El martes 14 de abril la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, recibió en el Palacio de Miraflores al subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos (EEUU), Kyle Haustveit, quien estuvo acompañado por una delegación de funcionarios y empresarios del área energética de los Estados Unidos, en la búsqueda de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales, evaluando el desarrollo hidrocarburífero venezolano y las posibilidades de cooperación e inversión.
Es en este marco de apertura diplomática que Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro continúa flexibilizando de manera parcial las sanciones impuestas unilateralmente sobre el país. Por un lado, la Licencia N° 56 emitida el 14 de abril por la OFAC permite negociaciones comerciales relacionadas con contratos contingentes con el Gobierno de Venezuela, abriendo posibilidades de que empresas internacionales avancen en acuerdos comerciales con entidades estatales venezolanas. Junto a esta, la Licencia N°57 levanta las sanciones impuestas contra el Banco central de Venezuela, autorizando transacciones de servicios financieros no solamente del Banco Central sino de otras entidades bancarias públicas como el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas licencias son específicas y restrictivas, abarcando determinados sectores, excluyéndose todavía a PDVSA, que tiene sanciones específicas. Tampoco se desbloquean las propiedades y activos sancionados previamente.
En relación a esto, la presidenta venezolana ofreció declaraciones en donde reiteró la necesidad de otorgar seguridad jurídica a los inversionistas para que sus apuestas se desarrollen plenamente, apuntando hacia las licencias otorgadas por la OFAC, las cuales —si bien dan alivio estructura económica venezolana golpeada por las sanciones emitidas por esa misma oficina—, no brindan esa seguridad jurídica. Rodríguez además hizo un llamado para que se puedan establecer relaciones energéticas, económicas y de cooperación libre de sanciones y en el marco de las legislaciones de ambos países. Sin esas sanciones, afirman diversos expertos, el papel de Venezuela frente a la crisis energética global hubiera sido otro, con una mejor intervención.
