ARGENTINA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Fuertes críticas desde la oposición a Milei por su discurso homofóbico y antigénero en el Foro Económico Mundial

Javier Milei, presidente de Argentina, generó controversia en el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, Suiza, entre el 20 y el 24 de enero. Milei se alejó de los temas económicos habituales, centrándose en la “batalla cultural” contra lo que denominó “wokismo” (derivado del inglés woke o “consciente”), tendencia que calificó de “epidemia”;  criticó conceptos como feminismo, diversidad e ideología de género, argumentando que son parte de un esfuerzo para justificar el aumento del control estatal. Afirmó que la ideología de género constituye “abuso infantil”, citando como ejemplo un caso extremo en Estados Unidos, y lanzó sus comentarios más polémicos contra la comunidad LGBTIQ+.

Estas declaraciones provocaron una ola de críticas en redes sociales y entre políticos de diversas corrientes. Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, condenó el discurso de Milei como una forma de apartheid, argumentando que un presidente no debería usar ejemplos extremos para descalificar a la comunidad LGBTIQ+. Pablo Avelluto, exministro de Cultura, respaldó a Ferraro y criticó el silencio de otros miembros del partido Propuesta Republicana (PRO) ante las declaraciones del presidente.

La diputada radical Karina Banfi planteó una contradicción en el discurso de Milei, sugiriendo que debe decidir si es un liberal que defiende los derechos individuales o un totalitario que persigue a quienes disienten. Esteban Paulón, diputado socialista y activista por los derechos LGBTIQ+, calificó las acusaciones de Milei como crueles y maliciosas, defendiendo el derecho a vivir la identidad de género con libertad.

Julia Strada, diputada de Unión por la Patria, también criticó fuertemente a Milei por vincular homosexualidad con pedofilia y recordó que hace un año había negado las brechas salariales de género. Anabel Fernández Sagasti, senadora del mismo partido, subrayó que el discurso del presidente refleja un intento de retroceder en los avances sociales logrados en las últimas décadas.

Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, anunció su intención de presentar una denuncia formal contra Milei por sus declaraciones. En su mensaje en redes sociales, enfatizó que la violencia de género es un problema real y que las palabras del presidente pueden llevar a ataques concretos contra las mujeres.

Finalmente, Danya Tavela, diputada por la Unión Cívica Radical, se unió a las críticas afirmando que las palabras del mandatario demuestran una preocupante visión sobre la igualdad. Subrayó que vincular la lucha por los derechos LGBTIQ+ con conceptos como abuso infantil no solo carece de fundamento, sino que también fomenta el odio y la discriminación.

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | Se confirman fechas electorales en Bolivia y se busca “blindar” el proceso

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia confirmó que las elecciones presidenciales se celebrarán el 17 de agosto de 2025, considerando la fecha “inmodificable”. En conferencia de prensa, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, anunció que la convocatoria oficial se emitirá la primera o segunda semana de abril. Esta decisión busca establecer un cronograma claro y asegurar un proceso electoral sin interrupciones.

Para garantizar la transparencia y el éxito del proceso electoral, se llevará a cabo un Encuentro Nacional por la Democracia el 17 de febrero, donde participarán el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y líderes de diversas organizaciones políticas para discutir cómo “blindar” el proceso electoral y asegurar que se desarrolle conforme a las normas vigentes. Evo Morales cuestionó la medida: “El TSE solo podrá garantizar elecciones limpias si no permite la intromisión del Órgano Ejecutivo”.

Estos esfuerzos buscan evitar problemas como los que se vivieron en los comicios judiciales del pasado 15 de diciembre, que enfrentaron múltiples obstáculos y solo se pudieron realizar parcialmente y con retrasos significativos. Los vocales del TSE han enfatizado que es crucial aprender de estas experiencias para no repetir errores.

Hassenteufel también destacó la importancia del financiamiento adecuado para la organización electoral, especialmente para el voto en el extranjero, que requiere un presupuesto de 50 millones de bolivianos (aproximadamente 7.1 millones de dólares). La disponibilidad de estos fondos en divisas extranjeras es esencial, dado que Bolivia enfrenta restricciones financieras desde principios de 2023.

Finalmente, el TSE busca asegurar que se respeten proyectos legislativos relacionados con la paridad de género y los debates entre candidatos. Estas elecciones no solo definirán al próximo presidente y vicepresidente, sino también a nuevos senadores y diputados, lo que subraya la relevancia del proceso electoral en el futuro político del país.

