El 17 y 18 de julio de 2025, los gobiernos de Colombia y Venezuela firmaron un memorando de entendimiento que establece la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, una iniciativa que busca fomentar la cooperación transfronteriza en los departamentos del Norte de Santander (Colombia) y los estados venezolanos de Táchira y Zulia. El acuerdo contempla una vigencia de cinco años prorrogables, y prevé el diseño conjunto de planes en áreas como agroindustria, comercio, salud, educación, transporte y cultura. Según el texto divulgado por la Cancillería colombiana, la iniciativa no afecta la soberanía de ninguna de las partes y excluye cualquier presencia militar en territorio extranjero.
El presidente Gustavo Petro ha defendido públicamente el acuerdo y ha desmentido versiones que sugerían una cesión territorial o cooperación militar. “Ningún soldado colombiano pasará hacia Venezuela, ningún soldado venezolano hacia Colombia”, afirmó, aclarando que el objetivo es promover el desarrollo legal y económico en zonas fronterizas históricamente golpeadas por economías ilegales. Petro también mencionó que esta zona podría convertirse en una zona franca en el Catatumbo, como parte de su estrategia para restablecer el control estatal en esa región.
Desde Venezuela, tanto Nicolás Maduro como su vicepresidenta Delcy Rodríguez celebraron el acuerdo como un paso hacia la integración social y económica, subrayando su intención de dinamizar la economía fronteriza y mitigar los efectos de décadas de cierre y conflicto. También se confirmó que se están negociando los términos para la venta de Monómeros a Colombia, en un contexto de apertura de relaciones bilaterales que se intensifica desde el restablecimiento de la diplomacia formal.
Sin embargo, la firma del acuerdo ha desatado una ola de críticas desde distintos sectores políticos colombianos. Líderes de la oposición han denunciado falta de transparencia, ausencia de control democrático y posibles riesgos en materia de seguridad. Entre los argumentos, se mencionan preocupaciones por narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas y la consolidación de estructuras armadas en una zona crítica. También se cuestiona el diálogo con un régimen señalado por violaciones a los derechos humanos y falta de garantías institucionales.
Ante esta controversia, la Cámara de Representantes de Colombia citó a debate de control político a los ministros Álvaro Leyva (Relaciones Exteriores), Néstor Osuna (Justicia) y Germán Umaña (Comercio) para que den explicaciones detalladas sobre el alcance y la legalidad del memorando. Si bien la cooperación fronteriza es deseable y necesaria, el contexto político del gobierno venezolano obliga a establecer salvaguardas y controles más estrictos. También se ha señalado que el memorando no fue suficientemente socializado con la ciudadanía ni con los órganos de control, lo que ha contribuido a la percepción de opacidad.
