ARGENTINA

RELACIONES EXTERIORES | Milei viaja a Estados Unidos por decimocuarta vez

El presidente argentino Javier Milei emprendió su viaje número 14 a Estados Unidos desde que​ asumió la presidencia en diciembre de 2023. Esta constante gira internacional, que en esta ocasión lo llevó a Miami para participar en el America Business Forum, refleja la prioridad que el mandatario le ha dado a fortalecer los vínculos con empresarios, líderes ultraconservadores y figuras políticas relevantes de ese país. Durante su intervención en este evento, Milei utilizó un discurso ideológico fuerte en el que expresó su intención de «hacer a Argentina y a América grandes de nuevo», emulando la frase del presidente estadounidense Donald Trump, interventor estratégico de la agenda económica y geopolítica del gobierno argentino​.

A lo largo de estos 22 meses de mandato, la mayoría de las visitas de Milei a los Estados Unidos han estado vinculadas a reuniones con sectores empresariales y de derecha, con solo cuatro viajes oficiales, entre los que se cuentan discursos ante la ONU y encuentros bilaterales con Trump, además de la reciente visita a la Casa Blanca.

Milei fue a presentar la Argentina ante los principales empresarios del mundo. A pesar de los esfuerzos del presidente para mostrar una tierra fértil para los negocios, las inversiones no llegan. Pramol Dhawan, jefe de gestión de carteras de mercados emergentes en Pimco, pidió a Milei permitir que el peso argentino “flote libremente y abandonar el sistema de bandas cambiarias”, argumentando que la reciente victoria electoral le otorga capital político para avanzar en reformas estructurales. Dhawan advirtió que, sin una liberalización total del mercado cambiario, los inversores extranjeros no invertirán en activos locales y que los acuerdos vigentes con el FMI y Estados Unidos no son suficientes para evitar una crisis cambiaria. Aunque Milei mantiene las bandas de flotación progresivamente más amplias y prevé conservarlas hasta 2027 para moderar la volatilidad, el fondo considera que la única vía sostenible es dejar que la moneda se ajuste para frenar la dolarización y favorecer la repatriación de capitales.

BOLIVIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | El doble juego del nuevo gobierno

Días previos a su asunción, el presidente Rodrigo Paz consolidó un giro en la política exterior de Bolivia. Paz viajó a Estados Unidos en busca de «oxígeno financiero» y reafirmó, tras sus reuniones, que Bolivia “se abre al mundo”. Esta nueva etapa de alianza fue respaldada por figuras estadounidenses clave, como el responsable de la política exterior del gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, quien reafirmó el compromiso de EE.UU. de mantener una sólida alianza con Bolivia. Este posicionamiento se tradujo en un apoyo internacional inmediato, con un acuerdo financiero con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por un monto de tres mil 100 millones de dólares, destinado a reactivar la economía.

Sin embargo, el periodo de transición mostró nuevos indicios de que la alianza de gobierno no opera con una agenda unificada. Mientras el presidente electo, Paz, se enfocaba en la diplomacia con Estados Unidos, el vicepresidente electo, Edman Lara, se reunió con el embajador de China para reafirmar vínculos, señalando un posible manejo de canales diplomáticos paralelos. Si bien esto podría indicar que el nuevo gobierno intentará gestionar un delicado equilibrio entre las principales potencias de la época, las demostraciones previas de autonomía de Lara sugieren que los desacuerdos al interior de la nueva administración pueden estar escalando incluso en el posicionamiento exterior boliviano.

En este marco, el vicepresidente electo buscó consolidar su base de apoyo político directa. Lara llamó a sus seguidores a un mitin tras asumir el cargo, declarando que su «compromiso será ante ustedes», lo que resalta un intento por consolidar su legitimidad política. Esta movilización y declaración sugieren que Lara podría convertirse en un polo de poder autónomo dentro de la nueva administración.

