CANADÁ
CANADÁ
ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Debates presidenciales en Canadá
Durante las noches del miércoles y jueves ocurrió el debate presidencial (en idioma francés e inglés respectivamente), en el cual los líderes de los cuatro principales partidos federales de Canadá —Mark Carney (Liberales), Pierre Poilievre (Conservadores), Jagmeet Singh (NDP) y Yves-François Blanchet (Bloc Québécois)— confrontaron visiones sobre el futuro del país en un contexto dominado por la amenaza económica y política que representa Donald Trump como presidente de EE.UU. Todos los candidatos reconocieron el desafío que plantea para la soberanía canadiense, especialmente en medio de una guerra arancelaria.
Carney fue blanco principal del resto de los candidatos, quienes buscaron deslegitimar su liderazgo al vincularlo con el legado de Justin Trudeau. Poilievre lo acusó repetidamente de mantener conexiones con la anterior administración y de reutilizar promesas incumplidas. Singh lo retrató como un representante de los intereses corporativos, alejado de la clase trabajadora.
Blanchet y Singh utilizaron el debate también para reposicionarse en el panorama nacional. Ambos partidos, que han perdido tracción frente a los liberales, lograron visibilidad en un escenario dominado por el enfrentamiento entre Carney y Poilievre. Blanchet apeló directamente al electorado quebequense y advirtió sobre un posible debilitamiento de los intereses regionales si se consolida un gobierno liberal minoritario. Singh reiteró su defensa de los servicios públicos y se distanció de las políticas económicas neoliberales.
Si bien el día de la elección canadiense es el domingo 28 de abril, ya desde el 18 al 22 de abril es posible realizar una votación anticipada para aquellos que no puedan o quieran votar el día oficial de las elecciones.
ESTADOS UNIDOS
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DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | La OTAN continúa su apoyo a Ucrania mientras EE. UU. profundiza su distanciamiento
En una visita sorpresa a Odesa, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reafirmó el apoyo «inquebrantable» de la alianza militar a Ucrania, especialmente tras un reciente ataque ruso en Sumy que dejó 35 muertos. Rutte enfatizó que Rusia es el agresor en este conflicto y subrayó la urgencia de mejorar los sistemas de defensa aérea ucranianos. Además, Rutte declaró que la adhesión de Ucrania a la OTAN es un proceso «irreversible», recordando los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Washington de 2024.
Sin embargo, en una declaración reciente, el secretario de Estado Marco Rubio subrayó que la guerra en Ucrania, aunque trágica, no es una guerra de Estados Unidos, destacando que su país ha apoyado a Kiev durante tres años pero que ahora necesita evaluar si la paz es viable a corto plazo. Afirmó que, si bien el gobierno estadounidense ha estado involucrado en intensas negociaciones con ambas partes —incluidas reuniones con Vladimir Putin y funcionarios ucranianos—, el presidente exigirá resultados en cuestión de días. Si no se perciben avances concretos, Estados Unidos reducirá su implicación directa. Rubio evitó divulgar detalles del marco propuesto para un posible alto el fuego, pero indicó que se están explorando garantías de seguridad para Ucrania, reconociendo su derecho a la autodefensa. Enfatizó que la guerra no tiene solución militar y que prolongarla solo costará más vidas. También mencionó que las potencias europeas como Francia, Alemania y Reino Unido han sido colaboradoras constructivas y seguirán participando en el proceso.
En simultáneo, la OTAN concretó la adquisición del sistema militar Maven de la empresa estadounidense Palantir de Peter Thiel, figura cercana a Trump y al Pentágono que apadrinó la candidatura de J.D. Vance por la vicepresidencia. Lo que parece indicar que el aumento de gasto de defensa europea exigido desde los comienzos del mandato de Trump redunda en las arcas de empresas estadounidenses, por lo menos en este caso.
