La renuncia de Ángela María Buitrago al Ministerio de Justicia de Colombia ha desatado una serie de tensiones dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro, evidenciando conflictos internos y cuestionamientos sobre la autonomía institucional. Buitrago, reconocida por su trayectoria como fiscal, presentó su dimisión irrevocable alegando presiones indebidas por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez. Según la exministra, estas presiones buscaban influir en nombramientos clave dentro de su cartera, particularmente en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y la Dirección de Drogas. A pesar de su negativa a ceder ante estas solicitudes, Buitrago señaló que algunos funcionarios fueron removidos sin justificación jurídica, lo que motivó su decisión de apartarse del cargo.
La respuesta de Benedetti no se hizo esperar. El ministro negó haber ejercido alguna presión sobre Buitrago y anunció acciones legales en su contra por injuria y calumnia. Además, sugirió que la salida de la ministra no fue voluntaria, insinuando que fue solicitada por el propio presidente. Por su parte, el presidente Petro, desde China, respaldó a Benedetti y afirmó que fue él quien pidió la renuncia de Buitrago debido a diferencias en la implementación de su política de paz, especialmente en lo relacionado con la reforma del sistema carcelario. Petro enfatizó que no se deben hacer acusaciones sin pruebas, defendiendo la inocencia de sus funcionarios.
La situación se agrava al considerar que no es la primera vez que Benedetti se ve envuelto en controversias dentro del gabinete. Anteriormente, ha tenido enfrentamientos con otros altos funcionarios, lo que ha generado inquietud sobre su influencia y el manejo de las relaciones internas en el Gobierno. En este contexto, la aceptación inmediata de la renuncia de Buitrago, firmada por el ministro de Salud encargado de las funciones presidenciales, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el nombramiento provisional de Augusto Alfonso Ocampo, secretario jurídico del Dapre, como encargado del Ministerio de Justicia, reflejan la urgencia del Ejecutivo por controlar la narrativa y mantener la estabilidad institucional.