BRASIL

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | RELACIONES EXTERIORES |  Brasil y México reafirman compromisos regionales tras la toma de posesión de Trump

Tras la asunción de Trump como presidente de Estados Unidos y la firma de un nuevo conjunto de decretos, Lula da Silva tuvo un intercambio telefónico con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum para visibilizar el puente diplomático y político que se extiende a lo largo de la región latinoamericana.

Dado el posible aumento de aranceles para México y el debate abierto sobre la relación comercial entre Estados Unidos y Brasil, los mandatarios latinoamericanos reafirmaron el compromiso de consolidar relaciones con todos los países de las Américas, incluso con la nueva gestión Trump, y fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Por otra parte, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París reubica a Brasil en un lugar estratégico en materia ambiental. En este punto, las relaciones con China se vuelven centrales, según declaró el presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30), André Corrêa do Lago.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Gobierno de Lula se enfoca en discutir y mitigar el alto precio de los alimentos

El aumento de precios de los alimentos se volvió central entre las preocupaciones del gobierno. La reunión ministerial programada para el viernes 24 de enero se enfocará en discutir el impacto de este aumento sobre el costo de vida y sus efectos para las familias brasileñas. Según las mediciones gubernamentales, este es uno de los factores que han perjudicado la valoración popular de la gestión de Lula da Silva.

“Cada ministro sabe que la comida es cara. Es nuestra tarea garantizar que los alimentos lleguen a las mesas del pueblo brasileño en condiciones compatibles con el salario que gana”, destacó Lula da Silva. El mandatario enfatizó que, luego de un año dedicado a la reconstrucción del país, la prioridad ahora es trabajar en la reducción del precio de los alimentos. Según análisis presentados por el Ministerio de Finanzas, factores como los fenómenos meteorológicos extremos y la apreciación de la moneda estadounidense contribuyeron al alza de precios de los alimentos. El gobierno apuesta por el Plan Safra 2025 como una de las principales herramientas para aumentar la oferta de alimentos y reducir los precios.

CHILE

RELACIONES EXTERIORES | La Justicia chilena apunta contra Diosdado Cabello por el asesinato de Ronald Ojeda

La Fiscalía chilena ha confirmado que un testigo clave en el caso del secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda ha señalado a Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, como responsable de ordenar el crimen. Según el fiscal nacional, Ángel Valencia, tres testigos han declarado que la orden y el pago del asesinato fueron realizados por Cabello a través de Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal Tren de Aragua. Esta información se considera un elemento importante en la investigación, que apunta a un secuestro y homicidio por encargo.

El testigo anónimo indicó que Cabello instruyó el secuestro mediante Guerrero, quien recibió el pago correspondiente. La ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, ha calificado estos antecedentes como “relevantes y reiterados”, prometiendo que si se confirma la implicación del gobierno venezolano, Chile tomará acciones serias, incluyendo la posibilidad de recurrir al Tribunal Penal Internacional. Tohá enfatizó que el Estado chileno no ignorará la gravedad de las acusaciones.

Ronald Ojeda, opositor al régimen chavista y refugiado en Chile, fue secuestrado en su hogar el 21 de febrero y su cuerpo fue encontrado diez días después en una maleta. Hasta ahora, se han realizado varias detenciones relacionadas con el caso, incluyendo la de un joven de 17 años ya condenado y la de Maickel Villegas, extraditado desde Costa Rica. También fue arrestado recientemente Julio Iglesias, señalado como responsable de la inhumación ilegal del cadáver de Ojeda.

El fiscal general de Venezuela ha solicitado la extradición de los miembros del Tren de Aragua detenidos en otros países para ser juzgados en Venezuela. Sin embargo, Tohá ha indicado que las autoridades chilenas priorizarán la investigación y la sanción de los delitos cometidos en su territorio antes de considerar solicitudes de extradición por parte del gobierno venezolano.

COLOMBIA

DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Crisis en el Catatumbo: Gobierno colombiano declara estado de conmoción interior ante escalada de violencia

La región del Catatumbo continúa enfrentando una grave crisis humanitaria debido a enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, que han dejado más de 80 personas asesinadas y alrededor de 36 mil desplazados. Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro ha decretado el estado de conmoción interior para hacer frente a la violencia y restablecer el orden en la zona. El decreto de conmoción interior otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo, permitiendo la emisión de decretos con fuerza de ley sin necesidad de aprobación del Congreso, con el objetivo de implementar acciones rápidas y efectivas para enfrentar la crisis en la región.