EL SALVADOR
EL SALVADOR
RELACIONES EXTERIORES | Cooperación en Deportaciones y el Caso de Kilmar Ábrego García
El pasado lunes 14 de abril, Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en lo que fue el primer encuentro del mandatario republicano con un líder latinoamericano durante su segundo mandato. Lejos de tratarse de un mero acto protocolar, la reunión —cargada de simbolismo— funcionó como un gesto político con un mensaje claro: Washington no solo busca transmitir a la región que «es mejor ser aliado que adversario de Estados Unidos», sino que, además, ya no guarda ningún compromiso —aunque tan solo fuese retórico— con la otrora bandera de la democracia y los derechos humanos en la región.
La reunión entre ambos mandatarios consolida la pretensión de Washington de externalizar y tercerizar su sistema carcelario, una intención que ya había tenido un primer capítulo importante durante la gira del jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, a principios de febrero, en su visita al país centroamericano. La Casa Blanca pretende ahondar en su alianza estratégica con El Salvador para garantizar la deportación masiva de migrantes acusados —sin pruebas— de ‘vinculación con pandillas’, así como de ciudadanos estadounidenses condenados por delitos violentos, instando al presidente Nayib Bukele para construir «cinco prisiones más» para albergar tantas personas “como sea posible”.
Durante la conferencia de prensa conjunta, Trump no ocultó su entusiasmo elogiando al mandatario salvadoreño. «Tengo la mejor relación con él», afirmó. El eje de la insólita “colaboración” consiste en que Estados Unidos paga a El Salvador para que reciba y encarcele a migrantes deportados. Según Trump, esto es solo el inicio: «Los delincuentes locales [estadounidenses] son los siguientes».
Según se supo recientemente, la mayoría de los 238 deportados en marzo no tenían antecedentes penales en EE.UU., salvo por delitos migratorios. Aun así, fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel salvadoreña denunciada por condiciones inhumanas.
El punto más controvertido de la reunión fue la mención a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño residente legal en Maryland bajo protección judicial desde 2019 debido a riesgos de persecución en su país. Pese a ello, fue deportado en marzo y recluido en el CECOT. La Corte Suprema de EE.UU. ha ordenado a la administración Trump «facilitar su regreso». Sin embargo, tanto la administración Trump como el presidente Bukele se vienen negando a obedecer la orden.
Durante la reunión, con tono irónico, Bukele afirmó: «¿Cómo puedo introducir ilegalmente a un terrorista en Estados Unidos? No tengo facultad para devolverlo». Trump respaldó esta postura, mientras su asesor Stephen Miller argumentó que Ábrego García «pertenece a El Salvador». La fiscal general Pam Bondi añadió que, si El Salvador accedía a devolverlo, EE.UU. proveería un avión, pero dejó claro que la decisión final era de Bukele.
La reunión Trump-Bukele sienta un precedente alarmante: la privatización de la justicia migratoria mediante acuerdos bilaterales opacos, donde países receptores asumen el costo humano a cambio de beneficios económicos o políticos. Mientras tanto, casos como el de Ábrego García quedan en un limbo, evidenciando que, para ambos gobiernos, la retórica de seguridad prevalece sobre el debido proceso.
ARGENTINA
ARGENTINA
ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | La Corte Suprema tiene la última palabra en el intento de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha acelerado el trámite en la causa «Vialidad», que involucra a Cristina Fernández de Kirchner (CFK), expresidenta y actual líder del PJ, y que podría definir su futuro político. El máximo tribunal decidió enviar al Procurador General interino, Eduardo Casal, el recurso presentado por el fiscal de Casación, Mario Villar, quien solicita que se eleve la condena de seis a doce años de prisión por asociación ilícita, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta decisión ocurre en un contexto de fuerte presión político-mediático-empresarial para impedir que CFK sea candidata en las próximas elecciones.