BRASIL

BIENES COMUNES – RELACIONES EXTERIORES | COP30 en Belém: Lula busca anclar la transición energética y el financiamiento forestal como eje global

En la cumbre climática de Belém (COP30), la delegación brasileña, encabezada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, impulsó la transición energética y la protección de bosques para articular mecanismos de financiamiento que redistribuyan parte de las rentas fósiles hacia inversiones verdes. En su intervención, Lula defendió explícitamente la idea de destinar parte de las ganancias del petróleo para financiar la transición, proponiendo así un nexo directo entre recursos extractivos actuales y la descarbonización futura. A partir de esa propuesta, el gobierno brasileño colocó la idea de una transición con justicia distributiva en el centro del debate, buscando convertir ingresos nacionales en palanca de inversión para energías renovables, reindustrialización con valor añadido y protección social para territorios afectados por la descarbonización.

Ese eje energético se presentó como la prueba de fuego de la eficacia climática: para Lula, la transición energética definirá el éxito o fracaso del combate al calentamiento global. Brasil argumenta que sin una estrategia que vincule financiamiento, tecnología y empleo —y que además reduzca la dependencia de exportaciones primarias— las metas de París quedarán básicamente en declaraciones administrativas. En paralelo, el gobierno celebró avances políticos en Belém alrededor de un instrumento de apoyo a los bosques: la COP30 mostró una relativa victoria diplomática con la concreción de un fondo para los bosques que, si se materializa con aportes sólidos, daría recursos permanentes para pagos por servicios ecosistémicos, protección de territorios indígenas y estímulos a cadenas productivas bajas en emisiones.

El debate diplomático, sin embargo, no estuvo exento de fricciones. Los liderazgos reunidos en la cumbre aguardaban señales claras de grandes socios, en particular de Alemania, sobre su adhesión al fondo forestal; la entrada de Europa y países asiáticos es vista como condición para convertir el mecanismo en una palanca financiera de largo plazo. Al mismo tiempo, la COP30 no pudo ocultar tensiones internas vinculadas a la gobernanza ambiental: representantes de organizaciones sociales reclamaron que la crisis climática debe interconectarse con la violencia territorial y la impunidad en el campo. Ese reclamo aparece con nitidez en la cobertura de Brasil de Fato, que subraya que la violencia en el campo debe entrar en la agenda de la COP30, porque los desmontes, invasiones y asesinatos de líderes rurales son factores directos que comprometen la protección forestal y la implementación de políticas climáticas en la Amazonia. Desde esta óptica, la COP30 expuso una contradicción: no bastan compromisos financieros y tecnológicos si persisten violencias que impiden la gestión territorial sostenible.

En la cumbre igualmente se registraron discusiones técnicas sobre la gobernanza de los mercados de carbono y la integración de esquemas multilaterales y voluntarios, en un proceso en que Brasil busca ofrecer instrumentos propios que reconozcan su potencial forestal y agropecuario de baja emisión. Delegados y ministros intercambiaron visiones sobre cómo certificar y verificar servicios ecosistémicos, y cómo vincular esos mecanismos con fondos públicos y privados. En este marco, la insistencia brasileña en el fondo para bosques funciona como un intento de balancear una oferta de créditos y servicios climáticos con recursos no reembolsables que financien la protección y la transición productiva, evitando que los beneficios queden concentrados en mercados secundarios o actores externos.

Políticamente, la COP30 bajo la organización de Brasil, busca convertir logros diplomáticos en señales domésticas de gestión: la propuesta de transferir ingresos petroleros a la transición y la negociación del fondo forestal son instrumentos con doble propósito —interno y externo— que buscan reforzar la legitimidad del gobierno ante un electorado sensible al empleo y al desarrollo, y a la vez posicionar a Brasil como puente entre el Norte y el Sur global en gobernanza climática. No obstante, la crítica sobre la necesidad de abordar la violencia en el campo y las dudas sobre la adhesión de países europeos al fondo ilustran los límites de una estrategia que depende simultáneamente de compromisos internacionales, capacidad fiscal y gobernanza territorial efectiva.