El presidente Petro ha sostenido conversaciones con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para coordinar esfuerzos en la frontera y abordar la presencia de grupos armados en la zona limítrofe. Se ha acordado un plan conjunto para erradicar las bandas armadas y controlar los pasos ilegales, especialmente en el río Catatumbo. Además, se han autorizado vuelos de vigilancia en ambos lados de la frontera para monitorear la situación.

El ELN justificó los recientes asesinatos en el Catatumbo alegando que las víctimas eran disidentes de las FARC que “jugaban a dos bandos” y no civiles, según un comunicado difundido por la organización. En respuesta, el presidente Petro afirmó: “El ELN ha decidido el camino de la guerra. Una guerra que tendrán”. Esta declaración subraya la determinación del gobierno de enfrentar al grupo armado y restablecer la seguridad en la región.

La violencia en el Catatumbo ha generado un desplazamiento masivo de habitantes, algunos de los cuales han buscado refugio en Venezuela para escapar de los combates entre el ELN y las disidencias. Se estima que más de 36 mil personas han sido desplazadas debido al conflicto, buscando seguridad en territorios vecinos. El gobierno colombiano está evaluando la posibilidad de extender el estado de conmoción interior al departamento de Arauca, pues muchos de los guerrilleros del ELN que operan en el Catatumbo provienen de esa región. Esta medida ampliaría las capacidades del Estado para enfrentar la crisis de seguridad en las zonas afectadas.

El presidente Petro ha enfatizado la necesidad de derrotar al ELN por razones de soberanía nacional y ha instruido a las fuerzas militares a intensificar las operaciones contra este grupo armado en el Catatumbo. Asimismo, ha reiterado su compromiso de trabajar conjuntamente con Venezuela para abordar la crisis en la frontera y brindar asistencia a los desplazados.

RELACIONES EXTERIORES | MIGRACIÓN | Gustavo Petro critica medidas migratorias de Trump

Las recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, tuvieron repercusión internacional, particularmente sus críticas a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante una visita oficial a Haití, Petro señaló que las medidas restrictivas contra migrantes implementadas por Trump, incluyendo su rechazo a diversas comunidades latinoamericanas como haitianos, venezolanos y colombianos, reflejan un enfoque que, según el mandatario, podría aislar a Estados Unidos de sus socios en la región. “Dejémoslos un rato solos, a ver cómo les va”, dijo el mandatario de Colombia. “Yo creo que somos nosotros los que nos vamos a ayudar entre nosotros y que quienes nos echan se van a quedar solos, y entre más solos más pobres, más decadentes”. Estas declaraciones responden al endurecimiento de las políticas migratorias de la administración de Trump, que permiten que entidades como el FBI y la DEA investiguen y arresten a migrantes indocumentados, además de sugerir posibles recortes de fondos federales a estados que no colaboren en su entrega.

Las palabras de Petro han abierto el debate sobre las implicaciones que estas tensiones podrían tener en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. Expertos han señalado que las críticas del mandatario colombiano podrían afectar áreas clave como la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, la asistencia financiera y las relaciones comerciales. Al mismo tiempo, Petro parece apostar por un fortalecimiento de las alianzas regionales entre países latinoamericanos, buscando contrarrestar el peso de las políticas estadounidenses en la región.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Retos económicos y fiscales para Colombia

En el plano económico, Colombia enfrenta un escenario de desafíos fiscales. La agencia calificadora S&P Global Ratings decidió mantener la calificación crediticia del país en BB+/B, pero con perspectiva negativa. Este diagnóstico refleja preocupaciones sobre los altos déficits fiscales y el aumento de la deuda gubernamental. Aunque S&P estima un crecimiento económico del 1.7% en el 2024 y espera que para 2027 se alcance un 2.9%, la agencia subraya la necesidad de implementar medidas de austeridad y estrategias para mejorar los ingresos tributarios.

El contexto diplomático y económico actual subraya los retos que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro, tanto en su relación con actores internacionales como en la gestión interna de los recursos del país. Las decisiones que se tomen en este periodo serán fundamentales para determinar el rumbo de Colombia en un escenario global cada vez más complejo.