En la Corte hay actualmente 17 recursos de queja relacionados con esta causa, que ya fue juzgada en primera y segunda instancia, donde CFK fue condenada por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez. El tribunal decidió pedir opinión al Procurador sobre el recurso del fiscal Villar, que respalda la postura de los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que la condena sea por asociación ilícita y no solo por fraude, lo que implicaría una pena mucho más severa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El dictamen del Procurador no es vinculante para la Corte, pero suele ser una señal importante sobre la dirección que podría tomar el tribunal. Se estima que Casal respaldará el pedido de Villar, lo que permitiría a la Corte avanzar en la causa y eventualmente confirmar o ampliar la condena contra CFK. Sin embargo, la Corte no ha fijado plazos para resolver y los tiempos pueden depender de factores políticos, especialmente el calendario electoral, ya que el cierre de listas para las elecciones legislativas es en agosto y la definición judicial podría afectar la posibilidad de CFK de postularse y obtener inmunidad parlamentaria.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner sostiene que el juicio estuvo plagado de irregularidades, señalando falta de imparcialidad en los jueces, ausencia de peritajes técnicos, pruebas forzadas y que no se le permitió responder adecuadamente a las acusaciones. Además, la defensa tiene recursos pendientes en la Corte para revertir la condena, argumentando que no hubo pruebas suficientes para la acusación de asociación ilícita y que la condena actual se basa en un análisis fragmentado y dogmático de las pruebas.
ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | El gobierno goza de un “verano” en base al endeudamiento y la quema de reservas
El mercado financiero argentino continúa mostrando un fuerte optimismo, con acciones y bonos soberanos en dólares en alza, especialmente en Wall Street, donde empresas como Irsa, Cresud y Vista Energy registraron importantes subas tras anuncios vinculados a inversiones en sectores estratégicos como Vaca Muerta. Este entusiasmo refleja la confianza en la hoja de ruta económica actual, aunque algunos economistas advierten que la apreciación del dólar oficial, cercano a los mil pesos, podría dificultar la acumulación de reservas y la competitividad de las exportaciones.
El economista Orlando Ferreres alertó sobre los riesgos de mantener un tipo de cambio oficial tan bajo, ya que limita la capacidad del Banco Central para incrementar sus reservas y afecta la llegada de inversiones. Destacó que, aunque el país ha recibido préstamos que aumentan las reservas, también incrementan la deuda que habrá que devolver. Por ello, insistió en la necesidad de un superávit comercial y un tipo de cambio “razonable” para potenciar sectores generadores de divisas como el agro, la minería y el petróleo.
En paralelo, el Gobierno se resiste a implementar un nuevo índice de precios del Indec que podría reflejar una inflación más alta y realista. Aunque el organismo estadístico ya finalizó los desarrollos técnicos y metodológicos del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), la aprobación y puesta en marcha dependen del Ministerio de Economía, que busca evitar modificaciones en un contexto de alta volatilidad cambiaria y de precios.
El presidente Javier Milei, por su parte, propone una política cambiaria más agresiva para bajar la inflación, buscando acercar el dólar oficial a mil pesos para que el Banco Central pueda comenzar a comprar divisas y acumular reservas. Esta estrategia implica riesgos, como la posible volatilidad del mercado y la presión sobre las reservas, pero apunta a estabilizar la economía. Además, el Gobierno ha adoptado medidas para restringir la liquidez en pesos y fomentar la entrada de capitales especulativos que permanezcan hasta después de las elecciones, buscando controlar la cotización del dólar y la inflación.
La política económica enfrenta un delicado equilibrio entre mantener un dólar competitivo para las exportaciones y evitar un impacto inflacionario excesivo. La baja del dólar oficial ayuda a contener la inflación, pero puede afectar la competitividad de sectores productivos clave. El acuerdo con el FMI impone metas fiscales y monetarias restrictivas que limitan la liquidez y condicionan la política cambiaria, mientras que la incertidumbre sobre la implementación del nuevo índice de precios y las medidas cambiarias generan un escenario complejo para la economía argentina en el corto plazo.
BOLIVIA
BOLIVIA
ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Avanza la inscripción de alianzas políticas y candidaturas presidenciales en Bolivia
En una semana clave para el calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió las alianzas formales inscritas para las elecciones generales del próximo 17 de agosto. Manfred Reyes Villa y Jorge “Tuto” Quiroga presentaron su alianza opositora.
