Por trigésima segunda vez consecutiva, este miércoles 30 de octubre la Asamblea General de las Naciones Unidas se manifestó de manera inequívoca contra el ilegal bloqueo que Estados Unidos mantiene contra Cuba.

Tras casi dos días de debate, donde participaron representantes de más de 60 países y bloques regionales, la resolución titulada “la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos” fue aprobada por una abrumadora mayoría. Este año, 187 países votaron a favor de la resolución. Hubo una sola abstención (Moldavia) y los dos tradicionales votos en contra: el de Estados Unidos y el de Israel.

Desde 1992, todos los años Cuba ha presentado el texto de resolución ante el máximo órgano deliberativo y representativo de las Naciones Unidos. Desde entonces, año tras año, la resolución ha sido aprobada por una inmensa mayoría, con los únicos votos en contra de Estados Unidos e Israel, junto con algún aliado ocasional.

A través de su cuenta de la red social X, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, festejó el triunfo, afirmando que “el pequeño David volvió a vencer al gigante Goliath” y que “la pequeña Cuba ha vuelto a derrotar al imperio vecino que, seguramente, ignorará con prepotencia la demanda mundial, pero la dignidad de este pueblo y la solidaridad universal han vuelto a derrotarlo”. Se trata de una resolución no vinculante donde Cuba reclama “la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos, y la libertad de comercio y navegación internacionales”.

El bloqueo que Washington llama “embargo” consiste en una serie de medidas económicas y políticas aplicadas luego del triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959, con el objetivo explícito de asfixiar la economía cubana y debilitar al gobierno revolucionario. Esta estrategia de guerra no convencional se basa en un memorándum secreto que el entonces subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos Interamericanos, Lester D. Mallory, envió al presidente republicano Dwight Eisenhower (1953-1961), en donde sugería “la rápida aplicación de todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba”, para privar al país de “dinero y suministros, reducir sus recursos financieros y salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”. El bloqueo se formalizó el 7 de febrero de 1962 y el presidente demócrata John F. Kennedy lo declaró “total”. Esta política se mantuvo a través de las siguientes once administraciones de Estado Unidos.

En 1992, Washington aprobó la “Ley de la Democracia Cubana”, conocida como Ley Torricelli, que prohíbe la entrada a Estados Unidos durante seis meses a cualquier barco que haya tocado puertos cubanos. Esta ley es un claro ejemplo de la aplicación extraterritorial del bloqueo, que también prohíbe a las entidades de otros países que operen con más de un 10% de capital estadounidense hacer intercambios comerciales con Cuba.

En 1996 entró en vigor la elocuentemente denominada “Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática”, conocida como Ley Helms-Burton. Promulgada bajo la administración demócrata de Bill Clinton, esta norma establece que cualquier empresa no estadounidense que firme contratos con Cuba puede ser objeto de represalias legales en Estados Unidos.

Recientemente, durante la administración de Donald Trump, se implementaron más de 240 medidas adicionales con el fin de establecer una política de “máxima presión” que continuó bajo la administración de Biden.

Lectura recomendada:

Pablo Sanz Padilla, “El embargo contra Cuba, clave en la política estadounidense”, Descifrando la Guerra, 18 de septiembre de 2024.