ECUADOR 

DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Crimen organizado: nuevos ataques, vigilancia clandestina y supuesta vinculación de las Fuerzas Armadas

Los eventos de violencia extrema no cesan en el país. El 17 de enero, la jueza María Belén Chérrez, de la Unidad Judicial de La Libertad en la provincia de Santa Elena, fue víctima de un atentado mientras se desplazaba en su vehículo. Dos individuos en motocicleta le dispararon en múltiples ocasiones, hiriéndola gravemente. Por otro lado, el pasado 20 de enero, en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, tres jóvenes fueron asesinados mientras comían en un restaurante. Un hombre armado ingresó al local y disparó repetidamente contra las víctimas.

En este contexto, el pasado 23 de enero, la Policía Nacional desplegó el operativo Apolo 3 en Guayaquil en colaboración con las Fuerzas Armadas. Participaron alrededor de mil agentes que inspeccionaron aproximadamente 300 viviendas en sectores como Barrio Lindo. El objetivo fue desarticular células de la organización delictiva Los Tiguerones. En el operativo se descubrieron sistemas de videovigilancia clandestinos utilizados por los delincuentes para monitorear las calles y detectar la presencia policial. Es la primera vez que se registra una infraestructura de este tipo, marcando un nuevo hito del poder de las bandas criminales.

Por su parte, Andrés Durán, candidato a asambleísta del Movimiento Reto, presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunta asociación ilícita, implicando a miembros de las Fuerzas Armadas y bandas criminales en actividades ilegales relacionadas con el poliducto Pascuales-Cuenca. Según Durán, hay conexiones entre personal militar y organizaciones delictivas en el denominado “pinchazo” o sustracción ilegal de combustible de dicho poliducto. Esta denuncia busca que se investiguen posibles actos de corrupción y colusión entre actores estatales y el crimen organizado.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Noboa mantiene a Abad al margen de la vicepresidencia: decreto ejecutivo ratifica a Gellibert

El secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino González, solicitó a la Corte Constitucional una audiencia pública para exponer los fundamentos del decreto que encarga temporalmente la presidencia a Cynthia Gellibert. Esta acción busca justificar la legalidad del Decreto Ejecutivo 492, emitido el 2 de enero de este año, que designa a Gellibert como vicepresidenta encargada. En simultáneo, mediante el Decreto Ejecutivo 512, Noboa ratificó a Gellibert como vicepresidenta encargada hasta que Verónica Abad asuma su designación en Turquía.

En respuesta, la vicepresidenta Verónica Abad presentó un oficio a la Asamblea Nacional solicitando la fiscalización y sanción de varios funcionarios del gobierno, incluyendo a Gellibert, así como a otros siete miembros del gabinete de Daniel Noboa. Abad argumenta que estos funcionarios han vulnerado sus derechos constitucionales y laborales, y acusa al presidente Noboa de sedición, señalando que ha intentado destituirla ilegalmente de su cargo.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Movimientos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Ecuador ha experimentado cambios en su estructura mediante decisiones controvertidas. El 22 de enero, con cuatro votos a favor y tres en contra, el CPCCS removió a Johanna Verdezoto de la vicepresidencia, designando en su lugar a Yadira Saltos, integrante de la denominada Liga Azul, grupo vinculado al correísmo. El mismo día, el CPCCS decidió restituir a Raúl González Carrión como superintendente de Bancos, dejando sin efecto el nombramiento de Roberto Romero von Buchwald. Esta decisión ha generado controversia, ya que el Ministerio de Gobierno denunció intentos ilegales de la Liga Azul para controlar la Superintendencia.

El CPCCS es un organismo clave en la estructura del Estado ecuatoriano. Su principal función es la designación de autoridades de control, como el fiscal general, el contralor general y los superintendentes, entre otros. Además, promueve la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Su importancia radica en su capacidad para influir en la conformación de instituciones fundamentales para el equilibrio y control del poder en el país.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Avance de la economía criminal: exportación de oro

Una investigación reciente reveló que 56 exportadores, entre ellos 17 empresas y 39 personas de difícil localización, realizaron exportaciones de oro desde Ecuador por un valor superior a mil 300 millones de dólares en los últimos tres años. Destaca el caso de Fabricio Alexander G.M., quien, sin antecedentes empresariales, exportó 778 kilos de oro valorados en $23.6 millones de dólares entre agosto de 2023 y marzo de 2024. Este individuo, que anteriormente trabajó como lustrabotas y cadenero en la Prefectura de El Oro, no posee una empresa registrada ni figura como empleado en ninguna compañía.

