ARGENTINA

ESTADO DE GOBIERNO  Y AGENDA POLÍTICA | El escándalo de las coimas continúa en ascenso y Milei es repudiado en campaña

Javier Milei ha vivido semanas complicadas en medio de su campaña electoral de cara a las elecciones legislativas en Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional debido a un escándalo de corrupción que involucra a su hermana Karina Milei. Su imagen cae en popularidad y llegó a ser protagonista de un incidente violento durante un mitin en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. En dicho acto de campaña, Milei fue evacuado de emergencia cuando manifestantes arrojaron piedras contra su comitiva, situación que él atribuyó al kirchnerismo sin prueba alguna. Este evento tensó aún más el clima político de cara a las elecciones provinciales y legislativas nacionales previstas para septiembre y octubre respectivamente, cruciales para el futuro político del país.

El panorama político que parecía favorable para Milei, aun con una inflación controlada y estabilidad en el dólar, cambió drásticamente tras una caída del 13,6% en el índice de confianza en el gobierno durante la primera quincena de agosto, medido por la Universidad Torcuato di Tella. Este descenso ocurrió antes de la publicación de audios que vinculan a Karina Milei con una supuesta red de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), generando alarma tanto en la opinión pública como en los mercados financieros, que respondieron con un aumento del índice de riesgo país.

La filtración de los audios reveló declaraciones del exdirector de ANDis, Diego Spagnuolo, afirmando que Karina Milei recibía coimas por el pago de medicamentos a personas con discapacidad. Este hecho provocó la destitución de Spagnuolo y la presentación de una denuncia judicial por parte del abogado representante de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras Karina Milei no ha emitido declaraciones, el presidente ha negado las acusaciones y ha prometido llevar el caso a la justicia para esclarecer los hechos.

El escándalo tuvo lugar en un contexto difícil para el gobierno, que ha sufrido derrotas en el Congreso y ha visto crecer las tensiones con sectores del peronismo y la oposición. Desde principios de 2025, el gobierno perdió apoyo legislativo notablemente, con 16 derrotas en votaciones desde abril, además de un rechazo a decretos presidenciales relacionados con recortes presupuestarios.

Las encuestas recientes reflejan un deterioro sin precedentes en la popularidad del gobierno de Milei. Estudios muestran que la imagen del presidente cayó ocho puntos en seis semanas, posicionándose detrás de sus principales rivales políticos como Axel Kicillof y Cristina Fernández Kirchner. La mayoría de la población considera graves los hechos de corrupción, a pesar de que el oficialismo los haya calificado como operaciones políticas. Esta situación ha llevado a que el partido de Milei modere sus expectativas electorales y se prepare para enfrentar lo que considera será un fraude electoral.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | El plan económico libertario enfrenta serias limitaciones

Los recientes movimientos del dólar en Argentina reflejan una alta volatilidad en medio de medidas del Banco Central para contener la presión cambiaria. El dólar oficial minorista ronda los mil trescientos sesenta pesos, registrando una leve suba. A la par, las cotizaciones financieras como el dólar MEP y contado con liquidación también mostraron aumentos leves. La bolsa porteña acompañó la caída de los mercados internacionales con números mayormente negativos y un riesgo país que se ubicó en 837 puntos básicos al cierre del jueves 28 de agosto.

El Banco Central endureció sus controles al establecer límites a la posición en moneda extranjera que pueden tener los bancos, prohibiéndoles aumentar su posición de contado el último día hábil del mes, buscando así evitar que las entidades realicen coberturas cambiarias que incrementen la demanda de dólares y la presión sobre la moneda local. Esta medida forma parte de una política más amplia para restringir la liquidez y contener el dólar ante la cercanía de las elecciones de octubre, en un contexto en que el gobierno mantiene una disputa con los bancos y aplica medidas como el aumento de encajes y altas tasas para renovar vencimientos.

