La reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro avanza en el Congreso, tras ser aprobada en primer debate en la Comisión Cuarta de la Cámara, aunque enfrenta críticas de sectores sindicales y del propio Pacto Histórico que alegan eliminación de derechos fundamentales. Paralelamente, la iniciativa de consulta popular para respaldar políticas sociales y económicas del Ejecutivo sufrió un revés tras la negativa del Senado de incluirla en la agenda legislativa, decisión que el gobierno cuestionó señalando «falta de voluntad política».
Ante estos obstáculos legislativos, el presidente Petro activó una estrategia triple que combina diálogo con partidos, movilización callejera y uso de decretos ejecutivos, como el que formalizó a 72 mil madres comunitarias. Las protestas convocadas por organizaciones sociales tuvieron menor impacto en su segunda jornada, con reducción del 54% en bloqueos según reportes oficiales, aunque mantuvieron focos de tensión en departamentos como Cauca y Nariño. La oposición, por su parte, intensificó acciones judiciales presentando 35 demandas contra decretos presidenciales y proyectos emblemáticos como la reforma a la salud.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que la consulta popular no será sometida a nueva votación en el Senado, calificando el proceso como «muerto» tras dos intentos fallidos. No obstante, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, único funcionario del gabinete presente en el paro, por su parte aseguró que “el seguro de vida de las reformas sociales es la consulta popular y la democracia directa de la gente. La consulta popular, como lo ha dicho el presidente, va porque va”.
En este escenario, la consulta popular se configura no sólo como un instrumento para refrendar reformas, sino también como una herramienta política para movilizar a la base social del Pacto Histórico y mantener la agenda pública en un contexto de alta polarización y desafíos legislativos. Sin embargo, analistas señalan que la consulta enfrenta obstáculos significativos: requiere la aprobación del Senado, la participación de al menos 13,7 millones de votantes y posteriores trámites para implementar sus resultados, lo que pone en duda su viabilidad práctica.
