Reporte Político Semanal

9 de marzo de 2025

CANADÁ

RELACIONES EXTERIORES | DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Canadá sostiene su apoyo a Ucrania

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, participó en la cumbre “Asegurando Nuestro Futuro” en Londres junto a líderes europeos y al presidente ucraniano, Volodímir Zelensky. Durante la cumbre, Canadá reafirmó su apoyo a Ucrania imponiendo nuevas sanciones contra diez individuos y 21 entidades rusas, líderes y organizaciones vinculadas al Kremlin que respaldan la invasión a Ucrania.

 

Desde principios de 2022, Ottawa ha brindado ayuda financiera y militar a Ucrania, consolidándose como un aliado fundamental en el conflicto bélico. En febrero de 2024, Trudeau y Zelensky firmaron el Acuerdo de Cooperación en Materia de Seguridad entre Canadá y Ucrania que estableció una nueva asociación estratégica en materia de seguridad. Este acuerdo incluyó tres mil 20 millones de dólares en apoyo financiero y militar para el año 2024, el cual fue fundamental para Ucrania.

 

 

RELACIONES EXTERIORES | ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Respuestas canadienses a la presiones comerciales de Estados Unidos

Las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump respecto a los aranceles del 25% han quebrado la alianza comercial del T-MEC, que incluye a Canadá y México. Luego de una conversación telefónica con Trump, Trudeau afirmó que la guerra comercial continuará, al menos en el futuro inmediato. Según el presidente canadiesne, el gobierno de Estados Unidos busca el colapso económico de Canadá para facilitar una posible anexión del territorio.

 

No obstante, el jueves 6 de marzo el gobierno estadounidense anunció un nuevo retraso en la imposición de aranceles sobre productos canadienses incluidos en el T-MEC hasta el 2 de abril, por los impactos posibles en su industria automotriz, según se argumentó. Canadá también ha amenazado con aranceles y el 4 de marzo el gobierno publicó un listado de los productos estadounidenses a los cuales se les aplicarán nuevas tarifas en represalia.

 

El conflicto comercial con Estados Unidos ha despertado el nacionalismo en Canadá, que puede percibirse en todo el arco político. Un ejemplo representativo del enfado de los canadienses frente a la nueva política de Washington es la petición parlamentaria, iniciada en febrero, de cancelar la ciudadanía canadiense a Elon Musk (adquirida por nacimiento, ya que su madre es canadiense); la petición ya tiene más de 350 mil firmas.

ESTADOS UNIDOS

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | RELACIONES EXTERIORES | Discurso de Trump frente al Congreso profundiza divisiones políticas y reitera amenazas nacionales e internacionales

Este martes 4 de marzo, el presidente Donald Trump pronunció su primer discurso ante el Congreso desde su regreso al poder. Se trató del discurso más largo en la historia moderna de Estados Unidos. Durante casi 100 minutos, el mandatario hizo un repaso por las primeras seis semanas de su segundo mandato y presentó sus prioridades para los próximos cuatro años. Fue un discurso controvertido y polarizante. Mientras los republicanos vitoreaban cada palabra, la mayoría de los demócratas permanecieron en silencio, algunos levantando carteles con mensajes como “¡Falso!” ante las mentiras esgrimidas por el Jefe de Estado. La tensión llegó a su punto más álgido cuando el representante demócrata Al Green fue expulsado del recinto por gritar consignas contra Trump, lo que generó amenazas de censura por parte de los republicanos.

 

Durante el discurso, Trump reiteró todas sus amenazas: prometió recortes de impuestos permanentes, aranceles comerciales e insistió en medidas para reducir la inflación, aunque sin detallar un plan concreto. También afirmó que “es hora de que Estados Unidos les declare la guerra” a los cárteles del narcotráfico; volvió a destacar su intención de anexar Groenlandia y elogió lo que llamó la “reconquista” del Canal de Panamá.

 

Trump repitió datos engañosos, como que Estados Unidos ha gastado 350 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania, cifra que no coincide con los registros oficiales. También insistió en que China controla el Canal de Panamá, algo que no tiene sustento. Pese a las críticas, el presidente se mantuvo firme en su retórica, prometiendo una “edad dorada” para Estados Unidos y asegurando que su administración está “apenas comenzando”.

 


Lectura recomendada:

“El discurso completo de Trump en el Congreso: «Apenas estamos empezando»”, El Grand Continent, 5 de marzo de 2025.