DEFENSA, SEGURIDAD E INTELIGENCIA | Gobernadores presionan por ley que equipara facciones a terrorismo

La ofensiva política de gobernadores de derecha para que el Congreso apruebe el proyecto que equipara facciones criminales a grupos terroristas agudiza la disputa entre el Ejecutivo federal y los gobiernos estatales tras la megaoperación policial en Río de Janeiro, la más letal de la historia reciente. Cláudio Castro (RJ), Romeu Zema (MG), Ronaldo Caiado (GO), Jorginho Mello (SC) y la vicegobernadora del Distrito Federal, Celina Leão, enviaron oficios al presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos-PB), solicitando una audiencia para presionar por la votación del proyecto de ley presentado por Danilo Forte (União Brasil-CE). La iniciativa pretende modificar la Ley Antiterrorismo para incluir en ella las facciones criminales y milicias privadas, lo que implicaría ampliar el marco penal y otorgar nuevas competencias a fuerzas federales.

El gobierno de Lula se opone firmemente al texto. La ministra Gleisi Hoffmann (Relaciones Institucionales) y el secretario nacional de Seguridad Pública, Mário Sarrubbo, sostienen que las facciones no pueden ser tratadas como terroristas, ya que carecen de motivación política, religiosa o étnica, elementos definitorios del terrorismo según los estándares internacionales. El proyecto, que debía votarse en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), fue postergado tras negociaciones entre el Planalto y diputados aliados, en un contexto donde la seguridad pública se transformó en bandera electoral de las derechas y en punto de vulnerabilidad del gobierno federal.

El trasfondo estructural de la disputa aparece en los datos sobre el mapa criminal del país. Según un relevamiento reciente, el Brasil tiene tres facciones nacionales —Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital (PCC) y Família do Norte (FDN)— y otras 31 de alcance estatal, cuya expansión desafía la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y del Estado federal. Estas organizaciones mantienen ramificaciones que atraviesan fronteras, disputan territorios en la Amazonia y controlan circuitos de armas, drogas y extracción ilegal de recursos. La fragmentación del sistema penitenciario y la baja coordinación interinstitucional agravan el cuadro, mientras crecen las presiones políticas por respuestas legislativas rápidas ante la sensación de inseguridad.

En este contexto, el intento de redefinir el concepto de terrorismo dentro del marco jurídico brasileño se entrelaza con una estrategia política de endurecimiento punitivo impulsada por gobernadores conservadores, que buscan capitalizar el malestar social tras la ola de violencia en Río. Para el gobierno federal, sin embargo, esa medida podría erosionar garantías democráticas y criminalizar actores sociales al ampliar de forma ambigua la noción de terrorismo. La discusión se convierte así en una batalla simbólica y jurídica sobre el sentido de “seguridad nacional”, en un país donde las facciones se consolidaron como poder paralelo y las políticas públicas de seguridad aún carecen de un enfoque integrado.

CHILE

ELECCIONES | Prima la incertidumbre en las encuestas rumbo a la primera vuelta electoral

En el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile del próximo 16 de noviembre de 2025, un sector importante del electorado, compuesto principalmente por mujeres, adultos mayores y ciudadanos indiferentes a la política, aún no ha decidido por quién votar. Según un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP), alrededor de un 20% de los chilenos se encuentran indecisos o muestran cambios frecuentes en sus preferencias, lo que refleja un desapego generalizado hacia las candidaturas actuales y una creciente desconfianza hacia el sistema democrático. Este desapego se explica, en parte, por una percepción negativa sobre la eficacia de la democracia, el descontento con las instituciones y partidos políticos, y la desilusión con los discursos radicales y las promesas incumplidas de los políticos, factores que llevan a un grupo importante a optar por no definirse o incluso a simpatizar con candidatos menos convencionales o autoritarios.

Este fenómeno de indiferencia y desaliento político tiene raíces profundas en la historia reciente chilena, caracterizada por procesos constitucionales fallidos, inseguridad creciente, desafíos sociales no resueltos y un eco de promesas gubernamentales incumplidas. La falta de identificación con los ejes políticos tradicionales y la percepción de que los partidos no responden a las demandas ciudadanas contribuyen a un aumento de esta apatía electoral, que representa un desafío para la legitimidad democrática. En este escenario, la primera vuelta electoral será clave para los candidatos de derecha que compiten en un ambiente fragmentado, mientras que el grupo de indecisos se presenta como un segmento crucial para definir el rumbo político del país en una coyuntura marcada por la incertidumbre y la desafección ciudadana hacia la política formal.

