Durante la semana, la situación en torno a la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación volvió a escalar, con choques entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Poder Judicial y las propias fiscalías involucradas. El 24 de junio, la JNJ amenazó con usar la fuerza pública para ejecutar la restitución de Benavides en reemplazo de Delia Espinoza, quien actualmente ocupa el cargo tras su suspensión original en 2023.

El 25 de junio el Poder Judicial emitió una medida cautelar suspendiendo temporalmente a Patricia Benavides por 24 meses de sus funciones como fiscal suprema y fiscal de la Nación. La decisión se enmarca en el proceso que enfrenta Benavides por presunto uso indebido del poder, y busca evitar su reincorporación mientras se resuelve el fondo del caso.

En respuesta, Patricia Benavides acusó públicamente a Delia Espinoza de desobedecer las disposiciones de la JNJ y de haberse aliado con sectores que “fracasaron en su intento de dar un golpe institucional al Ministerio Público”.

Por su parte, la Junta Nacional de Justicia notificó formalmente al Congreso y a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre la decisión de restituir a Benavides, generando un vacío legal entre la orden administrativa y la medida cautelar judicial. Al momento la crisis institucional no parece encontrar una resolución, paralizando el funcionamiento del Ministerio Público.