 

 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | RELACIONES EXTERIORES | La Suprema Corte resuelve liberar recursos de USAID

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazó la apelación del gobierno de Donald Trump para retener el pago a organizaciones de ayuda extranjera por trabajo ya realizado. La decisión del tribunal estuvo dividida: se resolvió por cinco votos contra cuatro. El fallo confirmó la orden del juez de distrito Amir Ali, que exige la liberación de casi dos mil millones de dólares a contratistas y beneficiarios de la agencia USAID y el Departamento de Estado. Esta decisión representa un revés para la administración Trump, que ha impulsado una política de “Estados Unidos primero”, congelando financiamiento para asistencia global y desmantelando agencias federales involucradas en ayuda humanitaria.

 

Las organizaciones de ayuda argumentan que la suspensión de estos fondos ha paralizado proyectos esenciales, afectando la entrega de alimentos y asistencia médica a millones de personas en zonas vulnerables. En medio de litigios en curso, la administración de Trump insiste en que la medida judicial impide una revisión adecuada de los pagos. La postura del gobierno ha sido criticada por defensores de la ayuda humanitaria, quienes advierten que la retirada estadounidense de estos programas podría agravar crisis globales y comprometer la seguridad y estabilidad internacionales.

 

 

Lectura recomendada:

Diana Roy, “What is USAID and why is it at risk?”, Council on Foreign Relations, 7 de febrero de 2025.

MÉXICO

RELACIONES EXTERIORES | DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Llega a la Corte Suprema de Estados Unidos caso presentado por México contra empresas fabricantes de armas

Ante las constantes tensiones con Estados Unidos, el gobierno de México ha decidido llevar a cabo una estrategia legal sin precedentes: demandar a siete fabricantes de armas estadounidenses por facilitar el tráfico ilegal de armas a los cárteles de la droga. Este miércoles 5 de marzo, el gobierno de México expuso ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos sus argumentos “en contra de empresas fabricantes y distribuidoras de armas por sus prácticas comerciales negligentes”.

 

El caso, conocido como “Smith & Wesson Brands Inc. v. Estados Unidos Mexicanos”, busca responsabilizar a estas empresas por prácticas comerciales negligentes que, según el gobierno de México, han alimentado la violencia armada en el país. Se exige una compensación de 10 mil millones de dólares por los daños causados.

 

El gobierno mexicano sostiene que más del 70% de las armas decomisadas en el país provienen de Estados Unidos y que los fabricantes, incluyendo marcas como Colt, Beretta y Glock, han diseñado y comercializado armas específicamente para atraer a los cárteles. Ejemplo de ello son pistolas con nombres como “El Jefe” y “Emiliano Zapata”, claramente dirigidas al mercado mexicano. A pesar de las estrictas leyes de control de armas en México, los cárteles han logrado introducir miles de armas ilegales, muchas de las cuales son utilizadas en actos violentos que han cobrado numerosas vidas.

 

Este caso representa un hito importante, ya que desafía la impunidad legal con que la industria armamentística estadounidense ha contado durante décadas. Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos aún debe decidir si el caso puede avanzar, México ya ha recibido apoyo de diversos sectores, incluyendo organizaciones civiles y legisladores de ambos países. La decisión final, que se espera para el segundo trimestre de 2025, podría sentar un precedente histórico en la lucha contra el tráfico ilegal de armas y la violencia en la región. Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum sigue insistiendo en que la responsabilidad de frenar este flujo no recae únicamente en México, sino también en acciones concretas por parte de Estados Unidos.

PANAMÁ

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | MIGRACIÓN | RELACIONES EXTERIORES | Costa Rica y Panamá enfrentan críticas por el trato a migrantes deportados por Estados Unidos

Panamá y Costa Rica han implementado cuestionables medidas que “tercerizan” el flujo de migrantes deportados por Estados Unidos y que han sido denunciadas legalmente por diversos abogados y organismos de derechos humanos, pues a los migrantes se les confiscan pasaportes y teléfonos celulares, además de que se les restringe el acceso a servicios legales y el traslado a lugares remotos.

 

El aumento en las deportaciones desde Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump ha llevado a ambos países centroamericanos a recibir cientos de migrantes, muchos de ellos provenientes de Asia y Medio Oriente. Solo en febrero, Panamá registró la llegada de dos mil 200 migrantes.