En cuanto a los ajustes que impactan en el bolsillo de los argentinos para septiembre, destacan incrementos en transporte, educación, servicios públicos y combustibles. El boleto mínimo de colectivos subirá alrededor de un 4%, mientras que el subte verá un aumento del 3,87%. Las cuotas de colegios privados y las prepagas médicas también tendrán ajustes cercanos al 2-3%. En energía, el agua aumentará un 1%, con subas mínimas en la tarifa eléctrica y un leve descenso en el precio mayorista del gas, aunque se esperan mayores subas en transporte y distribución. Además, el impuesto a los combustibles percibirá un aumento trimestral, lo que encarecerá la nafta y el gasoil, agravando el costo del combustible en un país donde la obra pública vial está paralizada. Finalmente, los alquileres bajo la Ley de Alquileres 2020 tendrán un ajuste del 50,3% en septiembre según el índice del Banco Central.

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | Redefinición del escenario político tras la primera vuelta electoral

Tras la primera vuelta electoral, que arrojó como ganador al candidato derechista Rodrigo Paz, la oposición ha logrado consolidar su posición en el nuevo mapa político, especialmente en el poder legislativo. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) controlará la primera minoría en la Asamblea, lo que le otorga una posición de poder clave para la futura gestión de gobierno. De un total de 175 miembros de la Asamblea Legislativa, el PDC obtuvo 70 representantes: 16 senadores, 49 diputados y cinco supraestatales; Libre alcanzó 53 asambleístas, con 12 senadores, 39 diputados y dos supraestatales. La Alianza Unidad tendrá 35 legisladores, divididos en siete senadores, 26 diputados y dos supraestatales. El Movimiento al Socialismo (MAS) ha quedado rezagado con sólo dos representantes.

Por su parte, el excandidato y líder opositor, Samuel Doria Medina, ha manifestado su apoyo al PDC, y su asesor económico, Espinoza, ya acompaña al candidato victorioso de la primera vuelta, Rodrigo Paz, en sus actividades políticas. Esta unión demuestra el interés de las fuerzas en cuestión para proponer y mantener un sólo programa económico.

En el ámbito judicial, un tribunal ordenó la libertad de la expresidenta de facto Jeanine Áñez en el caso Senkata, aunque sigue procesada en otros casos. Esta decisión ha provocado una fuerte reacción del gobierno de Luis Arce, quien ha apelado la decisión y ha expresado su «preocupación» por la «justicia para las víctimas de 2019«. Los grupos afines al expresidente Evo Morales, por su parte, han advertido sobre posibles movilizaciones masivas si la justicia libera a Jeanine Áñez.

Adicionalmente, la justicia boliviana resolvió el cese de la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el proceso judicial que enfrenta por su papel en el paro de 36 días realizado entre octubre y noviembre de 2022. Por su parte, también se ordenó la “libertad pura y simple” para Marco Pumari, quien estuvo involucrado en las movilizaciones de 2019, que siguieron al golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.

En los tres casos, los fallos judiciales llegaron tras una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia para revisar el cumplimiento de plazos de detención preventiva.

BRASIL

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Megaoperativo contra el narcotráfico revela vínculos con fintechs y el sector de combustibles

Una megaoperación nacional movilizó a cerca de mil 400 agentes para ejecutar más de 350 órdenes de allanamiento, detención y secuestro de bienes contra un esquema de fraudes en el sector de combustibles, estimado en miles de millones de reales. La investigación apunta a una red comandada por integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), con ramificaciones en puestos de gasolina, distribuidoras y usinas controladas por la organización. Según la Secretaría de Hacienda de São Paulo, el grupo habría evadido 7,6 mil millones de reales en impuestos, mientras que la Receita Federal identificó el manejo de al menos 40 fondos de inversión por un valor de 30 mil millones de reales, usados para lavado de activos mediante estructuras del sistema financiero de la avenida Faria Lima.

El operativo, bautizado como Carbono Oculto y coordinado por el Ministerio Público de São Paulo (MPSP), se desplegó en ocho estados brasileños, con la participación de múltiples organismos nacionales. Las investigaciones revelan que la organización criminal Primer Comando Capital (PCC) utilizaba fintechs e instituciones de pago para mantener una red financiera paralela, con contabilidad oculta y transferencias sin identificación de beneficiarios. Este sistema permitió la compra de cadenas de estaciones de servicio, camiones, usinas, haciendas e inmuebles de lujo. El fraude también operaba sobre la cadena productiva de combustibles mediante la importación irregular de metanol desde el Puerto de Paranaguá, producto tóxico y altamente inflamable que era adulterado y distribuido en el mercado. Solo en São Paulo, fueron detectados 300 puestos de venta involucrados, y se estima que hasta un 30% del total del estado mantenía vínculos con la organización criminal.

