (3%) según la Ley 1816 de 2016. Gobernadores como Andrés Julián Rendón (Antioquia), Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca), Adriana Magali Matiz (Tolima) y Rafaela Cortés (Meta) lideraron la rebelión, invocando la excepción de inconstitucionalidad para no aplicarla en sus territorios hasta que el alto tribunal se pronuncie, argumentando que atenta contra la autonomía fiscal y podría fomentar el contrabando ligado a grupos ilegales, agravando la financiación de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) en el régimen subsidiado.

El gobierno nacional respondió con dureza por medio del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien calificó la postura como un “mal ejemplo” que invita a no acatar la ley y configura prevaricato, acusando a los mandatarios de usurpar funciones de la Corte Constitucional. Por su parte, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, enfatizó que “el orden constitucional lo hacemos valer” y anunció acciones jurídicas contra quienes obstaculicen la ejecución del decreto, subrayando que ninguna autoridad territorial puede intervenir en medidas de emergencia. Inicialmente firmada por 17 gobernadores, la decisión sumó respaldo de los 32 departamentos al cierre de la reunión, con planes para intervenciones ante la Corte, tutelas individuales y un documento jurídico conjunto de la FND.

La controversia expone fracturas más profundas entre el Ejecutivo y las regiones, exacerbadas por los recortes presupuestales de 16 billones de pesos para 2026 que responden principalmente al hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, que buscaba recaudar esa cifra para equilibrar el Presupuesto General de la Nación (PGN), aprobado en 546,9 billones tras ajustes iniciales de diez billones menos que lo propuesto por el gobierno. Estos recortes acumulados, provenientes de un aplazamiento de 12 billones por la caída de la Ley de Financiamiento y un recorte adicional de 4,2 billones al cierre de 2025, afectan inversión pública en sectores clave como vías 4G, el Metro de Bogotá, la Agencia Nacional de Tierras y programas sociales, debido a una caída en el recaudo tributario por debajo de las metas.

Mientras los gobernadores alertan sobre riesgos a la estabilidad financiera territorial y llaman a un bloque con alcaldes vía Asocapitales, cuya carta ya llegó a la Corte solicitando suspensión, el gobierno insiste en la obligatoriedad de la norma para enfrentar la crisis fiscal, dejando en vilo su implementación y posibles repercusiones patrimoniales para los discrepantes, mientras la Corte evalúa si el uso reiterado de emergencias vulnera el equilibrio de poderes o justifica medidas ante la crisis económica.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Reacomodos en la Casa de Nariño en la recta final del gobierno Petro

La Casa de Nariño ha sido escenario de una serie de ajustes y renuncias que reflejan tensiones internas en el círculo más cercano al presidente. En menos de 48 horas, varios funcionarios clave presentaron su renuncia o fueron relevados de sus cargos, entre ellos Angie Rodríguez, quien se desempeñaba como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y mano derecha del presidente; Jorge Lemus, al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); y Juan Carlos Florián, ministro de la Igualdad. Estas salidas se presentaron en medio de pugnas internas y acusaciones cruzadas sobre gestión y ejecución de políticas, particularmente en el caso de Rodríguez, quien denunció haber sido víctima de amenazas y ataques sistemáticos; y de Lemus, cuya gestión en inteligencia estuvo envuelta en polémicas por posibles filtraciones de información a grupos armados.

El presidente Petro procedió a reorganizar parte de su gabinete y su círculo de confianza, asignando nuevas responsabilidades al jefe de despacho José Raúl Moreno, quien asumió de manera interina tanto el DAPRE como el Ministerio de Igualdad. La concentración de poder en la figura de Moreno, antes un aliado de Rodríguez, ha sido interpretada como un intento por estabilizar la agenda presidencial, aunque también ha suscitado interpretaciones sobre el desplazamiento de facciones internas en el Ejecutivo. Estas reconfiguraciones ocurren en un contexto donde Petro ha buscado mediar y contener lo que se ha denominado “fuego amigo” dentro de su administración. El presidente ha convocado a reuniones privadas con funcionarios y militantes de su coalición para intentar moderar los conflictos internos y concentrar esfuerzos en el cierre de su mandato, que incluye la defensa de sus políticas económicas y la proyección de alianzas políticas de cara a las elecciones de 2026.