 

Los gobiernos de ambos países han presentado la recepción de deportados como algo temporal y han argumentado que las medidas aplicadas tienen el fin de “proteger a los migrantes de traficantes de personas”. Ello ha generado fuertes críticas por parte organizaciones de derechos humanos que denuncian falta de transparencia y posibles violaciones a los derechos fundamentales de los migrantes. Además, se ha negado el acceso a periodistas y observadores a los centros donde se alojan los deportados. Un grupo de abogados ya presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de 112 migrantes detenidos en un campamento remoto en Panamá.

 

A pesar de las amenazas del presidente Trump sobre la “recuperación” del Canal de Panamá, las autoridades panameñas insisten en que sus acciones responden a intereses nacionales y no a presiones externas. Carlos Ruiz-Hernández, viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, afirmó que el país está trabajando con Estados Unidos para disuadir la migración irregular, pero también está brindando apoyo médico y psicológico a los deportados que deciden quedarse temporalmente.

 

Mientras tanto, los gobiernos de Costa Rica y Panamá enfrentan un dilema: seguir obedeciendo a las demandas de Estados Unidos y arriesgarse a una reacción negativa de sus propias poblaciones o enfrentarse a las presiones de la administración de Trump.


Lectura recomendada:

Jordana Timerman, “La diplomacia de la deportación: el alto costo de la política de Trump”, Cenital, 1 de marzo de 2025.

 

 

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | RELACIONES EXTERIORES | Consorcio estadounidense liderado por BlackRock adquiere puertos clave del Canal de Panamá

El día martes 5 de marzo se conoció que un consorcio liderado por BlackRock Inc., la gigante estadounidense de gestión de inversiones, adquirió los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá, luego de que CK Hutchinson, un conglomerado con sede en Hong Kong, accediera a vender sus acciones de control. Este intercambio ha sido interpretado como un movimiento estratégico en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China por la influencia en la región. La adquisición es parte de un acuerdo valorado en casi 23 mil millones de dólares que le da al consorcio estadounidense el control de 43 puertos en 23 países, incluidos México, los Países Bajos, Egipto, Australia y Pakistán, entre otros.

 

Aunque CK Hutchinson y el gobierno panameño señalaron que el acuerdo es de naturaleza puramente comercial, la venta se produce en un contexto de creciente presión de Washington sobre el gobierno de Panamá por la supuesta “influencia china” en el Canal de Panamá y luego de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Panamá, en febrero, para presionar al gobierno panameño.

 

El Canal de Panamá es una ruta estratégica para el comercio global, con más del 70% de su tráfico vinculado a puertos estadounidenses. La adquisición de los puertos por parte del consorcio de BlackRock refuerza la influencia de Estados Unidos en la región, mientras Panamá busca equilibrar sus relaciones con Washington y Pekín. Cabe recordar que recientemente Panamá abandonó la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda de China, lo que generó tensiones con el gigante asiático.

 

Aunque el acuerdo ha sido celebrado como una victoria para la política exterior de Trump, también ha despertado críticas sobre el papel de las empresas estadounidenses en América Latina. Para algunos, este movimiento evoca la histórica influencia de Wall Street en la región. Mientras tanto, BlackRock, que gestiona 11.6 billones de dólares en activos, refuerza su presencia global en infraestructura, aunque las acciones de la compañía cayeron 1.5% tras el anuncio.



Podcast recomendado:

Pablo Iglesias et al., “¿Qué es Black Rock?”, La Base, 8 de mayo de 2024, disponible en la plataforma YouTube.

ARGENTINA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Nuevo acuerdo de deuda con el FMI despierta desconfianza y críticas

El gobierno de Javier Milei está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar un nuevo acuerdo antes de que termine el mes abril de 2025, según dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni. El gobierno ha seguido la estrategia de presentar dicho acuerdo como una recapitalización del Banco Central (BCRA) que no implica un aumento de la deuda soberana, pero esta interpretación es cuestionada por expertos y opositores. Expertos como Claudio Loser, exfuncionario del FMI, argumentan que cualquier préstamo del FMI al BCRA representa una nueva deuda para el país.

 

Se ha indicado que el levantamiento del “cepo cambiario” (las restricciones para la compra de moneda extranjera) no sería una consecuencia inmediata del acuerdo. Sin embargo, la primera subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, declaró que al organismo le preocupa que el nuevo préstamo se use en el mercado cambiario para seguir sosteniendo un “dólar barato”, piedra angular del frágil modelo mileista.