En ese marco, se confirmó que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, participará en los comicios bajo la sigla del Movimiento Tercer Sistema (MTS). La alianza, que había sido objeto de especulación tras su distanciamiento del MAS y de Evo Morales, consolida su candidatura desde una nueva plataforma.
En contraste, el exmagistrado Gualberto Cusi presentó un recurso de inconstitucionalidad abstracta contra la convocatoria a elecciones generales, argumentando que el proceso electoral no puede desarrollarse mientras no se haya renovado por vía democrática el Órgano Judicial, cuyos magistrados permanecen prorrogados en sus funciones. Si bien el TSE no ha suspendido el cronograma, este recurso añade incertidumbre jurídica al ya tenso ambiente político.
ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Rebajan la calificación crediticia de Bolivia
En el frente económico, la agencia internacional Moody’s rebajó la calificación crediticia de Bolivia a “Ca”, lo que representa uno de los niveles más riesgosos y refleja una creciente crisis de divisas y desconfianza en la estabilidad macroeconómica del país. El informe de la calificadora destaca la caída de las reservas internacionales netas, las presiones fiscales y la incapacidad del gobierno para acceder a financiamiento externo en condiciones favorables.
A este panorama se suma el aumento de la deuda interna, que alcanzó cifras récord. Según datos del Ministerio de Economía, el endeudamiento en moneda nacional se ha incrementado para cubrir déficits operativos, mientras el mercado cuestiona la viabilidad de sostener esta vía sin una recuperación del flujo de divisas o sin renegociaciones externas.
BRASIL
BRASIL
ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | El bolsonarismo actúa buscando amnistía
Desde el Palacio del Planalto hubo comunicaciones con ministros de partidos aliados para intentar revertir, junto con sus bancadas en la Cámara de Diputados, el apoyo a la solicitud urgente del proyecto de ley que prevé amnistía para los detenidos en los atentados golpistas del 8 de enero y puede extenderse a otros involucrados en la trama golpista.
El documento, presentado por el PL de Jair Bolsonaro el lunes 14 de abril, da la posibilidad de que el proyecto sea discutido directamente en el plenario. Más de la mitad de las firmas proceden de congresistas de los partidos que apoyan al gobierno: Unión Brasil, Republicanos, PP, PSD y MDB. En conjunto, estos partidos tienen 10 ministerios.
La tramitación del proyecto de ley que pretende conceder amnistía a los implicados en los actos golpistas del 8 de enero podría volverse en contra del propio bolsonarismo. La evaluación es del politólogo Paulo Niccoli Ramírez, quien ve la movilización en torno al tema como un intento arriesgado de equiparar figuras “irrelevantes” con los mentores del intento de golpe. Podría ser peor para el expresidente Jair Bolsonaro. Intenta usar a individuos «simples» para ocultar su responsabilidad en el intento de golpe, pero existe el riesgo de que esta amnistía termine centrando toda la atención mediática en él.
BIENES COMUNES | Respuestas de Brasil frente a los aranceles de Trump
El diputado federal Iván Valente (Psol) presentó, el miércoles 16 de abril, un proyecto de ley que busca bloquear la explotación de petróleo y gas en la región amazónica. La propuesta también determina la interrupción de proyectos ya en marcha y la recuperación ambiental de áreas afectadas por la actividad.
El texto cuenta con el apoyo de organizaciones como Greenpeace, Inesc, Observatório do Clima, WWF, Instituto Arayara y Painel Mar, y llega en medio del impasse entre el gobierno federal y el Ibama sobre la exploración petrolera en el Margen Ecuatorial. También esta semana, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP) confirmó que, en la próxima subasta de áreas para exploración y producción de petróleo en el país, deberán incluirse bloques de la región.
CHILE
CHILE
ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | La economía chilena reciente los aranceles trumpistas
Chile se enfrenta a una creciente presión económica debido a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, bajo la política proteccionista del presidente Donald Trump. Esta medida, que grava con un mínimo del 10% las exportaciones chilenas, amenaza la competitividad de industrias clave como el salmón, las frutas frescas y el vino, generando preocupación en un país cuya economía depende en gran medida del comercio exterior. El gobierno de Gabriel Boric busca negociar una tregua con la Casa Blanca y diversificar sus mercados para mitigar el impacto.