Paralelamente a estas dinámicas internas, el Ejecutivo ha defendido medidas económicas controvertidas, como el decreto de emergencia económica, señalado por Petro como una herramienta necesaria para reducir el costo de la deuda pública y recuperar la confianza de los mercados tras el hundimiento de una ley de financiamiento. La implementación del decreto permitió una significativa emisión de bonos en los mercados internacionales con alta demanda, lo que fue interpretado como una señal de confianza externa hacia Colombia. Se suma también la defensa del aumento del salario mínimo, que Petro ha presentado como una medida orientada a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y sostener el consumo interno, pese a las críticas de sectores empresariales y de analistas que advierten sobre su impacto en la inflación y el empleo. Así, los movimientos en el gabinete y las nuevas políticas económicas configuran un escenario en el que el Ejecutivo busca reafirmar su rumbo y su legado, en medio de tensiones internas y un contexto económico y político aún incierto.

ECUADOR 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Gabriela Rivadeneira presidirá la Revolución Ciudadana

Al cierre de este reporte, la Revolución Ciudadana (RC) estará llevando a cabo su Convención Nacional, en la que renovará autoridades partidarias para un período de tres años. En este marco, y con el respaldo del ex presidente Rafael Correa, Gabriela Rivadeneira ejercerá como presidenta de dicha fuerza política. Esto será ratificado en la mencionada Convención, ya que sólo se ha presentado una lista de consenso, una estrategia dirigida a proyectar unidad y evitar fracturas internas durante la transición de mando.

Tras seis años de asilo político en México, Rivadeneira regresó a Ecuador con el objetivo de liderar la reorganización de la RC desde el territorio nacional. Se espera que Rivadeneira, quien posee una amplia trayectoria legislativa y política, impulse la unificación interna y fortalezca la estructura organizativa de cara a los desafíos electorales futuros. En 2027 habrá elecciones locales en el marco de las cuales el correísmo intentará retener posiciones clave como las alcaldías de las ciudades de Quito y Guayaquil, y las prefecturas de las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Imbabura y Azuay.

La Convención se realizará en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. La elección de esta ubicación es estratégica, dado que la región representa un bastión histórico para el movimiento. La Convención se presenta como un espacio de movilización y validación de la nueva directiva, sirviendo además como el escenario oficial para el “relanzamiento” de la RC.

PERÚ

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Un nuevo escándalo acorrala al gobierno de José Jeri

El escenario político peruano se ha visto sacudido por la revelación de una reunión no registrada entre el presidente José Jeri y el empresario chino Zhihua Yang. El encuentro, de carácter clandestino, se llevó a cabo en un «chifa» del distrito de San Borja, donde se reportó que el mandatario llegó encapuchado para evitar ser identificado. Además, se denunció que Jeri habría utilizado el vehículo oficial de la Presidencia para desplazarse a dicha cita secreta. El empresario involucrado, Zhihua Yang, está vinculado a Nicanor Boluarte y se ha revelado que visitó el Palacio de Gobierno en tres ocasiones anteriores.

Ante la difusión de las imágenes y el escándalo generado, el presidente Jeri ensayó diversas justificaciones. Inicialmente, intentó enmarcar el encuentro como parte de las coordinaciones por el «Día de la Amistad Perú-China», señalando que se realizarían actividades en el Palacio de Gobierno. Posteriormente, el mandatario admitió que la reunión fue un «error» debido a la hora inadecuada y al «tufillo» que recordaba a las reuniones en la casa de Sarratea del expresidente Pedro Castillo. No obstante, Jeri insistió en que no hubo nada irregular ni indebido en la cita.

La reacción legislativa ha sido inmediata. La Comisión de Fiscalización del Congreso ya ha solicitado información formal a Jeri sobre la reunión y ha anunciado que debatirá en su próxima sesión el pedido para citar al presidente. En un tono de mayor confrontación, se ha anunciado la presentación de una moción de vacancia presidencial contra Jeri como consecuencia directa de este encuentro clandestino. Este movimiento parlamentario profundiza la fragilidad del Ejecutivo y coloca al gobierno en una posición de defensa legal y política frente al Congreso en el inicio del año electoral.

VENEZUELA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Delcy Rodríguez presenta Memoria y Cuenta 2025 frente a la Asamblea Nacional

El jueves 15 de enero la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió el mensaje anual a la nación en donde rindió balance de todo lo acontecido a nivel de gobierno durante 2025 así como también las principales líneas de gobierno para este 2026.