El impacto fue múltiple: consumidores recibían combustibles adulterados o en cantidades inferiores, mientras los competidores legítimos eran desplazados por la presión económica de la red ilegal. Algunos empresarios que intentaron reclamar deudas fueron amenazados de muerte, revelando la dimensión violenta del esquema. La operación cuenta con la coordinación del MPSP, en conjunto con el Ministerio Público Federal (MPF), la Receita Federal, la Secretaría de Hacienda paulista, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), la Procuraduría General del Estado de São Paulo (PGE-SP) y las policías Federal, Civil y Militar, lo que refuerza el carácter de acción interinstitucional frente a un modelo criminal altamente estructurado en la economía brasileña.

RELACIONES EXTERIORES | Brasil inicia el proceso para sancionar una Ley de Reciprocidad contra Estados Unidos

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizó a Itamaraty iniciar el proceso para aplicar la Ley de Reciprocidad contra Estados Unidos, en respuesta a las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump. El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la conducción de Mauro Vieira, remitió el caso a la Camex (Cámara de Comercio Exterior), que dispone de 30 días para evaluar la legalidad del recurso y decidir si corresponde abrir un proceso de retaliación comercial. Paralelamente, el Ministerio de Hacienda, dirigido por Fernando Haddad, elaboró en coordinación con otras carteras un conjunto de posibles contramedidas, considerando que Trump no muestra señales de retroceder en su política arancelaria. El movimiento se da también en un escenario de alta tensión interna, en vísperas del juicio del expresidente Jair Bolsonaro, y en un contexto legislativo marcado por el debate sobre la regulación de las big techs en el Congreso.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, el gobierno brasileño comunicará a la administración estadounidense el inicio formal del procedimiento, lo que abriría espacio a consultas bilaterales antes de que se adopten medidas. Si la Camex avala la propuesta, se instalará un grupo interministerial para definir las contramedidas, tal como prevé la legislación vigente. El proceso se desarrolla en paralelo a otras respuestas de Brasil frente al tarifazo de Trump y a las investigaciones de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) sobre presuntas prácticas comerciales desleales. Funcionarios del Itamaraty sostienen que la activación de la Ley de Reciprocidad preserva la vía negociadora, aunque no descartan que las tensiones se profundicen conforme avance el proceso.

Las medidas podrían ser provisionales, decididas por un núcleo reducido de ministerios (Casa Civil, Hacienda, Relaciones Exteriores e Industria y Comercio), o ordinarias y de largo plazo, caso en el cual la decisión correspondería al Gecex, órgano ejecutivo de la Camex. En este último escenario, deberán pronunciarse todos los ministerios antes de adoptar una resolución final. Por ahora, no se ha definido qué instrumentos serían aplicados, aunque la estrategia busca dar al gobierno margen de maniobra para equilibrar las relaciones con Washington sin cerrar la puerta a una eventual negociación.

CHILE

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Chile modifica su huso horario a partir de septiembre

Chile realizará el cambio de hora para el horario de verano el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 23:59 horas, cuando se deberán adelantar los relojes en 60 minutos, pasando de la medianoche a la 1:00 de la madrugada del domingo 7 de septiembre. Este ajuste aplica a casi todo el territorio continental e insular, excepto las regiones australes de Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena, que mantienen su horario fijo durante todo el año debido a sus condiciones geográficas particulares. El horario de verano se mantendrá hasta el primer sábado de abril de 2026, cuando se producirá nuevamente el cambio para el horario de invierno.

El cambio de hora busca optimizar el uso de la luz natural para reducir el consumo energético en hogares y mejorar la sincronización con las jornadas laborales y escolares. Aunque es una medida aplicada desde hace décadas, genera debate por los posibles efectos negativos en la salud mental y patrones de sueño de la población, especialmente estudiantes y trabajadores que deben adaptarse al nuevo horario. Se recomienda adelantar los relojes antes de dormir y prestar atención a los ajustes en dispositivos electrónicos y horarios de servicios.