Las industrias chilenas más afectadas se preparan para un escenario complejo. El sector salmonero, que envía el 40% de sus exportaciones a Estados Unidos, teme una fuerte caída en la demanda si los aranceles se trasladan a los consumidores. Los productores de frutas frescas, como manzanas, uvas y arándanos, también ven en riesgo su principal mercado. En cuanto al vino, a pesar de contar con un Tratado de Libre Comercio, la imposición de aranceles representa un revés para las exportaciones chilenas hacia el país norteamericano.
Ante esta situación, Chile ha iniciado un diálogo directo y constructivo con Estados Unidos, buscando una solución favorable para ambos países. Además, los gremios exportadores solicitan al gobierno conformar un equipo de excelencia que incluya lo mejor del sector público y privado para afrontar las negociaciones. Paralelamente, se impulsa la diversificación de mercados y se exploran medidas para mejorar la competitividad interna, abordando trabas regulatorias y problemas de permisología que afectan a los sectores productivos chilenos.
COLOMBIA
COLOMBIA
DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Atentados de Semana Santa y el pulso político por el cese al fuego
Los comienzos de Semana Santa en Colombia se dieron entre un encadenado de atentados terroristas. La madrugada del Jueves Santo, la subestación de Policía de Dagua fue sorprendida por ráfagas de fusil que se prolongaron cerca de media hora, mientras que en Jamundí se descubrió en plena vía un carro bomba. Al mismo tiempo, en el corregimiento de Mondomo (Cauca), un dron cargado de explosivos atacó la estación de Policía, matando a una civil e hiriendo al menos a 20 personas; el personero local advirtió que la comunidad quedó “a merced de grupos armados ilegales” tras el atentado. Horas después, en La Plata (Huila), una motocicleta bomba detonó frente al comando de la Policía, cobrándose la vida de los hermanos Luisa Fernanda (20 años) y Sergio Trujillo Peña (17) e hiriendo a 24 personas. El estallido arrasó con la infraestructura policial y causó graves daños en viviendas y comercios aledaños.
El Gobierno atribuyó los ataques de Mondomo a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y anunció una recompensa de 300 millones de pesos por información que conduzca a sus responsables, cuyos rostros y alias fueron revelados públicamente. Simultáneamente, tras tres agresiones con fusil y explosivos contra la fuerza pública en Carepa, Salgar y San Pedro de los Milagros (Antioquia), se responsabilizó al Clan del Golfo; se identificó a alias Cedral, “Perdido”, “Colonia” y “Román” como presuntos autores y se ofreció una recompensa de 100 millones de pesos. En medio de estas acciones violentas, el presidente Gustavo Petro comunicó su decisión de no prorrogar el cese al fuego bilateral con las disidencias de Calarcá, otorgándoles 72 horas para su repliegue y levantando la suspensión de órdenes de captura; pocas horas después, sin embargo, emitió un decreto que suspende temporalmente –hasta el 18 de mayo– las operaciones ofensivas contra ese mismo grupo, con el fin de facilitar “preagrupamientos” y proyectos territoriales en Caquetá y el Catatumbo, sin mediación internacional. En este marco, el presidente reiteró su apuesta por la “paz total”, afirmando que “la guerra es el fracaso total” y lanzando un contundente mensaje contra el ELN, al que acusó de escoger “el camino de la crucifixión” al aliarse para el tráfico de armas y cocaína, y proponiendo en cambio la “Resurrección” mediante la legalización del cultivo de cocaína con fines alimentarios.