Entre los elementos destacados de su discurso frente a la Asamblea Nacional ratificó la denuncia del secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, calificando este hecho como una mancha histórica en la relación entre ambos países llamando a la unidad nacional frente a estos ataques y amenazas por parte de los Estados Unidos. No obstante, la presidenta sostuvo la voluntad del país de entablar diálogos para la solución de controversias de manera pacífica, remarcando que si le tocara viajar a los Estados Unidos lo haría como parte de esta voluntad, pero como representante de un país soberano sin extorsiones ni amenazas.

En el plano económico, Rodríguez destacó el crecimiento por 19 trimestres consecutivos dando en el 2025 un crecimiento de 8,5% –el más alto de la región– así como también el avance en la producción petrolera alcanzando superar el millón de barriles de petróleo por día en un esfuerzo conjunto entre PDVSA y Chevron, bajo el modelo de “Contrato de Participación Productiva de hidrocarburo” o CPP en donde la iniciativa privada se asocia a PDVSA para la exploración y explotación de ciertos pozos petroleros.

Es en este marco que la presidenta encargada presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley para realizar modificaciones en la Ley de Hidrocarburos y poder así incorporar los proyectos firmados bajo la Ley Antibloqueo (2020) reforzando la inversión en nuevos campos petrolíferos.

Así mismo, la primera mandataria anunció la creación de dos fondos soberanos financiados con los ingresos petroleros. El primero de protección social apuntado a mejorar el ingreso de los salarios de los trabajadores, así como la educación y la salud. El segundo por su parte se orientará hacia la mejora de la Infraestructura y servicios básicos del país. El manejo efectivo de ambos fondos será a través de una plataforma tecnológica que garantice transparencia.

En el plano político Rodríguez resaltó la consolidación del modelo de democracia participativa y poder popular con la inversión de más de 280 millones de dólares en 35 mil proyectos votados en las consultas populares y ejecutados por los Consejos Comunales y las Comunas de todo el país.

Finalmente, en el plano internacional reafirmó el derecho de Venezuela de mantener relaciones con los países que considere, nombrando explícitamente a China, Rusia, Irán y Cuba. Sumado a esto recordó que la cooperación energética con los Estados Unidos no es nueva y que el deseo de Venezuela es continuar reforzándola, siempre en el marco del respeto mutuo.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Suman 406 las excarcelaciones por parte del gobierno venezolano

El gobierno de Venezuela lleva liberadas, hasta el 14 de enero, 406 personas bajo proceso penal desde diciembre de 2025, como parte de la búsqueda por alcanzar la paz en el país suramericano. Así lo informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez en rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, recalcando que este proceso sigue abierto y que Venezuela tiene la disposición de abrir espacios de diálogo político para el entendimiento y la tolerancia.

Rodríguez informó que no se contempla la excarcelación de personas acusadas por delitos graves como homicidios o narcotráfico, sino que serán revisados delitos relacionados con el orden constitucional. No obstante, dejó en claro que los mensajes de odio y la violencia no serán permitidos, dando la posibilidad en este caso de poder comenzar a desarrollar una convivencia entre toda la sociedad más allá de las diferencias.

Por su parte, el fiscal general de la República, Tarek William Saab -titular del Ministerio Público- declaró que es este órgano del Estado el encargado de realizar las solicitudes al Poder Judicial para la revisión de las medidas, en el espíritu de reconciliación nacional. Dichas acciones comenzaron a fines de diciembre con la revisión de 150 procesos judiciales beneficiándose personas participantes de actos conspirativos y mensajes de odio entre otras acciones. 

Finalmente, el ministro de Interior y Paz Diosdado Cabello, denunció que la oposición extremista busca entorpecer este proceso de liberación, abandonando a los mismos que habían utilizado para generar desestabilización en el país. Recordando que, durante el año pasado, la misma María Corina Machado había impedido la liberación de presos al negarse a entregar la lista solicitada por el enviado de Trump en Venezuela ya que no coincidían las listas entre diversas ONGs, la cuáles, según Cabello, cobran dinero a los familiares de detenidos para agregarlos a esas listas y visibilizarlos en las redes y medios de comunicación de diversos países.