Este ajuste implica que la mayor parte de Chile continental estará en el huso horario UTC-3 durante el verano, mientras que la región de Magallanes y la Antártica mantendrán permanentemente esta zona horaria. Además, el cambio también afecta territorios insulares como Isla de Pascua y Salas y Gómez, que realizarán el ajuste a las 22:00 horas. El cambio horario también influye en la relación con los países vecinos, como Argentina, generando diferencias en el cruce fronterizo durante el verano. Para evitar confusiones, está disponible el sitio oficial para consultar la hora precisa en Chile.

ECUADOR 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | El Gobierno de Noboa logra la aprobación de una nueva ley para regular a las organizaciones sociales

La Asamblea Nacional aprobó y el presidente Daniel Noboa promulgó la Ley de Transparencia Social, una normativa que busca regular y fiscalizar a las organizaciones sociales y sin fines de lucro en el país. La ley exige que estas organizaciones se registren en una plataforma informática específica y que implementen sistemas de integridad. Este proceso, que se desarrolló a través de un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, fue impulsado por el bloque legislativo oficialista.

La aprobación de esta ley generó un intenso debate político en la Asamblea, con fuertes críticas de la oposición, especialmente del correísmo y del Partido Social Cristiano (PSC). El principal cuestionamiento se centró en la «unidad de materia» de la ley, ya que la normativa incluía reformas tributarias y otros temas que, según los críticos, no guardaban relación con la regulación de las fundaciones.

Pero más allá de sus “formas”, la promulgación de la ley ha desatado una reacción inmediata de los sectores afectados. Los gremios de trabajadores, en particular, han anunciado que están preparando una demanda de inconstitucionalidad contra la normativa, lo que anticipa un nuevo enfrentamiento en el ámbito judicial y político. Esto refleja la persistente tensión entre el gobierno y los movimientos sociales y de trabajadores, que consideran la ley un intento de control y fiscalización excesiva sobre sus actividades.

Esta reacción de la sociedad civil es una respuesta al posicionamiento público de Noboa para legitimar el envío de esta ley, argumentando que las organizaciones sociales están siendo utilizadas por el crimen organizado para desestabilizar el país. Adicionalmente, ha dicho que estas se dedican a “defender delincuentes” en nombre de los Derechos Humanos, lo que evita el avance de la “lucha contra la inseguridad”. De esta forma, Noboa ha dejado claro nuevamente su intención de avanzar en un discurso y gestión de la seguridad a partir de un paradigma securitista.

PARAGUAY

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | RELACIONES EXTERIORES | Entregan informe sobre lavado de activos a EE.UU.: La comisión “garrote” fracasa y busca revancha con otra investigación

El gobierno de Santiago Peña volvió a exponer al Paraguay en un desliz diplomático. A pedido del Congreso, el canciller Rubén Ramírez entregó a la embajada de Estados Unidos un informe de la llamada “Comisión Garrote”, disfrazada de investigación sobre lavado de activos, contrabando y narcotráfico. El documento, compuesto por nueve tomos y 231 biblioratos, pretendía demostrar vínculos con el crimen organizado y desvíos de fondos de distintos actores políticos, pero no logró probar nada.

La Comisión se centró en hostigar a ONGs, medios y opositores, sin contar con el respaldo de instituciones clave: el Ministerio Público, la Contraloría y la Dirección de Ingresos Tributarios se negaron a convalidar la maniobra. El resultado fue un fracaso que expuso el verdadero objetivo: perseguir a adversarios políticos bajo la fachada de lucha contra el lavado.

Lo más grave del tema es que, pese al error, los integrantes de la Comisión Conjunta de Investigación del Congreso Nacional, nombre formal de la “Comisión Garrote”, entre ellos Dionisio Amarilla (presidente de la Comisión, tildado de “opositor” funcional a Cartes) y Gustavo Leite (hoy embajador paraguayo en Estados Unidos), ya amenazan con montar otra comisión para insistir con su cruzada persecutoria.