Las reacciones políticas a la decisión de no prorrogar el cese al fuego con las disidencias de ‘Calarcá’ mostraron matices marcados. En el Pacto Histórico, el representante Alejandro Ocampo expresó su pesar calificando el hecho de “lamentable” y advirtió que “cada vez que se suspende un diálogo y un cese al fuego se apaga la chispa y la esperanza de la paz”, al tiempo que urgió a las agrupaciones armadas a demostrar voluntad real con “acciones que conlleven a la paz”. Por el contrario, el exministro Juan Fernando Cristo saludó la determinación presidencial, recordando que estos grupos “no cumplieron sus compromisos ni avanzaron en una real voluntad de desmovilización y desarme”, y subrayó que ahora las fuerzas militares y la Policía deberán asumir “un gran reto” ofensivo. Así, desde el lamento por la pérdida de espacios de diálogo hasta la exigencia de mayor contundencia militar y la preocupación por la protección de la ciudadanía, el abanico de posturas refleja la complejidad de combinar estrategias de paz con garantías de seguridad en el marco de la política colombiana.
ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | La Consulta Popular toma fuerza: La estrategia del Gobierno para sortear el bloqueo legislativo
El Gobierno del presidente Gustavo Petro se prepara para presentar ante el Senado el texto de la consulta popular con la que busca recuperar el impulso de su reforma laboral, archivada previamente en la Comisión Séptima del Senado. La propuesta, que podría ser presentada de manera oficial en los próximos días, ha sido acompañada por un activo respaldo de las centrales obreras, como la CUT, CTC y CGT, que han entregado un pliego de 12 preguntas para ser incluidas en la eventual consulta. Entre los temas propuestos por los sindicatos se encuentran el establecimiento del recargo nocturno desde las 6 p.m., el aumento de las indemnizaciones por despido sin causa justa, la regulación de la tercerización laboral, el reconocimiento de los contratos de aprendizaje como relaciones laborales plenas y la prohibición de despidos discriminatorios, entre otros puntos que buscan fortalecer los derechos de los trabajadores en Colombia.
La consulta ha sido recibida con opiniones divididas en el ámbito político. Mientras que el Gobierno defiende esta vía como un mecanismo de participación ciudadana y de superación del bloqueo legislativo, el Partido Liberal ha optado por presentar una reforma laboral alterna, lo que anuncia un fuerte debate en el Congreso y la posibilidad de que dos visiones contrapuestas se enfrenten en los escenarios legislativos y sociales. Paralelamente, el Consejo de Estado admitió una tutela que cuestiona la legalidad y conveniencia de la consulta popular. El recurso, que busca frenar la iniciativa, plantea que un grupo reducido de senadores no puede reemplazar el debate democrático amplio del Congreso Pleno, y califica la consulta como un uso innecesario de recursos públicos.
En medio de estas tensiones, el ministro Armando Benedetti, quien coordina la estructuración del proyecto de consulta, afirmó que más de 20.000 ciudadanos han enviado propuestas para ser consideradas, lo que en su visión respalda la legitimidad del proceso. No obstante, la controversia por los efectos políticos de la iniciativa se agudiza, especialmente por los recientes choques dentro del Gobierno y las pugnas heredadas entre figuras cercanas al presidente. El éxito de la consulta, si es aprobada y convocada, dependerá no solo del apoyo político que logre reunir, sino también del nivel de participación ciudadana y del respaldo que tenga entre los sectores populares. En definitiva, la consulta popular propuesta por Petro representa tanto una apuesta política como un instrumento de presión institucional para revivir una reforma clave en su programa de gobierno.
ECUADOR
ECUADOR
ELECCIONES | Daniel Noboa es reelecto presidente con casi el 56% de los votos
El balotaje del 13 de abril en Ecuador culminó con la victoria de Daniel Noboa (56%) sobre Luisa González (44%), en un contexto de alta polarización, crisis de seguridad y creciente uso de herramientas estatales por parte del Ejecutivo. Noboa logró aglutinar apoyos de sectores conservadores y centristas, mientras que el correísmo intentó una estrategia de alianzas desde la izquierda e incluso con sectores de derecha como el de Jan Topić. A pesar de ello, González no logró mejorar su votación respecto a la primera vuelta.
Correa y González anunciaron que no reconocerían los resultados porque se habría cometido el fraude electoral “más grande del país”. Sin embargo, esta denuncia no fue respaldada ni por sus aliados ni por autoridades locales de la misma Revolución Ciudadana (RC).