COLOMBIA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Tensión entre el gobierno y el Congreso por la reforma a la salud y la ley de financiamiento

​El Congreso tuvo esta semana una agenda alrededor de la reforma a la salud y la ley de financiamiento (tributaria), donde las fricciones entre el Ejecutivo y varias bancadas marcaron el pulso y pusieron en primer plano la discusión sobre si existe o no un aval fiscal real para la iniciativa. Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, han cuestionado las demoras en las comisiones, y Benedetti incluso anunció posibles denuncias contra algunos senadores por su actuación en la Comisión Séptima. La respuesta del Congreso ha sido de defensa de su autonomía y acusaciones de que el gobierno pretende desbordar los límites constitucionales.

En el centro del debate está la sostenibilidad financiera, el Ministerio de Salud y algunos congresistas del Pacto Histórico sostienen que sí existe un concepto favorable de impacto fiscal que permitiría avanzar con la reforma, mientras que la oposición y varios senadores (especialmente de los partidos Conservador, Centro Democrático y el Partido de la Unión por la Gente) insisten en que los recursos no están garantizados y que partes importantes del financiamiento dependen de una ley de financiamiento que aún no se ha aprobado.

En paralelo, la discusión de la reforma tributaria, ha avanzado con la designación de ponentes en comisiones económicas y con la expectativa de que el gobierno y los congresistas negocien qué medidas tributarias se mantienen o se retiran, la oposición anunció además que presentará una ponencia alternativa. Frente al estancamiento legislativo en puntos clave, el Ejecutivo ha anunciado un “Plan B” para aplicar medidas administrativas y reglamentarias que permitan avanzar en algunos objetivos de la reforma a la salud sin esperar la aprobación total del Congreso, una decisión que profundiza la discusión sobre límites institucionales y el respeto estricto de la Constitución. En este contexto, la agenda parlamentaria de la semana, que además incluye debates sobre paz total y jurisdicción agraria, evidencia una Cámara y un Senado con prioridades y tiempos distintos al Ejecutivo, lo que augura más enfrentamientos políticos y negociaciones técnicas en las próximas semanas mientras se compaginan las cifras fiscales, los tiempos legislativos y las estrategias del gobierno para asegurar la implementación de su propuesta.

RELACIONES EXTERIORES | Petro combina ofensiva internacional y retos internos en medio de crisis de seguridad y tensiones con EE. UU.

El presidente Gustavo Petro ha propuesto la creación de un observatorio binacional contra el crimen organizado dirigido a coordinar esfuerzos entre Colombia y México, una iniciativa que presentó en redes tras el asesinato del alcalde de Uruapan y que, hasta el momento no ha recibido respuesta pública de la presidenta Claudia Sheinbaum. Petro fundamenta la propuesta en su tesis de que las mafias son transnacionales y en la necesidad de análisis e inteligencia de alto nivel para enfrentar ese fenómeno. En paralelo, la estrategia internacional del mandatario aparece reforzada por una serie de viajes y gestos diplomáticos que buscan aumentar su figuración regional como herramienta para contrarrestar la tensión política con Estados Unidos, aprovechando foros multilaterales —como la CELAC-UE y la COP30— y alianzas latinoamericanas para respaldar su posición exterior. Esa acumulación de posicionamientos internacionales se complementa con un discurso climático en el que Petro reclama una “migración” hacia una economía global descarbonizada.

Las tensiones políticas con Estados Unidos y la visibilidad en foros multilaterales otorgan al gobierno una plataforma para internacionalizar sus denuncias y propuestas, pero también lo exponen a críticas sobre prioridades y eficacia en la reducción de la violencia y la protección de las comunidades afectadas. Esta semana en el sur de Bolívar, se ha registrado una masacre atribuida al ELN, que ha generado una alarma humanitaria y la implementación de un fuerte operativo militar, mientras que en Vichada se reporta un conflicto armado entre disidencias y el ELN luego de romper una alianza.

En este plan el avance que logró el gobierno en el proceso de paz estuvo vinculado al Tren de Aragua (grupo criminal venezolano con presencia en Colombia), que ha enviado una carta al presidente manifestando interés en sumarse al programa denominado “paz total”, abriendo así un proceso exploratorio para una posible desmovilización y negociación con apoyo estatal.