PERÚ

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Boluarte redefine su gabinete e intenta blindarse a sí misma y lo que resta de su gobierno

La presidenta Dina Boluarte realizó un nuevo reajuste en su gabinete. Entre los cambios más destacados se encuentra el nombramiento de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Enrique Alcántara, y de Fanny Montellanos Carbajal como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en lugar de Leslie Urteaga.

El nombramiento de Santiváñez ha generado controversia, ya que se le ha señalado en investigaciones por presuntos pagos ilegales y tráfico de influencias, con declaraciones de testigos protegidos y chats que lo vinculan a pedidos a favor del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, en el contexto de una presunta organización criminal. De hecho el nuevo ministro fue censurado por el Congreso a inicios de 2025 por dicha materia.

En este marco, la presidenta Boluarte anunció la presentación de un proyecto de ley para defender la «soberanía nacional«, lo que se interpreta como el inicio de un plan para que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que este organismo se pronunciara en contra de la aplicación de la Ley de Amnistía a favor de las fuerzas del orden por su accionar en contextos de movilización social.

Este anuncio se produce en un momento de alta tensión entre su gobierno y el sistema de justicia, en particular tras las investigaciones sobre su entorno cercano. Previamente, Boluarte había logrado que toda investigación en su contra se posponga hasta la culminación de su mandato, gracias a un fallo del Tribunal Constitucional del país.

En tres años de gestión, Dina Boluarte ha realizado nueve cambios de gabinete, nombrando a 69 ministros. Esta rotación constante refleja la profunda inestabilidad de su gobierno, cuya aprobación se mantiene en un mínimo histórico del 3%, evidenciando un estancamiento político y la falta de respaldo ciudadano.

URUGUAY

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICO | Orsi entrega al parlamento el presupuesto 2025-2030: cuáles son las prioridades del Frente Amplio

El proyecto de Ley de Presupuesto quinquenal será remitido al Parlamento el 31 de agosto y consta de unas 300 páginas de exposición de motivos y cerca de 700 artículos. Su ingreso formal en la Cámara de Diputados está previsto para el 2 de septiembre, iniciando así el plazo constitucional de 45 días por cámara, que se cumplirá el 17 de octubre. La propuesta define el rumbo de la administración de Yamandú Orsi para los próximos cinco años, marcando prioridades en infancia, seguridad, salud y crecimiento económico, y plantea un incremento presupuestal que llegará a 240 millones de dólares hacia el final del período.

El presidente Yamandú Orsi abrió el último Consejo de Ministros con un mensaje de respaldo a sus jerarcas, pidiéndoles evitar el “ruido político” y enfocarse en la concreción de los compromisos asumidos. Según datos de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, ya se están ejecutando 32 de los 63 compromisos establecidos al inicio de la gestión, es decir, más de la mitad. El incremento presupuestal permitirá acelerar casi la totalidad de estas medidas.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, explicó que el presupuesto quinquenal representa 140 millones de dólares de incremento inicial, llegando a 240 millones al final del período. La distribución de estas partidas refleja las prioridades del gobierno: 40% destinado a infancia y adolescencia, 12% a seguridad pública, 12% a salud (con foco en primera infancia y salud mental), cerca del 12% a crecimiento económico, 10% a vulnerabilidad social y 14% a otros rubros como la emergencia habitacional.

El énfasis en infancia no es menor: 4 de cada 10 niños y adolescentes en Uruguay sufren algún tipo de violencia en sus hogares, según la última encuesta de UNICEF. Esta realidad, que afecta a más de 220 mil menores, ratifica la urgencia de orientar recursos hacia políticas de protección, acompañamiento y desarrollo integral.

En seguridad, el plan contempla la creación de 2 mil nuevos cargos policiales y la ampliación del sistema de videovigilancia de 13 mil a 18 mil cámaras, junto con mejoras en la justicia. En salud, además de la atención en infancia y salud mental, se incluyen programas de innovación y fortalecimiento de la investigación para apuntalar el crecimiento económico.

