El viernes 9 de enero de 2026 se aprobó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur por parte de los Estados miembros europeos y se reactivó un proceso de negociación iniciado en 1999, aunque su entrada en vigencia sigue siendo incierta y depende de una ratificación compleja en el Parlamento Europeo. Para el gobierno uruguayo, la relevancia de este instrumento mejorará las condiciones de acceso al mercado europeo tanto en materia de bienes y servicios así como en otras disciplinas comerciales. Cabe destacar que, según la cancillería uruguaya, la Unión Europea fue el tercer destino de las exportaciones de bienes, representando el 14% del total exportado, totalizando en 2024 ventas por mil 786 millones de dólares. El acuerdo prevé la eliminación de aranceles sobre más del 90% del comercio bilateral y consolida un esquema de apertura que refuerza el perfil primario-exportador del Mercosur. En el caso uruguayo, los potenciales beneficios se concentran en algunos rubros agroindustriales, mientras que los márgenes de maniobra para políticas de desarrollo, compras públicas o regulación ambiental permanecen acotados. La asimetría estructural entre ambos bloques no es corregida por el texto del acuerdo, sino administrada mediante cláusulas que priorizan la protección del mercado europeo.
El tramo final de la negociación dejó en evidencia estas desigualdades. La aprobación europea estuvo condicionada a un paquete de salvaguardas agrícolas, controles sanitarios y mecanismos de “freno de emergencia” diseñados exclusivamente para proteger a los productores europeos frente a importaciones del Mercosur. Francia, Polonia, Hungría e Irlanda mantuvieron su rechazo, mientras que Italia destrabó su voto tras obtener mayores garantías presupuestarias para su sector agropecuario. No hubo, en cambio, concesiones equivalentes para los países sudamericanos.
Desde el gobierno uruguayo se siguió el proceso “de manera permanente” y se respaldó políticamente el acuerdo, en línea con una estrategia de inserción internacional que privilegia el acceso a mercados por sobre el debate sobre desarrollo productivo y soberanía regulatoria. En ese marco, el presidente Yamandú Orsi coincidió con el gobierno español en la “necesidad imperiosa” de cerrar el tratado, aun cuando sus impactos concretos sobre empleo, industria y agregado de valor siguen siendo objeto de escasa discusión pública.