 

Hay también preocupación en el Congreso por la falta de transparencia y el potencial ocultamiento de información clave sobre el acuerdo. La ley exige que cualquier acuerdo de deuda con el FMI sea aprobado por el Congreso, presentando el proyecto completo. No obstante, se sospecha que el gobierno presentará aspectos técnicos evitando detalles sensibles relacionados con la política económica, como la disponibilidad de fondos, las posibles solicitudes de devaluación por parte del FMI y el cronograma para eliminar las restricciones cambiarias.

 

Finalmente, es posible que, ante la dificultad de lograr el apoyo legislativo, el gobierno considere aprobar el acuerdo con el FMI a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta opción generaría aún más controversia y tensiones políticas, pues evitaría el debate y la aprobación del Congreso, desafiando el espíritu de la ley vigente y generando dudas sobre la legitimidad del acuerdo.

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | Reformas electorales y conflictividad social contra el gobierno de Arce

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para la implementación del sistema de Transmisión Rápida de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en las elecciones generales. La norma busca garantizar mayor transparencia en el proceso electoral y agilizar la difusión de los resultados preliminares, en respuesta a demandas ciudadanas y observaciones realizadas en comicios anteriores.

 

En paralelo, el Comité Pro Santa Cruz ha exigido la inmediata liberación de combustible para el departamento, en respuesta a restricciones que han afectado la producción y el transporte en la región. Además, este sector ha comenzado a activar mecanismos para convocar a una Asamblea de la Cruceñidad, un espacio en el que se debatirán nuevas acciones de presión contra el gobierno de Luis Arce.

 

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, respaldó el pronunciamiento del Comité Cívico de la localidad y reafirmó la necesidad de organizar medidas de presión contra el gobierno central para “defender los intereses del departamento”. Camacho enfatizó que “no podemos quedarnos con los brazos cruzados” ante lo que considera una centralización del poder que afecta a las regiones opositoras.

 

 

ELECCIONES | La oposición de cara al proceso electoral: fragmentación y esfuerzos para una candidatura unificada

La oposición muestra signos de fragmentación que obstaculizan una posible alianza para enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales de este año, aunque distintas fuerzas opositoras han buscado acuerdos. El diputado José Manuel Ormachea y el senador Erwin Cuéllar afirmaron que hay competencia dentro del bloque para definir quién liderará una candidatura unificada. Sin embargo, consideraron que esta competencia no implica que haya una división estructural en la oposición.

BRASIL

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | El gobierno anuncia medidas para paliar la crisis inflacionaria en alimentos

El jueves 6 de marzo, luego de una reunión entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y ministros, que también conversaron con representantes de sectores mayorista y minorista, el gobierno federal anunció seis medidas para reducir los precios de los alimentos. El anuncio fue hecho por el vicepresidente Geraldo Alckmin (PSB) en compañía de los ministros Carlos Fávaro (PSD), de Agricultura y Ganadería, Sidônio Palmeira, de la Secretaría de Comunicación Social, Rui Costa (PT), de la Casa Civil, y Paulo Teixeira (PT), de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar.

 

Se decidió eliminar aranceles de importación sobre carne, azúcar, maíz, galletas, pasta, harina, aceite de cocina y aceite de oliva. En cuanto a este último, se incrementó el cupo de importación de 65 mil toneladas a 150 mil toneladas. En el área fiscal habrá negociaciones con gobernadores para que se eliminen los impuestos a los alimentos básicos. También se anunció que el Plan Zafra 2025-2026 se centrará en estimular la producción alimentaria, especialmente de la agricultura familiar, y fortalecer la política de stock regulador. Se anunció además una alianza con el sector privado para dar a conocer los mejores precios, estimular la competencia y ayudar al consumidor.

 

Las medidas anunciadas por el gobierno para contener la inflación alimentaria pueden verse afectadas por problemas crónicos en la infraestructura logística y de transporte nacional. El año comenzó con señales de que habrá otra cosecha récord de soya, que ha ocupado la mayor parte de los camiones disponibles en el país, comprometiendo otras cosechas en curso. Este problema también se refleja en el incremento en los precios de los fletes, causado por los recientes ajustes al diésel.

 

 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | Lula retoma iniciativa en relación con los movimientos populares

El campamento Quilombo Campo Grande del Movimientos de Trabajadores Sin Tierra (MST) en Campo do Meio, al sur de Minas Gerais, vive momentos de expectativa por la visita del presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva. El punto central de la visita es la recuperación del campamento Quilombo Campo Grande, en uno de los territorios con mayor conflicto de tierras en Brasil. La sede para la ceremonia, realizada el viernes 7 de marzo, fue la escuela Eduardo Galeano, reconstruida tras ser demolida en 2020, en medio de enfrentamientos entre el MST y la Policía Militar.

