Luego de poco más de 6 años, Diana Salazar renunció a su cargo de Fiscal General del Estado, institución desde la cual protagonizó los procesos judiciales contra miembros clave de la Revolución Ciudadana.

Días después, mediante decreto del presidente Noboa, fue designada como embajadora de Ecuador en Argentina. Según consta en dicho decreto, el gobierno de Javier Milei otorgó el beneplácito para su nombramiento en enero de 2024. Esto ha despertado críticas en el país, señalando que Salazar ha tenido estrechos vínculos con el gobierno de Daniel Noboa prácticamente desde que asumió, poniendo en duda su independencia para el impulso o no de determinados procesos judiciales.