Durante la última semana el escenario político peruano estuvo marcado por el nombramiento de un nuevo presidente del Consejo de Ministros y el anuncio de una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte.

El lunes 13 de mayo Eduardo Arana juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros, convirtiéndose en el cuarto primer ministro desde el inicio del gobierno de Boluarte. Su designación fue interpretada como la oficialización de una figura que ya ejercía influencia en la toma de decisiones desde la cartera de Justicia. Durante los últimos meses, Arana había sido calificado por la prensa como “el premier en la sombra”, por su cercanía con la presidenta y su rol central en la estrategia jurídica del Ejecutivo. Su llegada al cargo refuerza el perfil conservador del gobierno y ratifica el cierre de filas frente a las crecientes investigaciones judiciales contra la primera mandataria.

Junto con la designación de Arana, la presidenta Boluarte decidió no renovar al resto del gabinete. Esta decisión ha sido interpretada como una señal de continuidad política en lugar de una apertura hacia otros sectores o figuras de mayor legitimidad pública. La permanencia de ministros cuestionados y la ausencia de figuras independientes refuerzan la percepción de un Ejecutivo más preocupado por blindarse que por gestionar reformas.

En paralelo a estos movimientos en el Ejecutivo, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas sociales que estallaron tras su ascenso al poder. La denuncia plantea que Boluarte, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, habría permitido el uso desproporcionado de la fuerza sin adoptar medidas de corrección, lo que derivó en la muerte de decenas de ciudadanos.