Estas operaciones presentan patrones sospechosos, como la exportación de grandes cantidades de oro en cortos periodos de tiempo, la ausencia de experiencia previa en el sector por parte de los exportadores y la suspensión o cese de actividades en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) poco después de realizar las ventas. Además, la totalidad del oro exportado por estos actores tuvo como destinos principales la India y Emiratos Árabes Unidos, países conocidos por sus regulaciones más laxas en el comercio de metales preciosos.

El gobierno ecuatoriano ha reconocido la posibilidad de que actores empresariales estén involucrados en el lavado de oro ilegal, especialmente en un contexto de altos niveles de violencia relacionados con el crimen organizado en el país y denuncias de expansión de la minería ilegal como un sector clave para el crimen organizado.

PARAGUAY

ECONOMÍA, INVERSIONES Y COMERCIO | El gobierno paraguayo negocia sobre energía y soja con Argentina

En las últimas semanas, Paraguay y Argentina han intensificado sus negociaciones en torno a dos sectores estratégicos: energía y producción agraria.

En el ámbito energético, Paraguay busca garantizar ingresos estables para cubrir los gastos operativos de la hidroeléctrica binacional de Yacyretá, que rondan los $17 millones de dólares mensuales. Argentina, que adeuda pagos por la energía recibida, abonó $50 millones de dólares en diciembre para cubrir salarios, pero el financiamiento sigue siendo incierto. Para resolver esto, el director paraguayo de la hidroeléctrica, Luis Benítez, negocia con la empresa argentina CAMMESA una “tarifa efectiva” que establezca pagos regulares y predecibles.

En el agro, la reciente reducción de retenciones a la soja en Argentina generó preocupación en Paraguay, que en 2024 exportó el 84% de su producción al país vecino. La medida podría hacer más competitiva a la soja argentina, aunque los productores paraguayos confían en que la calidad de su grano y su salida anticipada al mercado seguirán siendo ventajas. Además, el nuevo escenario refuerza la necesidad de diversificar mercados para evitar una dependencia excesiva de Argentina. En este sentido, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción señaló que los volúmenes de soja que produce Paraguay no son demasiado grandes, por lo que no deberían ser difíciles de colocar en nuevos mercados de América Latina, Oriente Medio o incluso Taiwán.

URUGUAY

RELACIONES EXTERIORES | BIENES COMUNES | Cuestionamientos al proyecto hídrico Arazatí-Neptuno: conflicto legal e impactos socioambientales

El proyecto Arazatí-Neptuno busca construir una planta potabilizadora en Arazatí que abastecería a más de 3 millones de personas. Sin embargo, ha sido ampliamente cuestionado por su impacto ambiental, como el riesgo de contaminación del acuífero Raigón y la variabilidad de la salinidad del Río de la Plata.

El conflicto en torno al proyecto Arazatí-Neptuno se enmarca en una crisis hídrica que afecta el abastecimiento del 60% de la población uruguaya que reside en Montevideo y su área metropolitana. Obras Sanitarias del Estado (OSE) abastece a gran parte del país a través de la toma de agua del Río de la Plata, principal fuente de agua potable en Uruguay, y de embalses como el de Canelón grande y Paso Severino. Pero las sequías de los últimos años han conducido al desabastecimiento de agua potable en la región metropolitana y a la declaración nacional de la crisis hídrica en 2023. El tema pasó a ser una prioridad política y social, de manera que se han concentrado esfuerzos en buscar una segunda fuente confiable de agua potable. En ese contexto, el presidente Lacalle Pou presentó el proyecto Neptuno-Arazatí, que prevé la construcción de infraestructura en el departamento de San José para la toma de agua destinada al suministro de la población.

El presidente electo Yamandú Orsi y Edgardo Ortuño, próximo ministro de Ambiente de Uruguay, han criticado la iniciativa porque consideran que comprometerá la sostenibilidad financiera de OSE y que limita opciones más viables, como el proyecto Casupá. La comunidad científica, políticos y organizaciones sociales denuncian que el contrato no responde a una política pública integral y pone en riesgo el suministro de agua potable para las futuras generaciones. Además, según la Constitución uruguaya, el servicio de agua potable debe ser proporcionado exclusivamente por empresas estatales (Artículo 47), lo que genera un conflicto por la privatización parcial que propone el convenio firmado entre OSE y el consorcio privado Aguas de Montevideo.