 

La dirigencia del movimiento campesino considera la iniciativa del presidente como principio de resarcimiento de una deuda histórica, además de un reacercamiento de Lula tras las tensiones entre la actual gestión y esta organización popular. El gobierno anunció la entrega de 12 mil 297 lotes en 138 asentamientos de 24 estados del país, incluyendo el campamento de Quilombo Campo Grande.

CHILE

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | ELECCIONES | Carolina Tohá, la carta de Boric para las elecciones presidenciales en Chile

Carolina Tohá, destacada politóloga del Partido por la Democracia (PPD), ha renunciado a su cargo como Ministra del Interior de Chile para comenzar su carrera presidencial hacia las elecciones de noviembre próximo, convirtiéndose en una de las principales figuras del oficialismo en la contienda. Con ello también se despejan dudas sobre la posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet, líder en las encuestas, se postule por tercera vez, una opción que Bachelet ya descartó públicamente.

 

Desde el Palacio de La Moneda, Tohá expresó su agradecimiento al presidente Boric por la confianza depositada en ella para tan alta responsabilidad. Esta politóloga ha sido una figura clave en la izquierda chilena desde finales de los años ochenta, cuando participó en un programa televisivo junto a Ricardo Lagos, donde desafiaron a Augusto Pinochet. Ha ocupado diversos cargos en las administraciones de la Concertación, incluyendo la representación en el Parlamento y la alcaldía de Santiago. En septiembre de 2022, asumió como Ministra del Interior en el gobierno de Boric, tras un período convulso marcado por el rechazo ciudadano a la propuesta de cambio constitucional. Este hecho llevó al presidente a realizar un cambio de gabinete, apartando de su comité político a figuras de su máxima confianza.

 

La decisión de Tohá ocurre en un contexto de polarización y desconfianza ciudadana hacia la clase política. Su desafío será diferenciarse del resto de los candidatos y presentar una propuesta que conecte con las demandas de la ciudadanía. Su trayectoria política, su experiencia en el gobierno y su perfil moderado podrían ser sus principales fortalezas en la carrera hacia La Moneda.

COLOMBIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | La Reforma a la Salud más cerca de ver la luz

La Reforma a la Salud ha sido uno de los temas más discutidos en Colombia durante los últimos meses. Recientemente, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la mayoría de los artículos del proyecto (un 67%). El proceso fue liderado por el Ministro del Interior, Armando Benedetti, quien jugó un papel crucial como “director de orquesta” para lograr los consensos necesarios. Conocido por su habilidad negociadora, Benedetti consiguió articular las diferentes posiciones dentro del Congreso, lo que permitió la aprobación de varios artículos clave.

 

El avance de la reforma causó reacciones diversas. El presidente Gustavo Petro celebró la aprobación del proyecto en la Cámara, destacando que es un paso importante hacia la garantía de la salud como un derecho fundamental. Sin embargo, algunos sectores políticos y organizaciones de pacientes han expresado preocupaciones sobre posibles vulneraciones al derecho a la salud, especialmente en lo relacionado con la administración de los recursos y la prestación de los servicios. Uno de los aspectos más discutidos de la reforma es la creación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que tendría a cargo la gestión de los recursos financieros del sistema. Esta entidad buscaría centralizar y optimizar el manejo de los recursos, pero hay dudas sobre su eficacia y transparencia.

 

Las organizaciones de pacientes expresan preocupación porque consideran que la reforma podría limitar el acceso a servicios médicos esenciales. Además, aún quedan puntos críticos por resolver, como el financiamiento del sistema y la garantía de calidad en la prestación de los servicios. El proceso aún no concluye y se espera que en las próximas semanas avance el debate en el Senado, donde se definirán los aspectos finales de esta reforma.

 

 

SITUACIÓN Y CONFLICTOS SOCIALES | ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | Crisis en el sector arrocero estalla en paro nacional con afectaciones económicas extendidas

Arrancó un paro arrocero nacional que incluye una serie de protestas y bloqueos en varias regiones del país, principalmente en zonas productoras de arroz, como el norte de Casanare. El sector arrocero en Colombia enfrenta una crisis debido al exceso de arroz en el mercado, la caída en los precios y la resultante baja en los ingresos de los productores. La falta de políticas claras para regular la siembra y la importación de arroz ha exacerbado la situación. Los arroceros exigen al gobierno medidas concretas para garantizar precios justos y controlar las importaciones de arroz, que han inundado el mercado local. Hasta el momento, no se ha llegado a un acuerdo satisfactorio. Los pequeños arroceros son los más afectados, ya que no cuentan con los recursos para competir con los grandes productores ni para absorber las pérdidas causadas por los bajos precios.