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | 40 años después: el Palacio de Justicia sigue siendo una herida abierta en la memoria de Colombia

En conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, el país vivió esta semana una serie de homenajes y reacciones que volvieron a exponer las heridas todavía abiertas de aquel episodio: las altas cortes y familiares rindieron tributo a las víctimas y reclamaron verdad y memoria mientras recordaron que cerca de un centenar de personas murieron y muchas quedaron desaparecidas en esos días de noviembre de 1985. Por su parte, el Consejo de Estado condenó a la Nación por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Echeverry y, en sentencias relacionadas, estableció una responsabilidad compartida entre el M-19 y el Ministerio de Defensa por omisiones y por el uso excesivo de la fuerza durante la retoma.

Ese marco judicial convive con nuevas controversias políticas y mediáticas, expedientes históricos y actuaciones procesales han llevado incluso a que el presidente Gustavo Petro sea llamado a juicio por actuaciones vinculadas al expediente de 1989, un hecho que reactivó la disputa sobre cómo contar los hechos y sobre la instrumentalización política de la memoria. Organizaciones de víctimas y magistrados realizaron llamados unánimes para que la conmemoración no se convierta en herramienta de disputa partidaria y exigieron que se aclare lo ocurrido con la participación de todas las autoridades responsables. La Corte Constitucional pidió además que se avance en el esclarecimiento total de los hechos y en la versión judicial de los responsables. Finalmente, el eco mediático de testimonios, homenajes y declaraciones públicas mostró que la disputa sobre el relato sigue viva, las víctimas reclaman que la memoria no sea instrumentalizada y reclaman verdad, reparación y que los capítulos pendientes sean esclarecidos por la justicia, mientras la nación busca conciliar memoria, justicia y responsabilidades institucionales.

ECUADOR 

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | Última semana de campaña de cara a la Consulta Popular

El próximo domingo 16 de noviembre Ecuador volverá a las urnas para responder a las cuatro preguntas clave de la Consulta Popular impulsada por Daniel Noboa, que tiene por fin reorganizar la estructura del poder estatal y consolidar la subordinación del país a la intervención militar estadounidense.

En este marco, Kristi Noem, secretaria de Seguridad del gobierno de Donald Trump visitó el Ecuador y se reunió con Noboa para evaluar las capacidades de la antigua base militar de EE.UU. en el país. La funcionaria también mostró interés en la base de la provincia costera de Salinas. Allí, Noem inspeccionó las instalaciones para destinar un posible destacamento de Homeland Security (Seguridad Nacional de EE.UU.), incluyendo espacios para un hangar, dormitorios y comedores.

El ministro de Gobierno, John Reimberg, calificó a la base de Salinas como un «punto estratégico» para combatir al narcotráfico y a las bandas criminales. El gobierno nacional también se refirió a la colaboración en términos más amplios, incluyendo la ciudad costeña de Manta para la reinstalación de una base militar estadounidense, en la provincia de Manabí. Una de las preguntas clave de la Consulta es si la ciudadanía está de acuerdo con la presencia de bases extranjeras con capacidad para operar en el país.

En respuesta, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Revolución Ciudadana (RC), posicionaron sus mensajes y actividades por el “No”, en rechazo a todas las preguntas planteadas por el gobierno. En ese marco, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para denunciar a la RC ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por supuestas irregularidades en las cuentas de campaña del año 2023. Desde el Movimiento señalaron que se trata de una maniobra para disciplinar a la principal fuerza política de oposición en su posicionamiento por el “No”.

En este contexto, las encuestas realizadas por distintas firmas muestran resultados variados. Según “Clima Social” el 43% de los electores votaría “No” respecto a la pregunta relativa a las bases militares, a diferencia de “Cedatos” que marca una victoria del gobierno en esta pregunta por el 53,4% de los votos. Sin embargo, ambas encuestadoras muestran una inclinación mayoritaria por el “Sí”, con distintos márgenes de apoyo, para convocar a una nueva Constituyente, reducir el número de asambleístas y retirar el financiamiento público a los partidos políticos.