VENEZUELA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Acusaciones cruzadas; Machado renueva llamado al ejército y Marco Rubio respalda a la oposición, mientras Cabello la vincula a actividad criminal

En los últimos días, la política venezolana ha estado marcada por enfrentamientos verbales y estratégicos entre figuras clave del oficialismo y la oposición, reflejando la persistente polarización del país. María Corina Machado, una de las principales líderes de la oposición, renovó su llamado a las fuerzas armadas venezolanas para que se alejen del presidente Nicolás Maduro, a quien tildó de dictador. Durante un acto público, Machado enfatizó que “las armas de la nación son para defender a la nación” y pidió a los militares que actúen en defensa de la soberanía y los intereses del pueblo.

En paralelo, Machado destacó la importancia de la lucha por la libertad en Venezuela al conmemorarse el 67 aniversario del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, un evento histórico que, según ella, simboliza el poder del pueblo organizado frente a la opresión. Además, reiteró que no se deben legitimar futuros procesos electorales hasta que se reconozcan los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que, según la oposición, Edmundo González Urrutia fue el legítimo vencedor. “Las elecciones fueron el 28 de julio. Ese día el pueblo eligió. El resultado debe y va a ser respetado”, aseguró Machado.

En el ámbito internacional, la causa opositora recibió un importante respaldo del nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En una reunión virtual con Machado y González Urrutia, Rubio expresó su compromiso con la transición democrática en Venezuela, afirmando que es clave para la estabilidad regional. Por otra parte, el Parlamento Europeo condenó firmemente la reciente toma de posesión de Nicolás Maduro, calificándola como ilegítima, lo que fue recibido por Machado como una señal de solidaridad y firmeza por parte de la comunidad internacional.

Mientras tanto, desde el oficialismo, Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes del chavismo, afirmó que líderes opositores como Leopoldo López y Juan Guaidó forman parte de una red de tráfico de personas hacia Estados Unidos, señalando que “los coyotes que hacen política tienen oficinas escondidas detrás de ONGs”. Además, denunció que mercenarios capturados recientemente en Venezuela están vinculados con la organización criminal conocida como El Tren de Aragua y que sus actos son apoyados por grupos opositores, incluyendo a María Corina Machado.

En un giro adicional, medios internacionales reportaron la posible implicación de Cabello en el asesinato de Ronald Ojeda en Chile, un caso que ha generado controversia y podría llevar a la intervención de la Corte Penal Internacional si se confirman estas acusaciones. Cabello respondió con contraataques y también acusó al expresidente colombiano Álvaro Uribe de proteger en Colombia a grupos violentos vinculados con figuras de la oposición venezolana.

DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Ejercicios militares y cooperación humanitaria en Venezuela

Venezuela ha iniciado los ejercicios militares “Escudo Bolivariano 2025”, en los cuales más de 19 mil efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) participan en simulacros de defensa en varias ciudades, destacando la capital, Caracas. Estos ejercicios, que incluyen entrenamientos en zonas fronterizas, buscan fortalecer la capacidad de reacción ante posibles amenazas externas.

En simultáneo, el gobierno venezolano está llevando a cabo labores de asistencia humanitaria en áreas como Zulia y Catatumbo, donde miles de desplazados por el conflicto colombiano reciben ayuda a través de corredores humanitarios. La supervisión de estos puntos de atención busca garantizar la atención médica, alimentaria y de refugio para los afectados. En este contexto, el gobierno ha destacado su compromiso con la paz y seguridad en la región, con el presidente Nicolás Maduro reafirmando el apoyo de Venezuela en la lucha de Colombia contra el narcotráfico y la violencia, mientras se distancia de acusaciones sobre posibles planes de invasión. Venezuela también ha anunciado esfuerzos para proporcionar asistencia a los desplazados internos en el estado de Zulia, donde la crisis humanitaria es cada vez más notable. Esta colaboración refleja intenciones de cooperación con los países vecinos en un contexto de creciente preocupación sobre la violencia en las zonas fronterizas.