 

El impacto económico del paro arrocero se ha sentido en varios frentes. Ha generado un incremento en los precios de varios alimentos, incluyendo el arroz, debido a la interrupción de la cadena de suministro, afectando a los consumidores. Los bloqueos en las vías han causado pérdidas millonarias para otros sectores de la economía que dependen del transporte de mercancías. Además, los cultivadores del norte de Casanare se han unido al paro nacional, lo que ha ampliado el alcance de las protestas y aumentado la presión política.

 

Aunque el gobierno ha mostrado disposición al diálogo, aún no se han alcanzado acuerdos concretos. Sin una pronta solución, el conflicto podría generar mayores afectaciones a la economía nacional. Se ha mencionado un convenio entre Finagro y la Agencia Nacional de Tierras para financiar proyectos agrícolas, lo que podría ser un paso hacia la solución de problemas estructurales en el sector.

 

Por otro lado, mientras el sector arrocero enfrenta dificultades, la producción de café en Colombia ha alcanzado niveles récord, con 14.79 millones de sacos producidos en el último año.

 

 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | El decreto de conmoción interior en el Catatumbo en manos de la Corte Constitucional entre la urgencia y las solicitudes de revocación

El gobierno de Gustavo Petro declaró en 2024 el Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo, la región más afectada por la violencia y por la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el fin de destinar recursos adicionales para atender la crisis humanitaria y de seguridad. El presidente firmó el decreto correspondiente argumentando la urgencia de actuar ante la ausencia histórica del Estado en este territorio. Sin embargo, la medida ha generado un amplio debate político y jurídico. La Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la validez del decreto, mientras el gobierno enfrenta el desafío de demostrar que sus acciones tendrán un impacto real en la región.

 

El presidente advirtió que si la Corte Constitucional decide tumbar el decreto, buscaría dialogar con el gobierno de Venezuela para abordar la crisis fronteriza, destacando la dimensión internacional del conflicto por la presencia de grupos armados que operan en ambos países. Por otro lado, sectores empresariales han solicitado a la Corte Constitucional que revoque el decreto, argumentando riesgos para la estabilidad fiscal y la falta de claridad en el uso de los recursos públicos. En respuesta, el gobierno ha defendido la medida, señalando que la prioridad debe ser la vida y la seguridad de los ciudadanos, y criticando a quienes, según su perspectiva, priorizan intereses económicos sobre necesidades humanitarias.

 

Además, se ha designado una comisión especial para coordinar acciones en el Catatumbo, aunque algunos líderes locales han expresado escepticismo por considerar que no se les ha dado suficiente participación en las decisiones.

ECUADOR 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Concesión del Campo Sacha, sospechas de corrupción y conflictividad social

El gobierno de Ecuador adjudicó un contrato de 20 años para la explotación del Campo Sacha, el campo petrolero más productivo del país, al consorcio Sinopetrol, conformado por Amodaimi Oil Company S.L. y Petrolía Ecuador S.A., con nexos en China y Canadá. Este campo, ubicado en la provincia de Orellana, produjo 77 mil barriles por día en 2024, representando el 20% de la producción estatal y el 16% de la producción total del país.

 

Las sospechas de corrupción presidencial no se hicieron esperar. Se ha hecho público que las empresas Amodaimi y El Ordeño tienen el mismo número de contacto, incluso declarado ante el Estado. Entre las accionistas del Grupo El Ordeño aparece la empresa Agrícola San Esteban, propiedad del Grupo Noboa, de la familia del presidente Daniel Noboa.

 

Así pues, la concesión ha generado críticas y oposición. La Asamblea Nacional expresó su rechazo a lo que calificó como una “entrega arbitraria” del Campo Sacha, argumentando que el gobierno aprovechó el feriado de Carnaval para realizar la adjudicación. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, respondió que aún no ha firmado el contrato y que la adjudicación no implica privatización, sino una delegación a un operador más eficiente.