PARAGUAY

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIONES –  RELACIONES EXTERIORES | Paraguay retoma las faenas kosher con destino a Israel

El gobierno de Santiago Peña celebra la reanudación de las faenas kosher con destino a Israel como un signo de recuperación económica, pero detrás del discurso productivista se consolida una alianza geopolítica que va más allá del comercio de carne.

El reinicio de las operaciones en Frigochaco y en dos plantas del grupo Minerva Foods marca el regreso de un cliente clave. Entre enero y septiembre de 2025, Israel se ubicó como el tercer destino de exportación de carne bovina paraguaya, con más de 26,6 millones de kilos por un valor de aproximadamente 173 millones millones de dólares.

Si bien el Ejecutivo presenta el retorno como una oportunidad para “reactivar la industria”, lo real es que consolida la orientación conservadora de Peña: un modelo exportador primario, vinculado a protocolos externos y a un cliente estratégico que fortalece la posición del país en el tablero geopolítico con intereses claramente delineados.

PERÚ

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | José Jeri busca contener el descontento social

El gobierno de José Jeri promulgó una ley contra la extorsión y el sicariato dirigida al sector transporte, para contener el descontento social por el avance de la criminalidad en el país. El presidente sostuvo que la norma representa un punto de quiebre en la lucha contra la criminalidad, aunque los resultados dependen de su aplicación. En el norte y el sur del Perú, donde operan bandas dedicadas a la extorsión de transportistas, la población exige resultados. El Ejecutivo anunció también la creación de una división especializada de la Policía Nacional para investigar casos específicos en la materia.

La decisión se enmarca en los reclamos que dicho sector impulsó a propósito de la delicada situación de seguridad que vive el país. También es una respuesta al paro nacional que los conductores podrían concretar en breve. Sin embargo, la acción del presidente fue recibida con escepticismo; en una reunión con transportistas en Acho, le reclamaron que “no hable mucho y actúe”, señalando la desconfianza del gremio en las promesas del Ejecutivo.

Pero no todo son señales de diálogo y procesamiento de demandas por parte del gobierno. En una medida adicional para controlar el clima de protestas, se reveló que el partido de gobierno aprobó destinar más de S/ 3.000 millones para enfrentar los conflictos sociales. Esta inversión financiera, justificada por el presidente Jeri y el partido Somos Perú en el contexto de la inestabilidad social, busca reprimir las protestas que han desestabilizado el país. Esta acción subraya que la gestión de la conflictividad social, junto con el tema de seguridad, se ha convertido en una prioridad fiscal y política para el Ejecutivo.

VENEZUELA

ESTADO DE GOBIERNO Y AGENDA POLÍTICA | PSUV instala Plenaria Extraordinaria en medio de agresión de Estados Unidos

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebró recientemente su V Congreso, un evento que reunió a más de dos mil delegados para fortalecer la estructura del partido y trazar nuevas estrategias en defensa de la soberanía nacional frente a las amenazas de Estados Unidos. Según Diosdado Cabello, secretario general del PSUV, el pueblo venezolano está unido y preparado para enfrentar cualquier circunstancia con dignidad y amor por la patria, sin importar la edad de sus integrantes. El congreso también ratificó el compromiso de transformar las estructuras de gobernanza para combatir la corrupción y el burocratismo, consolidando una democracia participativa y protagónica que se reflejará en próximas consultas populares.

Durante su intervención en el V Congreso, el presidente Nicolás Maduro destacó que el PSUV es la fuerza decisiva en el tiempo histórico actual y afirmó que han construido un bloque histórico sólido, que une al movimiento popular para llevar adelante el plan de gobierno conocido como las Siete Transformaciones, con visión hasta 2031. Los debates del congreso se centraron en fortalecer el vínculo del partido con las bases comunitarias, potenciar la participación popular y mejorar la articulación política en todos los territorios, consolidando al PSUV como una institución clave para la gobernabilidad y la construcción de procesos democráticos en Venezuela. Esta jornada reafirma el liderazgo del PSUV como eje rector en los procesos sociales y políticos del país, alineado con los objetivos de soberanía y desarrollo nacional.