El proceso legislativo se iniciará formalmente el 2 de septiembre en la Cámara de Diputados, con un plazo constitucional de 45 días por cámara para su análisis, lo que coloca la fecha límite en el 17 de octubre. Oddone reconoció que la aprobación es un desafío político central, dado que el Frente Amplio carece de mayoría propia en una de las cámaras.

Por ru parte, el PIT-CNT valoró la prioridad otorgada a la pobreza infantil, aunque cuestionó la ausencia de su propuesta de gravar con un 1% al más rico del país. De todos modos, la central sindical destacó como positivo que el presupuesto contemple un porcentaje relevante para atender la vulnerabilidad social.

VENEZUELA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Continúan respuestas en Venezuela frente a incursión estadounidense

Continúan las repercusiones frente a la escalada de tensiones por la presencia militar de Estados Unidos en la zona del Caribe y especialmente cercana a las costas venezolanas. Por un lado,  el país caribeño ha entrado en una fase de movilización popular y alistamiento del pueblo en las milicias bolivarianas. Las jornadas, convocadas por el presidente Nicolás Maduro y la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) comenzó el domingo 24 de agosto en donde, según declaraciones del primer mandatario en sus redes sociales, el pueblo masivamente concurrió a participar de las jornadas de alistamientos.

Por su parte, el ministro para la Juventud, Sergio Lotartaro, aseguró que la juventud también acudió al llamado y participó activamente de la jornada de alistamiento. Este viernes 29  y sábado 30 continuaron las jornadas de alistamiento con más de mil puntos en el país y diferentes actividades políticas. Las milicias son parte del ejército de reserva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Por parte del gobierno, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció este martes el despliegue de buques para combatir el narcotráfico en aguas territoriales del Caribe, como parte de un refuerzo de la Operación Relámpago del Catatumbo, dicha operación contempla el desplazamiento de militares a regiones fronterizas con Colombia. Así también anunció el reforzamiento con 15 mil militares hacia las zonas fronterizas con Colombia.

El alto funcionario negó la existencia de campamentos de grupos armados colombianos en territorio nacional, en respuesta a las acusaciones recientemente manifestadas por el director de la Administración de control de Drogas (DEA), Terry Cole, quien declaró que Venezuela colabora con las guerrillas en operaciones del narcotráfico.

Finalmente, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Yván Gil, sostuvo una reunión el martes 26 de agosto con el residente del Sistema de Naciones Unidas en el país, Gianluca Rampolla en donde se abordó la situación generada por el despliegue de unidades militares y armamento estratégico de Estados Unidos en el Caribe.

Esta reunión se da en el marco del comunicado enviado por el presidente Nicolás Maduro al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para promover el equilibrio frente a estas amenazas. En dicha carta el primer mandatario insta al secretario a intermediar para poner fin a las acciones hostiles por parte de Estados Unidos y respetar la soberanía y la integridad territorial de Venezuela.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Sectores políticos de oposición rechazan injerencia de Estados Unidos

Diferentes agrupaciones políticas venezolanas de oposición han declarado públicamente su rechazo ante esta amenaza estadounidense. Tal es el caso del secretario general del Partido Socialcristiano COPEI y diputado nacional, Juan Carlos Alvarado, el cual realizó una conferencia el martes 26 de agosto haciendo un llamado a la unidad nacional como un compromiso ineludible más allá de ideologías, colores políticos o posicione partidistas,  con el objetivo de defender al país frente a amenazas extranjeras.

Así mismo, el asambleísta celebró el masivo alistamiento convocado por el presidente. No obstante, Alvarado pidió que estos ejercicios no deben tener colores partidarios, sino que debe ser institucional y ciudadano, enmarcado dentro de la Constitución ya que se trata de defender los intereses de Venezuela.

Por su parte, el presidente del Partido Arepa Digital, Daniel Ceballos, denunció el despliegue militar estadounidense en el Caribe como una estrategia de intimidación contra el pueblo venezolano. Ceballos calificó esta política como errada y recordó que fue la administración Trump en su anterior gobierno quien respaldó el gobierno ilegal de Juan Guaidó.

El dirigente opositor hizo un llamado al diálogo para resolver las diferencias de manera pacífica y respetando la soberanía del pueblo venezolano.