 

Por su parte, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ha exigido la suspensión del contrato y ha convocado a la sociedad civil a movilizarse en defensa del Campo Sacha. Iza solicita investigar posibles actos de corrupción y la destitución de los ministros involucrados. Además, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), representado por José Villavicencio, ha anunciado plantones y movilizaciones a nivel nacional en rechazo a la concesión, calificándola como un “carnavalazo” por parte del gobierno.

 

 

DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Evento violento sin precedentes en Guayaquil

La ciudad de Guayaquil ha sido escenario de un alza en la violencia relacionada con el crimen organizado. Recientemente, una masacre en el sector de Nueva Prosperina dejó al menos 22 personas asesinadas. Alrededor de 20 sicarios armados con fusiles y pistolas llevaron a cabo ataques simultáneos en las zonas de La Barraca, Casuarina y la Entrada de la 8. La Policía atribuye estos hechos a la disputa entre las facciones rivales “Los Igualitos” y “Los Fénix”, ambas derivadas de la organización “Los Tiguerones”.​

 

Por su parte, el presidente candidato Daniel Noboa sostuvo que “todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina cuentan desde ya con indulto presidencial”.

PARAGUAY

DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | RELACIONES EXTERIORES | Paraguay retrocede en su “apuesta soberana” de echar a la DEA, restablece el vínculo y acuerda compra militar a Estados Unidos

En diciembre de 2024, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, decidió poner fin a la cooperación con la DEA por razones de soberanía y falta de acceso a las investigaciones conducidas por los agentes estadounidenses en territorio paraguayo. Esta decisión provocó tensiones con Washington y llevó a la DEA a preparar su salida del país.

 

Sin embargo, iniciando marzo de 2025, tras una conversación entre Peña y Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado estadounidense, la cooperación fue restablecida. Rubio, un actor clave en la política de seguridad del gobierno de Donald Trump, habría intervenido para garantizar la continuidad de la DEA en Paraguay, consolidando un alineamiento más estrecho entre el gobierno de Peña y sectores del Partido Republicano estadounidense.

 

Tras la restauración del convenio, Rachid defendió el nuevo esquema de trabajo, señalando que ahora existirá una mayor coordinación y transparencia en la colaboración con la DEA. A pesar de haber liderado el cierre inicial del acuerdo, el ministro evitó reconocer que se trató de una marcha atrás en su decisión, sosteniendo que se trata de una “nueva y mejorada cooperación” que garantiza el respeto a la soberanía nacional.

 

En paralelo, el gobierno de Peña anunció la compra a Estados Unidos de radares militares, entrenamiento de personal y la instalación de un centro de monitoreo militar y civil por un valor de 100 millones de dólares. Esta inversión revitaliza el vínculo entre ambos países luego de un largo proceso de choques entre la administración Biden y el actual gobierno paraguayo.

PERÚ

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Comienza juicio contra expresidente Pedro Castillo

El 4 de marzo de 2025 inició el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión, grave abuso de autoridad y perturbación de la paz pública. Durante la audiencia, Castillo rechazó la legitimidad del proceso, prescindió de su abogado y se negó a aceptar la defensa pública, calificando el juicio de “pantomima”. Ante esta situación, el tribunal le asignó un abogado de oficio para continuar con el proceso.

 

 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Ministro del Interior de Boluarte bajo la mira de la Fiscalía

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha sido acusado por testigos protegidos de participar en una supuesta red de sobornos destinada a alterar resoluciones judiciales en beneficio de sus clientes cuando ejercía como abogado. Además, informes periodísticos revelan que Santiváñez defendió a un oficial de la Policía acusado de pertenecer a una presunta organización criminal dedicada a la extorsión, el sicariato, el tráfico de terrenos y el cobro de cupos. A pesar de las acusaciones, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado respaldando al ministro.

 

Tras el allanamiento de la vivienda del ministro Santiváñez el 3 de marzo, la presidenta Boluarte expresó su apoyo al funcionario y acusó a la Fiscalía de intentar desestabilizar su gobierno. Señaló que estas acciones forman parte de un “golpe de Estado blanco” y criticó la supuesta colaboración entre la Fiscalía y ciertos medios de comunicación para crear narrativas justificatorias de las acciones judiciales contra su administración.

URUGUAY

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Frente Amplio asume el gobierno y marca agenda de prioridades para los próximos meses

La primera semana de gestión de Yamandú Orsi en Uruguay fue de transición política, evaluación de la herencia recibida y definición de áreas clave. Según encuestas, un 61% de la población aprueba la manera en que el presidente gestionó el traspaso de mando, lo que indica un respaldo significativo en este arranque.