Según los analistas, la victoria de Noboa fue posible gracias a una combinación de elementos: la persistencia del anticorreísmo como clivaje electoral, una institucionalidad electoral inclinada a su favor, el uso de recursos públicos para beneficios focalizados, el despliegue de una política exterior con fuerte contenido simbólico y un enfoque securitista que incluyó la alianza con una empresa militar privada extranjera para combatir a las bandas criminales.
En el plano regional se evidenciaron distintas reacciones. La victoria de Noboa fue reconocida por los presidentes de Brasil, Lula Da Silva, y Chile, Gabriel Boric. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo que esperaría hasta emitir una declaración oficial al respecto, pero que por el momento México no retomaría relaciones diplomáticas con Ecuador. Finalmente, Gustavo Petro, primer mandatario colombiano, sostuvo que no puede reconocer las elecciones ecuatorianas por haber evidenciado diversas irregularidades y demandó que se entreguen las actas.
La reelección de Noboa inaugura un nuevo ciclo político marcado por la tensión entre gobernabilidad y reforma institucional. Aunque ha demostrado pragmatismo, el presidente enfrentará una Asamblea fragmentada en la que el correísmo sigue siendo primera minoría, siempre y cuando no pierda legisladores. En paralelo, se prevé que impulse una agenda de reformas, incluyendo una posible Asamblea Constituyente, y la renovación de autoridades de control clave como la Fiscalía General del Estado.
ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Conocido el resultado electoral, la Revolución Ciudadana denuncia persecución política
Luego de la reelección de Daniel Noboa como presidente, se dio a conocer un listado de alrededor de 100 personas a quienes se buscaría complicar o impedir la salida del país en fronteras y aeropuertos, sin una orden judicial. En la lista figuran personas vinculadas a la RC, así como periodistas, personajes políticos y consultores de campaña. Frente a esta situación, Rafael Correa denunció una nueva situación de persecución.
PARAGUAY
PARAGUAY
RELACIONES EXTERIORES | Brasil y Paraguay reabren diálogo después del escándalo de espionaje
El canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano mantuvo una reunión con su par brasileño, Mauro Vieira, en Buenos Aires, luego de la denuncia sobre una operación de inteligencia realizada por el bolsonarismo para obtener información sobre los movimientos de Paraguay en procesos de renegociación de Itaipú Binacional.
Según informó la Cancillería paraguaya, en el encuentro Vieira informó que su gobierno se encuentra en proceso de una amplia investigación para esclarecer los graves hechos ocurridos entre junio del 2022 y marzo del 2023, y se encuentra aguardando los resultados de dicho proceso por parte de las instituciones competentes.
Los cancilleres aclararon que además dialogaron sobre el Mercosur, motivo por el cual se encontraron en la reunión de cancilleres en Buenos Aires, y también sobre temas bilaterales fundamentales, como la necesidad de concluir la renegociación del anexo c de la represa de Itaipú y sobre problemáticas globales.
PERÚ
PERÚ
ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Condenan a Ollanta Humala a 15 años de prisión
El Poder Judicial condenó al expresidente Ollanta Humala a 15 años de prisión efectiva por lavado de activos. La justicia concluyó que Humala recibió aportes ilícitos para sus campañas de 2006 y 2011, provenientes tanto de la constructora brasileña Odebrecht como de fondos vinculados al gobierno de Hugo Chávez. La sentencia también implicó a su esposa, Nadine Heredia, condenada en el mismo proceso a 15 años de cárcel por los mismos cargos.
En reacción, el gobierno brasileño concedió asilo político a Heredia. Este hecho generó una crisis diplomática incipiente: mientras legisladores brasileños exigieron al canciller Mauro Vieira explicaciones por otorgar asilo a una persona ya condenada, en Perú se levantaron voces que denunciaron una supuesta intromisión en el proceso judicial nacional.
ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Congreso archiva denuncia contra Boluarte
El Congreso de la República archivó la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso conocido como “Rolexgate”. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales optó por no abrir investigación formal, lo que fue interpretado como una señal de blindaje institucional por parte del Legislativo hacia el Ejecutivo.
ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Santiváñez vuelve al gobierno
La presidenta Boluarte ha decidido reubicar en su entorno inmediato al recientemente censurado exministro del Interior, Juan José Santiváñez. Lejos de marginarlo tras su salida del gabinete, el Ejecutivo lo designó como jefe de una nueva oficina de asesoría intergubernamental en el despacho presidencial.
URUGUAY
URUGUAY
ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Gobierno acelera investigación de funcionarios de Lacalle Pou que ayudaron a narcotraficante
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay activó una investigación administrativa para esclarecer la destrucción de un documento clave vinculado al caso del narcotraficante Sebastián Marset. El hecho involucra a dos figuras del entorno del presidente Luis Lacalle Pou: el asesor presidencial Roberto Lafluf, quien reconoció haber destruido el material, y un exfuncionario diplomático cuya identidad no ha sido oficialmente confirmada en los documentos públicos de la Cancillería.
El documento en cuestión era un informe que circuló internamente y que habría puesto en evidencia contradicciones entre distintas versiones oficiales sobre la emisión del pasaporte que recibió Marset mientras estaba detenido en Dubái. Según se informó, dicho informe fue entregado a la Secretaría de Presidencia y luego destruido por Lafluf tras recibir la orden de descartarlo, usando para ello una trituradora de papel.
El fiscal Alejandro Machado, encargado de la investigación penal del caso, pidió a la Cancillería que identifique a todos los funcionarios que accedieron al documento y detalle su recorrido institucional. A partir de estas solicitudes, el Ministerio de Relaciones Exteriores resolvió iniciar un sumario administrativo, con separación del cargo incluida, para profundizar en las responsabilidades.
Marset, que figura actualmente en la lista roja de Interpol, está vinculado a organizaciones criminales de alcance internacional. El caso ha sacudido la política uruguaya desde 2022 y la nueva línea investigativa apunta a posibles irregularidades en el manejo de información crítica dentro de la ex administración del Poder Ejecutivo.
VENEZUELA
VENEZUELA
ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Comienza la carrera electoral del 25M
El calendario electoral venezolano para las elecciones regionales del 25 de mayo viene avanzando en los tiempos estipulados sin mayores contratiempos. No obstante, las disputas políticas comienzan a incrementarse, no solamente en lo relacionado a la estructuración de alianzas, sino con el eje puesto en si los partidos y frentes opositores deberían participar del proceso electoral o no.
Es en ese contexto en donde el martes 15 de abril, se oficializaron las posiciones de los distintos partidos políticos y alianzas dentro del tarjetón electoral. Cabe destacar que la ubicación es consensuada con los distintos partidos políticos. Quedando así oficialmente 36 organizaciones políticas habilitadas para la participación electoral.
Por el lado del oficialismo, quien estará en primera ubicación, nuevamente las postulaciones estarán enmarcadas dentro del Gran Polo Patriótico, frente electoral que reúne 13 partidos y movimientos.
Cabe destacar que por el lado de la oposición el partido Un nuevo Tiempo (UNT) -liderado por Manuel Rosales- quien llevará como frustrado candidato presidencial en 2024 a González Urrutia, ha decidido participar a pesar de continuar con las denuncias de fraude en las últimas elecciones.
Esto ha generado cierto malestar entre la dirigencia opositora más radicalmente antichavista. Especialmente con las declaraciones de Capriles Radonsky, quien ha anunciado su participación como candidato en las próximas elecciones. Capriles fue nuevamente habilitado por el gobierno a participar electoralmente, lo que llevó a dirigentes opositores como Juan Guanipa de Primero Justicia a acusar a Radonsky de pactar con el gobierno para arreglar su habilitación política.
Así mismo, continuando con la oposición, el partido MPV (Movimiento por Venezuela), liderado por Simón Calzadilla, acusó al gobierno y al CNE de inhabilitar su espacio político de forma arbitraria. A pesar de esto la mayoría de los partidos opositores se encuentran habilitados formalmente a participar del proceso electoral en donde se elegirán 596 cargos, entre gobernadores, asambleístas nacionales y regionales.