 

Uno de los principales desafíos identificados por el nuevo gobierno es la situación financiera del Estado. En el área económica, Gabriel Oddone asumió el liderazgo con el reto de fortalecer la estabilidad macroeconómica y realizar reformas urgentes a ese nivel. La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) declaró una deuda de más de 50 millones de dólares para 2025, mientras que la Caja de Profesionales enfrenta una crisis que podría agotar sus reservas en tres meses. A esto se suma la necesidad de revisar el sistema de seguridad social, donde el ministro de Trabajo, Marcelo Castillo, enfatizó la urgencia de recuperar derechos afectados en la última reforma previsional. También anunció un paquete de medidas destinadas a mejorar la situación de más de 500 mil uruguayos que perciben ingresos inferiores a 25 mil pesos mensuales (586 dólares).

 

Por su parte, Gonzalo Civila, al frente del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), destacó que el Estado también debe ser transformado para construir condiciones de igualdad, de justicia y de libertad. Desde el Ministerio de Ambiente, se solicitó a Obras Sanitarias del Estado (OSE) que retome con urgencia las obras hídricas para garantizar el acceso al agua.

VENEZUELA

RELACIONES EXTERIORES | Resurge conflicto con Guyana por exploración de ExxonMobil

En estos días resurgieron y escalaron las acusaciones cruzadas entre Venezuela y Guyana por las incursiones sobre el Esequibo. El pasado 5 de marzo, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro denunció a la empresa petrolera estadounidense ExxonMobil por realizar exploraciones en el Esequibo, territorio ocupado por Guyana y reclamado por Venezuela. Durante una asamblea comunal en Caracas, Maduro calificó estas incursiones como ilegales por tratarse de un territorio en disputa con fronteras que aún deben ser delimitadas; por ello, Maduro declaró que impedirá la exploración por todas las medidas necesarias.

 

Previamente, el sábado 1 de marzo, el presidente de Guyana, Irfaan Alí, denunció la incursión de buques venezolanos dentro de sus fronteras. El mandatario guayanés declaró que un barco patrullero de las Fuerzas Armadas venezolanas incursionó en una zona marítima –que Guyana considera exclusiva– para advertir a diversos buques que esas eran zonas en reclamación. Sin embargo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha negado dicha incursión, aclarando en un comunicado que su buque de patrullaje se encontraba sobre los espacios marítimos de la fachada atlántica venezolana.

 

 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Creación fondo especial para bancos comunales

El gobierno venezolado ha estado llevando a cabo consultas populares para priorizar proyectos comunales en las comunas del país. En ese marco, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación del Fondo Especial para el Financiamiento de los Bancos Comunales, el cual contará con un capital inicial de 10 millones de dólares y se destinará a fortalecer proyectos comunales, buscando ser un motor de financiamiento para el desarrollo territorial. El mandatario declaró la intención de construir la autosustentabilidad de las comunas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que el 80% de los proyectos votados en la primera consulta ya están en ejecución. La próxima consulta se llevará a cabo el 27 de abril.

 

 

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES | ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Activación del Plan de Independencia Productiva Absoluta ante anulación de licencia a Chevron

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos unilateralmente anuló la licencia de operaciones en Venezuela a la empresa Chevron. En respuesta, el gobierno venezolano emitió un comunicado a través de la vicepresidenta Delcy Rdríguez para informar sobre la decisión presidencial de activar el denominado Plan de Independencia Productiva para hacer frente a las consecuencias de la eliminación de autorizaciones de producción.

 

El presidente Nicolás Maduro comentó que se buscará que la producción de hidrocarburos y el consecuente desarrollo económico no se detengan, siendo el objetivo principal cubrir el déficit de producción de barriles de petróleo ocasionado por las decisiones de la administración de Donald Trump.

 

El Plan de Independencia Productiva Absoluta abarca cuatro ejes, incluyendo el fomento de la producción agrícola y agroindustrial, la modernización de la infraestructura rural y el desarrollo de industrias estratégicas, como la petroquímica, la siderúrgica y la tecnológica mediante incentivos a la inversión nacional y extranjera. El plan también incluye programas de generación y protección del empleo estable y con derechos. 

 

Sin embargo, algunos economistas y antiguos trabajadores de la petrolera venezolana PDVSA consideran que no hay un plan de acción claro por parte del gobierno, sino simplemente anuncios y declaraciones. También señalan dificultades en PDVSA para suplir la producción de barriles de petróleo que dejaría la salida de Chevron.

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